Publicado en Diario Universidad de Chile por Tania González |Lunes 5 de diciembre 2016
En los próximos días las comunidades presentarán una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la decisión de reponer al mayor Patricio Marín en el cargo, quien revelara la identidad de un testigo protegido en 2014. «Patricio Marín ha utilizado perfectamente el manual de la dictadura que usaba la DINA y la CNI», dijo Aucán Huilcamán.
El regreso de Marín a labores de inteligencia en la región no dejó indiferentes a dirigentes de las comunidades mapuche, que han expuesto su rechazo y advertido incluso con interponer una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Así lo manifestó la werkén de la organización Ad-Mapu y ex consejera ante la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Ana Llao.
En tanto, el líder del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, indicó que se debe corregir la decisión a su juicio “perversa” del nombramiento al mayor de Carabineros. De lo contrario, advirtió que las comunidades solicitarán explicaciones a la Presidenta Michelle Bachelet el 10 de diciembre en su visita a la región.
“Prácticamente Marín ha utilizado perfectamente el manual de la Dictadura que utilizaba la DINA y la CNI. La Presidenta debiera erradicar ese tipo práctica porque es contrario a un Estado de derecho, a un sistema democrático y al respeto pleno de los Derechos Humanos”, dijo.
El abogado Sebastián Saavedra, defensor de José Queipul Huaiquil y Juan Patricio Queipul Millanao, ambos imputados en el asalto al peaje Quino, sostuvo que Antipán fue utilizado por el Estado chileno y por el mayor de Carabineros.
“Él fue condenado por el delito de asociación ilícita terrorista y no existe otra sentencia a nivel nacional de una persona que haya sido condenada únicamente. La DINA es considerada una asociación ilícita por la Corte Suprema, pero no terrorista, mientras esta persona informante que fue condenada gracias al actuar de Patricio Marín Lazo, lo fue como autor de asociación ilícita terrorista”, manifestó.
Saavedra criticó que en la investigación de hace unos años los imputados hayan pasado meses en prisión preventiva, para posteriormente ser puestos en libertad al comprobarse su inocencia, como también que se considerara a dos menores de edad como terroristas incumpliéndose con tratados internacionales de Derechos Humanos.
El abogado concluyó que en este tipo de indagaciones con penas anticipadas, el Estado también terminó perjudicado al ser condenado en costas que pagaron todos los chilenos.
Por su parte, el senador PPD por La Araucanía, Eugenio Tuma, aclaró que no es la autoridad política la que toma este tipo de decisiones, sino que Carabineros, por lo que hacia esa entidad hay que dirigir los reclamos.
“Es altamente inconveniente traer aquí a alguien que ha estado vinculado con hechos que dañan la confianza y la relación con las comunidades indígenas, por eso creo que debiera revisar la institución la determinación de volver a destinar a La Araucanía un oficial que estuvo involucrado en un caso de esa naturaleza”, subrayó.
Cabe señalar que esta medida se tomó dentro del contexto de las conversaciones de la Comisión Especial de Seguridad donde Carabineros ha informado que reforzará sus operativos en las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos desplegando más 200 efectivos policiales para hacer frente al denominado “conflicto mapuche”, medida que ha sido cuestionada por no apuntar a la profundidad del problema de reivindicación de los pueblos originarios.
