Caso Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique: ¿Justicia Argentina hará lo que la justicia chilena no ha hecho?

El empresario y ex Presidente Sebastián Piñera ha estado en varias oportunidades en el tapete de lo ilícito que a la fecha ha trascendido fronteras, incluyendo ser parte de campañas operacionales político-comunicacionales que han generado un enorme daño al Pueblo Mapuche.

Tenemos información confiable que nos hace presumir que detrás de estos incendios ha habido intencionalidad criminal y en consecuencia creemos que debemos combatir no sólo los incendios sino a criminales que presuntamente están detrás de estos incendios”, dijo Sebastián Piñera, siendo Presidente de Chile en el marco de la muerte de siete brigadistas de forestal Mininco el 2012, mientras inmediatamente el ex Ministro HinzPeter y operadores políticos de su mismo bloque como el Diputado Edwards, el Senador Espina y el ex Intendente Araucanía Molina, hacían entrever que detrás de esos hechos habían “causas mapuches”, mientras hacían desligar a la empresa forestal de todo tipo de responsabilidad en la ola de incendios que se registraban en el centro sur de Chile, mientras se tapaba la plaga de la avispa taladradora en las plantaciones de monocultivos y mientras los operadores de justicia como el ex Fiscal Ljubetic también apuntaba  dardos a personas mapuches, hechos que en suma gatillaron una campaña racista contra el Pueblo Mapuche acusado de “asesinatos” y de “terrorismo”, mientras desde diversas organizaciones sociales acusaban de manipulación, ocultación de información y autoatentados.

Demás está decir la cercanía que el ex Presidente Piñera a los intereses de grupos empresariales forestales.  El año 2006 vendía el 4% de las acciones de Antarchile y cuadruplicó su inversión en 6 años, holding perteneciente al grupo Angelini, quien posee más de un millón doscientas mil hectáreas de plantaciones forestales en el centro sur de Chile a través de Forestal Arauco – Celco. Piñera también intentó prorrogar a 20 años un decreto ley proveniente de la dictadura militar (DL 701) que además de Angelini ha beneficiado también al grupo Matte (CMPC – Forestal Mininco), con más de 750.000 hectáreas de plantaciones.

Piñera, que a inicios del 2017 aparece con una fortuna que supera los 2.700 millones de dólares, fue un activo promotor en señalar supuestos vínculos terroristas “mapuches – Farc”. En agosto del año 2009, como candidato, afirmaba que detrás de la violencia en el conflicto mapuche hay organizaciones terroristas extranjeras y llamaba a aplicar más ley antiterrorista y en agosto del año 2010 con quien fue su homónimo en Colombia, el actual presidente Juan Manuel Santos, dijeron a la prensa que habían acordado “cortar el ‘vínculo entre mapuches y las Farc”.

Cabe consignar al respecto, que tanto Carabineros, la PDI, la CÍA de EE-UU y hasta el ex Ministro del gobierno de Piñera,  Andrés Chadwick, tuvieron que desmentir en su momento dicha campaña, no existiendo antecedentes. Los Cables de la Embajada norteamericana en Chile durante el 2008 al 2009, correspondientes a las desclasificaciones de Wikileaks, revelados por diversos diario internacionales, demostraron que la pretendida conexión mapuches-PC-FARC fue un montaje o sobre exageración.

Sin embargo la historia de Piñera y actos ilícitos  considerados inmorales va mucho más atrás. Durante la dictadura militar de Pinochet, no solamente fue privilegiado, sino además obtuvo diversos niveles de proteccionismo. Documentos desclasificados de la CIA en Estados Unidos mostraron no sólo el nivel de influencia y relación de su persona con la dictadura o a través de su hermano como ministro de estado o de su padre, que le dieron ventajas en sus proyecciones empresariales, sino además incluye una gestión de lobby del Embajador de Estados Unidos James Theberge con el Presidente de la Corte Suprema para ir en su favor e incluso, la de una operación de inteligencia que lo sacó del país mientras tenía orden de detención, sin perjuicio de que la investigación judicial concluyó con la condena de dos de los implicados en la estafa al Banco de Talca, mencionados también en los documentos, quienes pasaron una respetable temporada tras las rejas.

Esto explica el rol fundamental que tuvo Piñera para pedir el retorno del dictador cuando se encontraba en Inglaterra detenido por acciones de la justicia internacional, bajo las peticiones del Juez español Baltazar Garzón por delitos de lesa humanidad. Piñera decía que “No somos colonia de nadie”, mientras el País ha sido saqueado por numerosas transnacionales.

 

 

Imputado en Chile y Argentina

Actualmente, el ex Presidente Piñera enfrenta una denuncia en Argentina por el pago de coimas por parte de LAN, ahora LATAM, a funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner para poder funcionar en territorio trasandino en 2006, a través de su filial LAN Argentina.

Mientras tanto en Chile, será citado a declarar en calidad de imputado en el marco de la investigación del caso Bancard, diligencia que estará a cargo de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.

 

Otros ilícitos

Cuando pretendía presentarse como candidato a la presidencia en 1993 de Chile por Renovación Nacional, se vio involucrado en el escándalo denominado “Piñeragate” sobre espionaje e instrucciones para desperfilar públicamente a la otra candidata Evelyn Matthei.

Durante su periodo como senador se vio involucrado en un conflicto de intereses por el polémico Caso Chispas, cuando consiguió que Endesa España le pagara por sus acciones de Enersis un precio mayor que el que se ofreció a otros accionistas que se encontraban en las mismas condiciones que él.

 

Piñera, Chiloé y el caso Tantauco

En el año 2005 se levantaba la polémica de “espionaje” dirigida a comunidades Mapuche Williche de Chiloé en relación a los terrenos adquiridos por el empresario y candidato presidencial Sebastián Piñera.

Se filtró la información a la prensa sobre el “espionaje” por parte de agentes de inteligencia estatal dejando en evidencia que más allá de la persona de Piñera, estaba apuntado a las comunidades Williche de Chiloé, en el marco de un vigente conflicto territorial denominado “Tantauco”.

La Policía de Investigaciones (PDI) reconoció y justificó su actuar a través de una declaración pública, donde la institución dijo que, “desde el 2003 la Policía de Investigaciones de Chile realiza monitoreos constantes al conflicto social que se radica en las regiones VIII, IX y X, relacionado con demanda de posesión de tierras de pueblos originarios”. Y se agrega que “el objetivo es anticiparse a hechos delictivos que pudieran afectar el orden social en esas zonas del país”.

Piñera adquirió a fines del 2004 al magnate estadounidense Jeremiah Henderson unas 123.000 hectáreas, terrenos que abarcan cerca del 20 % de la llamada isla grande de Chiloé, especialmente en el sector Sur. Su compra ha desatado ásperas polémicas, ya que en gran parte de estos terrenos comunidades Williche establecidas principalmente cerca de  Quellón, se han visto en peligro de ser expulsadas, las mismas que reclaman derechos sobre estos terrenos.

La posición de reclamo de las comunidades williche en Chiloé se basan en títulos originales de dominio en el valor de los Títulos Realengos otorgados entre 1823 y 1826, por orden del Decreto Real de Hacienda Nacional de la corona española, pero además ante la promesa del propio estado de Chile de respetar la propiedad indígena, promesa que fue hecha en el año 1826 cuando Chiloé se incorporó al estado chileno mediante la firma del Tratado de Tantauco. Gran parte de estos terrenos reconocidos se encuentran usurpados y que se encuentran hoy en “posesión” del empresario Piñera con títulos superpuestos.

El Tratado de Tantauco está compuesto por 13 artículos entre los que destaca el artículo 7º que obliga al estado de Chile a respetar los bienes y propiedades de todos los habitantes de la füta wapi (Gran Isla).

Por Alfredo Seguel