Consejo de Defensa del Estado “se lavó las manos” ante responsabilidad de empresas en incendios forestales

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Más de ciento diez organizaciones sociales de Chile vinculadas a derechos humanos, ambientales, de trabajadores, entre otras,  ingresaron  el 31 de enero de este 2017 ante el Consejo de Defensa del Estado diversos antecedentes relacionados a contextos de atentados incendiarios en el centro sur de Chile, particularmente en el marco de intereses de la industria forestal en la Región del Maule, Bio Bio y la Región de la Araucanía, donde se solicitó expresamente a través de una petición formal, que el Consejo asuma investigación y acciones legales relacionados a los incendios forestales que afectaron gravemente al País y la responsabilidad que tendrían las empresas en ese sentido.

La razón de lo señalado, se basó en las facultades del Consejo en velar por el interés público y su posicionamiento como un actor nacional relevante en el cumplimiento de la legislación ambiental, mediante la aplicación del régimen de responsabilidad ambiental de la ley N° 19.300 y la consecuente protección y defensa del patrimonio ambiental del país, atendiendo que ha existido un grave daño en ese sentido, con un grave perjuicio a las arcas fiscales del País.

Sin embargo, a través de un oficio 00890 indicó recientemente: “en respuesta a su carta del antecedente, en que solicita que este Servicio asuma la investigación e interposición de acciones legales por los incendios forestales que han afectado al País y a los intereses de las empresas forestales, informo a Ud. que el Consejo de Defensa del Estado no tiene las facultades investigativas que se requieren y, en todo caso, su competencia para intervenir en sede penal está circunscrita estrictamente a delitos que importen perjuicios económicos para el Fisco u organismos del Estado y aquellos cometidos por empleados o funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. Conforme a ello, este Servicio no tiene competencia, por ahora, para intervenir en este asunto”.

Agrega en otro punto: “No obstante lo anterior, hago presente a Uds. que los antecedentes remitidos han sido entregados a la Unidad de Medio Ambiente de este Servicio para su estudio y análisis, a fin de recopilar más antecedentes y actuar en conformidad a las funciones y facultades legales entregadas”, indica el oficio firmado por Carlos Mackenney en calidad de presidente subrogante del Consejo de Defensa del Estado.

Para las organizaciones existe una acción orquestada  con clara intencionalidad y que busca desviar la responsabilidad de las empresas inculpando supuestas “causas mapuche”, sin embargo, han señalado,  un hecho que no se ha considerado en el móvil que habría, a pesar de existir conocimiento en la institucionalidad pública, es que en la mayoría de las zonas afectadas por incendios donde han existido algunos detenidos, son extensiones mayoritariamente afectadas por plagas que afectan a las plantaciones exóticas de pinos y eucaliptus, algunas de ellas absolutamente descontroladas  y que han seguido en aumento por todo el centro sur de Chile como es el caso de la denominada avispa taladradora o  Sirex noctilio”, aspectos que se vienen denunciando desde el año 2012 por parte de organizaciones sociales en el marco de los focos de incendios en temporada estival y que incluso arrojó en dicha ocasión la muerte de siete brigadistas forestales de la empresa forestal Mininco, donde cierto grupo de políticos también pretendieron inculpar “causas mapuche” razón por la cual fueron denunciados públicamente de ser cómplices de crímenes forestales y de montajes comunicacionales, generando una grave ola de racismo, intolerancia y xenofobia, cuyo contexto fue motivo de una investigación periodística y publicación de un libro en el año 2014.

La denuncia por plagas y su relación que tendría con incendios, se basa en el descontrol que existe de estos, donde por ejemplo, la Región del Maule se encontraba completamente bajo medidas fitosanitarias, una de las zonas más afectadas por incendios y la Región del Bio Bio con el 68 %.

Para la Red por la defensa de los territorios, uno de los referentes denunciantes, el estado chileno ha invertido miles de millones de pesos en medidas de investigación científica para el control de plagas en especies exóticas de pinos y eucaliptus, desde centros de desarrollo biotecnológico, pasando por investigación de Universidades Públicas y hasta el control biológico generado por instituciones públicas con introducción de larvas e insectos para intentar frenar su expansión letal, cuyas plagas no tienen cobertura de seguros, sí los incendios forestales.

Para la Red, el hecho que el Consejo de Defensa del Estado no quiera investigar estas relaciones, tiene que ver con que en su interior existe un claro conflicto de intereses “El Presidente del Consejo (Juan Ignacio Piña Rochefort) fue personero de confianza del ex Presidente Sebastián Piñera como subsecretario en el periodo gubernamental y es sabido de la relación del ex mandatario con las empresas forestales, quien fue socio en Antar Chile del holding forestal de Angelini y su estrecha relación con el grupo Matte de Forestal Mininco. Tampoco es posible omitir las redes de corrupción con amplios sectores de oposición y oficialistas, incluyendo a varios personeros vinculados al gobierno de Bachelet y los intereses de las empresas. El Consejo de Defensa del Estado simplemente se lavó las manos”, señaló la Red, indicando que es impresentable que dicho organismo, quien debe velar por los intereses comunes, sea cómplice de atentados y de graves daños patrimoniales causados por violentos grupos económicos.

Las organizaciones junto con repudiar el actuar cómplice del Consejo de Defensa del Estado, anunciaron que insistirán ante instancias competentes para que se investigue y se esclarezcan los hechos, exigiendo justicia ante la devastación causada por las empresas forestales en el centro sur de Chile, cuyos impactos se relacionan directamente con la propagación de incendios, plagas descontroladas, crisis hídrica, degradación de suelos, redes de corrupción  y saqueo de fondos fiscales para los intereses de los grupos más ricos de Chile.

 

 

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