El Servicio de Evaluación Ambiental admitió a trámite cinco solicitudes en contra del proyecto, por lo tanto, se inicia proceso de anulación de la actual Resolución de Calificación Ambiental.
El organismo decidió admitir a trámite cinco de las nueve solicitudes presentadas en contra del proyecto, iniciando así un procedimiento de invalidación de la (RCA), este año la empresa Cerro El Plomo S.A., filial de la compañía peruana-israelí IC Power, se adjudicó la aprobación del proyecto, ante diversas controversias por los impactos locales y territoriales.
El SEA admitió a trámite los reclamos, pero no acogió la petición de suspender temporalmente la ejecución de la RCA, por lo tanto, en el marco legal, la empresa tiene la facultad de innovar y dar curso a la construcción de la termoeléctrica.
Una de las solicitudes admitidas a trámite fue interpuesta por Maritza Quileñan, en representación de la Asociación Indígenas Artesanos de Pueblos Originarios (Adepo). Las otras, en tanto, fueron ingresadas por el Centro Cultural Aymara Pachakuti, la Comunidad Indígena Witrapuran, la Asociación Indígena Antu Tripantu-Sol de Primavera y el biólogo y asesor medioambiental Salvador Donghi.
Consulta indígena Convenio 169 (OIT)
las asociaciones y comunidades acusaron que durante la tramitación ambiental no se habilitó un proceso de consulta indígena para quienes se encontraban en el área de influencia del proyecto. La única instancia, agregan, fue un Procedimiento de Participación Ciudadana (PAC). Por ello, en los escritos comentaron que el proyecto se “basó en un procedimiento de evaluación viciado que no consideró el proceso de consulta indígena, en circunstancias que debía haberse implementado y realizado”.
Rodrigo Avendaño, asesor de las comunidades, expresó a un medio local: «es la empresa titular de un proyecto la encargada de “hacer bien su trabajo” a objeto de predecir los impactos ambientales que se podrían ocasionar. Esto, agrega, “permite exigirles que se hagan cargo de mitigaciones y compensaciones adecuadas a dichos impactos”, declaró.
“Esto último es de suma importancia, porque en este caso -y frecuentemente- se detectan omisiones sustantivas en la caracterización de los proyectos que ingresan al SEA, lo que necesariamente se traduce en ventajas financieras para los titulares, debiendo soportar las cargas los habitantes y el Estado”, agregó Avendaño.
Respecto a la consulta indígena, previa libre e informada, establecida en el convenio 169, que no habría incorporado la empresa durante la tramitación de la iniciativa, el biólogo Salvador Donghi sostuvo que ésta “es obligatoria y no da por realizada con una PAC”.
“Hay fallos de la Corte Suprema que establecen que una consulta indígena tiene que ser hecha de manera independiente porque obedece a temáticas particulares que tienen los pueblos originarios, y la empresa no lo habría realizado”, dijo el profesional, quien agregó que en los recursos se agruparon, entre otras, siete entidades de Villa Alemana que son mapuches y diaguitas, las que se encuentran reconocidas por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
Por su parte, la empresa arguyó a un medio local “no es posible tomar seriamente ningún intento de reproche de ilegalidad en su contra”, puesto que el proyecto “ha sido tramitado conforma a la legalidad ambiental vigente”. “El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue declarado admisible. En efecto, contenía toda la información relevante y esencial para la evaluación”, agregaron desde la compañía.
Cabe recordar que este Proyecto Termoeléctrico fue aprobado por el SEA, este año, con una inversión de de USD$594.000.000 cuya instalación contemplaría su instalación en 34 hectáreas de la comuna de Limache, insertas en la Reserva de la Biosfera La Campana – Peñuelas. La central de ciclo combinado, operaría con gas natural para la generación de energía eléctrica, con fuertes impactos locales, fue aprobado bajo diversas controversias en relación a que su único impedimento para operar fue la baja de las emisiones contaminantes. Sin embargo, en la zona no existe una estación de monitoreo de la calidad del aire, para conocer cuanto aire contaminado están respirando las personas que ya cuentan con un complejo de 16 termoeléctricas funcionando.
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