Amnistía Internacional: caso de comuneros mapuches está “en gran medida” en manos del gobierno

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La directora ejecutiva de la organización, Ana Pique, señaló en Tele13 Radio “la ley antiterrorista no garantiza el debido proceso desde varias perspectivas”.



Los cuatro comuneros mapuches formalizados por la quema de una iglesia evangélica en Padre Las Casas llevan más de 1 año y 3 meses en prisión preventiva a la espera del juicio y este martes cumplen 112 días en huelga de hambre como medida de presión para que se les levante la ley antiterrorista.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, Ana Piquer, señaló en Tele13 Radio que a la organización le preocupa que la ley antiterrorista no cumpla con los estándares internacionales de un debido proceso.

“Hemos venido por años planteando nuestras preocupaciones de que la ley antiterrorista no está a la altura de los estándares de un debido proceso y de los Derechos Humanos (DDHH) y que en Chile debiera evitarse la aplicación de la ley mientras no se reforma y se ponga al nivel de los estándares internacionales”, señaló.

“La ley antiterrorista no garantiza el debido proceso desde varias perspectivas. La manera en que está definido el delito terrorista hace que genere preocupaciones desde el principio de legalidad; de que no hay una claridad respecto de cuándo se aplica la ley antiterrorista y cuando el mismo delito se considera común; hay preocupaciones vinculadas al secreto de la investigación y cómo eso afecta el derecho de la defensa; cómo aplica la utilización de los testigos protegidos, que es algo que cuestionó directamente la CIDH y ordenó hacer una reforma legal, cosa que no se ha reformado ese punto en particular de la ley”, agregó.

Pique además dijo que es “cuestionable que las personas que se presumen inocentes estén presos más de un año”. 

“Lo que haces al determinar la prisión preventiva en base a que el delito es muy grave y la pena muy alta, es prejuzgar, es dictar una sentencia anticipada”, dijo.

Además señaló que la responsabilidad de los comuneros está “en gran medida” en manos del gobierno.

“Acá hay una responsabilidad en el caso particular del gobierno, no solo porque está en riesgo la vida de las personas y hay un riesgo inminente de vida de acuerdo a los informes del Colegio Médico, sino también porque en la aplicación de la ley anti terrorista en este caso, y que es la demanda de fondo de la huelga de hambre, sí hay una afectación a los DDHH respecto de los estándares de un debido proceso”, dijo.

Delito terrorista

Al ser consultada si el delito que se les imputa es considerado un acto terrorista, Piquer señaló que “es muy dudoso”.

“Porque fundamentalmente es un delito contra la propiedad y esa es otra de las cosas que se ha cuestionado en Chile. El relator de ONU para el Combate al Terrorismo y los DDHH fue una de las cosas que planteó: los delitos que sean contra la propiedad no debieran ser considerados terroristas”, dijo.

“La calificación de terrorismo o no, no es neutra porque tiene que ver con tener ciertas ventajas procesales que puedan llevar vulneraciones de un debido proceso”, remató.