24 de septiembre y se procedía a la audiencia de formalización de los hermanos Huenchullan, Héctor Llaitul y el machi Fidel Tranamil. A su vez, y por un caso diferente, el logko Alfredo Tralcal y los hermanos, Benito, Ariel y Pablo Trangol cumplían 110 días de huelga de hambre en el penal de Temuco: ¿las razones? Quince meses de ilegítima prisión preventiva y una querella propiciada por el Ministerio del Interior, a través de la intendencia de la Araucanía. En otra arista, el desarrollo del –en sus primeros días- mediático juicio por el caso Luchsinger-Mackay, donde Francisca Linconao y otros 10 comuneros habrán de esperar 100 días de juicio hasta ser absueltos: ¿por qué la absolución?: la única prueba que sostiene aún la acusación de Fiscalía es un testimonio obtenido con apremios ilegítimos por parte de Policía de Investigaciones.
En medio de este huracán de información que la prensa ha querido soltar sólo a partir de los últimos días –hasta el día 105 de huelga de hambre las principales cadenas de radio y TV guardaban un silencio vergonzoso- no resultaría extraño que a la ciudadanía le costase encontrar un relato coherente, y, que el frecuente uso de la palabra “terrorismo” terminase por tomarse el imaginario colectivo de buena parte de la población y, de, por qué no decirlo, de los discursos del poder. No obstante en medio de éste mewlen[1] hay una cosa que permanece consistente; la política criminalizadora y agresiva del Ministerio del Interior ante la protesta social mapuche. Ha sido consistente primero con Burgos y luego con Mariano Fernández: salvo una excepción, claro, el pedido de perdón de Bachelet que a esta hora y a la sombra de los hechos resulta cínico.
En efecto, las detenciones del pasado sábado en medio de una creciente presión por la huelga de hambre del caso iglesias no es en ningún caso un azar (aunque tampoco pueda describirse como un asombroso acto de “inteligencia”). Fernández no desconoce el riesgo vital de la huelga: ha sido notificado por las familias, por el colegio médico y por el INDH bajo todas las formas protocolares que se exigen desde antes de entrar a una condición crítica. Y también conoce el centro de la demanda el retiro de la querella por ley antiterrorista que pesa sobre el logko Tralcal y los hermanos Trangol: presentada por el ex intendente Joanett y continuada por su sucesora Nora Barrientos dicha medida sólo puede apuntar a mantener bajo prisión preventiva a autoridades que le resulten incómodas. Para Interior, el juicio no importa, la extensión de los plazos basta: recordemos que la única querella bajo esta ley que dictaminó culpabilidad fue luego revocada por la Corte Interamericana[2] y el estado de chile obligado a reparación, además, en visita oficial hace dos años, Ben Emmerson, relator especial de ONU señaló que no procedía seguir ocupando esta figura persecutoria en el complejo contexto regional.
¿A que juegan entonces en la actual administración Bachelet? Las señales políticas y la armazón de un nuevo caso “emblemático” con las detenciones del día sábado, sugieren que Interior está preparando el ambiente eleccionario y blindándose antes de tiempo ante la eventual muerte de alguno de los comuneros. Si esto sucede en los próximos días, la frecuente asociación mediática al “terrorismo” matizará las reacciones ciudadanas, y ni siquiera necesitarán justificarse por su responsabilidad en los hechos. De paso desarticulan las formas de solidaridad, como el campamento a las afueras de la cárcel de Temuco, la detención de Martín Curiche vocero de los PPM en huelga de hambre obedece a esto último
Junto con lo último, pareciera ser que con el levantamiento de un nuevo caso, la Nueva Mayoría se pone a tono con las estrategias políticas de sus contendores de derecha: para el caso mapuche, la promesa de insistir en querellas por ley antiterrorista por parte de Piñera y la militarización –vía estado de excepción constitucional- de J.A. Kast. En efecto, el mismo sábado por la tarde, Guillier señalaba la necesidad de guiar las querellas bajo un modelo español con menores garantías jurídicas para los acusados. Todos quieren verse duros, sabiendo que el electorado mapuche no constituye una fuerza importante (en términos de votos) han preferido darse a la búsqueda de un voto de seguridad, de un sector intransigente, colonial y que ha cooptado históricamente la política regional; el mediano empresariado latifundista de la región: y digo mediano porque aunque no les guste, siguen a la sombra del empresariado capitalino. Al fin y al cabo funcionó con Trump, casi le funcionó a Le Pen en Francia, y le acaba de dar un lugar en el parlamento a la derecha más dura y racista de Alemania, lugar que habían perdido de modo histórico después de la segunda guerra.
¿Es esta una estrategia pragmática? Sí. ¿Cruel? Sí. Maquiavelo estaría orgulloso, tal vez. A esta altura del siglo ya se advierte que los gobiernos (sea cual sea su color) no están empeñados en solucionar el conflicto: pues esto implicaría necesariamente poner en la mesa el rol de las autonomías regionales, la cesión de derechos políticos y el cuestionamiento a los privilegios de la clase política regional que casi roza el feudalismo (léase igual tanto para la región de la Araucanía, como la de Bío Bío y los Ríos). Los gobiernos hasta ahora no solucionan, administran, calculan, y, sí es posible, como ahora, le heredan focos de conflicto al gobierno siguiente. Tan difícil no ha de ser, si cada administración posee siempre el control de las instituciones, los recursos, los medios y las redes de poder: los presos políticos en cambio, como el logko Tralcal y los hermanos Trangol, sólo tienen su cuerpo, su cuerpo y su dignidad. Dignidad que saludo, dignidad que me conmueve.
Martín Cárdenas Llancaman
Licenciado en filosofía
Notas
[1] Remolino de viento que enferma
[2] El caso de los logko Norín y Pichún, la sentencia del CIDH se dio a conocer en marzo de 2014
