Legisladores acordaron no discutir el proyecto durante el mes de septiembre y octubre dedicarlo a audiencias públicas con expertos y representantes de sectores que usan el agua, muchos de quienes ya han expuesto tanto en el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados como en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado.
Por Patricio Segura
La pugna por una nueva institucionalidad del agua para Chile tendrá desde octubre un nuevo campo de batalla: la Comisión de Agricultura del Senado. Esto, luego que en agosto la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara Alta despachara el proyecto tras cuatro meses de trabajo.
Desde las organizaciones de la sociedad civil existe claridad en que el proceso será complejo para los objetivos de interés público sociales, ambientales, y de desprivatizacion de los recursos hídricos. La Comisión de Agricultura es encabezada por José García (RN, Araucanía Sur), e integrada además por Manuel Antonio Matta (DC, Maule Sur) Felipe Harboe (PPD, Bío Bío Cordillera), Víctor Pérez (UDI, Bío Bío Cordillera) y Rabindranath Quinteros (PS, Los Lagos), representantes de regiones del sur donde la Sociedad Nacional de Agricultura, uno de los principales opositores al proyecto, tiene amplia influencia.
Estado del arte de la reforma
La discusión en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado fue intensa, principalmente por el interés del ministerio de Hacienda de atenuar los cambios que la Cámara de Diputados incorporó durante el primer trámite constitucional.
Algunos de los logros en la comisión fueron precisar en el artículo 5º lo que se entiende por uso del agua para interés público, el que tendrá preeminencia, en el sentido de privilegiar el consumo humano y el saneamiento, y la preservación ecosistémica. También se incluirán las funciones productivas, definidiéndose como “aquellas destinadas a promover un equilibrio entre eficiencia y seguridad en los usos productivos de las aguas”.
Asimismo, se beneficiará a los servicios sanitarios rurales a través de una disposición que les permitirá extraer transitoriamente hasta 12 litros por segundo mientras tramitan su autorización definitiva, además de agregar un artículo para la recarga artificial de los acuíferos en el cual se regula la extracción posterior considerando las pérdidas propias del proceso, la sustentabilidad de la fuente y los derechos de terceros.
En términos de caudal ecológico, se mantuvo su obligación para los derechos de agua hoy vigentes en las áreas declaradas bajo protección oficial (parques nacionales, reservas nacionales, reservas de región virgen, monumentos naturales, santuarios de la naturaleza, humedales de importancia internacional), y en el caso de sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad de primera prioridad.
Se eliminó la renuncia obligatoria del Estado a los derechos de agua en remate cuando el Fisco sea el único compareciente. Con esto, se avanzará en la recuperación de caudales para usos esenciales.
Se amplió el plazo de declaración de zonas de escasez hídrica por sequía, de 6 meses a un año prorrogable, especificando modos de operación y coordinación tendiente a cubrir en primer lugar funciones de subsistencia. Y en el caso de los pueblos indígenas (como individuos o comunidades) se avanzó en el reconocimiento de sus derechos ancestrales, eximiéndolos de plazo para la regularización de sus derechos de agua.
Uno de los aspectos en que el interés público fue derrotado en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado fue el aumento de los plazos para la extinción de los derechos de agua: de 4 a 5 años en el caso de los consuntivos y de 8 a 10 años en el caso de los no consuntivos, contabilizados desde que se incluyan por primera vez en el listado de pago de patente por no uso. Además, el Ejecutivo logró mantener el concepto propietarista de “derecho de aprovechamiento” para los nuevos derechos de agua –que tendrán una duración máxima de 30 años-, eliminando el término “concesiones”, que fue lo aprobado por la Cámara de Diputados.
Y aunque en la Cámara Baja se había aprobado que las mineras están obligadas a solicitar autorización para utilizar las aguas halladas, los senadores cambiaron este imperativo por el de solo informar sobre estas en un plazo de 90 días, entregando antecedentes sobre su ubicación, caudal, y cantidad de agua a usar y justificando en qué actividad esta sería utilizada. Además deberán garantizar que no afectarán la sustentabilidad del acuífero o los derechos de terceros.
Dilación
Una de las apuestas de quienes se oponen a la reforma es que esta no se alcance a aprobar durante el gobierno de Bachelet, con el objeto de que en una eventual nueva administración de Sebastián Piñera, quien ha expresado su rechazo a la reforma, se revierta lo avanzado.
La estrategia dilatoria ha surtido efecto, ya que durante el mes de septiembre la Comisión de Agricultura no dedicó ninguna sesión a discutir la iniciativa. Y a partir de octubre se han planificado múltiples audiencias con expertos y representantes de sectores que usan el agua, con el objeto de postergar la votación. Esto porque muchos de los invitados a las audiencias ya expusieron tanto en el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados como en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado. Esto se corroboró esta semana cuando se informó sobre un acuerdo político para no votar el articulado previo a las elecciones del 19 de noviembre.
Una vez que sea aprobado el proyecto en Agricultura, aún resta que lo revisen las comisiones de Constitución y Hacienda, y luego pasar a Comisión Mixta para subsanar las diferencias entre lo aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado.
