Honduras sufre graves retrocesos a la democracia

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Estado de sitio ilegal abrió facultades a las fuerzas públicas para violentar derechos humanos

Múltiples abusos y violaciones de derechos humanos se han cometido en Honduras en el contexto de las recientes protestas realizadas en 17 de los 18 departamentos del país. El “Estado de Sitio” declarado por el gobierno es ilegal, se constituye como un medio destinado a reprimir el disenso político, imponer el fraude electoral e infundir el terror a la población a fin de frenar las manifestaciones.

Fuente: clacpi.org

Comunicado de prensa CLACPI

Honduras vive hoy graves retrocesos democráticos y violaciones a derechos humanos, por la manipulación de los resultados electorales del 26 de noviembre. La crisis política generada por el Estado, ha desembocado en una oleada de protestas a nivel nacional exigiendo que se respete la voluntad popular ratificando el rechazo a la imposición de una reelección del señor Juan Orlando Hernández que violenta la Constitución de la República.

El uso excesivo de la fuerza ha pasado ser un terrorismo de Estado, a través de las diferentes fuerzas represivas especialmente la Policía Militar del Orden Público, la Policía Tigres, el ejército y la Policía Nacional Civil, en contra de manifestaciones pacíficas, dando como resultado la detención arbitraria de manifestantes y opositores políticos. Señalamos la existencia de patrones de tratos crueles inhumanos y degradantes.La Mesa Nacional de Derechos Humanos muestra su preocupación por el asesinato de dos personas y al menos dos decenas de heridos de bala sólo en Tegucigalpa. Las estrategias empleadas por las autoridades en respuesta a las protestas se aplican a expensas de los derechos y las libertades de los hondureños.

Las organizaciones que integran la Mesa Nacional de Derechos Humanos, además documentan los ataques contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación realizados por fuerzas de seguridad que se proponen impedir la cobertura informativa de las manifestaciones, las amenazas de cierres de medios, el aumento del clima de intimidación.

La situación de derechos humanos es cada vez más crítica desde el comienzo de las protestas, en la que se observan niveles cada vez más altos de represión de la oposición política por parte de las fuerzas de seguridad nacionales y un aumento de la estigmatización y persecución de las personas percibidas como opositoras al Gobierno.

Por lo que instamos a las autoridades hondureñas de abstenerse de catalogar a los manifestantes y trabajadores de los medios de comunicación como enemigos y terroristas –palabras que no ayudan a atenuar el contexto de violencia y polarización y que, más bien, quizá contribuyen a agravarlo. La información recopilada por la Mesa de Derechos Humanos y otra información pública disponible indica que las tanquetas antimotines utilizadas por la Policía Militar del Orden Público lanzaron con regularidad centenares de bombas lacrimógenas a las protestas del 30 de noviembre y 01 de diciembre, incluso directamente al cuerpo de las personas, contraviniendo todos los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad.

Esta situación se ha visto empeorada por la decisión del Poder Ejecutivo de usurpar los poderes del Tribunal Supremo Electoral, retrasando dolosamente la transmisión de resultados. A pesar de las informaciones parciales publicadas por el TSE, el Presidente Juan Orlando Hernández se declaró presidente electo inmediatamente, al tiempo que miembros de su partido realizaban llamamientos a sus seguidores para salir a las calles y defender el resultado, todavía desconocido, provocando violencia con la oposición.

La Mesa Nacional de Derechos Humanos recuerda que la candidatura del Presidente JOH es ilegal e inconstitucional, dado que un recurso interpuesto por el ex presidente nacionalista, Rafaél Leonardo Callejas, únicamente abrió la posibilidad de hablar sobre la reelección y no de inscribirse.

La acción sumamente cuestionable de este Tribunal, a pesar de la prohibición explícita para la reelección, como garantía máxima del principio democrático, entrando en plena contradicción con la Constitución de la República.

Expresamos nuestra más seria preocupación por la complicidad del Tribunal Supremo Electoral al incumplir con las exigencias que permitan garantizar la máxima transparencia en el proceso y les exhortamos a establecer un recuento público de las actas.

Hemos recibido denuncias de la infiltración para desprestigiar la protesta social, que ha causado el saqueo de comercios en diferentes partes del país. Lamentamos las omisiones de la Policía Nacional sobre su responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana.

Exigimos al Estado hondureño y en particular a las fuerzas de seguridad y defensa pública que se respete el derecho a la protesta pacífica, recordando la obligación de servir y proteger a la población hondureña.

Exigimos al Mecanismo Nacional de Protección de Periodistas, Comunicadores Sociales, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia iniciar una investigación independiente y efectiva de las violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad y de los abusos que se atribuyen a los colectivos armados o a los manifestantes violentos. Esto comprende la garantía de que las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público durante el periodo se prosiga de manera escrupulosa y con notoria imparcialidad.

La Mesa Nacional de Derechos Humanos seguirá vigilante y en comunicación con sus organizaciones miembro y socios en Honduras para las actividades de denuncia que correspondan.

Instamos a la cooperación internacional, a las representaciones diplomáticas, a los gobiernos amigos a estar alerta sobre violaciones a los derechos humanos y exigir al gobierno el cumplimiento con los pactos, tratados y acuerdos internacionales suscritos por el Estado de Honduras. A la población hondureña llamamos a mantenerse vigilantes y denunciar las violaciones a los derechos humanos en cualquier parte del país. En medio de la continua crisis económica y social del país y el aumento de las tensiones políticas, existe un riesgo elevado de que la situación de Honduras se deteriore aún más, por lo que nos declaramos en alerta permanente y anunciamos que realizaremos las denuncias internacionales correspondientes y publicaremos un informe ampliado de estas denuncias en los próximos días.

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hacemos un llamado urgente a que se pronuncien y exijan al Estado de Honduras el cumplimiento y respeto de los derechos humanos en Honduras. Finalmente advertimos la concreción de la instauración de un régimen dictatorial que desconoce la voluntad popular y se impone mediante la fuerza.