Poder judicial otorga trato desigual a fiscal y abogados de comuneros mapuche

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Por Juan Contreras Jara – Fuente: resumen.cl

Desde hace unos días el fiscal regional de la Araucanía Cristian Paredes, quien investiga los vicios y adulteraciones en las evidencias de la llamada Operación Huracán, cuenta con protección las 24 horas del día por parte del departamento de Protección de Personas Importantes (PPI) de la Policía de Investigaciones (PDI). Los motivos; el fiscal habría sido seguido y fotografiado por personal de la Dipolcar de Carabineros a las afueras del Ministerio Público y del aeropuerto de Temuco, tras regresar el miércoles pasado desde Santiago.

Otra muestra del enfrentamiento que hoy involucra al Ministerio Público de la Araucanía, con la Unidad de Inteligencia Operativa Especial (UIOE) de Carabineros de Chile; fue la querella puesta por el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad, Luis Arroyo. El jueves 25 de enero denunció que personal de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar), intentó involucrarlo en supuestas filtraciones de antecedentes sobre la Operación Huracán, dirigidas hacia la CAM (Coordinadora Arauco Malleco). En ambos casos y gracias al rápido actuar de dicha fiscalía, los persecutores hoy se encuentran resguardados por la PDI.

Lo que llama principalmente la atención de este actuar de la Fiscalía y la PDI, es que se contradice diametralmente con el trato que le han dado a otras denuncias y querellas presentadas, por ejemplo, por las y los abogados del Centro de Investigaciones y Defensa Sur (CIDSUR); quienes han declarado desde el 2016 que han sido objeto de fotografías, espionaje y seguimientos por parte de Carabineros, específicamente por la Dipolcar.

La gran diferencia: Ciudadano de primera y segunda clase

Producto de lo mencionado anteriormente, el 22 de septiembre de 2016 se interpuso un recurso de amparo en favor de la abogada Karina Riquelme Viveros y el abogado Sebastián Saavedra Cea, ambos integrantes del CIDSUR. La acción judicial dirigida en contra del gral. Christian Franzani Cifuentes, jefe de Carabineros de la IX zona de la Araucanía, denunciaba constantes seguimientos y registros fotográficos por funcionarios de civil de Carabineros en su contra en el contexto de su ejercicio profesional, litigando en causas de derechos humanos, específicamente en defensa del pueblo mapuche.

La persecución y espionaje por parte de Carabineros de Chile para con estos abogados, comenzó el 2 de agosto de 2016, cuando se sorprendió a una persona a las afueras del Juzgado de Garantía de Temuco, escondida detrás de un automóvil fotografiando a los defensores antes mencionados. Karina Riquelme Viveros relata que “luego de que nos llamara mucho la atención y que colegas nos hicieran saber que habían personas fotografiándonos, hicimos seguimiento de estas personas, vimos en los autos que se subían estas personas y revisamos sus patentes. Luego de esto pudimos corroborar que las personas que nos estaban fotografiando pertenecían a la policía; de hecho una de las patentes era de la Dipolcar y otra de la PDI. Nosotros hicimos la denuncia, mediante este recurso de amparo, pidiendo las explicaciones del caso y la policía de inteligencia dijo que no tenían que responder nada en virtud del secreto. La PDI, en cambio, dijo que no había ninguna orden de seguimiento en nuestra contra”.

El organismo que sí respondió positivamente a un posible seguimiento en contra de estos dos abogados, fue el Ministerio Público, aparato estatal que según la abogada Karina Riquelme, los estaban investigando por dos delitos; “uno de ellos referente a mí, en el cual se me acusa de estar recabando antecedentes para perjudicar al fiscal Alberto Chiffelle. En la otra acusación se incluye a varios abogados defensores, incluida yo, Sebastián Saavedra, Manuela Royo, entre otras, [diciendo que] estábamos viajando a los campos, ofreciendo 10 millones de pesos para que las personas de ahí declararan en contra de la policía”.

Cabe destacar que ambas investigaciones nacen de un informe entregado por Claudio Leiro Marambio, funcionario de la PDI denunciado por la utilización de apremios ilegítimos, en la obtención de declaraciones en el caso Luchsinguer Mackay, específicamente contra José Peralinoquien denunció que los policías lo habrían amenazado para que testificará contra los otros diez imputados por el mismo hecho.

Consultada por el accionar de la Fiscalía y la PDI, que dio respaldo y protección a los fiscales antes mencionados, la defensora es enfática al señalar que; “de las policías existe un evidentemente un hostigamiento y seguimiento constante de a quienes hoy día están ejerciendo la defensa de aquellos que defienden sus territorios; en este caso dirigentes del pueblo Mapuche. Por otra parte, la Fiscalía que le otorga hoy en día la protección al fiscal Cristian Paredes, a diferencia de lo que pasó con nosotros; donde nunca se investigaron las denuncias de seguimiento, da cuenta de la existencia de ciudadanos de primera y segunda categoría para estas instituciones”.

La intencionalidad del Ministerio Público de la Araucanía, en conjunto con la Policía de Investigaciones, en perseguir hechos ligados al hostigamiento y el espionaje, aparentemente queda solo remitido para fiscales o más bien, para personas que ostentan algún puesto de poder institucional. Sobre esta evidente diferenciación, Karina Riquelme expresa que “nosotros hemos denunciado esto hace muchos años, no es algo que no se entienda. Principalmente por la utilización de la ley de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) que da amplias facultades a las policías para perseguir a cualquier persona que piense diferente al sistema económico, o al sistema que quiere implantar el Estado; esa persona puede ser investigada en virtud de esta ley. Además, establece muchos resguardos, respecto de quienes realizan estas acciones que, por lo demás afectan los derechos de las personas investigadas”.

Sobre cómo opera esta ley, la defensora explica que “pueden poner micrófonos en tu casa, en tu oficina, te ponen seguimiento, te sacan fotografías; sin dar cuenta de ningún control. Esta ley fue implementada durante la dictadura militar y se utilizó principalmente para perseguir a quienes estaba en contra de su régimen, en ella se explica muy claramente cuáles son las finalidades y las amplias atribuciones que le otorga a Carabineros”.

Sobre las acciones que iniciarán las y los defensores del Centro de Investigación y Defensa Sur, que han sido constantemente perseguidos y hostigados por personal de la PDI y Carabineros de Chile; la abogada Karina Riquelme Viveros expresa que “nosotros creemos que estamos siendo constantemente escuchados; que se conoce cuál es nuestro movimiento, en virtud del trabajo que hacemos, que por lo demás es autónomo. Todo esto da estas posibilidades y no nos llama la atención. La labor que cumplimos es proteger constitucionalmente y bajo el debido proceso, por ello no tenemos nada que ocultar. Por ahora nos concentramos en preparar los juicios que se nos vienen”.

Fotografía: Miembros del Centro de Investigación y Defensa Sur junto a comuneros mapuche. Fuente: cidsur.cl