viernes, marzo 29, 2024

Tiempos de Piñera y los derechos humanos en territorio Mapuche

El Presidente de Chile, el empresario Sebastián Piñera,  en una reciente entrevista al medio internacional Univisión, dijo: “Qué cree usted de personas que quemaron vivos a un matrimonio de ancianos, como lo fue el matrimonio Luchsinger Mackay, que queman las iglesias con niños y mujeres adentro, que destruyen las plantaciones de sus propios compañeros del pueblo mapuche, que destruyen las bodegas, las plantaciones, las maquinarias y el trabajo de años. Simplemente para causar terror en la región, eso es terrorismo“.

Con respecto a su plan para “combatir el terrorismo”, señaló: “Hemos estudiado la legalización de EE.UU., la mayoría de los países europeos y vamos a sacar de muchas de esas legislaciones una ley que nos permita combatir el terrorismo en Chile con eficacia y al mismo tiempo respetar lo que es un Estado de derecho, el debido proceso y los derechos humanos de todos”, anunciando también: “Vamos a hacer un programa especial de desarrollo económico y social, una especie de Plan Marshall para que esa región recupere el atraso que tiene en materia de desarrollo con respecto al resto del país”.

La otra cara de la moneda en territorio Mapuche

Grupos de poder económico vinculados principalmente al latifundio colonial y empresas forestales por medio de la denominada Multigremial, a través de campañas mediáticas han buscado insistentemente en obnubilar la realidad de la Región de la Araucanía con respecto a los derechos humanos del Pueblo Mapuche, impulsando sobreponer la muerte de un matrimonio: Werner Luchsinger (75 años) y su esposa Vivianne Mackay (69 años), en la madrugada del 4 de enero de 2013 a causa de un incendio intencional de su casa patronal en un predio dentro de la comuna de Vilcún, Región de la Araucanía, cuyo caso ha sido utilizado para diversos fines políticos y el que tiene un condenado, el machi Celestino Córdova a 18 años de cárcel y quien inició  una huelga de hambre este 14 de enero demandando poder acceder su rewe (espacio ceremonial) por 48 horas, entre otras materias.

Cabe mencionar que los conflictos territoriales de comunidades mapuche con sectores del latifundio colonial (terratenientes) y empresarial  han arrojado en los últimos 15 años el asesinato de a lo menos 18 personas en Chile y Argentina, la mayoría son jóvenes a manos de agentes represores del estado chileno, entre ellos Matías Catrileo, Alex Lemún y Jaime Mendoza Collio. Además de asesinatos, también hay casos de cerca de doscientos niños/as mapuche afectados por la represión estatal en los últimos años, incluyendo casos de torturas que involucran a un pequeño de tres años y una pequeña de dos años en la zona de Tirúa.

Otra caso grave hacia la infancia y adolescencia mapuche en el marco de zonas militarizadas que custodian intereses forestales, es el de Brandon Hernández Huentecol, quien con 17 años de edad en diciembre del 2016 resultó gravemente herido tras recibir por la espalda el impacto de escopeta calibre 12 antimotines, ingresando unos 140 perdigones en su cuerpo y el agente aún no es formalizado.

Uno de los graves conflictos territoriales que se vive en el centro sur de Chile son a causa de la industria forestal sostenida principalmente por dos grupos económicos (Matte y Angelini) con una extensión que superan los dos millones de hectáreas (hay unas tres millones de hectáreas de monocultivos de pinos y eucaliptus),   generando en múltiples localidades graves consecuencias, tales como: crisis hídrica, resequedad, empobrecimiento de territorios, desplazamiento de población rural, pérdida de soberanía alimentaria, perdida de bosques nativos, de flora y fauna, de ecosistemas, de humedales y la proliferación de numerosos focos de incendios a causa de sus composiciones y efectos, como lo han denunciado 110 organizacionesen Chile y dando cuenta de los graves hechos que afectan a múltiples comunidades y sectores campesinos.

Otro elemento de conflicto que se ha suscitado en este último tiempo, es el relativo a los incendios de iglesias (católicas y evangélicas) razón por la cual se ha criminalizado a cuatro comuneros mapuche quienes llevan un largo periodo de prisión preventiva, hechos que han contribuido a oscurecer las causas mapuches como señala el sacerdote jesuita chileno, Fernando Montes Matte, ex rector de la Universidad Alberto Hurtado:  “Existe el peligro que toda la atención de los chilenos se centre en esos hechos de violencia y no en la situación de injusticia y violación de derechos que vienen desde antiguo y permanece hasta nuestros días”, quien además considera que el conflicto con las empresas forestales y sus impactos, son parte de una de las principales razones de violencia a las comunidades, según da cuenta a la agencia Fides.

En el presente existen además decenas de proyectos de energía que se emplazan en territorio ancestral Mapuche, generando graves conflictos, incluyendo varios lugares sagrados del Pueblo Mapuche en las regiones del Bio Bio, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, conflicto que ya tiene una muerte, el de la joven madre,  Macarena Valdés. Hace algún tiempo circulaba una potente reflexión sobre el poder político empresarial que promueve las hidroeléctricas: “El Dios de ellos lo tienen en el bolsillo, el Dios de ellos hace daño, se apoderan de los ríos, se apoderan de Chile entero, si Chile entero está vendido ya”, señala don Silverio Loncopan, del Lof Trankura de Curarrehue en territorio se aprobó una hidroeléctrica “Añihuerraqui” que involucra a las aguas del río como parte de un complejo ceremonial espiritual.

Previo a estos tiempos contemporáneos, existe un conflicto histórico que proviene desde el último periodo del siglo 19 y que grupos de poder intentan desviar la atención, que incluye, como señala el historiador Mapuche Hernán Curiñir, el asesinato (genocidio) de miles de personas Mapuche (entre 50 mil a 70 mil) a manos del ejército del estado chileno, hechos ocurrido entre 1866 a 1881 con el propósito de despojar las tierras del Bio Bio al sur, acto bélico que se denominó “Pacificación de la Araucanía”.  Simultáneamente  fueron los perpetrados en Puelmapu (Argentina) en la denominada “Campaña del Desierto”, también arrojando decenas de miles asesinados a manos del ejército argentino y de otros decenas de miles de esclavos, cuyas tierras en gran parte, fueron entregadas en amplias extensiones a cientos de colonos europeos.

Ngulumapu es el nombre del territorio ancestral mapuche del lado oeste (centro sur de Chile) y Puelmapu es el territorio del este (centro sur de Argentina) y en estas tierras las resistencias llevan largos periodos de tiempo y hoy, nuevamente se enfrentan amenazas coordinadas por el estado chileno y argentino a favor del saqueo territorial, donde ciertos sectores de Iglesias occidentales denominadas cristianas, incluyendo del catolicismo, no solo han omitido las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y la depredación en estos territorios causados por el colonialismo y el extractivismo, sino además hay complicidad y ejecución en ello, como ha sucedido por ejemplo con grupos vinculados al Opus Dei y Legionarios de Cristo, como el Obispo Stegmeier en Villarrica  o el mismo clan Matte, respectivamente.

El Obispo de Aysén, Luis Infanti, en una entrevista  señalaba que se está destruyendo la obra de Dios, haciendo un llamado para frenar la depredación de su creación: “Que desde la fe fortalezcamos las organizaciones sociales, culturales, religiosas … para que con actitudes y acciones pacíficas ayudemos a tomar conciencia de estos graves problemas y exijamos mayor comunión, solidaridad y justicia entre las personas y la naturaleza. Conscientes y creyentes que la Tierra es de Dios, no podemos permitir que se privaticen los bienes esenciales a la vida (tierra, agua, aire), creyéndonos dueños de ellos, beneficiando a algunos y marginando a la mayoría, y menos aun mercantilizándolos, o sea haciendo un negocio con ellos, condenando así a los más pobres” (…) Cuán importante es valorar la vivencia espiritual de los pueblos indígenas, que desde sus orígenes se sienten parte de la madre tierra y se relacionan con respeto, amor y comunión/veneración con ella, al igual que con los miembros de la comunidad”.

Wallmapu y el prontuario de Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique

La representación de Piñera choca directamente con los intereses colectivos en Wallmapu que reivindica y exige respeto de derechos, justicia, fin a prácticas colonialistas y racistas, y principios y prácticas de autonomías, ya que el empresario es parte de una maquinaria que involucra directamente actos de saqueos, depredación, atropellos y complicidades en violaciones sistemáticas a derechos humanos mapuche, teniendo además un historial de actos irregulares o ilícitos relacionados al capital y estatus de poder.

Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique  en tiempos de campaña presidencial estuvo de paso   por Temuco el 29 de junio del año pasado e indicó a medios: “vamos a proponer un perfeccionamiento de la Ley Antiterrorista (…) vamos a incorporar la figura de los agentes encubiertos, los informantes, los testigos protegidos. Y vamos a recoger de la experiencia española que en algunos casos los juicios de los terroristas no se realicen en la región donde se cometió el acto terrorista”.

A continuación se comparte artículo difundido hace un tiempo y que se relaciona con el prontuario del ex presidente  y atentados a derechos del Pueblo Mapuche.

 El empresario y Presidente Sebastián Piñera ha estado en varias oportunidades en el tapete de lo ilícito que a la fecha ha trascendido fronteras, incluyendo ser parte de campañas operacionales político-comunicacionales que han generado un enorme daño al Pueblo Mapuche.

Tenemos información confiable que nos hace presumir que detrás de estos incendios ha habido intencionalidad criminal y en consecuencia creemos que debemos combatir no sólo los incendios sino a criminales que presuntamente están detrás de estos incendios”, dijo Sebastián Piñera, siendo Presidente de Chile en el marco de la muerte de siete brigadistas de forestal Mininco el 2012, mientras inmediatamente el ex Ministro HinzPeter y operadores políticos de su mismo bloque como el Diputado Edwards, el Senador Espina y el ex Intendente Araucanía Molina, hacían entrever que detrás de esos hechos habían “causas mapuches”, mientras hacían desligar a la empresa forestal de todo tipo de responsabilidad en la ola de incendios que se registraban en el centro sur de Chile, mientras se tapaba la plaga de la avispa taladradora en las plantaciones de monocultivos y mientras los operadores de justicia como el ex Fiscal Ljubetic también apuntaba  dardos a personas mapuches, hechos que en suma gatillaron una campaña racista contra el Pueblo Mapuche acusado de “asesinatos” y de “terrorismo”, mientras desde diversas organizaciones sociales acusaban de manipulación, ocultación de información y autoatentados.

Demás está decir la cercanía que el  Presidente Piñera a los intereses de grupos empresariales forestales.  El año 2006 vendía el 4% de las acciones de Antarchile y cuadruplicó su inversión en 6 años, holding perteneciente al grupo Angelini, quien posee más de un millón doscientas mil hectáreas de plantaciones forestales en el centro sur de Chile a través de Forestal Arauco – Celco. Piñera también intentó prorrogar a 20 años un decreto ley proveniente de la dictadura militar (DL 701) que además de Angelini ha beneficiado también al grupo Matte (CMPC – Forestal Mininco), con más de 750.000 hectáreas de plantaciones.

Piñera, que a inicios del 2017 aparece con una fortuna que supera los 2.700 millones de dólares, fue un activo promotor en señalar supuestos vínculos terroristas “mapuches – Farc”. En agosto del año 2009, como candidato, afirmaba que detrás de la violencia en el conflicto mapuche hay organizaciones terroristas extranjeras y llamaba a aplicar más ley antiterrorista y en agosto del año 2010 con quien fue su homónimo en Colombia, el actual presidente Juan Manuel Santos, dijeron a la prensa que habían acordado “cortar el ‘vínculo entre mapuches y las Farc”.

Cabe consignar al respecto, que tanto Carabineros, la PDIla CÍA de EE-UU y hasta el ex Ministro del gobierno de Piñera,  Andrés Chadwick, tuvieron que desmentir en su momento dicha campaña, no existiendo antecedentes. Los Cables de la Embajada norteamericana en Chile durante el 2008 al 2009, correspondientes a las desclasificaciones de Wikileaks, revelados por diversos diario internacionales, demostraron que la pretendida conexión mapuches-PC-FARC fue un montaje o sobre exageración.

Sin embargo la historia de Piñera y actos ilícitos  considerados inmorales va mucho más atrás. Durante la dictadura militar de Pinochet, no solamente fue privilegiado, sino además obtuvo diversos niveles de proteccionismo. Documentos desclasificados de la CIA en Estados Unidos mostraron no sólo el nivel de influencia y relación de su persona con la dictadura o a través de su hermano como ministro de estado o de su padre, que le dieron ventajas en sus proyecciones empresariales, sino además incluye una gestión de lobby del Embajador de Estados Unidos James Theberge con el Presidente de la Corte Suprema para ir en su favor e incluso, la de una operación de inteligencia que lo sacó del país mientras tenía orden de detención, sin perjuicio de que la investigación judicial concluyó con la condena de dos de los implicados en la estafa al Banco de Talca, mencionados también en los documentos, quienes pasaron una respetable temporada tras las rejas.

Esto explica el rol fundamental que tuvo Piñera para pedir el retorno del dictador cuando se encontraba en Inglaterra detenido por acciones de la justicia internacional, bajo las peticiones del Juez español Baltazar Garzón por delitos de lesa humanidad. Piñera decía que “No somos colonia de nadie”, mientras el País ha sido saqueado por numerosas transnacionales.

 

 

Imputado en Chile y Argentina

El  Presidente Piñera “enfrentó” una denuncia en Argentina por el pago de coimas por parte de LAN, ahora LATAM, a funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner para poder funcionar en territorio trasandino en 2006, a través de su filial LAN Argentina.

Mientras tanto en Chile, estuvo  de imputado en el marco de la investigación del caso Bancard, diligencia que está a cargo de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente donde ha prestado declaraciones.

 

Otros ilícitos

Cuando pretendía presentarse como candidato a la presidencia en 1993 de Chile por Renovación Nacional, se vio involucrado en el escándalo denominado “Piñeragate” sobre espionaje e instrucciones para desperfilar públicamente a la otra candidata Evelyn Matthei.

Durante su periodo como senador se vio involucrado en un conflicto de intereses por el polémico Caso Chispas, cuando consiguió que Endesa España le pagara por sus acciones de Enersis un precio mayor que el que se ofreció a otros accionistas que se encontraban en las mismas condiciones que él.

Piñera y los paraísos fiscales

Piñera participó en septiembre del 2016 en un foro denominado “Generación de empleo, un motor para el desarrollo. Desafíos de América Latina“, organizado por la Fundación Ecuador Libre. Allí señaló: “yo creo que es muy importante que los paraísos fiscales desaparezcan, porque muchas veces los paraísos se utilizan para o actividades reñidas con la ley y con la moral, como la lavado de dinero u ocultamiento de dineros que provienen del narcotráfico o el crimen organizado. O muchas veces se utilizan para evadir impuestos… y por tanto, yo sí creo que debiesen desaparecer los paraísos fiscales, y que las finanzas internacionales debieran ser más transparentes, de forma tal de evitar que esos paraísos fiscales sean mal utilizados para actividades ilegales o para evasión de impuestos”.

El 14 de noviembre de 2016, publicaba El Mostrador: “En medio del juicio de Perú contra Chile por los límites marítimos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Piñera realizó una inversión relevante en la Empresa Pesquera Exalmar S.A., una de las más grandes del Perú. Y esta resultó favorecida en sus derechos de pesca por la sentencia emitida el 27 de enero del 2014 por el referido tribunal internacional. Es decir, en términos gruesos, parte de lo que Chile perdió a manos de Perú en ese juicio, lo ganó el ex Mandatario con sus inversiones en esa compañía peruana”.

CIPER Chile publicaba el 25 de noviembre del 2016: “Exalmar no es la única inversión pesquera de Piñera en Perú. A través de Bancard International Inv., emplazada en Islas Vírgenes, es accionista de Austral Group, otra gran empresa peruana del rubro. CIPER obtuvo registros del paraíso fiscal que indican que la sociedad offshore fue creada por Piñera en 1997, convirtiéndose en su vehículo de inversión en sectores estratégicos de Perú (aeropuertos e Inca Kola, entre otros), Argentina (Central Costanera) y Colombia (controla la Bolsa). Sus inversiones en el exterior sumarían US$1.800 millones: el 72% de su fortuna, avaluada en US$2.500 millones”.

 

Piñera, Chiloé y el caso Tantauco

En el año 2005 se levantaba la polémica de “espionaje” dirigida a comunidades Mapuche Williche de Chiloé en relación a los terrenos adquiridos por el empresario y candidato presidencial Sebastián Piñera.

Se filtró la información a la prensa sobre el “espionaje” por parte de agentes de inteligencia estatal dejando en evidencia que más allá de la persona de Piñera, estaba apuntado a las comunidades Williche de Chiloé, en el marco de un vigente conflicto territorial denominado “Tantauco”.

La Policía de Investigaciones (PDI) reconoció y justificó su actuar a través de una declaración pública, donde la institución dijo que, “desde el 2003 la Policía de Investigaciones de Chile realiza monitoreos constantes al conflicto social que se radica en las regiones VIII, IX y X, relacionado con demanda de posesión de tierras de pueblos originarios”. Y se agrega que “el objetivo es anticiparse a hechos delictivos que pudieran afectar el orden social en esas zonas del país”.

Piñera adquirió a fines del 2004 al magnate estadounidense Jeremiah Henderson unas 123.000 hectáreas, terrenos que abarcan cerca del 20 % de la llamada isla grande de Chiloé, especialmente en el sector Sur. Su compra ha desatado ásperas polémicas, ya que en gran parte de estos terrenos comunidades Williche establecidas principalmente cerca de  Quellón, se han visto en peligro de ser expulsadas, las mismas que reclaman derechos sobre estos terrenos.

La posición de reclamo de las comunidades williche en Chiloé se basan en títulos originales de dominio en el valor de los Títulos Realengos otorgados entre 1823 y 1826, por orden del Decreto Real de Hacienda Nacional de la corona española, pero además ante la promesa del propio estado de Chile de respetar la propiedad indígena, promesa que fue hecha en el año 1826 cuando Chiloé se incorporó al estado chileno mediante la firma del Tratado de Tantauco. Gran parte de estos terrenos reconocidos se encuentran usurpados y que se encuentran hoy en “posesión” del empresario Piñera con títulos superpuestos.

El Tratado de Tantauco está compuesto por 13 artículos entre los que destaca el artículo 7º que obliga al estado de Chile a respetar los bienes y propiedades de todos los habitantes de la füta wapi (Gran Isla).

Piñera y RP GLOBAL

RP Global salió con fuerza a la luz pública luego de la muerte de Macarena Valdésen el sector de Tranguil, comuna de Panguipillu, haciéndose responsable a la empresa del escenario de violencia generado en el territorio por un proyecto hidroeléctrico y de transgredir derechos de las comunidades Mapuche. Macarena fue encontrada muerta, colgada, el 22 de agosto del 2016, en presencia de su hijo de un año y medio, encontrada por otro de sus hijos de 11 años (Macarena tuvo 4 hijos junto al werken Rubén Collio). Previo a esto, habían ocurrido una serie de amenazas por parte de sicarios en contra de esta familia, así, como a otras del sector que se oponen a los proyectos hidroeléctricos.

La situación generó una serie de movilizaciones de protesta, incluso, hasta una funa se realizó a la empresa en las inmediaciones de sus oficinas en Santiago de Chile. Mujeres de Panguipulli han hecho urgentes llamados ante la violencia empresarial en el sector en medio de la impunidad en  una serie de actos, donde fuerzas públicas de carabineros se han prestado para actuar a favor de los intereses de esta transnacional para imponer cableados y líneas de tensión relacionadas a la conectividad de la central, bajo la pasividad del ex gobierno de Bachelet ante una serie de irregularidades.

El proyecto hidroeléctrico que se impone en el presente en Tranguil, fue autorizado y “amarrado” en el periodo del gobierno anterior de Sebastián Piñera, quien actuó en todos los planos a favor de sus intereses, transnacional que ha creado una serie de “nombres”   en  centro y sur de Chile relacionados a su holding: -RP Global Chile S.A; – RP Global Chile Energías Renovables; – RPI Chile Energías Renovables, nombre anterior de RP Global Chile Energías Renovables; – RP El Torrente Eléctrica S.A. Central Hidroeléctrica Panqui, en Curarrehue; – RP Butamalal Hidroeléctrica S.A. (cuatro proyectos en la octava región – con DIA – 3 desistidos y uno aprobado); – RP El Arroyo Energías Renovables S.A. (Dueña de los Derechos de Agua en Río Tranguil.

La empresa en sus diferentes nombres aparece con  varias decenas de derechos de agua inscritos para fines hidroeléctricos, la gran mayoría constituidos durante el periodo de Piñera, sin embargo, también hay varios inscritos durante el reciente periodo de Bachelet, principalmente en la Región del Bio Bio. También, aparece Felipe  Pichard  inscribiendo derechos de agua en conjunto con Christian Linsenmeyer, ambos ligados a la empresa.

En marzo del año 2012, el portal Füta Willi Mapu ponía en alerta sobre una gran cantidad de derechos de agua inscritos por empresarios, en un artículo denominado: “Listado de solicitudes de derechos de aprovechamiento de agua en territorio Mapuche Williche”. Aparecía así el nombre de Felipe Pichard Alliende, con derechos de agua sobre estero el Loro, Río San Carlos, Río Guayusca, Estero Correntoso, Río Correntoso, Río El Tigre, Estero Sin Nombre.  Pichard es el representante de la transnacional austriaca en Chile, ha cumplido diversas labores de gerencia para la empresa. Asimismo, llama la atención que, durante febrero de 2000 a junio de 2001,  fue encargado de la evaluación económica de proyectos de inversión de la cuestionada empresa Soquimch en Chile (SQM), acusada desde hace algunos años  por una serie de ilícitos, como fraude al fisco,  financiamiento irregular de campañas electorales, tráfico de influencias, entre otras., empresa controlada por Julio Ponce Lerou, yerno de Augusto Pinochet.

RP Global – Chile y su representante Felipe Pichard, durante el gobierno anterior  de Piñera comienzan a expandirse en diversas localidades.  En agosto del año 2010, comienzan a hacer lobby ante el Concejo Municipal de Cañete (Región del Bio Bio) para la Central Hidroeléctrica en el sector Butamalal de Cayucupil. También, comienzan a aparecer durante el periodo gubernamental del ex presidente una serie de derechos de agua inscritos por la empresa en la Región de la Araucanía.

En abril del año 2013, el Gobierno Regional de la Araucanía, encabezado por el ex Intendente Andrés Molina, da la orden para que la Comisión de Evaluación del Medio Ambiente, apruebe por unanimidad el proyecto hidroeléctrico Panqui, emplazado en la zona cordillerana de Curarrehue.

El Alcalde de la comuna afectada, Abel Painefilo, señalaba luego de esta votación: “Este es un atentado al desarrollo turístico de una comuna que ha sido calificada por el propio plan Araucanía y por la estrategia de desarrollo regional en sus líneas de acción, como un territorio sensible y de alto interés turístico”.  Agregó que “este proceso es inconsulto, ya que no fueron consideradas las comunidades mapuche de la zona de influencia contraviniendo el convenio 169 de la OIT, los emprendedores turísticos y otras organizaciones comunitarias, que generan una economía local gracias al río y sus recursos naturales, los que se verán seriamente afectados por la intervención que sufrirá el caudal del Río Panqui”.

Durante abril de ese año (2013), diversas manifestaciones de repudio y protesta  por parte de miembros de comunidades y vecinos de Curarrehue se trasladaron a Temuco  contra  la aprobación del proyecto hidroeléctrico Panqui  realizada por el gobierno regional que encabezó el ex Intendente Molina, en el periodo de Sebastián Piñera.

El titular del proyecto Panqui es: RP El Torrente Eléctrica S.A., quien forma parte de la empresa austro-chilena RP Global Chile, con sede en Santiago. A su vez, RP Global Chile es parte del Grupo RP Global, con sede principal en Viena, Austria.

Panqui al igual que en Tranguil, se impone, a pesar de su ingreso al sistema de evaluación ambiental,  sin consulta, sin considerar la prioridad en materia de desarrollo de sus habitantes, sin considerar la afectación a lugares históricos en sus inmediaciones.

El gobierno de Piñera además de esta aprobación, rápidamente también le otorgó autorizaciones de concesiones eléctrica   y modificaciones a puntos de captación del proyecto otorgados por la DGA  para una generación de energía de 9 MW con un caudal de diseño de 6.3 m3/s. con una Inversión de US $ 21 millones.

Son los tiempos de Piñera.

Por Alfredo Seguel

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