Agentes policiales encubiertos han operado hace años y siguen haciéndolo en territorio mapuche. Fuentes policiales y de gobierno reconocieron que la autoridad civil no tiene control alguno sobre estas operaciones. La “ley corta antiterrorista” que se tramita en el Congreso tampoco regulará su accionar.
FUENTE: CIPER Chile
CIPER Chile accedió a siete informes de Carabineros que describen cómo operan los agentes encubiertos en la zona del conflicto mapuche. Lo hacen sin permiso judicial, ya que la Ley de Inteligencia los autoriza. Financiados con fondos reservados, bajo identidades falsas y biografías inventadas por sus superiores, consiguen entrar en la intimidad de las comunidades. Su trabajo no es supervisado por ninguna autoridad civil y desde 2004 –cuando se promulgó la Ley de Inteligencia– funcionan bajo sus propios criterios. La “ley corta antiterrorista” que se tramita en el Congreso tampoco regulará su accionar.
* CIPER modificó los nombres e iniciales del agente policial y de los mapuche que infiltró para resguardar la seguridad de los principales protagonistas de esta historia. Por la misma razón, se mantuvo bajo reserva la comunidad involucrada.
Rayén tenía 22 años cuando comenzó a recibir mensajes de Pablo en su cuenta de Facebook. Él le hablaba de cosas triviales y de su amor por la naturaleza. Le contó que tenía 26 años, que era deportista, que había estudiado hotelería y turismo en el Inacap y que trabajaba en unas termas en la zona cordillerana de La Araucanía. Ella le dijo que vivía en una comunidad mapuche y que la lucha por la recuperación territorial era algo que la comprometía. Pablo le dijo que apoyaba esa causa. Hubo afinidad. Él le propuso un encuentro y ella aceptó. Así se concretó la primera cita.
Pablo no se llamaba Pablo, ni había estudiado hotelería y turismo, tampoco tenía 26 años. No apoyaba la causa mapuche, ni tampoco trabajaba en unas termas. No vivía donde decía que vivía y su familia no era de Santiago. Rayén tampoco estaba enterada de que mientras caminaba con su nuevo amigo –cuando se juntaron por primera vez en enero de 2013-, eran seguidos y fotografiados por tres carabineros vestidos de civil.
Todo era una puesta en escena. Pablo en realidad era R.T.R., de 24 años, nacido en La Unión (Los Ríos) y había sido trasladado al sur unos meses antes, desde Santiago, como parte de las labores que cumplía como cabo segundo de Carabineros.
La información real sobre la identidad de Pablo y sus actividades de inteligencia policial quedaron registradas en siete informes reservados de Carabineros. CIPER tuvo acceso a esos documentos y también a información clasificada sobre otra funcionaria policial que fue reclutada y preparada para infiltrarse en comunidades indígenas de la Región de la Araucanía.
Los agentes policiales encubiertos han operado desde hace años, y siguen haciéndolo, en la zona del conflicto mapuche. Fuentes policiales y de gobierno lo confirmaron a CIPER y reconocieron, también, que la autoridad civil no tiene control alguno sobre estas operaciones.
LOS AGENTES ENCUBIERTOS
El miércoles recién pasado (7 de agosto) el Senado aprobó la idea de legislar la “ley corta antiterrorista” enviada por el gobierno. De ser aprobada, podría facultar a la Fiscalía para utilizar técnicas investigativas especiales, como interceptaciones telefónicas, informantes y agentes encubiertos en la investigación de delitos terroristas. Lo que muy poca gente sabe es que las policías y las Fuerzas Armadas ya están facultadas, por la Ley de Inteligencia, para usar agentes encubiertos que se financian con gastos reservados. Y lo hacen. Lo que se quiere aprobar ahora es que los datos que consigan agentes infiltrados puedan ser usados por la Fiscalía como pruebas en un juicio, lo que hasta hoy no se permite.
Los senadores que se opusieron a iniciar la discusión del proyecto argumentan que es peligroso darle más atribuciones a instituciones que en el pasado no han asegurado el debido proceso en sus investigaciones. Como ejemplo han citado el montaje de la “Operación Huracán”. Quienes aprobaron la idea de legislar estiman que el Ministerio Público, para perseguir de manera eficiente los delitos terroristas, debe contar con agentes encubiertos, además de informantes.
Andrés Chadwick, ministro del Interior, quien ha liderado la ofensiva del gobierno en el Congreso por la ley corta antiterrorista.
Más allá de si la ley en discusión se aprueba o no en el Congreso, hay algo que su promulgación no va a modificar: la utilización de agentes encubiertos, sin autorización judicial, hoy no está bajo el control de autoridades civiles. Justamente, uno de los reclamos de la oposición ha sido que se debe tramitar una “ley larga antiterrorista” que reforme el sistema y establezca mecanismos de control que evite abusos por parte de las policías y Fuerzas Armadas.
EL AGENTE “PABLO DIAZ”
Cuando el cabo segundo de Carabineros R.T.R. conoció en persona a Rayén, ya tenía perfectamente memorizada la historia ficticia que la inteligencia policial había creado para él. Esa historia está contenida en el primer informe reservado de la “Operación Tarzán”, como se denominó el plan de inteligencia que tuvo como protagonista al agente R.T.R. bajo la “chapa” de “Pablo Diaz”.
La H.F. (historia ficticia) contenida en ese primer informe, que CIPER pudo revisar, bautizó a R.T.R. como “Pablo Diaz Fernández” y le atribuyó la siguiente biografía: nacido un 16 de septiembre de 1986 en Santiago, hijo único de Yessica y Héctor, egresado de 4° medio en 2005 del Instituto Nacional, ingresó a estudiar hotelería y turismo en la sede del Inacap de Macul hasta 2011, para luego complementar sus estudios con la carrera técnica de ‘traductor intérprete’. En 2012 había comenzado su práctica profesional en unas termas de la Región de La Araucanía, lugar donde se quedó trabajando al término de sus estudios. Allí era asesor turístico, además de captador de clientes. Tenía contrato indefinido. Trabajaba cuatro días seguidos en las termas y luego tenía tres libres. Era soltero, no tenía hijos, tampoco contacto con otros familiares, solo con sus padres.
“Mantiene un gran aprecio y respeto por la causa mapuche, donde se le ha visto en varias ocasiones afuera de los tribunales de garantía apoyando a estos comuneros, como también se le ha visto con Rayén”, señala el informe madre de la “Operación Tarzán”, cuya fecha de inicio consignada en el mismo documento fue el 29 de enero de 2013.
