Considerar el problema constitucional indígena como un tema de acceso que se podría resolver solo con cuotas o incluso con puestos reservados, equivale a plantear que lo importante es que los indígenas sean parte de un mecanismo sin preguntarse qué podría significar un proceso constituyente para ellos.
Por Verónica Figueroa y Salvador Millaleo – 19 de noviembre de 2019
Se ha estado negociando un acuerdo para hacer posible una salida institucional a la crisis política. Esta salida está centrada en la elaboración de una nueva Constitución. La opción es entre una Asamblea Constituyente generada por la ciudadanía y un Congreso Constituyente, donde una parte mayor o menor sea elegida y la otra corresponda al Parlamento. A estas alternativas algunos añaden la propuesta de cuotas para mujeres y pueblos originarios.
Respecto a los pueblos originarios, ese enfoque significa un avance en su reconocimiento como actores del proceso, pero no resulta suficiente para dar cuenta de la inclusión de ellos en la elaboración de la Carta Fundamental.
Para estos pueblos, el problema de la inclusión constitucional consiste en su aspiración a participar del poder y así terminar con la exclusión sistemática que han sufrido respecto de la comunidad política mayor. Ello significa que el orden constitucional debe hacerse cargo de su carácter de pueblos o naciones, de su índole de sujetos colectivos que han sido negados, subordinados y marginalizados por el Estado y la nación mestiza.
Considerar el problema constitucional indígena como un tema de acceso que se podría resolver solo con cuotas o incluso con puestos reservados, equivale a plantear que lo importante es que los indígenas sean parte de un mecanismo sin preguntarse qué podría significar un proceso constituyente para ellos.
Esto no implica que rechacemos las cuotas o escaños indígenas, pero creemos que se requiere bastante más para que un “proceso constituyente” sea eso para los indígenas, esto es, la restauración en ese proceso de su calidad de sujetos colectivos, con instituciones y formas de deliberación propias. Esto es un pilar importante en la construcción de una sociedad realmente intercultural.
Incluso el mecanismo de una Asamblea Constituyente, originada completamente en la ciudadanía, con sus virtudes de participación y cercanía a los ciudadanos de a pie, podría convertirse en un mecanismo de asimilación, si es que no se asegura a los indígenas –quienes han sido minorizados dentro de esa ciudadanía– algo que vaya más allá de su simple presencia.
No basta que haya indígenas en una AC para que ella se tome en serio los intereses indígenas, sino que estos deben poder pensar políticamente “como indígenas”. Por supuesto, cuando se trata de un Congreso Constituyente, donde participen parlamentarios y expertos, los espacios de representación desde “lo indígena” serían casi nulos.
No se puede negar que en este tema también hay diferentes visiones en el mundo indígena. Algunos han exhortado a los indígenas a participar sin más en un eventual proceso constituyente chileno. Otros han tomado distancia, indicando que un eventual proceso constituyente chileno no es un tema propio de los pueblos originarios, sino que estos deberían acometer sus propios procesos de manera separada.
Queremos proponer una tercera alternativa para que los pueblos originarios participen dentro de un mecanismo constituyente apropiado: el mecanismo debe reconocer las instituciones propias de cada pueblo para que cada uno, si lo desea, haga su deliberación, a través de encuentros propios, no solo en comunidades y territorios, sino también por pueblos; además, el mecanismo común debe asegurar la concurrencia de los pueblos originarios a través de sus representantes.
No se puede continuar disolviendo a los pueblos originarios dentro del “pueblo chileno”, haciendo de la homogeneidad política una supuesta virtud. Pero también está justificado pensar que, además del hecho obvio de compartir espacios sociales, existen elementos comunes entre el pueblo chileno y los pueblos originarios que deben unirnos para compartir un mismo orden constitucional.
Desde luego, según nos revela la crisis presente, los poderes que han oprimido a los pueblos originarios son los mismos que abusan de los chilenos: los representantes o funcionarios estatales indolentes y alejados, los empresarios codiciosos que buscan lucro en la explotación desmedida de los recursos naturales y en los bajos salarios de sus trabajadores, el sistema de medios que aliena a los sujetos en lugar de incrementar su información, cultura y reforzar sus identidades, la ausencia de bienes públicos, donde su provisión está privatizada al servicio de unos privilegiados. Por ello, la bandera mapuche ha sido el emblema preferido del “Despertar chileno”.
Los indígenas creen que una comunidad de destino con el pueblo chileno en una democracia más plena, con un Estado social de derechos, sigue siendo un sueño común, y que nos permite recorrer un camino, no como subordinados sino como solidarios en un proceso intercultural.
Finalmente, el pueblo chileno sabe que la satisfacción de sus demandas de justicia se refleja en reparar la relación injusta que ha mantenido el Estado con los pueblos originarios.
Estamos frente a una oportunidad histórica para iniciar el camino hacia una verdadera convivencia intercultural, para redefinir los espacios de ejercicio del poder. Si una nueva Constitución falla en esa tarea de reconocimiento y redistribución del poder, difícilmente podrá considerarse una Carta Magna más justa.
