El gobierno y el cartel de la industria pesquera, intentan continuar tratando la cuestionada ley de pesca y acuicultura como si fuera un tema bilateral entre FAO y la Subsecretaría de pesca, y de exclusivo interés de los actores extractivistas industriales, y de los armadores semi-industriales, que constituyen el 10% del sector artesanal, dejando excluida del proceso a la ciudadanía.
Por Juan Carlos Cárdenas – Fuente: eldesconcierto.cl
“Cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecerla”
Ghandi
El 13 de mayo del 2015, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), firmó un memorándum de entendimiento con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), para que este organismo internacional evaluara durante ocho meses la ley Nº 20.657 de pesca y acuicultura, promulgada en febrero del 2013.
Este acuerdo bilateral tiene como objetivo “proponer recomendaciones para compatibilizar con los instrumentos y buenas prácticas internacionales para la sostenibilidad y gobernanza del sector pesquero, procurando la alineación de la ley con los instrumentos jurídicos internacionales ratificados por el gobierno de Chile, y que este apoyo es una parte integral del marco de prioridades del país acordado con la FAO para el 2015-2018” (1).
Eve Crowley, representante de la FAO en Chile, señaló ante la opinión pública que los resultados de dicha revisión técnica tendría el carácter de recomendaciones, y que su adopción era una decisión que le correspondía al gobierno chileno (2).
Importante es señalar que la revisión que efectúa el organismo de las Naciones Unidas de la cuestionada normativa pesquera, ocurre en los precisos momentos que la mesa de la Cámara de Diputados ha declarado admisible el proyecto de ley que propone la anulación de la denominada ley “Angelini-Longueira” de privatización pesquera.
Este proyecto de ley de nulidad de la normativa pesquera, fue presentado en enero pasado por 10 parlamentarios oficialistas, y contó con el respaldo de 300.000 firmas, reunidas a nivel nacional por pescadores artesanales, estudiantes, movimientos sociales y organizaciones ciudadanas.
En su numeral 13, dicho proyecto de ley señala que “la ley de pesca debe ser declarada nula, porque en el proceso de discusión parlamentaria se vulneró el principio constitucional de probidad”.
Esta taxativa aseveración encuentra respaldo en los resultados de la investigación sobre cohecho, fraude al fisco y lavado de activos que llevan a cabo la Fiscalía Nacional de Delitos Económicos y el Servicio de Impuestos Internos (SII).
La pesca milagrosa en las aguas del parlamento chileno
Desde la finalización de la dictadura civil-militar (1973-1990), nunca una ley y los parlamentarios, políticos y funcionarios públicos que la perpetraron, había sido tan cuestionada como la ley Nº 20.657. Esta normativa en una tramitación express durante el 2012, entregó de manera gratuita y a perpetuidad, la propiedad, uso y el goce monopólico de los peces del mar chileno a 7 poderosos y bien conectados clanes empresariales que dominan este estratégico sector de la economía y sociedad chilena.
Las transversales situaciones cohecho empresarial a parlamentarios y ministros claves, en momentos previos, durante y con posterioridad a la tramitación parlamentaria de la cuestionada ley de pesca, ha quedado en evidencia de parte de Corpesca (principal pesquera de la familia Angelini), Pesquera El Golfo (propiedad de la familia Yaconi-Santa Cruz, ahora asociada a la familia Sarquis en la Pesquera Blumar), y de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), las cuales triangularon pagos ilícitos a través de la compañía SQM, y otras que se encuentran en investigación (3).
Pablo Longueira y su ley de pesca: Símbolos del abuso y la corrupción político-empresarial
La iniciativa legislativa de nulidad que se encuentra en trámite en la Cámara de Diputados, es parte de la campaña ciudadana contra el abuso y la corrupción parlamentaria-empresarial, cuyo principal ícono es el impulsor y articulador político de la ley que lleva su nombre: Pablo Longueira.
Este ex ministro de economía, ex senador y ex candidato presidencial, debe declarar este 8 de marzo ante la Fiscal Ximena Chong, debido a la abrumadora evidencia de pagos empresariales, que hasta la fecha supera el millón de dólares ($730 millones de pesos chilenos). Con anterioridad ya lo había hecho su mano derecha en el proceso pesquero privatizador, el subsecretario de pesca de la época, Pablo Galilea.
Las situaciones seriales de violación del principio de probidad en el proceso parlamentario,demuestran ante la opinión pública que no se trata de “hechos puntuales”, como señalan con insistencia las patronales pesqueras Sonapesca y Asipes.
Actualmente se encuentran siendo investigados mas de 10 políticos y parlamentarios. Entre ellos, la casi totalidad de los parlamentarios representantes de las regiones norte, donde opera Corpesca (la ex diputada Marta Isasi, el senador Fulvio Rossi, y el desaforado senador Jaime Orpis), mientras las investigaciones amenazan con extenderse hacia las empresas pesqueras y legisladores de la zona sur del país.
Una vez promulgada la ley de pesca y acuicultura el 2013, las familias Angelini y Lecaros-Menéndez pudieron acceder al 51% de las cuotas de pesca nacionales, mientras que Angelini acapara cerca del 90% de las capturas pesqueras pelágicas del extremo norte del país.
Un indicador de cómo se reparten los recursos del mar chileno lo constituye el jurel, principal pesquería, tanto en Chile como en el Pacífico suroriental . La cuota de 276.000 tons. establecida para el 2016, se distribuyó casi en su totalidad entre las familias Angelini y Lecaros-Menendez (Corpesca, Orizon, SPK) ; Yaconi-Sta. Cruz y Sarquis (Pesquera Blumar); Izquierdo-Menéndez (Alimar asociada con la noruega FoodCorp); Stengel, Jorge Fernández y Francisco Cifuentes (Pesquera Camanchaca) y Fosk y Bohorodzaner (Pesquera Landes)
Vox populi, Vox Dei
Como respuesta ciudadana ante tanto abuso y corrupción, el Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), en representación de 30.000 pescadores, y el Centro Ecocéanos, junto a una coalición de organizaciones estudiantiles, movimientos sociales y pueblos originarios, iniciaron el 2013 una campaña nacional para anular la viciada ley de pesca y acuicultura.
Junto con las actividades de información, organización y discusión pública, la campaña reunió 300.000 firmas de apoyo ciudadano, a lo cual se sumó los resultados de la encuesta nacional Plaza Ciudadana Cadem. Esta señaló que un 89% de los entrevistados indicó que existió cohecho en la tramitación parlamentaria de la ley, un 79% consideraba que ella sólo beneficia a las grandes empresas pesqueras, un 93% de indicó la necesidad de volver a legislar, mientras un 75% indicó que los legisladores implicados deberían renunciar a sus cargos (4) .
¿Intenta el gobierno chileno involucrar a Naciones Unidas para bloquear las demandas ciudadanas y de la pesca artesanal ?
A pesar que Alejandro Flores, Oficial principal de pesca y acuicultura de la oficina regional de la FAO para América Latina y El Caribe, señaló taxativamente que “de ninguna manera es competencia nuestra, ni incidir en la política interna del país, ni en la definición que para ello tengan las autoridades correspondientes, llámese judiciales o legislativas internas” (5), (6), diversas declaraciones del ministro de economía, el subsecretario de pesca y las patronales pesqueras, intentan utilizar el nombre y prestigio de las Naciones Unidas, para dar la impresión a la opinión pública nacional e internacional, que la FAO estaría avalando el “perfeccionamiento” de esta cuestionada normativa de pesca y acuicultura, en contraposición con la exigencia de anulación por parte de las organizaciones ciudadanas, pueblos originarios y pescadores artesanales propiamente tales.
Esta utilización política y comunicacional es evidente en la declaración oficial del Subsecretario de pesca Raúl Súnico, quien afirmó que “la evaluación de la ley de pesca es un asunto muy serio para el gobierno. Es por eso que hemos requerido el apoyo de un organismo internacional de reconocida reputación y seriedad como es la FAO. Ahora todos los sectores de la pesca tendrán garantías de imparcialidad, excelencia y transparencia en la evaluación de la ley” (7).
Al ser consultado por El Mercurio sobre si el gobierno quería derogar o anular la ley de pesca, Súnico,- que no es abogado ni constitucionalista-, señaló “No. Creemos que no hay facultades y que es inconstitucional anular una ley. Anular la ley es perjudicial para la pesca. Es poner en riesgo la conservación de los recursos pesqueros y es poner en vigencia la ley de 1991, que llevó al colapso de las pesquerías”. (8 )
Importante es señalar que la manipulación de organizaciones internacionales con fines mediáticos, con el objetivo de imponer la privatización pesquera en Chile, fue implementada con éxito por el entonces ministro de economía Pablo Longueira. Este utilizó a las Ongs transnacionales WWF Chile y Greenpeace Chile, para que apoyaran públicamente en noviembre del 2012 su controvertido proyecto de ley de pesca, en el momento previo a su votación final en el Congreso Nacional (9).
Las patronales pesqueras y la revisión FAO
Por su parte, Francisco Orrego, presidente de la Sonapesca señaló que “Para poder hacer una evaluación de la ley de pesca, el gobierno fijó una hoja de ruta que consistió en encargarle a la FAO un estudio que permitirá una visión objetiva e independiente respecto de la ley, evitando modificaciones populistas que no consideren los aspectos técnicos involucrados (…) La Sociedad Nacional de Pesca quiere ser parte de un debate participativo, transparente y de buena fé, que ayude a recuperar la confianza en nuestra institucionalidad, que consolide la legitimidad de la ley de pesca”.
Posteriormente señaló que “Proponemos un debate con todos los actores reales de la actividad pesquera, entendiendo por tales a quienes efectivamente trabajan y conocen el sector” (10), (11). A su vez, Luis Moncada, presidente de la Asipes indicó que “Entendemos que la comisión propondrá una modificación de la ley a través de un proyecto que se tramitaría por el Congreso, el que considerará también el análisis experto de la FAO. En esta línea, valoramos esta vía frente a la inconstitucionalidad del proceso iniciado por el Partido Comunista” (12).
Inclusión social, participación y control ciudadano sobre el gobierno y parlamento
El gobierno y el cartel de la industria pesquera, intentan continuar tratando la cuestionada ley de pesca y acuicultura como si fuera un tema bilateral entre FAO y la Subsecretaría de pesca, y de exclusivo interés de los actores extractivistas industriales, y de los armadores semi-industriales, que constituyen el 10% del sector artesanal.
Con ello intenta dejar afuera a la ciudadanía, pescadores de pequeña escala que no son dueños de embarcaciones, y pueblos originarios, quienes son los principales afectados por la corrupta normativa sectorial.
Esto evidencia el carácter anti-democrático del sistema, ya que los actores extractivistas,- quienes son los (des) regulados del sistema pesquero nacional-, a pesar de ser los principales responsables del actual colapso y sobrexplotación de las pesquerías chilenas, continúan insistiendo en co-legislar y co-administrando el patrimonio pesquero de la Nación, después de su corrupta expropiación.
Este intento va a contrapelo con el proceso de empoderamiento ciudadano, donde la situación actual y perspectivas de nuestro mar, sus recursos, pueblos y comunidades, ya son un “tema país”, que ha escapado al estrecho y tradicional enfoque e intereses de los sectores extractivistas, industrialistas y exportadores.
Expresión de lo anterior, es lo señalado por la presidenta Bachelet en su cuenta pública ante el Congreso Nacional el 21 de mayo del 2015, donde junto con comprometerse a evaluar la ley de pesca y acuicultura, aseguró que este sería “un proceso participativo, donde todos los actores podrán estar representados” (13). A ello se suma lo declarado por la representante de la FAO en Chile sobre la realización de una consulta pública en cuatro macro regiones del país entre abril y mayo próximo, proceso que el organismo internacional considera “clave” en la evaluación de la actual normativa pesquera (14).
Esto abre la interrogante en la ciudadanía organizada, si esta consulta será un real proceso de participación informada y vinculante, que incorpore a los excluidos pueblos originales y pescadores artesanales no dueños de embarcaciones, o si por el contrario, sólo consistirá en un ejercicio formal, burocrático y de carácter consultivo, que finalmente sus resultados será manipulados por el gobierno.
Ley Angelini-Longueira: No sólo ilegítima, sino que ineficaz
La ilegitimidad social de la ley Angelini-Longueira de pesca no sólo está referida a su corrupta génesis y graves vicios en su tramitación parlamentaria, sino que también al hecho que ha demostrado en estos últimos tres años ser ineficaz para asegurar una administración sustentable de las pesquerías chilenas.
Esto, debido al nulo respeto por la ley que muestran los regulados del sistema. Ello se evidencia en que los volúmenes de pesca ilegal se han duplicado en comparación con las cuotas legales entregadas anualmente por la nueva legislación sectorial. El caso mas dramático lo constituye la popular pesquería de merluza común (Merluccius gayi), cuyas capturas furtivas superan en un 400 % los volúmenes fijados anualmente por la Subpesca (15).
Por su parte, los recientes decomiso de mas de 7.000 tons. harina de pescado pertenecientes a 9 empresas socias de Asipes , provienen de a lo menos 31.000 tons de capturas ilegales de sardina y anchoveta ocurrida durante el 2015. Esto, deja en evidencia esta práctica habitual, realizada por los principales beneficiados con la ley Angelini-Longueira. (16).
Esta escandalosa situación de facto, explica el actual colapso y sobre explotación serial que ya afecta al 48% de las principales pesquerías chilenas. Importante es destacar que entre el 2012 y 2014, aumentaron en 2 las pesquerías que pasaron de la categoría de plena explotación, a estar sobre explotadas (merluza austral y merluza de tres aletas).
Los ciudadanos, pescadores y pueblos originarios, esperamos con gran expectación el próximo informe de la Subpesca sobre la situación de las pesquerías chilenas 2015, así como las recomendaciones que realizará la FAO para asegurar la gobernanza y sustentabilidad del sector pesquero chileno. También existe un gran interés para conocer las medidas que tomará el Estado para combatir la pesca ilegal, no regulada y no reportada, tanto en su Zona Económica Exclusiva (ZEE), como en alta mar.
Evaluando una ley racista que viola el Convenio 169 OIT / Naciones Unidas
La actual ley general de pesca y acuicultura, junto con vulnerar el principio constitucional de libertad económica y no discriminación arbitraria, excluyó de manera abusiva y racista, a los pueblos originarios del procesos de consulta previa, obligatoria, informada y de buena fé a los pueblos originarios, tal como lo señala el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, organismo dependiente de las Naciones Unidas.
Esto, junto con violar un convenio internacional ratificado por el Estado chileno el 2010, contraviene nuestro ordenamiento jurídico. El inciso segundo del artículo 5 de la Constitución Política, señala que “es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.
Hoy, los pueblos Mapuche-Lafkenches y Huilliches-, Rapa Nui y Kaweskar, se encuentra invisibilizados por la racista ley Angelini-Longueira, la cual los despojó de sus derechos de propiedad, acceso y uso como tales, a las pesquerías del país.
Preguntas al gobierno y parlamento chileno
Frente al complejo proceso político que se abre en los próximos meses, que seguirá cuestionando la legitimidad y viabilidad de la actual ley de pesca,surgen las siguientes preguntas
¿Es posible que el mismo parlamento que negoció y tramitó la actual ley de pesca y acuicultura, mediante un procedimiento viciado,- que incluyó cohecho y la violación de convenios internacionales-, sea quien tres años después, determine su legitimidad o anulación?
¿Se inhabilitarán de la discusión y toma de decisiones en el Congreso aquellos ministros, subsecretarios, abogadas de la Subpesca y parlamentarios, que presentan graves conflictos de intereses con respecto a la ley Angelini-Longueira y el sector pesquero industrial?
¿Cumplirá el actual proceso de “revisión” parlamentaria de la ley de pesca y acuicultura, con la obligación de consultar de manera previa y plenamente informada a los pueblos originarios, tal como lo exige el Convenio 169 de la OIT/Naciones Unidas, hecho que fue bloqueado durante el viciado proceso parlamentario anterior?,
¿Se incluirá en el proceso de consulta de la revisión FAO, la participación plenamente informada y vinculante de los pueblos Mapuches, Rapa Nui y Lafkenche, así como de los pescadores artesanales que no son armadores, teniendo en cuenta que fueron uno de los sectores vulnerables que fueron excluídos por la nueva legislación pesquera neoliberal ?
La opinión pública nacional e internacional, así como los movimientos sociales, pescadores y pueblos originarios, deberán estar vigilante los próximos meses, ante el intento gubernamental y de la casta político- empresarial, de repetir los opacos procedimientos y excluyentes acuerdos cupulares, que caracterizaron la espurrea tramitación parlamentaria 2011-2012.
Hoy lo realizan con el fin de impedir la mayoritaria exigencia ciudadana de anulación de la ley Angelini-Longueira de expropiación pesquera, paso que permitirá por primera vez en la historia de Chile, construir como sociedad una ley de pesca democrática, equitativa y sustentable sobre la base de la conservación de los ecosistemas y biodiversidad acuática de la Nación.
Referencias
http://ciperchile.cl/pdfs/2015/05/pesca/memorandum.pdf
http://www.fao.org/chile/noticias/detail-events/es/c/285034/
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/regulacion/fao-entregara-en-agosto-los-resultados-de-su-revision-a-la-ley-de-pesca/2016-02-16/122048.html
http://www.aqua.cl/2016/01/13/encuesta-cadem-un-89-considera-que-hubo- cohecho-en-la-aprobacion-de-la-ley-de-pesca
http://www.pulso.cl/noticia/economia/economia/2016/02/7-79628-9-gobierno-despliega-lobby-para-frenar-anulacion-de-ley-de-pesca-y-envia-minuta-a.shtml
Ley de pesca: La FAO confirma que no tendría competencia para recomendar la licitación de cuotas
Raúl Súnico, Ministro (s) de economía y máxima autoridad del sector: “Anular ley de pesca s poner en vigencia la ley de 1991, que llevó al colapso de las pesquería. .B8.Economía y negocios. El Mercurio, Santiago de Chile 7/ 02/2016
http://www.subpesca.cl/prensa/601/w3-article-28684.html
http://www.subpesca.cl/publicaciones/606/articles-80066_recurso_1.pdf
http://www.ecoceanos.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=11990
Columna de Francisco Orrego: “Señales de alerta en sector pesquero”
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2015/06/655-633179-9-revision-de-la-fao-agita-las-aguas-en-el-sector-pesquero.shtml
htpp://www.aqua.cl/2015/11/27/fao-designo-a-expertos-que-revisaran-la-ley-de-pesca-de-chile/
Industriales aplaudieron vía del Gobierno para modificar la Ley de Pesca
http://www.gob.cl/cuenta-publica/2015/2015_mensaje_presidencial.pdf
FAO fija para abril y mayo ronda con expertos para análisis de Ley de Pesca
La disputa por la merluza: En diez años ha caído en más de 70%
Del grupo Errázuriz: Sernapesca incautó la mayor cantidad de harina de pescado de su historia
