Amnistía Internacional entregó el 18 de mayo en La Moneda más de 11.000 firmas que piden que Chile reforme la Jurisdicción Militar. Miles de personas se sumaron a la campaña para exigir que casos de violaciones a los derechos humanos jamás sean vistos en este injusto sistema, pues dada la composición de los tribunales militares- principalmente miembros de mandos militares sujetos a jerarquía institucional-no presentan ni siquiera el grado más básico de independencia e imparcialidad.
El informe presentado por Amnistía Internacional en abril pasado «No sabía que existían dos justicias» Jurisdicción militar y violencia policial en Chile revela que, de manera habitual, los tribunales militares que conocen casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad, no abren investigaciones ni procesamientos contra los agentes sospechosos de haber cometido un delito. En la práctica, pareciera ser que Carabineros se permiten golpear, maltratar y, en algunos casos, incluso matar, pues saben que, al ser juzgados en la Jurisdicción Militar, es muy probable que los casos se cierren o, a lo mucho, reciban una pena mínima.
“Cuando partimos con la campaña muchas personas no sabían que en Chile existían dos justicias. Luego, el asombro y la indignación afloraron cuando se enteraron de las brutales cifras de impunidad que esconde la Justicia Militar. Menos del 1% de los casos vistos allí reciben sentencia, eso es totalmente violento para la sociedad”, menciona Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.
Es sabido que en los últimos años se han intensificado las manifestaciones sociales en todo Chile, y también lo ha hecho la violencia policial. Amnistía Internacional ha registrado casos en los que Carabineros han golpeado a manifestantes y han utilizado indiscriminadamente gas lacrimógeno y cañones de agua. Varias personas, entre ellas manifestantes pacíficos y simples transeúntes, han resultado heridas e incluso algunas lamentablemente han muerto. Esta preocupación también aplica al contexto mapuche. Miembros de las comunidades han denunciado que a propósito de los múltiples allanamientos policiales han sido objetos de malos tratos, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, y que los efectos impactan a toda la comunidad, incluyendo niñas y niños.
“El llamado de Amnistía Internacional es que todos los casos de abuso policial sean debidamente investigados de forma pronta, exhaustiva e independiente ante tribunales ordinarios y que los presuntos responsables comparezcan ante la justicia sin demora alguna”, menciona Roberto Morales, Presidente de Amnistía Internacional Chile.
Por lo demás, diversos organismos internacionales de derechos humanos han instado al Estado de Chile a reformar la jurisdicción militar. Hace más de 10 años que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó, entre otras cosas, al Estado de Chile que reforme la Jurisdicción Militar para limitar su alcance y asegurar que bajo ninguna circunstancia un civil sea sometido a esta jurisdicción. Recientemente el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura y el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica, han hecho un imperioso llamado al Estado chileno a que en ninguna circunstancia se utilice la Jurisdicción Militar para sancionar las violaciones a los derechos humanos.
La presidenta Michelle Bachelet manifestó en su programa de gobierno la intención de reformar la Jurisdicción Militar, para asegurar que las violaciones a los derechos humanos sean conocidas por tribunales ordinarios. Asimismo, en 2014, el Ministerio de Defensa hizo público el anuncio de que se estaba trabajando en un anteproyecto de ley. Sin embargo, a la fecha, dicha reforma no ha tenido lugar. Por lo anterior, Amnistía Internacional solicitó hoy una audiencia con el Ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, quien tiene la responsabilidad de gestionar la agenda legislativa. El propósito es reunirse con él para exponerle la preocupación sobre este asunto, puesto que la reforma legal a la Justicia Militar no ha aparecido en las prioridades del gobierno para este periodo.
“Esperamos que este 21 de mayo la presidenta Bachelet reafirme su compromiso de reformar la Jurisdicción Militar, pues el actual sistema es totalmente absurdo y lleva demasiado tiempo impidiendo a muchos chilenos y chilenas acceder verdaderamente a la justicia”, concluye Ana Piquer.
