Frente a lo señalado en el discurso de Michelle Bachelet y lo acontecido este 21 de Mayo
Como Movimiento Social rechazamos categóricamente las declaraciones de la Presidenta Michelle Bachelet respecto de la propuesta de manejo de los recursos hídricos en Chile, sólo aportan en la intensificación de la privatización de las aguas y no constituyen una real propuesta de transformación del modelo de gestión. La única forma de asegurar para todo tipo de vida el agua es mediante su desmercantilización y su condición de bien público en tanto derecho humano y de la naturaleza.
Creemos que el aumento de la fiscalización y la actualización de los procesos de la Dirección de General de Aguas (DGA), sólo pueden enmarcarse en la derogación del Código de Aguas de 1981, herencia directa de la dictadura militar. La propuesta de construcción de grandes embalses en Valle Hermoso, en la Región de Coquimbo, y la ampliación del embalse Los Aromos en el río Aconcagua, más la construcción de 25 pequeños embalses y los embalses Punilla y Chironta, sólo profundizarán la injusticia hídrica y la desertificación de los territorios, por ello hoy las comunidades afectadas se movilizan, y el gobierno sigue sin escuchar.
Situaciones como lo vivido en Chiloé y en Quintero, no constituyen hechos aislados, sino responden a un modelo de explotación ilimitado de los recursos naturales. La contaminación de las aguas en el Archipiélago de Chiloé no fue producto de la marea roja, sino por causa de las empresas salmoneras, avaladas por el Estado. Del mismo modo el derrame de petróleo en la Bahía de Quintero es responsabilidad directa no sólo de la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) sino también de todos los organismos estatales que supuestamente debiesen velar por la protección ambiental. En todos estos casos destaca la laxitud de la fiscalización estatal y el beneficio a un grupo reducido en desmedro de nuestro entorno y de las condiciones de vida.
Y para colmo, este mismo gobierno ha impulsado una Ley de Glaciares que posibilita su destrucción, mediante la consolidación de un Estado extractivista aliado al mundo empresarial nacional e internacional, al igual que la Ley de Pesca.
Finalmente, repudiamos la muerte del trabajador Eduardo Lara, de 71 años, siendo una víctima más de la violencia estructural instalada en nuestro país, tanto desde quienes deslegitiman la lucha social en la calle realizando actos de suma violencia, como de quienes mantienen y validan un sistema de vida deshumanizado, a través del uso de las Fuerzas Policiales, los mismos que legitiman una jubilación indigna y condiciones laborales precarias, y quienes a su vez justifican la represión y criminalización de la lucha social en Wallmapu, Valparaíso y Chiloé. No olvidemos que la violencia se ha convertido en un mecanismo más del control territorial del agua.
Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la Vida (macro-zona centro)
