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  • Demanda marítima de Bolivia: Soberanías, nacionalismos y saqueos empresariales

    Demanda marítima de Bolivia: Soberanías, nacionalismos y saqueos empresariales

    A propósito de la Corte de La Haya y la demanda marítima de Bolivia al Estado de Chile.

    La “historia oficial” le llama Guerra del Pacífico al conflicto bélico (1879 a 1883) que causó verdaderas masacres de vidas humanas impulsado por los estados de Chile, Bolivia y Perú. Sin embargo, la verdadera causa de ello no fue el mar del pacífico, en ese rinconcito que se generó, sino: El salitre.

    Las extensiones de territorio a lo que se refieren los libros de historia en el marco de esta guerra, no eran tierras con ocupaciones efectivas de los estados, eran extensiones de los Pueblos originarios, con culturas ancestrales en amplias extensiones. Los terrenos en cuestión eran parte de territorios ancestrales que compartían ancestralmente culturas como las Aymara – Quechua, colindantes con las llamadas atacameñas (Colla – Likanantai) que hoy se encuentran en situación transfronteriza, cercenados geopolíticamente por los estados.

    Sin embargo la tranquilidad se vio abruptamente sobrepasada a causa del descubrimiento por parte de empresarios de yacimientos de salitres. Así comenzaron a establecerse diversos tratados de límites de Chile y Bolivia como el de 1874 (Errázuriz – Frías), donde se ratificaba el paralelo 24 grados latitud sur.

    ¿Soberanías, nacionalismos o la codicia de especuladores ingleses?

    Las codicias por el denominado “oro blanco”, con aumentos de impuestos, intervenciones políticas y acciones destinadas al control de los territorios, conllevaron a una guerra bélica, bajo el nombre de falsos nacionalismos, ya que detrás de esto, estaban los intereses de mercenarios y especuladores ingleses. El historiador Iván Ljubetic, a modo de ejemplo, hace referencia a Robert Harvey y John Thomas North, este último fue denominado “el rey del salitre” y considerado luego uno de los hombres más ricos del mundo.

    Señala el historiador que el 10 de julio de 1883 se libró en Huamachuco el último combate de una guerra en que murieron 23 mil soldados bolivianos, chilenos y peruanos. El estado Chileno quedó con el territorio de dos provincias, Tarapacá y Antofagasta, pero el salitre, razón y motivo del conflicto, pasó en su mayor parte a manos de capitalistas británicos.

    En esta historia bélica, también está La Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta era una sociedad anónima, con domicilio societario en el puerto de Valparaíso. Sus accionistas fundadores eran la británica Gibbs & Cia y Agustín Edwards Ossandón, principal accionista, también de origen inglés (de la línea familiar de quien fuera empresario dueño del Mercurio, Agustín Edwards E.). Esta empresa de salitres y ferrocarriles, hacia 1878 tenía como gerente al británico George Hicks.

    Edwards, promovía los financiamientos a los ingleses a través del Banco Edward y Valparaíso, el mismo que durante la segunda mitad del siglo 19, además de los bancos, comenzó a controlar una serie de otras empresas, como por ejemplo, el de Valparaíso, uno de los más importantes del continente y se hizo dueño del diario el Mercurio de Valparaíso, donde se inicia la cadena. De cercanía e influencia en sectores políticos y castrenses del aparato público estatal. Asimismo, la influencia en la llegada de armamento de última generación, marcó la diferencia, particularmente en la uniformidad de municiones y de repeticiones, la misma, que fue utilizada para la invasión bélica del territorio Mapuche en el denominado Ngulumapu (Territorio Mapuche del oeste que es parte del amplio territorio ancestral denominado Wallmapu, cercenado en el presente por la frontera geopolítica del estado chileno y argentino).

    Eso fue la guerra del salitre, masacres de vidas humanas, en su mayoría de origen campesino, a nombre de nacionalismos, para los intereses de mercenarios y especuladores británicos, para la codicia de empresarios, la explotación de territorios ancestrales.

    La otra parte de la Guerra: La invasión al Wallmapu

    En el marco de estas mismas campañas militares, se hizo la llamada “pacificación de la araucanía”, que fue la invasión a los territorios Mapuche para anexar estas tierras a los intereses de las explotaciones salitreras, la que se materializa finalmente en 1881. Simultáneamente en argentina se realiza la llamada “Conquista del desierto”, que fue el acto de genocidio cometido por el estado argentino en territorio Mapuche y que se concreta en 1883.

    En el lado Mapuche que se conoce como Chile hoy, buena parte de los territorios usurpados, fueron destinados a los denominados graneros, con la introducción masiva a partir de 1884 de colonos europeos y la interconexión del ferrocarril, cuyo objetivo principal era proveer de trigo y cebada a la población que participaba en la explotación del salitre en el norte.

    Para generar este escenario de invasión y masacres en territorio Mapuche, prevaleció la opinión transversal de diversos actores de influencia del aparato estatal para gatillar un genocidio a nombre de “progresos, soberanías, civilidad y evangelios”. A modo de ejemplo, en el año 1859, el Diario El Mercurio de Valparaiso, publicaba: “Los hombres no nacieron para vivir inútilmente y como los animales selváticos, sin provecho del jénero humano; y una asociación de bárbaros, tan bárbaros como los pampas o como los araucanos, no es más que una horda de fieras, que es urjente encadenar o destruir en el interés de la humanidad y en el bien de la civilización (….) raza soberbia y sanguinaria, cuya sola presencia en esas campañas es una amenaza palpitante, una angustia para las riquezas de las ricas provincias del sur…”

    En el año 1868, Benjamín Vicuña Mackenna, intelectual chileno y post candidato a la presidencia, indicaba: “El indio, no es sino un bruto indomable, enemigo de la civilización porque sólo adora los vicios en que vive sumergido, la ociosidad, la embriaguez, la mentira, la traición y todo ese conjunto de abominaciones que constituyen la vida salvaje (“Primer discurso sobre la pacificación de la Araucanía”)

    En el año 1882, el periódico El Precursor, Nº 8 (reconocido como pro obrero), publicaba: “No es claro como la luz que la repartición de los extensos territorios de la araucanía a nuestros 30.000 soldados (por la guerra del pacífico) sería, a la vez el premio sagrado a que son acreedores los abnegados servidores de la patria, el camino más expedito para dominar la barbarie (por la zona mapuche) y agregar a la república una provincia virgen y, por lo mismo, rica e inagotable”.

    ¿Mar para quién? ¿Soberanía de quién?

    En Mayo del 2011, el ex ministro de Defensa de Chile en el periodo anterior de Piñera, Andrés Allamand, declaraba a medios, ante los requerimientos de Bolivia por una salida al mar, que el Estado (chileno) tiene plena unidad interna, que cuentan con el amparo internacional de los acuerdos firmados y advirtió que las FFAA chilenas están preparadas para hacer respetar los tratados bilaterales. Así, tal cual, con esa actitud matonesca.

    Finalmente Bolivia  recurrió  a los tribunales internacionales y Sebastián Piñera en su periodo anterior señalaba: ““Quiero asegurar a mis compatriotas que este presidente va a defender nuestro mar, nuestro territorio, nuestra soberanía, y, en consecuencia, aunque siga descalificando el presidente Morales, Chile no va a ceder territorio ni mar a Bolivia, ya que no corresponde legítimamente”, publicaban las agencias informativas el 10 de junio del 2013.

    Paradójico hablar de soberanías, cuando estos mismos sectores políticos – empresariales de Chile,  a través de una Ley de Pesca, denominada Ley Longueira (Ex ministro y ex pre candidato presidencial), el Parlamento chileno aprobó y promulgó beneficiando y entregando soberanías a siete grupos de empresarios pesqueros, acto que ha sido denunciado con evidentes vicios, investigaciones por cohecho, corrupción y violación a los derechos de los pueblos originarios.

    Hoy, lentamente, un tribunal internacional va camino a dirimir uno de los conflictos  más latentes en la Región, donde la soberbia de gobiernos chilenos, no han sido capaz de resolver por la vía diplomática.

    Mapuexpress.org

    Extractos de: Conflicto marítimo Chile y Bolivia ¿Soberanía de quién? / Mapuexpress

  • Tras el fallo de La Haya, las Ballenas están de fiesta

    Tras el fallo de La Haya, las Ballenas están de fiesta

    Los balleneros japoneses ya no podrán cazar ballenas con arpón amparando su práctica en el “interés científico”. Para las organizaciones chilenas, el dictamen internacional sienta un precedente para avanzar en otros temas de conservación marina. Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) en Chiloé. (Fotografía: Elsa Cabrera, Centro de Conservación Cetácea, CCC.)


    Por Isabel Díaz Medina
    REVISTA SOMOS

    En un fallo que sienta un precedente para la sobrevivencia de las ballenas, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, ordenó a Japón que “revoque” los permisos de caza de esta especie protegida en la Antártida porque no se ajustan a los “fines científicos” exigidos por la legislación.

    Por 12 votos contra 4, los jueces decidieron que Japón “ha violado sus obligaciones sobre el Artículo VIII de la Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de Ballenas (1946) que ha suscrito”. El fallo es vinculante, pero no incluye el Pacífico Norte, donde Japón sigue faenando.

    Durante la lectura del histórico veredicto, el presidente de la Corte Internacional de Justicia, Peter Tomka, afirmó que de acuerdo a las evidencias presentadas por las partes, Japón ha implementado la denominada caza “científica” de ballenas en la Antártica por razones logísticas y políticas más que científicas.

    De este modo, el Tribunal da la razón a Australia, que en 2010 acusó a Japón de practicar la caza de ballenas en el marco de un programa de investigación científica. Dicho programa habilitaba a los japoneses para realizar estudios sobre el ecosistema antártico y las poblaciones de ballenas, lo que permitía también su caza. Con el correr de los años la industria ballenera demostró que su objetivo nunca ha sido la sustentabilidad de las poblaciones de ballenas sino intereses económicos cortoplacistas.

    En 1972, la Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente Humano estableció una moratoria -todavía en vigor- para conseguir una pesca sostenible que no amenazara el futuro de la especie marina. La disposición, firmada por Japón, entró en vigencia en 1985. Su gobierno echó luego mano de la ciencia para seguir persiguiendo cetáceos.

    Ballena en ChiloeAplausos en Chile

    La decisión de la Corte de La Haya fue celebrada por las organizaciones Centro de Conservación Cetácea (CCC) y Ecoceanos de Chile que, durante las semanas previas al fallo, desarrollaron una campaña ciudadana en la que recolectaron más de 32 mil firmas contra la caza científica de ballenas, las que fueron entregadas en la sede de la CIJ en La Haya.

    Elsa Cabrera, directora ejecutiva del Centro de Conservación Cetácea (CCC) de Chile y coordinadora de la campaña internacional Cero Caza de Ballenas, afirma que “el fallo de la Corte a favor de Australia es el resultado de años de trabajo de diversos países y organizaciones civiles que jamás han cedido ante las crecientes presiones al interior de la CBI para legitimar operaciones balleneras que violan la moratoria y el santuario de ballenas del Océano Austral. Hoy la Corte nos ha dado la razón”.

    Agrega que el dictamen sienta un sólido precedente para avanzar hacia el cierre de la denominada caza científica de Japón en aguas internacionales, “ya que hay que recordar que además de hacerlo en el Océano Austral, Japón mata cientos de ballenas en el Pacífico Norte, incluyendo ballenas minke, sei, Bryde y cachalotes”.

    Cabe consignar que junto a Japón, otros dos países continúan cazando ballenas con el objetivo de mantener a flote la industria ballenera en el siglo XXI. Noruega tiene una cuota anual de caza comercial de más de 1.200 ballenas minke en sus aguas jurisdiccionales puesto que mantiene una objeción a la moratoria. Islandia sustenta una cuestionada reserva a la moratoria tras reincorporarse de manera irregular a la CBI en 2002. Las operaciones las realiza un sólo empresario que inútilmente ha buscado revitalizar la caza de ballenas de aleta para exportar a Japón, donde a falta de mercado terminan convertidas en alimento para mascotas, según relata Elsa Cabrera.

    Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecocéanos, señala que el fallo de la Corte Internacional de Justicia es una victoria estratégica para nuestros océanos y los ciudadanos del planeta: “Esta sentencia inapelable genera un antes y un después para la Comisión Ballenera Internacional (CBI), al propinar un duro golpe a la falacia de la caza <científica>, instrumento con el cual se pretende crear las condiciones para la eliminación de la actual moratoria global a la caza comercial de ballenas”.

    Para Cárdenas, este dictamen, sumado a la presión ciudadana, constituye un enorme respaldo político para que el bloque de Estados de Latinoamérica, conocido como Grupo de Buenos Aires (GBA), tome decididas acciones para implementar el dictamen de la Corte en aguas del Océano Austral/Antártica, en defensa de la paz, la cooperación internacional y sus intereses estratégicos.

     

    Mariano Sironi, del Instituto de Conservación de Ballenas de Argentina, y Bárbara Galletti, presidenta y fundadora de CCC Chile, preparando muestras de biopsias tomadas a una ballena azul para su posterior análisis. Un trabajo de investigación de cetáceos que realizan conjuntamente ambas organizaciones a través de un acuerdo de cooperación. (Fotografía: Elsa Cabrera, Centro de Conservación Cetácea, CCC.)

    Avistaje versus matanzasballenas muertas

    A pesar de la victoria para las ballenas y la gobernanza marina de la Antártica, la presión de Japón al interior de la CBI para imponer sus intereses balleneros continúa siendo una creciente amenaza. Esto se vio reflejado en 2010 cuando una propuesta que buscaba legalizar la denominada caza <científica> de ballenas en el santuario del Océano Austral estuvo a punto de ser aprobada de no ser por la fuerte oposición de Australia y el bloque de países latinoamericanos que forman parte de la CBI.

    La directora de CCC advierte que la mala fe con que actúa Japón al interior de la CBI no se limita a la caza <científica> de ballenas: “Su agresiva política orientada a imponer su agenda ballenera ha contemplado durante más de una década la compra de votos de países que se suman a la CBI para apoyar a Japón a cambio de programas de financiamiento pesquero y sobornos a funcionarios de gobiernos del Caribe y África Occidental que han sido documentados en video por investigaciones encubiertas”.

    Al respecto, la ambientalista sostiene que es necesario enfrentar este tema con el mismo rigor con el cual se ha abordado la denominada caza científica de ballenas en la Antártica ya que, “tras este fallo, Japón podría aumentar sus esfuerzos para tomar el control de la CBI mediante métodos tan condenables como sus falsos programas de caza científica”.

    Elsa Cabrera señala que el fallo de la Corte debería servir para que la CBI reconozca la urgente necesidad que tiene de evolucionar y armonizar su trabajo con los usos y necesidades de conservación actuales de las poblaciones de ballenas, ya que de otro modo es un organismo obsoleto que no puede abordar adecuadamente los desafíos del presente siglo en materia de conservación de cetáceos.

    Según la ambientalista, Japón ha quedado debilitado en la CBI, tras décadas de haber violado impunemente tanto la moratoria global sobre la caza comercial como el santuario del Océano Austral, y este es el momento para que los países conservacionistas, en especial el Grupo Buenos Aires, hagan sus mayores esfuerzos para consolidar el uso no letal de los cetáceos como el principal eje de trabajo de la Comisión.

    “Nuestra región –señala Cabrera- genera millones de dólares al año por concepto de turismo de avistaje de ballenas, una actividad que, a diferencia de la caza, permite el desarrollo social y económico de miles de comunidades costeras de Latinoamérica y El Caribe sin impactar de manera negativa la conservación de estas emblemáticas especies”.

     

    Nuevos desafíos

    Elsa Cabrera señala que queda mucho por hacer, pues la matanza de ballenas continúa en el hemisferio norte; los pequeños cetáceos carecen de un marco legal adecuado que los proteja de sangrientas masacres en, por ejemplo, Japón e Islas Faroe, y la participación de la sociedad civil en la CBI continúa siendo anacrónica y excluyente, por lo que se espera poder avanzar en estos temas con el apoyo de Chile y los gobiernos de la región.

    Roxana Schteinbarg, coordinadora ejecutiva del Instituto de Conservación de Ballenas de Argentina, asegura que este fallo vino a poner fin a los reiterados abusos de Japón desafiando la prohibición vigente a la caza comercial de ballenas y violando la integridad del Santuario del Océano Austral.

    “Es un día memorable, un día para festejar –manifiesta-, pero debemos continuar trabajando articuladamente entre los gobiernos conservacionistas y la sociedad civil con miras a la próxima Reunión de la CBI en Eslovenia en septiembre próximo para defender con fuerza la moratoria a la caza comercial de ballenas”. Y agrega que esto sólo será posible con la participación de la mayor cantidad de países conservacionistas con voz y voto, y que en este sentido, América Latina juega un rol clave como uno de los bloques más importantes en el seno de la CBI.

    José Truda, representante del Centro de Conservación Cetácea (Brasil) y del Instituto Augusto Carneiro, destaca que el fallo constituye un día de fiesta para las ballenas del Hemisferio Sur. Sin embargo lamentó que los países latinoamericanos “no se hayan sumado a este histórico juicio, ya que habría sido una demostración importante de solidaridad hemisférica”.

    Y añade que es fundamental que ahora los gobiernos de la región trabajen activamente para reformar la Comisión Ballenera Internacional, aprobar nuevos santuarios, dejar la ballenería definitivamente en el pasado y proteger las especies de cetáceos como un patrimonio global compartido.

    Negocio en picada

    La demanda de carne de ballena en Japón ha descendido drásticamente entre 1962 y 2009, y el número de toneladas para consumo ha pasado de 230.000 a 4.200 en ese periodo.

    Según Elsa Cabrera, esta baja en el consumo obliga al Estado japonés a subsidiar las operaciones de caza <científica> de ballenas, incluso con fondos que originalmente estaban destinados a la reconstrucción del país tras el terremoto y tsunami de 2011, lo que generó un fuerte rechazo interno a estas actividades.

    La directora de CCC explica que Japón nunca ha sido un país que tradicionalmente incluya a los cetáceos en su dieta. Este es una argumentación que, aunque promovida activamente por el gobierno de Japón, no es verdadera. Son sólo cuatro las comunidades que ancestralmente consumen carne de cetáceos. “El consumo de carne de cetáceos en otras zonas del país fue promovida por Estados Unidos luego del fin de la segunda guerra mundial para proveer proteína animal al pueblo japonés. En este sentido, no resulta extraño que no exista una cultura nacional sobre el consumo de ballena en Japón y que durante las últimas décadas ésta haya decaído de manera sistemática”.

     

    Chile, libre de caza de cetáceos

    El dictamen del tribunal de la ONU contra Japón no afecta mayormente a las ballenas que habitan en aguas chilenas. Esto porque en 2008 se promulgó la Ley Cetácea que prohíbe la caza de ballenas en nuestras aguas jurisdiccionales, que fueron declaradas Santuario de Ballenas. Esto luego de una intensa campaña ciudadana impulsada por el Centro de Conservación Cetácea, el Centro Ecoceanos y la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach).

    Las organizaciones de conservación chilenas realizan desde el 2000 grandes esfuerzos, con la colaboración de Redes de Avistamientos de ciudadanos, pescadores y comunidades costeras y el respaldo de la Dirección de Territorio Marítimo, de la Marina de Chile, con el objetivo de aumentar el conocimiento sobre la distribución, estado poblacional, identificación de sus hábitats críticos y amenazas para su recuperación, de manera de implementar medidas de protección y áreas marinas protegidas.

    Este trabajo ha sido liderado por el Centro de Conservación Cetácea, el que desde hace 10 años opera en Chiloé para cuantificar la cantidad de ballenas que habitan en aguas chilenas.

    Elsa Cabrera, quien además es Observadora acreditada ante la Comisión Ballenera Internacional desde 2001, adelanta que la primera estimación poblacional de ballenas azules en Chile está en proceso de publicación. “Será la primera para cualquier especie de cetáceos en el país, lo que evidencia una vez más que el uso y la investigación no letal de cetáceos es la mejor herramienta para avanzar en el conocimiento científico y desarrollo de nuestras comunidades costeras, a través del turismo responsable de avistaje de ballenas”.  

    Fuentes: Centro de Conservación Cetácea y Centro Ecoceanos