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  • Alerta CIPER: Especial sobre los casos Penta y SQM, la evasión de impuestos y las redes políticas

     

     
    Encargado de la agenda legislativa del gobierno es investigado por pagos de SQM
    El SII identificó a 172 contribuyentes que recibieron un total de $4.340 millones de SQM por trabajos sin respaldo y que son investigados por la Fiscalía. Parte del dinero pudo haber sido usado para el financiamiento ilegal de la política. CIPER rastreó los nombres y detectó sus nexos con partidos. Allí aparecen 74 personas vinculadas a la derecha y 11 al oficialismo, entre ellos el abogado Juan Marco Moreno, hombre clave de la agenda legislativa del gobierno desde la Segpres. Además hay siete personas vinculadas al PRI. Grupo cercano a Ponce Lerou también recibió pagos millonarios.
    Equipo Ciper

     
    74 personas que el SII investiga por pagos políticos de SQM tienen nexos con la UDI y RN
    La nómina de 172 contribuyentes que el SII pide al Ministerio Público investigar por pagos de SQM sin respaldo, fue rastreada por CIPER para identificar sus vínculos políticos: 58 personas tienen nexos con la UDI y 16 con RN. La UDI es el partido con más boletas que habrían sido usadas para financiar campañas. Algunos de los implicados ya reconocieron que no hicieron trabajos para SQM y que sus pagos fueron triangulados por entidades gremialistas, como la Fundación Chile Justo, fundada por Pablo Longueira. La denuncia abre una nueva veta sobre pagos ilícitos de empresas pesqueras y otras compañías.
    Equipo Ciper

     
    Los nombres y conexiones políticas detrás de las empresas que facturaron a SQM
    24 son las empresas que aparecen en la nueva denuncia del SII por emitir facturas sin el debido respaldo para SQM por un total de $2.202 millones. La nómina incluye sociedades con claros vínculos políticos con la DC, la UDI y Sebastián Piñera. Otras son controladas por personas del círculo cercano a Julio Ponce Lerou, accionista principal de la minera, sobre las que recae la sospecha de que fueron utilizadas para evadir impuestos. Todas ellas están siendo investigadas por el Ministerio Público.
    Equipo Ciper

     
    Contratos forward: así se rompió el secreto de la mayor fórmula de evasión tributaria de Penta
    Sólo entre los últimos días de enero y los primeros de febrero los fiscales que investigan a Penta lograron permear uno de los mayores secretos del holding. El uso de contratos forward para evadir impuestos no sólo sirvió para pagar bonos a ejecutivos del grupo, sino que fue una práctica habitual por más de cinco años. Por el mismo ilícito ahora la Fiscalía investiga a seis nuevas sociedades: cuatro vinculadas a políticos, dos de Manuel Cruzat y dos de Roberto Carrasco. Y el SII pone en la mira a 200 empresas y a sus asesores tributarios ante los indicios de que habrían usado ese sistema de evasión.
    Pedro Ramírez , Ciper
     

     

     

     
    La onda expansiva del caso SQM alcanza a Renovación Nacional en la Región del Biobío
    El ex vicepresidente de RN y actual consejero regional del Biobío, Claudio Eguiluz, emitió boletas para SQM entre 2011 y 2014, hoy bajo la lupa. Eguiluz habría jugado un rol clave en la decisión de RN de cederle un cupo senatorial a Daniel Contesse, hermano del histórico gerente de SQM, Patricio Contesse, para asegurar el éxito en 2013 de la candidata de la UDI Jacqueline van Rysselberghe. Aunque afirmó que hizo una asesoría real, sin relación con financiamiento político, su situación se complica pues también aparecieron pagos de SQM a dos militantes de RN a quienes se identifica en la región como sus cercanos.
    Jonathan Flores, Ciper

     
    Empresa que emitió facturas falsas para campañas cobró $126 millones en asesorías a parlamentarios UDI y oficialistas
    Parlamentarios del PS, UDI, PPD y DC figuran entre los clientes del otrora operador político y ahora experto en campañas electorales, Alejandro Chaparro, condenado por cohecho en el “Caso Coimas”. Hoy está bajo la lupa de Impuestos Internos y la Fiscalía por múltiples facturas que emitió la empresa Asesorías Cristina Zúñiga para encubrir aportes ilegales a campañas. Chaparro es el motor y “estrella” de esa empresa. Hasta ahora aparece con cinco facturas pagadas por Soquimich y una por Corpbanca para la campaña de Zalaquett. Entre sus clientes figura Javier Macaya, actual timonel de la UDI.
    Pedro Ramírez, Ciper

     
    Así funcionaba la máquina de evasión tributaria de los dueños del Grupo Penta
    En los días previos a la audiencia para formalizar a Délano y Lavín, la presión sobre el SII y el Ministerio Público para evitar la prisión preventiva se intensificó. El expediente que llega al tribunal es explosivo. Allí se detalla cómo operó una verdadera máquina de evasión. Desde boletas falsas de la esposa del junior para pagar la bencina de los hijos de Lavín, a los aportes a políticos. Pero la verdadera amenaza son los contratos forward, donde se escondía la principal tajada por no pago de impuestos. EL SII está resuelto a seguir investigando una fórmula que usan muchos actores del mercado.
    Pedro Ramírez y Matías Jara, Ciper
  • Así funcionaba la máquina de evasión tributaria de los dueños del Grupo Penta (Investigación CIPER)

    En los días previos a la audiencia para formalizar a Délano y Lavín, la presión sobre el SII y el Ministerio Público para evitar la prisión preventiva se intensificó. El expediente que llega al tribunal es explosivo. Allí se detalla cómo operó una verdadera máquina de evasión. Desde boletas falsas de la esposa del junior para pagar la bencina de los hijos de Lavín, a los aportes a políticos. Pero la verdadera amenaza son los contratos forward, donde se escondía la principal tajada por no pago de impuestos. EL SII está resuelto a seguir investigando una fórmula que usan muchos actores del mercado.

     

    CIPER CHILE

    Cuando los dueños del Grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, decidieron declarar ante el fiscal Carlos Gajardo, adquirieron un compromiso: colaborar con la investigación. Délano declaró el 5 de enero pasado y Lavín lo hizo al día siguiente. Para entonces, habían transcurrido siete meses desde el inicio de la investigación sobre Penta y la Fiscalía había acumulado testimonios y documentos recogidos en interrogatorios y allanamientos que daban cuenta no sólo de financiamiento ilegal de políticos, sino también evidencia de diversos ilícitos tributarios. Colaborar significó para Délano y Lavín quebrar su alianza histórica con los dirigentes de la UDI, especialmente con el ex senador Jovino Novoa, al reconocer el financiamiento ilegal de campañas  políticas. También admitieron el uso de boletas fraudulentas para pagar a algunos de sus familiares y operaciones irregulares para cancelar bonos y remuneraciones a sus ejecutivos.

    La estrategia apuntó a colaborar entregando la mayor información sobre los ilícitos que habían provocado conmoción pública en los últimos meses (la arista política), para así levantar un muro de contención sobre el nudo más complejo y amenazante para su futuro judicial: los contratos fordwardrealizados por Penta, y en especial los que se hicieron con las empresas de Manuel Cruzat. Allí estaba la verdadera máquina montada por los dueños del holding para una millonaria evasión tributaria.

    SIIUn mes después las condiciones cambiaron radicalmente. A fines de enero la Fiscalía obtuvo testimonios y pruebas que demuestran que el Grupo Penta realizó más de un centenar de operaciones fraudulentas, a través de contratos forward manipulados, que provocaron una multimillonaria pérdida al Fisco. La evidencia obtenida reveló además, que Délano y Lavín no habían entregado toda la información. Quebrado el compromiso de colaborar con la investigación, la prisión preventiva volvió a rondar como una posibilidad cierta para los dueños de Penta.

    Los contratos forward que ahora están bajo la lupa de la Fiscalía y del Servicio de Impuestos Internos (SII), fueron suscritos entre Penta y CB Consultoría y Proyectos, una empresa deManuel Cruzat, amigo y maestro de Délano y Lavín (vea el reportaje de CIPER “Délano, Lavín y Bilbao: del ‘semillero’ de Manuel Cruzat al banquillo de los acusados). Las pruebas que tiene el Ministerio Público indican que decenas de estos contratos fueron firmados en un mismo día. El hallazgo ha provocado inquietud en todo el mercado financiero. La hebra que sigue la Fiscalía apunta a que los forwards pueden ser un verdadero manantial de ilícitos tributarios y que no sólo el Grupo Penta los ha ocupado para burlar el pago de impuestos. El SII recién comienza a ponderar los alcances de esta fórmula de evasión y sus responsables piensan poner bajo el microscopio a todas las empresas que utilizaron este tipo de instrumentos financieros.

    PRESIÓN SOBRE EL SII

    Con la posibilidad cierta de que Délano y Lavín enfrenten la prisión preventiva tras la audiencia de formalización programada para este miércoles 4 de marzo, las presiones sobre el SII arreciaron la semana pasada. El lobby sobre sus máximos directivos buscaba retrasar la ampliación de la querella del organismo fiscalizador contra los responsables del Grupo Penta, acción judicial que se presentó finalmente este lunes 2 de marzo. ¿La razón? Minimizar la posibilidad de que el tribunal, en la audiencia del miércoles 4, aplique a los dueños de Penta la medida precautoria de privación de libertad.

    Para los dueños de Penta era crucial impedir que la ampliación de la querella del SII se concretara antes de que el holding pagara $4.900 millones a la Tesorería General de la República por “impuestos adeudados” -más reajustes, intereses y multas- en algunas de las operaciones que realizaron para pagar bonos y remuneraciones de sus ejecutivos. La devolución a la Tesorería se efectúo a fines de la semana pasada, antes de que el SII ampliara su querella. De esta forma, el pago de los $4.900 millones puede ser presentado por la defensa de Délano y Lavín como una atenuante a tener en cuenta por el tribunal, en la audiencia de este 4 de marzo, para evitar la prisión preventiva de los imputados.

    El ocultamiento de la mayor parte de las operaciones forward entre Penta y CB y el monto del eventual fraude tributario involucrado en ellas, terminaron de convencer a los fiscales de dos cosas: que la colaboración que asumieron a principios de enero Délano y Lavín no fue más que una maniobra dilatoria y que, bajo esta circunstancia y tomando en cuenta la conmoción pública que ha generado la investigación judicial, pedir la prisión preventiva está dentro de las posibilidades.

    El equipo del Ministerio Público que lleva el proceso está ahora encabezado por el fiscal nacional, Sabas Chahuán, quien asumió la investigación el martes 24 de febrero, secundado por los dos fiscales que han llevado la indagatoria desde sus inicios: Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. La irrupción del fiscal nacional, que fue presentada por el Ministerio Público como carta de garantía de que la exhaustiva indagatoria del fiscal Gajardo no sería minada por presiones externas, gatilló el reforzamiento del lobby de Penta. La última ofensiva de los dueños del holding incluyó la filtración del pago a la Tesorería efectuado la semana pasada, presentado por diversas versiones de prensa precisamente como una atenuante para evitar la prisión de los imputados.

    SIETE VÍAS PARA EVADIR IMPUESTOS

    Más allá del gesto que involucra el pago de los $4.900 millones, la investigación del Ministerio Público apunta a que los ilícitos tributarios del grupo son tantos y de tan diverso orden, que la única conclusión posible, de prosperar la acusación de la Fiscalía, es que Penta se constituyó en una verdadera máquina de defraudar al Fisco. Las operaciones del grupo son una muestra gráfica de lo que en el SII llaman “industria de la evasión”, la que se origina en planificaciones tributarias “agresivas” diseñadas por asesores especializados para burlar el pago de tributos.

    CIPER revisó detalladamente todos los hechos investigados por el Ministerio Público y pudo determinar que, a lo menos, son siete las fórmulas que habría utilizado Penta y que eventualmente le permitieron burlar el pago de impuestos y/o conseguir beneficios tributarios indebidos:

    • Contratos forwards manipulados para perjudicar al Fisco.
    • Boletas y facturas falsas para enmascarar bonos y remuneraciones de ejecutivos.
    • Pagos de asesorías hechos por el Banco Penta para disfrazar sus pérdidas.
    • “Arriendo” de acciones para rebajar el pago de patentes municipales.
    • Pérdidas ficticias de las empresas productivas del holding.
    • Retiros y préstamos irregulares para beneficiar a familiares.
    • Boletas falsas para justificar gastos (incluyendo aportes a campañas políticas) y pagar remuneraciones de familiares de los controladores.
    Fiscal Carlos Gajardo

    Fiscal Carlos Gajardo

    De probarse finalmente la comisión de ilícitos, los infractores arriesgan multas y penas que pueden llegar hasta los cinco años y un día. Por tratarse de una penalidad baja, para evitar la privación de libertad será clave que el tribunal pondere la colaboración de los imputados con los investigadores, su voluntad de pagar los impuestos adeudados y su “irreprochable” conducta anterior.

    Délano y Lavín fueron multados con 1.000 UF por uso de información privilegiada en la compra de acciones del Banco de Chile en el año 2000, cuando pujaban con el Grupo Luksic por el control del banco. Gracias a que la normativa vigente entonces así lo establecía, esa sanción fue catalogada como “administrativa” y no ensució su hoja de antecedentes. Ambos cuentan con la atenuante de la buena conducta.

    Respecto de la voluntad de restituir lo defraudado, el pago de $4.900 millones corresponde a unos $2.090 millones en impuestos impagos, más reajustes e intereses, por los bonos y remuneraciones canceladas a sus ejecutivos entre 2008 y 2014. A esta cantidad hay que agregar otros $1.191 millones que Délano y Lavín pagaron en diciembre, y que se refieren a impuestos impagos por $532 millones, más reajustes e intereses, originados por boletas falsas detectadas por la Fiscalía y rechazadas por el SII.

    LA FÓRMULA DEL ENGAÑO

    Cuando a comienzos de enero Délano y Lavín declararon ante el fiscal Gajardo, éste ya tenía en su expediente información sobre los forward.  Hugo Bravo, uno de los imputados y ex ejecutivo de confianza de Délano y Lavín, ya había mencionado en sus declaraciones la existencia de contratos irregulares entre Penta y la consultora VSA. Los dueños de Penta no pudieron negarlos. Pero como estos forward no pueden justificarse como “errores de contabilidad”, pues se hicieron con la única intención de evadir impuestos, trataron de controlar los daños. El efecto de esta información podía ser demoledor en el juicio.

    El arqueo del SII estableció que el Grupo Penta firmó cuatro contratos forward con VSA entre enero y febrero de 2013, los que involucraron transacciones por un total de $7.341 millones y generaron una “pérdida ficticia” para las empresas de holding que sumó $324 millones. Los forwards correspondían a una compraventa de dólares a valor futuro que se liquidarían entre tres y cuatro meses después de firmados los contratos.

    En la práctica, al firmar estos contratos ambas empresas apostaban a que el precio que tendría el dólar cuando se liquidara la compraventa les sería favorable. La irregularidad es que las fechas de los contratos fueron manipuladas. Así lo estableció la investigación de la Fiscalía y la reciente ampliación de querella del SII: los documentos se redactaron después de la fecha estipulada para la liquidación de los contratos, por lo que ambas partes se coludieron para que Penta “perdiera” dinero.

    Hugo Bravo

    Hugo Bravo

    Una vez que Penta le pagó a VSA los montos fijados en los contratos, esa empresa traspasó el dinero a los ejecutivos de Délano y Lavín. La fórmula le permitía a Penta pagar los bonos y parte de las remuneraciones de sus ejecutivos evadiendo impuestos. Para cobrar las sumas, los ejecutivos hacían sus propiosforwards con VSA, los que también se manipulaban para que fueran desfavorables a la consultora. VSA cobraba una comisión de 9,4% por prestarse al engaño.

    Cuando Délano y Lavín transparentaron ante la Fiscalía los forwards con VSA, intentaron responsabilizar de estas operaciones a Hugo Bravo. Al enterarse del tenor de la acusación, en su siguiente declaración, el 30 de enero, Bravo decidió dar un nuevo golpe: puso ante la mesa del fiscal la información que conservaba sobre losforwards que Penta había suscrito con CB Consultorías y Proyectos, la empresa de Manuel Cruzat.  Los dichos de Bravo fueron explosivos. Porque fue entonces que el Ministerio Público constató que los controladores de Penta les  estaban ocultando la veta más potente de la evasión tributaria.

    El mismo día en que Hugo Bravo entregó esta nueva hebra a los investigadores, la defensa de los dueños de Penta informó a la Fiscalía la existencia de 24 forward suscritos con CB entre 2008 y 2012, los que involucran un monto global superior a los $103 mil millones. Pero la pista que aportó Bravo le permitió al Ministerio Público conocer la existencia de muchos más contratos de este tipo. De allí que fueron citados a declarar ejecutivos de CB -como Iván Rojas y el propio Manuel Cruzat, cuyos testimonios quedaron bajo reserva temporal- lo que destapó la existencia de otras decenas de contratos.

    Con este nuevo antecedente, de proyecciones insospechadas, el caso adquirió un giro lapidario para Délano y Lavín. Eso explica el apuro por pagar a la Tesorería antes de que el SII ampliara su querella, la que incorporó algunos de los ilícitos con los forwards y pone en riesgo la estrategia de los dueños de Penta para evitar la prisión.

    LOS FORWARDS CON VSA

    Impuestos Internos alcanzó a incorporar en su ampliación de querella –presentada el lunes 2 de marzo- sólo los forwards entre Penta y VSA. Los contratos con CB Consultoría ya fueron informados por la Fiscalía al SII, y el organismo tributario está en la etapa de recopilación de antecedentes. De allí que en su querella el SII informó al tribunal que los contratos forward suscritos entre Penta y CB “presentarían las mismas características y condiciones de celebración” que los firmados con VSA.

    De los cuatro contratos forward entre Penta y VSA en 2013, tres de ellos fueron suscritos porEmpresas Penta. Estos arrojaron una “pérdida ficticia” de casi $303 millones (vea imagen con los pagos hechos por Empresas Penta a VSA). Dos de estos tres contratos fueron firmados por Carlos Alberto Délano y Hugo Bravo, en representación de Empresas Penta, lo que diluye la supuesta responsabilidad exclusiva de Bravo en estos manejos.

    tabla_16

    El cuarto contrato con VSA fue suscrito por Inversiones Penta III. En este caso, la “pérdida ficticia” para esta empresa de Penta fue de $21,2 millones (vea imagen con los pagos de Inversiones Penta III a VSA).

    tabla_18

    A su vez, el SII detectó que la Inmobiliaria Duero, sociedad que concentra los negocios de la familia Délano, firmó también un contrato forward con VSA en 2013, operación que le dejó una “pérdida ficticia” de $39,2 millones (vea imagen con los pagos hechos por Duero a VSA). Este contrato fue firmado, en representación de Duero, por dos hijos de Carlos Alberto Délano: Macarena y José Luis Délano Méndez.

    tabla_19

    Por los forwards con VSA, el SII imputó a Hugo Bravo López, Manuel Antonio Tocornal y Óscar Buzeta Undurraga (como representantes legales de Empresas Penta); Carlos Eugenio Lavín y Marcos Castro Sanguinetti (como representantes legales de Inversiones Penta III); Carlos Alberto Délano (representante legal de Inversiones Penta III e Inmobiliaria Duero); Pedro Ducci Cornu, Carlos Délano Méndez, Macarena Délano Méndez, Pablo Délano Méndez y José Luis Délano Méndez (representantes legales de Inmobiliaria Duero).

    A todos ellos, el SII les adjudica el siguiente ilícito: “Haber presentado declaraciones de impuesto a la renta (…) que contenían información falsa, al dar cuenta de las pérdidas provocadas por contratos que (…) tuvieron como causa de celebración la evasión deliberada del Impuesto de Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta de las sociedades señaladas”.

    Además, ni Penta ni VSA entregaron al SII las declaraciones juradas, mensuales y anuales, que debían acreditar que los contratos efectivamente fueron suscritos en las fechas estipuladas en los mismos documentos. Fue este incumplimiento el que, precisamente, permitió la manipulación de las fechas detectada por la Fiscalía y corroborada por el SII.

    Según la querella presentada por Impuestos Internos, la manipulación de los forward expone a los infractores a multas que van desde el 50% al 300% del valor de los impuestos no pagados y presidio menor en sus grados medio a máximo.

    LA OPERACIÓN ABORTADA EN 2014

    La misma operación realizada en 2013 por los dueños de Penta para evadir impuestos en concomitancia con VSA se habría concretado en 2014, de no mediar la investigación judicial de Gajardo y Norambuena. La operación para enmascarar los pagos de bonos y sobresueldos a través de contratos con VSA ya estaba en marcha, aunque con algunas modificaciones. Según Hugo Bravo, el año pasado los dueños de VSA rechazaron seguir utilizando forwards y plantearon una nueva fórmula: que Penta les pagara una asesoría falsa, dinero que luego serviría para cancelar  incentivos a sus ejecutivos sin impuestos. Esa asesoría ficticia la brindaría Siglo Outsourcing, empresa que encabeza el mismo controlador de VSA: Tomás Roberto Carrasco.

    Las asesorías falsas fueron contratadas por Penta en marzo de 2014. Pero, cuando a mediados de ese año los fiscales cayeron sobre la contabilidad del grupo, todos los contratos fueron resciliados y Siglo Outsourcing restituyó el dinero. Las empresas del holding que pagaron estas asesorías fueronPenta INF (a través de un contrato por $73 millones), Penta III ($27 millones) e Inversiones Banpenta II ($19 millones). También se firmaron contratos de asesorías ficticias de VSA a Penta III(por $83,5 millones), Inversiones Banpenta II (por $83,5 millones) y Empresas Penta (por $103 millones). En total, las asesorías falsas de Siglo Outsourcing y VSA al holding Penta llegaban a $389 millones.

    Como la investigación judicial abortó la operación, en agosto de 2014 Penta liquidó los bonos de sus ejecutivos pagando todos los impuestos. Por ejemplo, la liquidación de sueldo del gerente corporativo del holding Penta, Manuel Antonio Tocornal, en agosto de 2014 registró haberes por sobre los $200 millones, incluyendo un bono de $190 millones, por lo que debió pagar $78 millones en impuestos. El gerente de Administración y Finanzas, Óscar Buzeta, recibió ese mes un bono por $96 millones, pagando $41 millones en impuestos. El gerente de Contabilidad, Marcos Castro, tuvo un bono por $63 millones y pagó más de $27 millones en impuestos.

    BOLETAS Y FACTURAS PARA OCULTAR BONOS

    Además de los incentivos y remuneraciones cancelados mediante los forwards, el Grupo Penta también pagó otros sobresueldos a sus ejecutivos a través de boletas de honorarios y facturas por trabajos que nunca se hicieron. Esto provocó una doble pérdida tributaria: por una parte las empresas Penta disminuyeron su base imponible, al enmascarar estas remuneraciones como gastos, y los beneficiados con los pagos no cancelaron los impuestos asociados a sus remuneraciones reales.

    Manuel Antonio Tocornal

    Manuel Antonio Tocornal

    El balance que arroja la investigación de la Fiscalía y las revisiones realizadas por el SII, indican que entre los años 2008 y 2014 cinco empresas del Grupo Penta registraron como gastos, respaldados con boletas o facturas falsas, lo que en realidad eran sobresueldos de ejecutivos. Estas empresas son: Inmobiliaria Los Estancieros, Inversiones Penta III, Penta INF, Empresas Penta e Inversiones Banpenta (vea las nóminas de todas lasboletas y facturas entregadas a empresas del Grupo Penta y que ocultaron el pago de bonos y remuneraciones).

    El detalle de estas operaciones, en cada una de las cinco empresas involucradas, es el siguiente:

    Inmobiliaria Los Estancieros: entre 2008 y 2014 registra 74 facturas otorgadas por cuatro sociedades para disfrazar el pago de bonos. Una de ellas pertenece al actual gerente de Auditoría, Riesgo Operacional y Tecnológico de BancoEstado: Rodrigo Muñoz Fontaine, ex contralor del holding Penta. Las otras sociedades que facturaron a Los Estancieros son de Héctor Concha Marambio, gerente del Área Salud del Grupo Penta, y de Hugo Bravo. Los Estancieros también recibió una boleta de la cónyuge de Raúl Schmidt, director de Finanzas Corporativas del Banco Penta (vea el detalle de las facturas recibidas por Los Estancieros).

    Inversiones Penta III: Entre 2008 y 2013 recibió 231 boletas de honorarios y 98 facturaspresentadas como gasto, pero que ocultaban bonos o remuneraciones. Entre los emisores de estas boletas se cuentan cuatro familiares de Héctor Concha (su cónyuge, un hijo y dos nueras);  la esposa de un empleado de Penta Carlos Calcagno Carvajal; la cónyuge del subgerente de Empresa Penta, Francisco Astorga Silva; la mujer del asesor de Penta, Jorge Molina Ossa, y un familiar de Óscar Buzeta. Las facturas fueron extendidas por sociedades del gerente general corporativo del Grupo Penta, Manuel Antonio Tocornal, y de los ejecutivos Héctor Concha yHugo Bravo (vea el detalle de las boletas y facturas recibas por Inversiones Penta III).

    Penta INF: Recibió entre 2009 y 2012, 58 facturas que ocultaban el pago de bonos o remuneraciones. Los documentos fueron extendidos por sociedades del ex contralor del holding,Rodrigo Muñoz Fontaine; el gerente general de Agrícola Mercedario, Arturo Miquel Armas;Manuel Antonio Tocornal y Hugo Bravo (vea el detalle de las facturas recibidas por Penta INF).

    Empresas Penta: En su contabilidad de los años 2008 a 2013, aparecen 91 boletas de honorarios falsas y 104 facturas. Las boletas fueron extendidas por la cónyuge del empleado de Penta, Carlos Calcagno; dos parientes del subgerente de Empresas Penta, Francisco Astorga; la esposa del tesorero de Empresas Penta, Juan Carlos Armijo;  una nuera de Héctor Concha y un familiar de Óscar Buzeta. Las facturas las emitieron sociedades controladas por Héctor Concha,Arturo Miquel y Hugo Bravo (vea el detalle de las boletas y facturas extendidas a Empresas Penta).

    Inversiones Banpenta: Pagó tres boletas y cinco facturas en los años 2009, 2010 y 2012. Las boletas fueron entregadas por la esposa del gerente de Finanzas de Banco Penta, Daniel Subelman Alcalay;  una nuera de Héctor Concha y un pariente de Óscar Buzeta. Las facturas fueron extendidas por sociedades de Manuel Antonio TocornalHéctor Concha y Hugo Bravo(vea el detalle de las boletas y facturas pagadas por Inversiones Banpenta).

    PAGOS DEL BANCO PENTA

    El primer ejecutivo de la plana mayor de  Penta que concurrió a declarar a la Fiscalía, fue el ex gerente general del Banco Penta y actual miembro de su directorio, Marco Comparini. Lo hizo el 6 de octubre pasado. En esos días recién había explotado el escándalo y la prensa se centraba en el financiamiento ilegal de campañas políticas (vea reportaje de CIPER La Lista de las donaciones a campañas del ex ejecutivo de Penta). Entonces, la estrategia del Grupo Penta era desacreditar a Hugo Bravo, el ex ejecutivo del holding que reconoció las irregularidades tributarias para evitarse las sanciones más graves.

    Bravo había declarado que el Banco Penta, para no afectar su imagen, enmascaraba sus pérdidas contratando asesorías y servicios de empresas del grupo, como Penta Corredora de Bolsa. El ex gerente general de Empresas Penta afirmó que entre 2006 y 2010 se traspasaron $5 mil millones al banco mediante facturas de empresas relacionadas. Entre estas operaciones, mencionó asesorías de inversión prestadas por la corredora al Banco Penta.

    Comparini llegó a la Fiscalía a hacer una presentación con gráficos y documentos referidos a ejemplos de otros bancos a nivel nacional e internacional para demostrar que las denuncias de Bravo no tenían asidero. Ante el fiscal afirmó que estaba previsto que el Banco Penta, que inició sus actividades en 2004, tuviese pérdidas en sus primeros años. En esa etapa de consolidación, señaló, lo que afecta la imagen de un banco no son sus eventuales pérdidas, sino otros indicadores: como su clasificación de riesgo o el “índice de Basilea” (que también mide el riesgo al que están expuestos los bancos). En este contexto, sostuvo Comparini, operaciones como las que describió Bravo para disfrazar las pérdidas tendrían efectos marginales. Sólo aquellos que no conocen el negocio bancario, sugirió, podían prestar oídos a las denuncias del ex ejecutivo.

    banco-pentaTras la exposición de Marco Comparini, el fiscal Gajardo le exhibió dos correos electrónicos. Ambos fueron enviados por el propio Comparini a Hugo Bravo, uno del 13 de octubre de 2010 y otro del 20 de enero de 2009. En los dos correos Comparini menciona operaciones dentro del holding para “subsidiar” al banco:

    “Don Hugo me tomé la libertad de aprobar estos cambios de fondos para subsidiar al banco. Para Penta no es más que cambiarse de fondos y prácticamente mantiene los mismos tipos de activos”, dice el correo de enero de 2009.

    El de octubre de 2010, señala: “La factura de 60 mm (millones) es el segundo cobro del banco a Penta por Rucatayo… Rucatayo es solo la pantalla para que subsidies al banco para que no salga con pérdidas” (Rucatayo es un proyecto de generación eléctrica en el que Penta analizó invertir).

    Después de que el fiscal le exhibió estos correos, Comparini no siguió con su académica exposición: “Lo que puedo decir de este correo lo manifestaré en la próxima entrevista”. Ahí la Fiscalía suspendió la declaración y se comprometió a agendar una nueva entrevista.

    Los ejecutivos de Penta no volvieron a declarar ante la Fiscalía. Aquellos que fueron citados se acogieron a su derecho a guardar silencio. Probablemente, por el tenor de las pruebas y antecedentes que tenía el Ministerio Público, decidieron no volver a hablar frente a los fiscales hasta que lo hicieron sus jefes, Délano y Lavín, en enero de este año.

    La revisión que hizo el SII y que fue expuesta en la denuncia que ese organismo presentó el 8 de octubre de 2014, dos días después de la declaración de Comparini, abordó la acusación expuesta por Hugo Bravo. Aunque Impuestos Internos no pudo comprobar que los traspasos del banco a otras empresas del holding sumaran $5 mil millones, como lo denunció Bravo, sí denunció que en los años 2009 y 2010 se traspasaron $2.058 millones desde el Banco Penta a Penta Corredores de Bolsa por supuestos servicios no prestados. Estos servicios ficticios, denunció el SII, eran presentados como asesorías financieras.

    El SII denunció que el efecto de estas operaciones fue que Empresas Penta “rebajó de forma indebida la renta líquida imponible de su Impuesto de Primera Categoría durante los años tributarios 2009 y 2010,  a través del registro en su contabilidad de gastos correspondientes a servicios de asesoría que no fueron prestados por Penta Corredores de Bolsa S.A. por montos que alcanzaban los $1.450 millones en 2009 y $608 millones para 2010”.

    “ARRIENDO” DE ACCIONES

    Esta no es la única irregularidad en la que está envuelta Penta Corredora de Bolsa. Hugo Bravo denunció ante los fiscales que la corredora ofrecía a clientes VIP, relacionados con Penta, “arrendar” acciones, operación que permitía rebajar el pago de las patentes municipales. El servicio consistía en que la corredora “vendía” acciones a estos clientes el último día hábil del año y luego se las recompraba en el primer día hábil de enero. De esta manera, los inversionistas cerraban el año aumentando sus activos en acciones, que están exentas de pagar patente.

    Bravo declaró que él utilizó este servicio y que le permitió rebajar su pago de patente en un millón de pesos. También afirmó que en otros casos la misma operación permitió a algunos inversionistas ahorrarse hasta $40 millones. Entre los clientes VIP que ocuparon esta fórmula mencionó a Délano y Lavín.

    La Fiscalía pidió a la Bolsa de Santiago que le informara sobre operaciones de compraventa de acciones que reunieran las características mencionadas por Bravo, hechas a fines de cada año. El informe enviado por la Bolsa al Ministerio Público indica que se detectaron patrones de operaciones similares a la descrita por el ex ejecutivo desde 2009 hasta 2013. El documento no individualiza a los inversionistas que usaron esta maniobra y señala que es una práctica realizada por 11 corredoras, aunque destaca que la de Penta fue la que más operaciones similares realizó. El volumen total de las transacciones efectuadas por la corredora de Penta en los cuatro años revisados, según lo informado por la Bolsa, sobrepasa los $100 mil millones.

    RETIROS Y PRÉSTAMOS ENMASCARADOS

    Hugo Bravo también declaró que en 2012 Carlos Eugenio Lavín formó un family office con sus hijos -Carlos y Francisco- y su yerno, Cristián Letelier Braun. Por sus servicios, según la versión de Bravo, Lavín les entregó un incentivo de $500 mil mensuales a cada uno y un bono por los negocios que excedieran la tasa de captación de los bancos.

    En abril de 2014, el gerente de Contabilidad de Penta, Marcos Castro, le informó a Bravo que los hijos de Lavín habían emitido seis facturas de sus empresas personales por un total cercano a los $800 millones para que fueran pagadas por las sociedades Concordia y Convento Viejo. La primera era de los mismos hijos de Lavín y la segunda, de su padre. “Se daba el absurdo que los hijos le estaban cobrando a su propia sociedad”, declaró Bravo, quien, según dijo, sugirió que hicieran un retiro de utilidades como correspondía, pero Carlos Eugenio Lavín lo rechazó porque esa operación “desmejoraría” a su hija, María Angélica.

    Bravo se opuso a estos pagos porque, a su juicio, no estaban justificados y porque se trataba de personas relacionadas que no tenían contrato. Era seguro, señaló Bravo a los fiscales, que el SII los rechazaría. Por esa misma razón, el gerente de Contabilidad, Marcos Castro, ya lo había alertado.

    Una vez que Bravo le puso luz roja a los pagos a los hijos de Lavín, se buscó una nueva fórmula para poder retirar los dineros sin despertar sospechas en el SII. Bravo declaró que esa solución la conversó con el abogado Alfredo Alcaíno, cuyo bufete lleva los asuntos jurídicos del Grupo Penta y quien cuenta con la máxima confianza de Délano y Lavín. Finalmente, se anularon los traspasos de dinero ya ejecutados y se generó un contrato para presentar el desembolso como una asesoría que sería prestada por la sociedad L & L limitada (de propiedad de los hijos y el yerno de Lavín) a las empresas Convento Viejo, Agrícola Santa Elena ChimbarongoInversiones Concordia eInversiones Piedra Roja II, todas empresas familiares de Carlos Eugenio Lavín.

    Carlos Lavín Subercaseaux

    Carlos Lavín Subercaseaux

    Carlos Eugenio Lavín registra otra operación con un familiar que ha sido incluida en los ilícitos que investiga la Fiscalía por burlar el pago de impuestos. El relato de Hugo Bravo indica que Max Lavín Besa, primo de Carlos Eugenio Lavín, quebró y perdió un fundo en Requinoa. Entonces, Lavín compró el campo y prometió entregarle el 50% a su primo. Al mismo tiempo le hizo un préstamo en el extranjero de US$500 mil para ayudarlo a reiniciarse. El dinero fue ingresado a Chile acogido a las normas del Capítulo XIV.

    De acuerdo a la versión de Hugo Bravo, Carlos Eugenio Lavín pensaba que su primo tenía giro de agricultor y pérdidas acumuladas por unos $600 millones, por lo que compró esas pérdidas y las traspasó a una nueva sociedad –Pimpinela–, la que se adjudicó el fundo. Durante seis meses, Max Lavín emitió facturas por $30 millones, las que eran visadas por los contadores de Penta y pagadas, según recuerda Hugo Bravo, por una sociedad de Carlos Eugenio Lavín. El 57% de los pagos por esas facturas eran para Max Lavín y el resto, aseguró Bravo, se lo quedaba Carlos Eugenio Lavín sin pagar impuestos. La operación funcionó hasta que el gerente de Contabilidad de Penta, Marcos Castro, descubrió que en el SII no había registro de las supuestas pérdidas previas de Max Lavín, por lo que los retiros resultaban excesivos y la contabilidad de Pimpinela tendría graves problemas con Impuestos Internos.

    En su declaración ante la Fiscalía, Marcos Castro reconoció que le pidió al martillero Jorge Valdivia -involucrado en el fraude al FUT que dio origen a la investigación contra Penta- que utilizara sus contactos al interior del SII para resolver el problema de Lavín Besa y Pimpinela: “Si esto no se solucionaba, los herederos de Max Lavín iban a tener que pagar unos $300 millones en impuestos”, declaró Castro.

    Hugo Bravo afirmó ante los fiscales que el problema lo solucionó finalmente el funcionario del SII Iván Álvarez, el principal formalizado por el millonario fraude al FUT detectado al interior de Impuestos Internos.

    PÉRDIDAS EN EMPRESAS PCR

    La unidad de negocios con empresas productivas formada por Penta –Penta Capital de Riesgo (Penta PCR)- ocupa otro capítulo en el expediente de los fiscales. Entre las industrias que figuran bajo ese paraguas, se cuentan fábricas de productos de vidrio (PH Glass), de envases de plásticos (Burgos), de soldaduras (Soltec), de envases de poliuretanio (Pet Packing) y de maquinaria para bodegaje (Arrimaq). La administración de las empresas PCR ha estado en manos de Horacio Peña, socio histórico de Délano y Lavín.

    Las empresas PCR sólo han arrojado pérdidas para el Grupo Penta, las que eventualmente también han sido usadas por el grupo para acceder a beneficios tributarios. De acuerdo con la versión del socio minoritario de la vidriera PH Glass, Jorge Charbín, los representantes del holding abultaron los gastos de la empresa de manera artificial, contratando arriendos innecesarios en la sede central de Penta (por $10 millones mensuales) y asesorías financieras prestadas por otras empresas del grupo (por $15 millones al mes).

    Una investigación de CIPER, publicada en octubre pasado, comprobó que Penta hizo préstamos millonarios a estas empresas PCR, las que luego aumentaban su capital por la vía de convertir esos créditos en una mayor participación de Penta en la propiedad. De esta manera, el incremento del capital de las empresas PCR no está relacionado con sus resultados operacionales y no es más que el fruto de un fuerte endeudamiento con el mismo holding (vea el reportaje “Radiografía a las denuncias de Hugo Bravo sobre fraude tributario en las empresas PCR de Penta).

    En sus primeras declaraciones ante el fiscal Gajardo, Hugo Bravo dijo que estás empresas habían acumulado pérdidas por $80 mil millones. También señalo que la empresa Penta INF hizo la mayor parte de los préstamos a las industrias PCR, lo que le dejó una pérdida de $55 mil millones. Penta INF, ha dicho Bravo, fue adquirida por otra empresa del holding y sus pérdidas se valoraron en unos $20 mil millones, las que fueron utilizadas por el grupo para acceder a beneficios tributarios por ese mismo valor.

    Un correo del gerente de Contabilidad de Penta, Marcos Castro, que figura en la carpeta de la Fiscalía, indica que las pérdidas de las empresas PCR a diciembre de 2013 eran las siguientes: $7.500 millones de Pet Packing, $9.100 millones de PH Glass, $5.600 millones de Arrimaq y $7.200 millones de Plásticos Burgos. En total: $29.400 millones.

    OTRAS BOLETAS FALSAS

    Las prácticas destinadas a evadir el pago de impuestos estaban tan extendidas en el Grupo Penta, que hasta la esposa del junior emitía boletas falsas. Gilda Brunetto Flores es cónyuge del auxiliar que atendía las oficinas centrales de Penta: Carlos Calcagno Carvajal. El tesorero de Penta, Juan Carlos Armijo y el gerente de Contabilidad, Marcos Castro, declararon ante los fiscales que la esposa de Calcagno hacía boletas por unos $800 mil mensuales.

    Los testimonios judiciales revelaron que el dinero boleteado por Gilda Brunetto se utilizaba para pasar como gastos de la empresa la bencina que ocupaban los hijos de Carlos Eugenio Lavín y los traslados habituales de los dueños del holding. Una fórmula para financiar una suerte de “caja chica” para gastos menores.

    También se utilizaron boletas falsas para pagar gastos corrientes, como la mantención de sistemas informáticos. En la revisión de la contabilidad del grupo, la Fiscalía detectó múltiples pagos girados contra boletas de Jessica Jara, esposa del ingeniero informático Omar Fonseca, el que durante años brindó de manera regular el servicio de asistencia computacional a Empresas Penta sin gozar de contrato. Jessica Jara emitió 16 boletas a Empresas Penta, por un total de $8,1 millones.

    Carlos Alberto Délano

    Carlos Alberto Délano

    Las boletas extendidas por las esposas de Délano y Lavín -Verónica Méndez y María de la Luz Chadwick- por trabajos que nunca se hicieron, fueron las primeras irregularidades tributarias detectadas por el Ministerio Público. El SII determinó que entre 2009 y 2014 ambas emitieron boletas que provocaron una pérdida fiscal de $408 millones. No obstante, el gerente de Contabilidad de Penta, Marcos Castro, declaró que los pagos hechos a las cónyuges de los dueños del holding sumaron más de $1.000 millones y que sus boletas se vienen pagando desde 1996. El monto mensual que ambas recibían era de unos $8 millones y eran depositados en las cuentas personales de Délano y Lavín.

    El expediente de las boletas por trabajos que no se realizaron también fue utilizado por las sociedades de Carlos Alberto Délano y de Hugo Bravo. La sociedad familiar de Délano, Inmobiliaria Duero, entre 2009 y 2014 registra 67 boletas emitidas por su hija, Verónica Délano Méndez (por un total de $55 millones); y 66 boletas de su hermana, Carmen Delano Abott (por un total de $162 millones). Por esta razón, ambas fueron incorporadas en la denuncia criminal que el SII presentó a la Fiscalía en octubre pasado. El gerente de Contabilidad de Penta, Marcos Castro, declaró que, en realidad, los pagos a Carmen Délano iban dirigidos a su esposo, Samuel Irarrázabal, como sobresueldos por sus servicios a la cabeza de los negocios agrícolas de la familia.

    Hugo Bravo se benefició del mismo sistema con sus sociedades personales: Challico y Santa Sarella. Al respecto, el tesorero de Penta, Juan Carlos Armijo, declaró que registran boletas mensuales por $650 mil extendidas por Patricia Quezada (la esposa del mismo Armijo) y por Verónica Winkler (cónyuge del subgerente de Empresas Penta, Francisco Astorga). Para la sociedad Challico también boleteaban Paulina Restovic (cónyuge de Bravo, que cobraba $1,9 millón mensuales) y Sergio Riveaux (un sobrino de Bravo que cobraba $650 mil mensuales). Y para Santa Sarella lo hacían Graciela Muller (por $ 2 millones mensuales) y Juan Pablo Aris (por $650 mil). Armijo afirmó que todas estas boletas eran en realidad retiros de dinero que no pagaban impuestos y confirmó que los pagos que recibía su esposa (Patricia Quezada), él los depositaba en una cuenta de Hugo Bravo.

    Entre las boletas y facturas falsas pagadas por las empresas Penta, se cuentan también las que permitieron financiar ilegalmente campañas políticas. Entre los dirigentes y parlamentarios que están siendo investigados por la Fiscalía por haber recibido de Penta aportes ilegales de campaña, aparecen: Pablo ZalaquettJovino NovoaEna von BaerPablo LongueiraAlberto Cardemil,Iván MoreiraFelipe de MussyLaurence GolborneJoaquín Lavín, el ex precandidato presidencial Andrés Velasco, el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner y el actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga.

    La resolución que adopte el 8º Juzgado de Garantía respecto del futuro inmediato de los dueños del holding Penta será mirado con extrema preocupación por los principales actores del mercado financiero. Las medidas cautelares serán un primer test de cómo viene la mano en una investigación judicial que remece al país. Todos saben que el uso de forwards, boletas y asesorías falsas y otras operaciones ilícitas, son prácticas extendidas en una verdadera industria de evasión tributaria a la que no se quiso poner atajo. De las cartas que jueguen los fiscales, los directivos del SII y de la resolución del tribunal depende que este juicio siga escalando.

    N. de la R.: Este reportaje fue corregido y actualizado el 5 de marzo a las 17:20.

  • Caso Penta y los intereses de las empresas forestales en las elites del poder político chileno

    Desde hace algún tiempo viene generando revuelo el denominado caso Penta y redes de corrupción en élites políticas chilenas de sectores conservadores, de cuya relación se desprenden dos ámbitos: Mecenas de políticos y protectores empresariales. Actos de la vergüenza, tan detestables, como los llamados casos “petroaudios” durante el gobierno de Alan García en el Perú hace algunos años.

    Hoy el caso Penta lleva a los niveles de relación de sectores políticos con  ciertas empresas, como ocurre, a modo de ejemplo,  con el caso de la minera Dominga, sin embargo son solo la punta del iceberg de una realidad mucho más amplia.

    Mientras ciertos sectores políticos amplían  sus gananciales con corporaciones  económicas, paralelamente  los legisladores vienen aumentando sus remuneraciones, siendo uno de los más pagados a nivel regional y de la lista de los países del OCDE. Ciper Chile, a través de un estudio de Colombina Schaeffer, Patricio Segura Ortiz y Leonardo Valenzuela,  publicaban en junio del 2014: “los parlamentarios chilenos no solo son los que ganan más en términos de salarios netos, también alcanzan el primer lugar en la relación entre sus ingresos y el PIB per capita. Además, quedan en segundo lugar (solo superados por sus colegas mexicanos) en la relación entre su dieta y el ingreso mínimo de cada país”. Un diputado chileno, concluye el estudio, gana casi 12 veces el PIB per capita y 40 veces el ingreso mínimo. Los diputados Jackson y Boric, quienes proponían una rebaja de la dieta parlamentaria, denunciaban en abril del 2014 que en los últimos 13 años la dieta parlamentaria ha aumentado en un 245%.

    Para una importante mayoría del binominal chileno, las funciones políticas dentro de la estructura del poder estatal se han convertido en un suculento negocio, lejos de la retórica de “servicio público”, todo un eufemismo a esta altura, donde los principios y valores se acomodan al de los intereses de las empresas extractivistas.

    Contextualizando esta realidad ¿qué se puede esperar de la función colegiada del congreso chileno a favor de los intereses de la ciudadanía y sus derechos ante los impactos de actividades económicas basadas en el lucro?

    Hoy actividades mineras y forestales vienen generando graves estragos en diversos puntos de Chile, intensificando la crisis hídrica, contaminando territorios, pero muchos, quienes están en el poder estatal, prefieren mirar hacia un lado y recibir gustosos sus dietas, mal que mal, una mayoría del binominal son financiados electoralmente por empresas capitalistas y neoliberalistas, incluyendo a algunos partidos políticos de la nueva mayoría.

    A continuación extractos de artículos sobre “Los partidos políticos y el conflicto de intereses en la prórroga de ley pinochetista sobre fomento forestal” y  “Decreto Ley 701 y fomento forestal”.

     

    Empresas,  partidos políticos y campañas electorales

    Paradójicamente, el diario La Segunda, satélite mercurial del empresario Agustín Edwards, publicaba una investigación denominada “Quiénes son los mecenas de la política chilena”, el 14 de abril del 2012, medio que indagó quiénes estás detrás de las finanzas de los partidos políticos, anunciando en su encabezado “Se trata de hombres y mujeres de negocios que, especialmente en época de campaña, facilitan sus recursos legalmente: Algunos lo hacen transversalmente, otros por simpatía y están aquellos que se convierten en sostenedores de las colectividades en las que militan…”

    La mayoría de los Partidos guardan silencio sobre sus mecenas y este medio, la segunda, señalan que “Diversas fuentes consultadas (incluidos ex encargados de finanzas y operadores políticos) reconocen que aún existen recaudadores: militantes con nexos empresariales, capaces de levantar recursos…”, agregando en otro párrafo: “Aunque oficialmente no se habla del tema, en la trastienda de las colectividades se identifica claramente a estos mecenas. Los nombres coinciden…”. En otro punto los indica: “En este listado se encuentra grupos económicos cuyos rostros más visibles son la familia Luksic, Eleodoro Matte y Alvaro Saieh , quienes reparten recursos casi en todos los partidos del abanico, a excepción del PC, confidencian aquellos que han estado y siguen ligados a las campañas electorales de la DC, PPD, RN, la UDI y el PS (que además saben que la ayuda es transversal). Por otra parte también incluye: “También destaca el grupo Angelini , cuyos recursos van en beneficio de algunos políticos DC. «Quien mantiene una gran amistad, desde siempre, con el mundo empresarial es el senador Andrés Zaldívar», reconoce un ex encargado de finanzas de la DC…”, también hace referencia a empresas como: Enap, Endesa, Iansa, AES Gener, CAP, Petrobras, Cencosud (Horst Paulmann), entre otros, que, en su mayoría, “aportan” transversalmente a las arcas partidistas del binominal.

     

    Los intereses de las empresas forestales chilenas en las huestes políticas

    Desde el año 2013 se viene discutiendo en las esferas políticas del legislativo un proyecto de ley sobre fomento forestal que fue instalado por el gobierno de Sebastián Piñera con “Suma Urgencia”, que busca la prórroga del Decreto Ley 701 a veinte años más, norma que viene desde la dictadura militar de Pinochet y que es modelo matriz de la dictadura militar, promotora de la expansión de especies exóticas de monocultivos de pino y eucaliptus a favor de dos grupos económicos (Matte: CMPC y Angelini: ARAUCO –CELCO), causante de la depredación y graves impactos a los territorios y a las poblaciones, generando verdaderos asesinatos de la vida rural, tanto en aspectos sociales, ambientales, culturales y económicos.

    Hoy, a pesar del escenario devastador causado y además, de descontrolados incendios en el sur de Chile que año tras año se repiten en temporada estival,  ya que su composición inflamable propician catástrofes, se busca proyectar nuevamente este instrumento fáctico para intensificar la introducción de plantaciones de estas especies en tierras de comunidades Mapuche y en sectores campesinos chilenos, con diversos riesgos y que conllevará además, la expansión de la contaminante industria de celulosa-papelera .

    No solo  queda a la palestra la responsabilidad política de quienes dicen representar los intereses de la ciudadanía, sino, además, se cruzan diversas situaciones que ponen en relieve la crisis de este tipo de institucionalidad estatal chilena y diversos aspectos éticos y morales, ya que, las empresas forestales, que son beneficiadas con esta iniciativa legislativa, son financistas de partidos políticos y de campañas electorales a diversas representaciones del binominal; y por otra, se impone una iniciativa que se hace de manera inconsulta con los pueblos indígenas, transgrediendo el Convenio 169 de la OIT y la declaración ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.

    Asimismo, se da nuevamente la espalda a las posibilidades de desarrollo con identidad y pertenencia en los territorios del centro sur de Chile de acuerdo a los intereses y necesidades de los habitantes, que deja en evidencia a quienes realmente están por los derechos humanos y la vida democrática y por otra, a quienes están por el legado del pinochetismo, la devastación y la corrupción.

    Representaciones sindicales de CONAF en junio del 2013, en el marco de votaciones de la idea de legislar la renovación del DL 701,   apuntaban  a los senadores Sabag (DC), Zaldivar (DC), Larrain (UDI) y Kushel (RN), señalando  que no están dadas las condiciones mínimas para aprobar el proyecto de renovación del DL 701 por cuanto no existe la institucionalidad pública forestal que administre el sistema, indicando que los parlamentarios mencionados tienen empresas o predios forestales de acuerdo a la información pública emanada de sus declaraciones de intereses y patrimonio lo que los inhabilitaría constitucional y legalmente para votar de manera desinteresada e imparcialmente el presente proyecto de la ley, solicitud que formularon. En el caso de Hernán Larrain, se planteaba que  es cónyuge de la Sra. Magdalena Matte, quien a su vez es prima de Patricia, Eliodoro y Bernardo Matte Larraín, actuales controladores de Empresas CMPC.

    Señalaron también:  “Finalmente deseamos conocer que Senadores reciben apoyo financiero para sus campañas políticas de parte de los grandes grupos forestales: Matte (CMPC), Angellini (ARAUCO) y MASISA a fin de que igualmente adopten la decisión de inhabilitarse en la votación de la presente ley”, reafirmando que lo planteado estaba con el ánimo de transparentar la información que es de interés público y colaborar con la función legislativa, haciendo cumplir el reglamento de Senado, la Constitución y las Leyes. Mencionaban las representaciones sindicales a través de un comunicado público.

     

    Los grupos económicos forestales

    Dentro de las menciones que hizo el diario  la segunda sobre los apoyos económicos de manera transversal a partidos políticos del binominal, son los Matte, del holding CMPC, con una fortuna que supera los once mil millones de dólares según forbes, cuya empresa Forestal Mininco es su eje con una superficie con más de  750.000 hectáreas de terreno más diversas plantas de la contaminante industria de celulosa – papelera. Este grupo económico se ha caracterizado por ubicarse políticamente en los sectores de la ultra derecha chilena, incluso, tuvieron como encargado de seguridad a través de una empresa externa (Ossepar) a un ex funcionario de la CNI (Central nacional de inteligencia de la dictadura militar de Pinochet), llamado Alfredo Rodríguez, que operó en el sur de Chile a fines de los noventa y principios del dos mil. Ligados directamente al aparato de poder político estatal y a quienes se les sindica, junto al empresario Agustín Edwards, de ser uno de los principales artífices en la aplicación de políticas de violencia y criminalización a causas Mapuche por reivindicación de tierras ancestrales.

    Por su parte, Angelini, del holding COPEC, tiene como principal empresa en el área forestal a Arauco – Celco, con más de un millón doscientas  mil hectáreas en Chile y diversas plantas de celulosa-papelera que han sido denunciadas en varias oportunidades por desastres ambientales. La fortuna inicial del patriarca fallecido (Anacleto) se ha distribuido, pero se estima que supera los seis mil millones de dólares en su sobrino heredero, Roberto Angelini , quien está a la cabeza de los negocios. En este contexto, se les ha visto cercano a la democracia cristiana, particularmente a los Zaldivar, de hecho han trabajado para él y han tenido acciones en sus empresas, incluso un hermano del Senador, Felipe Zaldivar, es Gerente General de una empresa pesquera. A esto se suma en los directorios de las empresas de Zaldivar una larga lista de ejecutivos ligados como militantes a partidos políticos de la Concertación, la alianza e incluso ex funcionarios del régimen militar. Cabe recordar la polémica generada el 2013 por los pagos realizados por este grupo económico a parlamentarios antes que se votara la Ley de pesca, considerando que tiene la mayor empresa pesquera en Chile.

     

    La prórroga del decreto ley 701

    Esta iniciativa legal de prórroga a veinte años y que se discute  en el congreso de Chile, considera ciertas modificaciones que potencian la entrega de “estímulos” a esta actividad, contemplando un incentivo sobre los costos de producción y agrega nuevas formas como el de “servicios ambientales”. Esta medida ha sido celebrada por diversos sectores políticos legislativos del oficialismo y la oposición y se ha considerado como un importante “beneficio y oportunidad” según han indicado sectores pro forestales.

    Cabe mencionar que esta nueva estrategia, beneficia a las grandes compañías, ya que no necesitan adquirir más predios que signifique correr los riegos de conflictos y disputas territoriales con vecinos, como el caso de las comunidades mapuche, sino, anexan de manera encubierta los predios de comunidades y campesinos, incentivados por la oferta que hace el Estado, siendo las propias empresas las que tendrán luego el poder adquisitivo de las cosechas de estas plantaciones. Para este fin, los servicios públicos vinculados al quehacer rural, como CONAF  e INDAP que promueven el negocio forestal de especies exóticas en monocultivos de pino y eucaliptus. Asimismo, tampoco corren el riesgo de que nuevas ´plantaciones se infesten de plagas, como la avispa taladradora, descontrolada en vastas zonas y que ha llevado al SAG a establecer cuarentenas.

     

    Los graves impactos de la industria forestal y pretenden doblar superficie

    Los impactos de la industria forestal son altísimos y empresarios y ciertos grupos políticos pretenden proyectar una expansión al doble. Es decir, si hoy bordean las superficies de pino y eucaliptus en tres millones de hectáreas, algunos sacan cálculos y “visionan” llegar a cinco e incluso seis millones de hectáreas en unos años más.

    Según cálculos de CONAF en el gobierno de Ricardo Lagos, en la región de la Araucanía existen más de 169 mil hectáreas de “aptitud forestal”, las que son parte de los 2 millones 300 mil hectáreas en el país que buscan ser plantadas por estas especies, concentradas mayoritariamente en el centro sur de Chile, según han estimado, con bonificaciones de arcas del estado en millones de dólares para tal fin.

    En una  opinión del director ejecutivo de CONAF en el gobierno de Piñera, Eduardo Vial Ruiz-Tagle señaló: “Cabe hacer presente que éste es un incentivo de alto interés para las comunidades indígenas. Durante los últimos 8 años, se han entregado 12.522 bonificaciones al mundo indígena, con una superficie de 37.408 hectáreas de forestación y manejo, que corresponden a un cuarto de las bonificaciones pagadas en todo el país en este mismo período…”

    Al respecto, son múltiples los impactos de esta industria, algunos más visibles son: Desplazamiento del Bosque Nativo; Pérdida de los Recursos hídricos, superficiales y subterráneos que ha sido una de las constantes denuncias entre la IX y X regiones (Los monocultivos exóticos actúan como verdaderas bombas de agua); Uso indiscriminado de plaguicidas y contaminación de ecosistemas; Acorralamiento de comunidades rurales por los monocultivos; Destrucción de caminos rurales y polución por el tránsito de la maquinaria pesada, principalmente en tiempos de cosecha; Pérdida de Flora y Fauna (también plantas medicinales y alimenticias) ante el desplazamiento del Bosque; Suelos ganaderos y agrícolas reemplazados para la introducción de forestales industriales lo que conlleva a la pérdida de soberanía y seguridad alimentaria; Transgresión de lugares sagrados; Aumento emigración (disminuye fuente laboral) y pobreza en lugares de alta concentración Forestal; Peligros de plagas como la avisa taladradora, son parte de algunas consecuencias que diversas comunidades y organizaciones han venido sosteniendo.

    Cabe mencionar que numerosos antecedentes muestran que las comunas ocupadas por monocultivos forestales (Maule, Bío Bío y La Araucanía) registran una disminución en la disponibilidad de agua y los mayores índices de desempleo, emigración y pobreza del país.

    Un ejemplo de esto último, es lo ocurrido el verano pasado donde la sequía de agua se intensificó en diversos lugares a causa de los fenómenos naturales y los lugares comunales en la Región de la Araucanía con mayor escases son coincidentes con los que existe la mayor concentración de plantaciones forestales. De esta forma entre enero y febrero del 2012, fueron más unas 46.000 personas de zonas rurales las afectadas por la falta de agua y con serios trastornos a su agricultura de subsistencia, hechos que llevaron a establecer un decreto de emergencia agrícola a finales de febrero en las comunas de: de Ercilla, Collipulli, Lumaco y Los Sauces, en la Provincia de Malleco, además de Temuco, Padre Las Casas, Cholchol, Imperial, Carahue, Galvarino y Perquenco, en la Provincia de Cautín.

    Asimismo, las localidades forestales entre el Bio Bio y la Araucanía, a pesar de las abultadas utilidades que perciben las compañías, son lugares donde se concentran los mayores niveles de pobreza. Asimismo, pueblos que son centros medulares de la actividad forestal prácticamente son poblados “fantasmas” y donde existe un notable aumento emigratorio.

    Es importante señalar que suelos ganaderos, de bosque nativos o agrícolas – frutícolas, han sido devastados y reemplazados para la introducción de plantaciones de pino y eucaliptus lo que conlleva a la pérdida de soberanía y seguridad alimentaria y a su vez, a fuentes activas de trabajo lo que sobrelleva a zonas con alto índice de desempleo, al aumento de las emigraciones, al desplazamientos de población rural y en general, a verdaderos éxodos poblacionales.

    De acuerdo a los resultados preliminares del Censo 2012, considerando la variación inter-censal con el 2002, contempla, a modo de ejemplo en la Provincia de Malleco, a la comuna de Ercilla con una disminución de -11,2 % de su población. Lumaco, que ya había tenido una disminución de -7,2 % hoy presenta una nueva y estrepitosa baja de -15,2 %. Los Sauces, que al 2002 había bajado en -15,6 hoy tiene una disminución poblacional de -5,7 % . Por su parte, Traiguén disminuyó en -12,1 % y Purén en – 8 % menos.

    En la Provincia de Cautín, haciendo la misma relación de zonas con mayor concentración forestal y disminución de la población está Carahue con – 2,8 %; Loncoche con -4,9 %; Y otras zonas que presentan un estado de transición al modelo forestal, presentan intensas bajas, como ocurre con la comuna de Saavedra donde disminuyó la población a -18,8 % o Cunco, donde la baja fue de -14,9 %. Asimismo, otras comunas con alto porcentaje de plantaciones en sus suelos, tuvieron un nulo o insignificante aumento de población en comparación al 2002.

    La Fundación para la superación de la pobreza, de acuerdo a datos oficiales, señala que el escenario para las zonas rurales en la Región de la Araucanía parece ser más crítico sobre todo para la pobreza indigente que del 6,5 el año 2006 sube a un 9,9 el 2009. La situación para los pobres no indigentes presenta una variación menos significativa, pero igualmente llega a un crítico 15,1%.

    Al año 2009, otras comunas forestales o en transición y que enfrentan estas situaciones de acuerdo a los datos oficiales como la encuesta CASEN que han sido recabados por la fundación, incluye tasa promedio de pobreza, entre otras: Cunco 30,7 % (con intervalo de confianza con límite superior a 38,1 % ), Galvarino 21,4 % (con intervalo de confianza con límite superior 26,0 % ), Saavedra 28,8 % (con intervalo de confianza con límite superior 41,6 % ), Chol Chol 37,2 % (con intervalo de confianza con límite superior a 45,6 % ), Angol 40,7 % (con intervalo de confianza con límite superior a 59,3 % ), Collipulli 34,7 % (con intervalo de confianza con límite superior a 43,4 %), Ercilla 36,1 % (con intervalo de confianza con límite superior a 44,9 % ), Los Sauces 34,9 % (con intervalo de confianza con límite superior a 46,8 % ), Lumaco 35,9 % (con intervalo de confianza con límite superior a 40,8 % ), Purén 38,0 % (con intervalo de confianza con límite superior a 49,5%), Renaico 28,1 % (con intervalo de confianza con límite superior a 39,5% ), Traiguén 28,7 % (con intervalo de confianza con límite superior a 40,3 % ), Victoria 31,8 % (con intervalo de confianza con límite superior a 34,2%), Carahue 33,5 % (con intervalo de confianza con límite superior a 46,9 %).

    Ante este escenario, se hace imperioso abrir una nueva oportunidad para discutir sobre un nuevo marco normativo de fomento forestal, bajo criterios democráticos y que vayan de acuerdo con los intereses y necesidades de los habitantes de los diversos territorios y sus economías locales, en caso contrario, el legado de muerte, depredación, injusticia y corrupción como herencia de la dictadura, continuará reinando.

     

    Alfredo Seguel

     

    INFORMACIÓN RELACIONADA

     

    Denuncian conflicto de intereses en votación por proyecto ley pinochetista de fomento forestal / http://olca.cl/articulo/nota.php?id=103227

     

    Quiénes son los mecenas de la política chilena / http://www.lasegunda.com/Noticias/Impreso/2012/04/737898/los-mecenas-de-la-politica

     

    Los partidos políticos y el conflicto de intereses en la prórroga de ley pinochetista sobre fomento forestal / http://www.mapuexpress.net/content/news/print.php?id=10461

     

    Decreto Ley 701 y fomento forestal: La extensión de la dictadura o el respeto a los Derechos Humanos / http://www.mapuexpress.net/content/news/print.php?id=9483

     

    Organizaciones califican a director de CONAF de autoritario e irresponsable ante dichos en defensa de ley forestal pinochetista / http://www.mapuexpress.net/content/news/print.php?id=10459

     

    Sumario informativo: El conflicto público por ley fomento forestal de decreto dictatorial pro industrias forestales / http://www.mapuexpress.net/content/publications/print.php?id=7947

     

    Estamos en ALERTA con el Proyecto Ley de Fomento Forestal- Noticias / http://chilcocoarauco.blogspot.com/2014/01/estamos-en-alerta-con-el-proyecto-ley.html

     

    Videos:

    https://www.youtube.com/watch?v=uhSZ41NwlR8

    https://www.youtube.com/watch?v=Tvg4DSQ71Wk

    https://www.youtube.com/watch?v=r2GC0q3W808

    http://www.youtube.com/watch?v=CPC-gfRloas

    http://www.youtube.com/watch?v=lH8WMKNXNNw

    http://www.youtube.com/watch?v=0u349Xv1FDI&feature=youtu.be