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  • Wallmapu sin TPP y Anamuri ante la Comisión de Relaciones exteriores.

    Wallmapu sin TPP y Anamuri ante la Comisión de Relaciones exteriores.

     

    Integrantes de diversas organizaciones de Wallmapu sin TPP presentaron sus argumentos para el rechazo de este tratado ante la Comisión de RREE

    Ximena Cuadra

    04 junio 2019

    En la sesión de hoy del 4 de junio, en la Comisión de Relaciones Exteriores del la Cámara del Senado presentaron la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI y la Plataforma Wallmapu sin TPP entregando argumentos económicos, sociales y políticos para rechazar el TPP11. De parte de ANAMURI, Camila Montecinos presento una síntesis de los argumentos claves levantados por varios estudios que dan cuenta de los riesgos de la aprobación de este tratado comercial para la soberanía nacional, para el derecho laboral, para la economía y para el resguardo de las semillas como patrimonio de los pueblos. Uno de los mitos que derriba la presentación de esta organización es que la economía de la agro-exportación, que fomenta el TPP11 no ha aumentado el empleo después de décadas en que se ha instalado en el país. También deja ver la imbricada relación que existe entre el TPP, que obliga a la ratificación del Convenio UPOV91, con la privatización de las semillas, recordando que su protección es parte de las obligaciones del estado de Chile al haber ratificado la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajen en Zonas Rurales. Con esta exposición quedó abierta la pregunta respecto a los impactos económicos a escala local y desagregada por regiones y comunas, tipos de trabajadores. En efecto, la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, DIRECON, entidad gubernamental a cargo del TPP11 no dispone hasta ahora de ningún estudio que haya podido ser debatido en el parlamento a este respecto. Los datos hasta ahora discutidos se refieren a los impactos en la macro-economía de la agro-exportación, sin referirse a los sectores y territorios que serán impactados, ni los derechos humanos vulnerados.

     

    Por parte de las organizaciones de Wallmapu sin TPP, presentaron su posición las lamgen de Kurarrewe, De Az Mapu y de la Red de Acción por los Derechos Ambientales, RADA. De la comuna de Kurarewe, Anita Epulef, en representación de la Feria Walung y de las mujeres cocineras de su territorio, se refirió a los impactos de este tratado para el quehacer alimentario y para el resguardo de las semillas, subrayando que, debido a los altos impactos en territorios indígenas, este tratado se debió haber consultado y conocido a escala local. Ely López, Werken del Consejo Medioambiental y Cultural Lof Trankura, se refirió a los impactos de las transnacionales en los territorios que impactan el acceso a las aguas y advierte a los parlamentarios que observando la realidad local de este tipo de industrias extractivas, que han empobrecido a la región, este tratado debe rechazarse. La lamgen Ana Llao de la organización Az Mapu subraya los principios de la filosofía mapuche que defiende el Itxofil Mongen, que es un elemento fundamental para comprender por qué los mapuches se oponen a la economía que fomenta el TPP11. Destacó la capacidad de diálogo que tienen las organizaciones mapuche que vinieron al parlamento a exponer sus puntos de vista, cuando este documentos debió haber sido antes deliberado con los pueblos indígenas afectados. Pero además advierte que la reivindicación es por una consulta indígena libre, previa e informada, no como la consulta indígena actual referida a las modificaciones propuestas por el gobierno de Piñera a la Ley Indígena que se está realizando con policía militarizada. Alejandra Parra, de la RADA se refirió a los riesgos para la cohesión social que significa este tratado. Subraya que si éste hubiera sido sometido a un debate democrático, sería rechazado, pues no hay ninguna organización ciudadana ni de pueblos indígenas que apoye su aprobación. Son sólo las grandes corporaciones las que lo defienden, sentenció. Finalmente, Raquel Marillanca Loncopan, entregó la Revista Ají pa’ Tu Caldo, una producción que presenta a las mujeres de Kurarewe y su patrimonio alimentario y que da cuenta de la diversidad agroecológica y cultural que existe en el territorio del cual ellas provienen.

     

    Ante el cuestionamiento a por qué no se había hecho una consulta indígena, los parlamentarios no tuvieron respuesta inmediata. Se identificó un documento de la Subsecretaria de Desarrollo Social del Gobierno de Michel Bachelet que indicó que la Consulta Indígena no era necesaria y señalaron que esto debía ser discutido, afirmó Alejandro Guillier. Las asistentes enfatizaron en que un tratado comercial que tenía este nivel de impactos sobre los derechos humanos de campesinos y de pueblos indígenas no podía ser llevado adelante sin una amplia discusión que analizara sus efectos.

     

    El video de la Sesión se encuentra disponible en: http://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/relaciones-exteriores/comision-de-relaciones-exteriores/2019-06-04/122449.html

     

  • Gobierno elige el 8 de marzo (día internacional de la mujer) para suscribir en Chile cuestionado tratado TPP

    Gobierno elige el 8 de marzo (día internacional de la mujer) para suscribir en Chile cuestionado tratado TPP

    Se confirmó que el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP-11) se firmará en Chile, lo que fue valorado por el Gobierno. Sin embargo, desde la Plataforma Chile Mejor sin TLC manifestaron que la iniciativa puede perjudicar gravemente derechos sociales.

    Por Sofía Navarro

    Radio Universidad de Chile

    El próximo 8 de marzo Chile será escenario de la firma del nuevo acuerdo económico Transpacífico, conocido como TPP-11 tras la salida de Estados Unidos.

    El tratado será firmado también por Australia, Brunei, Canadá, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, países que pretenden abarcar el 40% del Producto Interno Bruto (PIB) del mundo.

    Desde la plataforma Chile Mejor sin TLC, que reúne distintas agrupaciones,  preparan protestas para ese día y se declaran sorprendidos por los avances del Gobierno en la firma del TPP-11 y, también, en la tramitación del Ejecutivo en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Uruguay.

    Lucía Sepúlveda, parte de Red de Acción en Plaguicidas e integrante de la plataforma, rechazó la firma de ambos acuerdos, a menos de un mes que la Presidenta Michelle Bachelet deje el poder: “Antes de firmar y ratificar ningún nuevo acuerdo, debe haber una evaluación integral de lo que ha sido el impacto de los anteriores. Hay que ver los impactos en materia de salud, trabajo, medio ambiente, etc. Cuando se habla de los tratados solamente se habla del comercio y, en realidad, los tratados van mucho más allá del comercio”, explicó a Radio Universidad de Chile.

    Sepúlveda añadió que “antes Chile era otro, no discutía prácticamente lo que hacía el Parlamento. Los tratados se aprobaban en secreto y nadie decía nada, pero también estamos hablando de otro tipo de tratados, menos abarcadores que éstos”.

    “Pensamos que en el país del siglo XXI, con una nueva ciudadanía más empoderada, no es posible seguir con las prácticas del pasado. Los nuevos Gobiernos tienen que entender que el secretismo ya no funciona, que hay una ciudadanía que está pendiente de lo que hace el Gobierno y Parlamento”, dijo.

    Chile Mejor sin TLC solicitó al Parlamento ejercer su responsabilidad y no seguir votando tratados sin previa revisión, tanto del documento como de las consecuencias que podría traer.

    Además, la plataforma acusó a la Cancillería de mantener en la ignorancia a la ciudadanía al no dar a conocer estudios ni el texto del TPP-11.

    En una declaración pública, la organización también cuestionó “una supuesta perspectiva de género” de los TLC, que “no hacen sino conservar la antigua división sexual del trabajo, relegando a las mujeres a las labores de cuidado y reproducción de la humanidad, las que siguen siendo desvalorizadas, al igual que nuestro trabajo asalariado”.

    El escrito fue firmado por 37 organizaciones y particulares y se puede leer completo en este enlace.

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    Secretismo y perjuicio: Las críticas al TPP que Chile firmará en marzo

    Se confirmó que el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP-11) se firmará en Chile, lo que fue valorado por el Gobierno. Sin embargo, desde la Plataforma Chile Mejor sin TLC manifestaron que la iniciativa puede perjudicar derechos sociales como, por ejemplo, la salud. Además, criticaron la falta de información respecto del contenido del tratado.

    Por Karina Palma

    Radio Universidad de Chile

    Ministerial Representatives from 12 countries take part in the signing of the Trans-Pacific Partnership agreement in Auckland on February 4, 2016. / AFP PHOTO / MICHAEL BRADLEY

    Para el próximo 8 de marzo, justo antes de que termine el gobierno de Michelle Bachelet, está programada la firma del TPP-11 . El canciller Heraldo Muñoz manifestó que “es una gran noticia para la creación de empleo y prosperidad en la región Asia-Pacífico”.

    La iniciativa reúne a Chile, Brunéi, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Canadá, Japón, Malasia, México, Perú y Vietnam, 11 países que forman parte de la formación original del TPP, sin Estados Unidos, que se retiró en enero del año pasado por decisión del Donald Trump.

    Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, comentó que es muy poco lo que se sabe sobre este acuerdo. Según advirtió, el secretismo suele ser una constante en la firma de tratados de libre comercio, ya sean bilaterales o multilaterales.

    “En general, no se llevan muy bien la firma de los tratados de libre comercio con la democracia, porque suelen ser las autoridades quienes, sin consultar a la ciudadanía, suscriben estos acuerdos. Después el Congreso los ratifica y es en ese instante donde se abre mínimamente una discusión, pero por un periodo bastante corto”, sostuvo.

    A pesar de los buenos comentarios por parte del Gobierno respecto del TPP, el investigador indicó que no existe evidencia empírica que compruebe los beneficios de estos acuerdos para los países de ingresos medios o bajos, como el caso chileno.

    “Los países que imponen las banderas de libre comercio son los que utilizaron el proteccionismo para ser lo que llegaron a ser. Ellos crecieron gracias a que protegieron sus industrias y ciertas actividades económicas. Ahora invitan a que otros países abran sus fronteras, pero quienes se terminan favoreciendo son las élites”, advirtió.

    En esa línea, agregó que “se está poniendo en jaque la soberanía de los pueblos, en la medida en que se limita el poder de las decisiones que se pueden tomar más adelante en servicios vinculados a derechos sociales como salud, educación y previsión. A esto se suman otras aristas, como empresas vinculadas a la minería o a otras industrias que podrían limitar el poder de decisión de, por ejemplo, considerar un royalty más alto”.

    Tomás Lagomarsino, presidente de la Fundación Equidad y miembro de la Plataforma Chile Mejor sin TLC, explicó que luego de la salida de Estados Unidos, los 11 países restantes decidieron continuar con el acuerdo, casi sin modificaciones. Según comentó, solo suspendieron las indicaciones que incluyen al país norteamericano, las cuales pueden volver al momento que EEUU revierta su decisión.

    Para el médico, la firma de estos tratados perjudica derechos sociales como la salud. “Cuando uno firma un tratado de libre comercio no solo flexibiliza las fronteras para importaciones y exportaciones, sino que adicionalmente estandariza entre distintos países cierta reglamentación que puede afectar temas sensibles como propiedad intelectual y servicios. Al hacer esto, muchas veces se encarecen ciertos precios, como el de los medicamentos, y se restringe el libre acceso a cosas como las semillas o las libertades en la red”.

    En detalle, Lagomarsino sostuvo que uno de los temas más sensibles de estos tratados es el punto denominado “resolución de controversias”. Esto refiere a aquellas medidas que pueden implementar las transnacionales cuando los gobiernos implementan nuevas políticas públicas que vayan en contra de sus negocios, específicamente, contra las expectativas razonables de ganancias que tienen las compañías de capitales extranjeros.

    “Si el Estado chileno cambia políticas públicas o implementa nuevas leyes que pueda perjudicar a las empresas transnacionales, éstas podrían demandar por considerables montos de dinero ante los tribunales que viene a establecer el Tratado Transpacífico. Si estas compañías ganan, el dinero saldrá del Fisco, es decir, de los impuestos que pagamos todos los chilenos”, afirmó.

    Luego de la firma, el TPP-11 tendrá que ser ratificado por los parlamentarios. Sin embargo, consultados por este medio, distintos diputados señalaron que hasta el momento no han sido informados del acuerdo. En tanto, desde las organizaciones advirtieron que las modificaciones solo se pueden llevar a cabo mientras los países discuten, lo que no es público.

    Según datos de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), Chile es el país que más Acuerdos de Libre Comercio ha firmado, con un total de 26.

  • Chile, México y Perú exponen sobre impactos de los acuerdos internacionales en los DD.HH en la CIDH

    Chile, México y Perú exponen sobre impactos de los acuerdos internacionales en los DD.HH en la CIDH

     Domingo 4 de diciembre 2016 por Abya Yala Internacional

    A la audiencia ante la CIDH asiste una delegación con representantes indígenas y de sociedad civil que forman parte de las entidades peticionarias de los tres países, además del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas.
    Atendiendo a la petición remitida por un conjunto de organizaciones indígenas y de sociedad civil de Chile, México y Perú, en la que se alerta sobre los graves impactos que tienen los acuerdos comerciales (como el TPP) en los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió conceder una audiencia temática especial para recabar mayores antecedentes, en el marco de su 159º Periodo Ordinario de Sesiones, que tiene lugar del 01 al 07 de diciembre en Panamá.
    La reunión que se llevará a cabo el próximo 7 de diciembre busca exponer, por ejemplo, la amenaza que representan los mecanismos de solución de controversias para la adopción de políticas públicas en favor de derechos de las personas, debido al efecto inhibidor y de inacción que estos tienen en los estados.
    Los denunciantes también cuestionan la ausencia, y denegación en el caso de Chile, de someter a consulta indígena el TTP, como obliga el Convenio 169 de la OIT frente a medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectar sus derechos, como es el caso de los acuerdos comerciales y de inversión que profundizan los proyectos extractivos y de infraestructuras que se imponen en sus territorios ancestrales, como establece en su informe 2015 la Relatora Espacial de la ONU sobre Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.
    Otros aspectos destacados en la solicitud de audiencia, son las disposiciones del capítulo de propiedad intelectual del TPP, como la extensión de los derechos de autor; los riesgos de la patentación de la semilla (UPOV-91) y su impacto en la soberanía alimentaria; el aumento de años de protección de la información de medicamentos, que retrasan la entrada de versiones genéricas y comprometen los recursos de salud pública, entre otros.
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    Qué es y qué esconde el TPP o Acuerdo de libre comercio transpacífico

    El TPP es un acuerdo de libre comercio ventajoso para los EUA, hace añicos la soberanía de los países firmantes poniendo por encima de ellos el poder de los monopolios trasnacionales, quienes podrán reclamar hasta el pago por “pérdidas” si los estados imponen medidas proteccionistas en sus respectivos países.

    ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de EEUU al impulsar el TPP? ¿Por qué muchas de sus cláusulas se han negociado en secreto?

    Por Florentino López Martínez.

    En Atlanta, Estados Unidos, el pasado 5 de octubre de 2015, culminó la negociación para imponer el Acuerdo Estratégico de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés); se trata del tratado de libre comercio más grande de la historia de la humanidad, el proceso de negociación se llevó a cabo en absoluto secreto durante los últimos 5 años, aunque desde la llegada de Barack Obama a la presidencia de los EUA se tenía proyectado, para acrecentar el poder económico de los grandes consorcios norteamericanos.

    El TPP, abarca un territorio de 12 países: Australia, Canadá, Chile, Brunéi, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, México, Perú, Singapur, Vietnam y Estados Unidos de Norteamérica (EUA); ubicados en zonas estratégicas de ambos laterales del Pacífico, con una población de cerca de 1000 millones de habitantes, estos países representan el 25% de las exportaciones globales y el 40% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.

    Las intenciones de EEUU al promover el TPP, son definitivamente monopólicas.

    Recientemente, la prensa internacional, algunos sindicatos, como la AFL-CIO y en particular Wikileaks, han sacado a la luz algunos de los contenidos del TPP, partiendo de esa poca información disponible podemos establecer algunas consideraciones:

    1.- El TPP es un acuerdo de libre comercio ventajoso para los EUA, hace añicos la soberanía de los países firmantes poniendo por encima de ellos el poder de los monopolios trasnacionales, quienes podrán reclamar hasta el pago por “pérdidas” si los estados imponen medidas proteccionistas en sus respectivos países.

    2.- En torno al llamado derecho del autor o derecho de patente, el TPP tiene dos aspectos sumamente agresivos. El primero, se refiere al control absoluto de la información que circula en los distintos medios masivos de comunicación, en particular la Internet, según las cláusulas de este tratado no se podrá propagar información en cualquier país si no se tiene comprado el derecho correspondiente.

    3.- El otro aspecto del derecho de Patente, que se refiere a la industria farmaceútica es genocida; impone 12 años de exclusividad a los magnates norteamericanos, y durante ese tiempo se prohibe la producción de medicamentos genéricos, lo que encarecerá severamente el precio de los medicamentos.

    4.- El TPP es un tratado privatizador que elimina toda posibilidad de subsistencia de las empresas estatales y paraestatales, obliga a los estados a finiquitar el proceso de privatización de éstas.

    5.- El acuerdo pone en bandeja de plata todos los recursos naturales y agrícolas de los países firmantes a merced de los monopolios trasnacionales, obligando a los estados a modificar sus legislaciones para garantizar el saqueo de sus recursos.

    6.- Obliga a los estados miembros a modificar sus legislaciones laborales, para garantizar una mayor explotación de la fuerza de trabajo; esto no sólo tiene consecuencias para los países económicamente dependientes, también para la clase obrera norteamericana, que tendrá como presión el traslado de sus fuentes de empleo a otros países, y con ello la disminución de sus respectivos salarios y la pérdida de empleos.

    7.- El TPP tiene como uno de sus objetivos estratégicos, aislar y acorralar a la economía China, la segunda economía más poderosa del mundo. El mensaje de Obama fue claro en esta dirección: “No podemos permitir que países como China escriban las reglas de la economía global, nosotros debemos escribir esas reglas…”.

    8.- Lo referente a la cuestión militar, se ha mantenido en absoluta secrecía, sin embargo, algunos analistas mencionan que una cláusula principal en el TPP pretende reforzar la presencia militar de los EUA en la cuenca Asia-Pacífico, a pesar de que actualmente ya cuenta con presencia militar en 135 países de todo el mundo.

    Aparte del TPP, los EUA están en proceso de negociación de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP por sus siglas en inglés) que se lleva a cabo con la Unión Europea, de concretarse este acuerdo de libre comercio, impactaría sobre el 60% del PIB mundial, 33% del comercio en bienes y 42% en comercio de servicios; este tratado tambien lleva varios años negociándose en secreto, y tiene las mismas características que el TPP según las pocas filtraciones que se han hecho sobre su contenido.

    Por si fuera poco, un tercer acuerdo de libre comercio que está negociando en secreto EUA desde hace 6 años, es el denominado Acuerdo de Comercio de Servicios (TISA por sus siglas en inglés), que afectará a 50 países: Unión Europea, Japón, Canadá, Colombia, Chile, México, Australia, y Corea del Sur; este acuerdo abarca un 68% del comercio mundial en servicios y pretende regular de manera supranacional, los servicios financieros, de salud, agua, telecomunicaciones y tranportes principalmente, restringiendo toda la capacidad de los gobiernos sobre estos servicios, obligándolos a la privatizatización y entrega a los emporios yanquis.

    El TPP ahora tendrá que pasar a la aprobación de los órganos correspondientes de cada uno de los países, en el caso de México y los EEUU, habrá de ser ratificado por los senadores; de consolidarse, entraría en vigor en el 2017.

    De prosperar las negociaciones secretas para implantar el TISA y el TTIP, junto con el TPP, le daría el control a EUA sobre el 80% del valor del PIB mundial, que lo ratificaría como la primera potencia. Estos acuerdos sin duda buscan revirar la pérdida de la capacidad de influencia que le trajo la crisis económica internacional del 2007-2009 a EUA y el incremento de la presencia China en el escenario internacional.

  • ¿Por qué la CUT en Chile no se pronuncia contra el TPP?

    ¿Por qué la CUT en Chile no se pronuncia contra el TPP?

    Lucía Sepúlveda:

    Las centrales sindicales norteamericanas se han pronunciado contra el TPP y acá la CUT no ha dicho nada

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    RESUMEN

    [resumen.cl] La vocera de la Plataforma Chile Mejor sin TPP, Lucía Sepúlveda Ruiz, y la diputada Clemira Pacheco expusieron en la conferencia “El Impacto en el Ordenamiento Jurídico y Derecho Laboral del TPP en Chile”, organizada por la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial, Regional Concepción – Arauco, llevada a cabo este lunes en dependencias de los Tribunales de Justicia.

    El Acuerdo Transpacífico (TPP) está conformado por una serie de cláusulas elaboradas en completo secreto y bajo los dictados de representantes empresariales, sin que la población ni los congresistas de cada Estado adscrito pudieran conocer su contenido mientras se preparaba. La razón de ello se explica por el propósito del TPP de sofisticar el control de las empresas sobre la política de las naciones y, así, maximizar sus ganancias a costa de la anulación de garantías sociales.

    Hasta ahora, el TPP no está aprobado. En el Congreso se decidirá su entrada en vigor, por ello las organizaciones, alertadas sobre las graves consecuencias que implicaría su aprobación, han trabajado en informar a la población e interpelado a Diputados y Senadores sobre su apoyo o rechazo a este nefasto Acuerdo. Y así fue que a Clemira Pacheco se le consultó si votará contra el TPP, a lo cuál respondió que sí, lo rechazará.

    Por su parte, Lucía Sepúlveda hizo una revisión de las repercusiones de la posible implementación del TPP, entre las cuales está la anulación de los beneficios de la Ley Ricarte Soto, en tanto, los productos farmacéuticos biológicos, utilizados en tratamientos de enfermedades oncológicas e inmunológicas, tendrán tres años más de “protección de datos”. Esto significa que, si en Chile entra en vigor este Acuerdo, los laboratorios fabricantes de estos productos llegarán a tener 8 años de exclusividad para su elaboración y, de ese modo, imponer el costo de ellos. Ante esta situación, el propio Ministerio de Salud, calculó que:

    “cada año adicional de protección de datos generará una pérdida anual de 770 millones de dólares, lo que equivale a 540 mil millones de pesos, es decir, se podrían financiar anualmente más de 5 Fondos de Tratamiento de Alto Costo por cada año de extensión de protección de datos”.

    Si se considera que la Ley 20.850, conocida como Ricarte Soto, contempla la creación de solo un Fondo de Tratamiento de Alto Costo, se puede concluir que los efectos de ésta quedarán anulados en el caso de la aprobación del TPP.

    Otra situación preocupante es la obligación de cualquier Estado adherente al TPP de suscribir el Convenio UPOV 91, el cual impone a los Estados el establecimiento de normas destinadas a la privatización de variedades vegetales que tengan cualidades absolutamente equívocas, permitiendo a empresas controlar su uso, solo mediante la ejecución de trámites. Si una empresa o persona natural se constituye como “obtentor” de una variedad vegetal puede imponer diversas condiciones a quienes utilicen ejemplares de ésta o alguna de sus partes, como las semillas. El pago por el uso de ejemplares de las variedades vegetales “protegidas” por el obtentor es una de las condiciones más usadas, causando el encarecimiento de los productos vegetales, por los cuales habrá que pagar para reproducir, y la criminalización de quienes continúen cultivando variedades asignadas a un obtentor sin someterse a sus condiciones, pues el Estado se obliga a vigilar y sancionar las prácticas contravenidoras al Convenio.

    También ha generado gran alarma pública el compromiso que adquiriría el Estado a someterse a los Sistemas de Arbitraje de Diferencias Inversor-Estado, donde una empresa puede concurrir para exigir al Estado el resarcimiento de lo que considere pérdidas provocadas por alguna medida o situación ocurrida en el territorio bajo su jurisdicción. Esta obligación preocupa a diversos sectores, en tanto los Sistemas de Arbitraje registran laudos [fallos], en su mayoría, favorables a las empresas. Por ejemplo, en el caso de uno de los Sistemas más utilizados a nivel mundial, el CIADI [Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones], se registra que un 74% de sus laudos han dado razón total o parcialmente a las reclamaciones de las empresas litigantes. En un 25%, el CIADI ha declinado ejercer jurisdicción y sólo en el 1% de los laudos ha declarado que las reclamaciones carecen de mérito jurídico para considerarlas válidas.

    El perverso modo en que operan estos Sistemas de Arbitraje ha sido reconocido incluso por un funcionario del CIADI, el español Juan Fernández-Armesto, quien ha afirmado:

    “Cuando me despierto por la noche y pienso en el arbitraje, nunca deja de sorprenderme que Estados soberanos hayan aceptado el arbitraje de inversiones […]. A tres particulares se les concede el poder de revisar, sin ningún tipo de restricción o procedimiento de apelación, todas las acciones del Gobierno, todas las decisiones de los tribunales y todas las leyes y reglamentos que emanan del Parlamento”.

    Luego de su exposición, Lucía Sepúlveda conversó con Resumen y contestó nuestras consultas.

    Cuando se estaba negociando el TPP, ni los diputados ni los senadores estaban en conocimiento de las tratativas. ¿Cómo han hecho para sumar algunos de ellos a la oposición del TPP?

    El mismo grado de secretismo que hubo con las organizaciones sociales, lo hubo con el parlamento chileno. Al principio, cuando nos encontrábamos con parlamentarios y les preguntábamos [sobre su posición] respecto al TPP, decían “es que no sé nada”, y lo que sabíamos nosotros era lo publicado por WikiLeaks. Entonces, cuando en febrero [de 2016] se publicó el texto oficial, ya no podían seguir diciendo que no sabían nada.

    Nuestra estrategia es cazarlos en sus territorios para obligarlos a definirse. En los momentos en que los parlamentarios van a juntarse con sus votantes es donde hay que encontrarlos y preguntarles cuál es su definición y cómo van a votar, porque el proyecto se viene ya. Nos han dicho que ingresará [el 30 de noviembre] por la Cámara de Diputados y, afortunadamente, hoy tuvimos la definición de Clemira Pacheco de votar en contra.

    Necesitamos que la gente, que se encuentra con sus parlamentarios, los haga hablar y los grabe, ojalá hagan un video cortito. Es necesario que les hagamos ver a quienes votan a favor que no les va salir gratis, que van a ser funados en sus territorios, denostados en las redes sociales, vamos a tener una política de acoso con ellos, porque estarían poniéndose en contra de los intereses de todos los chilenos y chilenas…

    Esta conferencia fue organizada por la Asociación de Empleados del Poder Judicial. ¿Cómo afectaría la implementación del TPP en el ámbito laboral?

    El TPP ni siquiera menciona la palabra sindicato. Hay un capítulo que se llama “derechos laborales” que es un capítulo declarativo, no obliga a los Estados a nada. Forma un comité para evaluar si hay alguna vulneración de derecho, pero [en él] no participan sindicatos. Es un comité de buena voluntad, formado con representantes del Estado y de empresas, sin decir quién a nombre de los trabajadores.

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    [El TPP] dice que acepta las 8 normas de OIT, pero no se pronuncia respecto a las normas técnicas que concretizan esos principios generales. Éstas tienen que ver con cuestiones fundamentales como la protección de los trabajadores en labores con efectos tóxicos, el derecho a las embarazadas a no ser despedidas, el seguro a cesantía, en fin, cuestiones que ya forman parte de las conquistas sindicales. Las centrales sindicales norteamericanas se han pronunciado en contra del TPP y las centrales europeas se han opuesto al TTIP, que tiene un capítulo calcado a éste… Y acá, la CUT no ha dicho nada. Curiosamente, dice que está en contra de todos los tratados, pero respecto a éste no se ha pronunciado.

    ¿Por qué el TPP funcionaría como un candado, obstaculizando la transformación del sistema previsional?

    Este Tratado promueve que se mantenga el actual estado de las cosas que permite, en el caso de la previsión, que los fondos de los trabajadores sean administrados por corporaciones con sedes en otros países. En el caso de Cuprum y de Provida, por ejemplo, sus capitales son controlados por empresas norteamericanas y si el Congreso accediera a elaborar una legislación que asegure una verdadera previsión social, estas AFP podrían apelar a aquel punto del TPP que indica que, si ven afectados sus niveles de ganancia pueden demandar al Estado chileno [ante los Sistemas de Arbitraje de Diferencias Inversor-Estado]. Entonces, puede que la negativa a transformar el sistema previsional se deba a un “efecto TPP”, un efecto TPP en las AFP.

  • Encuentro en Los Ángeles abordó implicancias del TPP y la contaminación del río Caliboro

    Encuentro en Los Ángeles abordó implicancias del TPP y la contaminación del río Caliboro

    Un reciente encuentro en la ciudad de Los Ángeles, Región del Bio Bio, abordó sobre las implicancias del TPP y la grave contaminación del río Caliboro, afectado principalmente por actividades de centros de pisciculturas de la industria salmonera.

    “No al TPP” es “Sí al Río Caliboro” para la agricultura en Los Angeles

    Por Lucía Sepúlveda Ruiz

    www.periodismosanador.blogspot.com

    En Los Angeles, un conversatorio sobre las amenazas que el TPP representa en el logro de las demandas sociales, organizado por la organización local “Newen Kimun” en el auditorium del Liceo Comercial,  incluyó el pasado 12 de agosto entre los panelistas a José Haroldo Puentes Medina, agricultor,  y  presidente del Comité de Defensa de las Aguas del Caliboro. Así, en la práctica se unieron las luchas contra un acuerdo que representa un candado para la movilización social, y la demanda local por la recuperación del agua del río Caliboro. Esa demanda la levantan  agricultores que quieren producir hortalizas sanas para abastecer a Los Angeles.

    Lucía Sepúlveda, de la plataforma Chile Mejor sin TPP, expuso sobre cómo el tratado operaría como un “congelador” para mantener leyes injustas como el actual Código de Aguas e  impedir leyes a favor del medio ambiente,  y agregó que  elevaría el precio de los medicamentos biológicos debido a la extensión de las patentes. Fabiola Foraste,  de Newen Kimun y Aminatananda Das, del Pacto Mundial Consciente, llamaron a la comunidad a defender sus derechos y a comprometer a  los parlamentarios que representan a la región, a rechazar el Tratado Transpacífico TPP con su voto en el Congreso.

    José Puentes explicó a los asistentes que los agricultores no logran entender por qué las autoridades llevan años sin adoptar medidas frente a la grave contaminación que afecta a 600 regantes por la contaminación de las aguas por tres empresas de piscicultura para las salmoneras, STH Inversiones, SEA Salmón y recientemente, Quetrun Rayen. Tras la cría de alevines en el cauce del río las empresas devuelven las aguas sin tratamiento alguno.

    Peligros del TPP

    La exposición de Lucía Sepúlveda enfatizó en peligros para la agricultura y la soberanía nacional, señalando  que el TPP obliga a Chile a ratificar el Convenio UPOV 91 de privatización de la semilla, fortalece a empresas transnacionales como Monsanto, y establece tribunales internacionales para que los inversores demanden a los Estados cada vez que consideren que hay obstáculos al comercio, o cuando vean amenazadas sus expectativas de ganancia por ciertas políticas públicas o por la existencia de medidas estatales de protección a los productores nacionales. Sostuvo que en el tema del agua, tan vital para la agricultura como  la semilla, el TPP está operando como un blindaje que impida cambios, y mantenga intacta la Constitución que define el agua como una mercancía.  El  Movimiento Social de Defensa y Recuperación del Agua, que forma parte de la Plataforma Chile Mejor Sin TPP,  sostiene que el agua es un derecho humano y aboga por la derogación del Código de Agua que imposibilita llevarlo a la práctica. Siete relatores Internacionales y expertos de Derechos Humanos de Naciones Unidas  han criticado a los gobiernos promotores del TPP señalando precisamente que amenaza los derechos humanos a la salud y la alimentación, así como los de pueblos indígenas, entre otros. Según las disposiciones del  TPP, un cambio de fondo a la legislación chilena relacionada con el agua podría implicar una demanda internacional al Estado, sobre la base de posible afectación a las  ganancias de la minería transnacional y la agroindustria. Estas demandas se entablan en tribunales internacionales que no dan garantías de debido proceso y tendrían costos millonarios para el Estado chileno. Por el contrario, el TPP no permite al Estado ni a las comunidades afectadas por megaproyectos de inversores transnacionales presentar demandas por daños o contaminación.

    José Puentes sí sabe de contaminación de aguas. Junto a Yolanda Sepúlveda y David Ortiz,   miembros de la directiva del comité de Defensa del Caliboro, él ilustró por su parte la dramática realidad que viven hoy los productores agrícolas de Los Angeles, avasallados por empresas que no toman en cuenta los derechos de los regantes, que han recibido sus aguas  de generación en generación junto a sus terrenos. Puente tiene 6,1 hectáreas de hortalizas que trabaja todo el año, al aire libre y bajo invernadero. Río abajo, el Caliboro tiene 65 km de largo por 8 km de ancho, que permiten el riego de  unas 50.000 hectáreas de suelos arenosos de muy buena calidad para la agricultura.

    “No son culpables los extraterrestres”

    “Antes nosotros podíamos sacar agua del río con un balde y beberla. Ahora el agua tiene olor y color”, denuncia el dirigente. “Hoy en el río ya no hay pejerreyes, ni bagres ni camarones ni choritos. ¡Y no creo que se los hayan llevado los extraterrestres!” remata, disculpándose por no ser más elocuente “porque yo sólo sé de siembra y de trabajo en el campo. Nosotros no queremos ir a formar parte de los cordones marginales en la ciudad. Los regantes somos una comunidad formal, pagamos impuestos. Las pisciculturas han invadido nuestro territorio y lesionado nuestra fuente de trabajo.  Mis hijos trabajan conmigo y los insto a que no se vayan, que sigamos produciendo los alimentos para Los Angeles. Nuestra producción es lo más orgánica posible, usamos compost, nada de químicos sino controladores biológicos, por ejemplo si hay   hongos usamos control biológico, con tricoderma.”

    Sostuvo también el agricultor que se publicita mucho el Agua Potable Rural (APR) como la solución para el campo. “Se llenan la boca con el Agua Potable Rural, inaugurando APRs. Y nosotros nos preguntamos de qué sirve eso con las napas contaminadas. Nos van a vender agua contaminada de pozos que se están haciendo en la ciudad. Tenemos que hacer toma de muestras. Las empresas  nos ofrecieron cosas. Yo las rechacé. No le hemos firmado documentos a nadie.”

    Denuncia a continuación que las empresas devuelven el agua con contaminante de todo tipo, antibióticos, fecas, químicos, agregando: “No hay planta de tratamiento. Una empresa se dio el lujo de hacer un dique y desvió el río, y no la sancionaron. Las pisciculturas se aprobaron solo con Declaración de Impacto Ambiental.  Hay que vivir en el campo para saber contar lo que he vivido. Yo he rechazado ofertas de las empresas para comprarnos, no he firmado ningún documento y menos uno en blanco. Nosotros necesitamos agua  como seres humanos, también de riego para los vegetales, la requieren las aves y también se usa en turismo y recreación. Todos esos usos están afectados.”

    Según el dirigente, el compromiso actual de Bolívar Ruiz, Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental,   es investigar la situación para determinar científicamente la calidad de las aguas del río Caliboro. En 2012, con el gobierno anterior, promesas similares no tuvieron ningún resultado.  Durante el conversatorio, surgieron propuestas de iniciativas paralelas que permitirían avanzar en las mediciones en forma independiente, a partir de experiencias desarrolladas en otras regiones.

    El debate sobre el TPP concluyó compartiendo una pizza vegetariana gigante, sellando el compromiso de los presentes de llevar estos temas al conjunto de la comunidad.. También se expresó interés en fomentar a nivel local la práctica de intercambios de semillas y apoyar las experiencias en curso de producción agroecológica y con semillas antiguas,  para recuperar los sabores  y la salud de las personas.

    ​Fotos:  Directiva del Comité de Defensa de las Aguas del Río Caliboro y grupo participante del Foro

    grupo del foro

    directiva bien

     

     

  • La decepcionante respuesta de Chile a la ONU en relación al TPP

    La decepcionante respuesta de Chile a la ONU en relación al TPP

    «Es hora de que el Estado de Chile se tome en serio sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, y no asuma nuevos compromisos que los ponen en riesgo, como la ONU, a través de sus relatores especiales y expertos independientes, le ha advertido ocurrirá en caso de ratificarse el TPP».

    Por José Aylwin

    The Clinic

    La preocupación por las implicancias adversas del Acuerdo Transpacífico (TPP) en los derechos humanos es creciente. Ella no solo ha sido manifestada por académicos y movimientos sociales de los doce estados signatarios, sino que motivó en abril pasado una comunicación conjunta de siete relatores especiales (RE) y expertos independientes de Naciones Unidas a sus gobiernos. En dicha comunicación, suscrita, entre otros, por la RE de derechos culturales, el RE sobre derecho a la libertad de opinión y de expresión, el RE sobre el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, y la RE sobre derechos de los pueblos indígenas, se plantea que la exclusión de la que fueron objeto los ciudadanos del proceso de elaboración del TPP vulnera el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos reconocido en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Chile. Preocupa especialmente a los RE la exclusión de la que los pueblos indígenas fueron objeto por los mismos estados en la discusión del TPP. Ello toda vez que a éstos les asisten derechos especiales de participación y consulta, y en algunos casos consentimiento libre, previo e informado frente a las medidas que les afecten directamente, que es ciertamente el caso del TPP.

    Asimismo los RE de la ONU manifiestan serias preocupaciones sobre la forma en que el TPP afectaría la capacidad de los estados suscriptores para cumplir con las obligaciones internacionales que han contraído en materia de derechos humanos. En especial en materia de derecho a la salud en relación con los derechos de propiedad intelectual. Así señalan que mientras el TPP permite a las partes tomar medidas para proteger la salud pública, sus disposiciones permiten prolongar los monopolios existentes y crear obstáculos adicionales y retrasos indebidos en la fabricación y comercialización de medicamentos genéricos. Todo ello, sostienen, puede incidir en el incremento de los precios de los medicamentos, afectando por lo mismo el derecho al más alto nivel del disfrute de la salud física y mental, y el derecho a gozar de los beneficios de progreso científico.

    Siempre en materia de propiedad intelectual, preocupa a los RE de la ONU el que el TPP obligue a los estados a dar protección a los derechos del autor durante su vida y hasta 70 años después, mucho más allá de los estándares establecidos en el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC).

    También en materia de propiedad intelectual, y en relación con los pueblos indígenas, observan que el TPP puede limitar la protección de los conocimientos tradicionales de estos pueblos a aquellos ya reconocidos por los sistemas de protección de la propiedad intelectual. Ello en contravención al artículo 31.1 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas que obliga a los estados a su protección efectiva. En la misma materia preocupa a los RE la exigencia que se hace a los estados partes de ratificar el Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales 1991 (UPOV 91), el que limita los derechos de los agricultores, incluyendo los agricultores indígenas, para reutilizar las semillas, lo que puede afectar negativamente sus medios de subsistencia, el medio ambiente y los sistemas de cultivo tradicionales.

    Finalmente, la mayor preocupación expresada por los RE de la ONU en su comunicación es la que dice relación con los sistemas de resolución de controversias entre los inversores y estados previstos en el TPP, los que por su composición y procedimientos a su juicio “parecen no cumplir con las garantías del derecho a un recurso efectivo, a un juicio imparcial y debido proceso”, cuestión que sostienen resulta especialmente compleja para grupos tales como los pueblos indígenas a quienes en la práctica se les niega el derecho a proteger sus derechos ante estas instancias. En relación a los mismos mecanismos de solución de controversias los RE advierten que las disputas pueden ser presentadas “cuando una parte considera que un beneficio que razonablemente pudiera haber esperado recibir” bajo varios capítulos del TPP sea “anulado o menoscabado como resultado de la aplicación de una medida de otra de las Partes que no es inconsistente con el Tratado”. Tales disposiciones, a juicio de estos RE, “podrían permitir que políticas públicas de los Estados, adoptadas con el fin de proteger y promover los derechos humanos, puedan ser puestas en cuestión”. Todo ello, argumentan, puede generar un efecto paralizador de la acción de los gobiernos a través de legislación o de la implementación de políticas públicas orientadas a la materialización de los derechos humanos.

    Por todo lo anterior es que los RE de la ONU solicitaron a los gobiernos la entrega de información referida a la compatibilidad del TPP con el derecho internacional de los derechos humanos, requiriéndoles además el envío de antecedentes sobre las medidas adoptadas o a adoptar para garantizar que las obligaciones internacionales contraídas por sus estados en materia de derechos humanos no sean afectadas negativamente por este acuerdo comercial.

    Con fecha 27 de junio pasado, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Nueva Zelanda, en representación de los estados suscriptores del TPP, con la excepción de Australia y Canadá, envió una escueta carta a los RE de la ONU respondiendo formalmente a su comunicación. En dicha respuesta, de la que la Cancillería chilena se hizo parte, los gobiernos lejos de hacerse cargo de las preocupaciones planteadas por la ONU, hacen una defensa cerrada del TPP, sin mayores fundamentos. Así los gobiernos, rebatiendo –cuando no descalificando– las preocupaciones de los RE antes referidas, argumentan que este acuerdo comercial tendrá significativos beneficios para las condiciones de vida de la población de los estados signatarios, esgrimiendo como único argumento para ello el que tales beneficios han sido previstos por el Banco Mundial.

    Sostienen además que el TPP es básicamente un acuerdo de inversiones y que no tiene por objeto abordar otras materias de significación internacional, y que por lo mismo debe coexistir con otros acuerdos internacionales. Agregan que sus gobiernos en ningún caso habrían suscrito acuerdos que pudiesen haber resultado en el deterioro del acceso a los medicamentos, el disfrute de los derechos humanos y el ejercicio de los derechos de pueblos indígenas. En cuanto al proceso de negociación del TPP sostienen, sin dar antecedentes concretos, que los estados partes, de conformidad a sus normativas internas, desarrollaron procesos de consulta variados, y que ello resultó en un alto nivel de involucramiento de todas las partes interesadas. En relación a los pueblos indígenas, niegan que sus conocimientos tradicionales se puedan ver afectados por las cláusulas del TPP y que, por el contrario, el sistema de propiedad intelectual que este establece es un paso adelante en su protección. Por último, rechazan que el mecanismo de solución de controversias establecido pueda tener implicancia alguna que impida a los estados partes del TPP cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos, o impida la protección de los intereses públicos, argumentando que en su preámbulo se reconoce el derecho inherente de los estados partes a adoptar medidas regulatorias para proteger el bien común en materia de salud, medio ambiente, integridad del sistema financiero, entre otros.

    La respuesta de los gobiernos de los estados suscriptores del TPP, entre ellos el gobierno de Chile, a las preocupaciones manifestadas por los RE especiales y expertos independientes de la ONU, resulta, por decir lo menos, decepcionante. En ella no se entrega ningún antecedente consistente que se haga cargo de las preocupaciones legítimas y fundadas por ellos planteadas.

    Dado que sería extenso referirse a las amenazas de este acuerdo comercial para todos los derechos humanos, nos centraremos en dos temas críticos del TPP que corroboran las preocupaciones de las instancias de la ONU aquí analizadas; el sistema de solución de controversias entre inversores y estados y los derechos de pueblos indígenas. En el primer ámbito, la evidencia demuestra que el sistema arbitral de solución de controversias previsto en los acuerdos comerciales, que con modificaciones menores es adoptado por el TPP, lejos de beneficiar a los estados, en particular a los de economía más pequeña como Chile, los pone en una precaria posición frente a los inversionistas. En efecto, tal como el economista estadounidense Jeffrey Sachs ha señalado, las corporaciones están haciendo un uso cada vez más intenso de las instancias arbitrales previstas en los acuerdos comerciales para demandar a los estados por no garantizar “la protección” de sus inversiones. Es así como a fines de 2014 había más que 600 demandas de inversionistas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones ( CIADI) por supuestos incumplimientos por parte de los estados de sus obligaciones al amparo de acuerdos comerciales (Weisbrot, 2015). Según datos oficiales de esta entidad, al 2013 de 269 casos concluidos, 82 involucraban a estados latinoamericanos (casi un tercio del total), muchos de ellos en forma adversa para éstos. Este porcentaje se ha incrementado sustancialmente los últimos años, ya que de 175 casos pendientes, 74 (un 43,5%) son contra estados latinoamericanos (Boeglin, 2013).

    En cuanto a los derechos de pueblos indígenas, los 25 acuerdos comerciales que Chile ha suscrito con 64 estados han incidido de manera directa en el incremento de las inversiones extractivas y de infraestructura (minería en el norte; forestación y salmonicultura en el sur; proyectos energéticos y de infraestructura a lo largo del país). Ello tanto a través de la atracción de inversiones de corporaciones domiciliadas en los países con los que Chile ha suscrito dichos acuerdos comerciales, como a través de la apertura de mercados para las empresas de capitales nacionales, como CODELCO y SQM en el caso de la minería, y las forestales Arauco y Mininco (CMPC) en el caso de la forestación. Tales inversiones se sobreponen de manera significativa con las tierras que el Convenio 169 define como “de ocupación tradicional indígena”. En efecto, tres cuartas partes (74.6%) de las exportaciones de Chile al 2014, las que de acuerdo a DIRECON (2015) se orientaban en más de un 90% a los países con los que Chile tenía acuerdos comerciales, se concentraban en tres rubros (minería con el 62%, industria celulosa y madera con el 8%, y salmonicultura con el 4.6% del total), actividades que se emplazan mayoritariamente en el norte, en tierras tradicionales de los pueblos andinos (aymara, lickanantai y diaguita, entre otros), y en el sur, en las tierras, lagos y mares ancestrales de los mapuche y huilliche. Los conflictos que las inversiones promovidas por estos acuerdos comerciales han generado con los pueblos indígenas, en particular pero no exclusivamente con el pueblo mapuche, parecen no haber sido tomados en consideración por la autoridad al momento de negociar y suscribir el TPP.

    Teniendo presente la situación antes expuesta, y las preocupaciones manifestadas desde la ONU sobre las implicancias adversas del TPP a los derechos humanos, no puede sino llamar la atención el apoyo cerrado que el actual gobierno sigue dando a este acuerdo comercial. Paradojalmente, dicho apoyo se da en momentos en que la Cancillería chilena promueve el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, el que tiene por objeto favorecer la implementación de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, Principios que junto con establecer el deber de los estados de proteger los derechos humanos y de las empresas de respetarlos, disponen expresamente que “los Estados deben mantener un marco normativo nacional adecuado para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos cuando concluyen acuerdos políticos sobre actividades empresariales con otros Estados o empresas, por ejemplo a través de tratados o contratos de inversión”. (Principio 9)

    Por todo lo anterior es que cabe reiterar al gobierno de Chile, como lo ha venido haciendo la Plataforma Ciudadana Chile Mejor sin TPP, la necesidad urgente de que éste realice, en forma previa al envío del TPP al Congreso para su ratificación, una evaluación de los impactos en derechos humanos de este acuerdo comercial que permita identificar sus principales consecuencias en materia de derechos humanos. Ello ha objeto de permitir a los legisladores adoptar una decisión fundada con respecto a la conveniencia de aprobarlo, de modo de no poner en riesgo el cumplimiento de los compromisos internacionales previamente asumidos por el país en esta materia. De la misma manera, se hace imprescindible que el gobierno, en forma previa al envío del TPP al Congreso, impulse no solo un proceso de dialogo con la ciudadanía sobre la conveniencia de ratificar este acuerdo, sino que, además, un proceso de consulta con los pueblos indígenas. Este último proceso, por cuanto se trata de una medida legislativa, cuya afectación directa a sus comunidades, como señaláramos, resulta innegable. En caso de no hacerlo, cabe instar al Congreso Nacional a impulsar durante el trámite legislativo del TPP, procesos de consulta con las instituciones representativas de los pueblos indígenas, asegurando así el cumplimiento de un compromiso contraído en virtud del Convenio 169 de la OIT ratificado por el estado chileno.

    Es hora de que el Estado de Chile se tome en serio sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, y no asuma nuevos compromisos que los ponen en riesgo, como la ONU, a través de sus relatores especiales y expertos independientes, le ha advertido ocurrirá en caso de ratificarse el TPP.

     

     

  • TPP y Sistemas de Arbitraje Inversor-Estado: La soberanía de los pueblos retrocede ante las transnacionales

    TPP y Sistemas de Arbitraje Inversor-Estado: La soberanía de los pueblos retrocede ante las transnacionales

    Un gobierno que pone en peligro su facultad de defender y proteger los intereses de las personas que viven bajo su jurisdicción traiciona su propia razón de ser y pierde su legitimidad democrática. Alfred-Maurice de Zayas

    [resumen.cl] El Acuerdo Transpacífico o TPP representa un sofisticado instrumento jurídico orientado a maximizar los beneficios de empresas transnacionales que operen en los países adheridos a él. Si bien, las conversaciones respecto a sus condiciones concluyeron el 5 de octubre de 2015, recién el 26 de enero de 2016 y el 8 de febrero de 2016, la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales [DIRECON], publicó sus versiones en inglés y en castellano, respectivamente1. Antes de estas fechas, ni siquiera la clase política conocía su contenido. No obstante, ello no fue impedimento para que el 19 de mayo de 2015, la Cámara de Diputados rechazara la siguiente moción:

    “La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que, previo a la decisión sobre la suscripción del Acuerdo de Asociación Transpacífico (más conocido como TPP), acredite públicamente que traerá beneficio económico concreto a nuestro país, que no provocará perjuicio en el ámbito de la cultura, que no habrá alzas de precio en productos farmacéuticos ni cesiones de soberanía regulatoria a otros países u organismos internacionales sobre nuestra legislación interna, y que se lleve a cabo un debate público sobre las consecuencias que podría traer la suscripción del mismo.”

    votacin

    Finalmente, el 4 de febrero de 2016, el Estado de Chile, a través de su Ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, firmó el Acuerdo2, junto a los representantes de los 11 países involucrados, Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Estados Unidos, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Desde esa fecha, sólo falta que el Congreso Nacional, junto a los del resto de naciones, aprueben o rechacen la adhesión de éstas a este convenio, para lo cual se ha establecido un plazo de dos años.

    Por su parte, el Gobierno chileno ha declarado de manera inverosímil que ha abierto espacios de “participación ciudadana”, expresados en las sucesivas sesiones de lo que la DIRECON llamó Cuarto Adjunto. A pesar de que ninguna de éstas se realizó con un público informado sobre el contenido del Acuerdo por canales institucionales, la institución declaró que “las reuniones incluyeron temas generales y específicos y fueron de gran ayuda para afinar y fortalecer la posición de Chile en la negociación de los capítulos más complejos del acuerdo3.

    La amenaza de los Sistemas de Arbitraje de Diferencias Inversor-Estado

    El secretismo y la ausencia de instancias de intervención vinculante en el proceso de elaboración de este Acuerdo se explica sólo por el nefasto contenido del mismo. Uno de los elementos constitutivos de éste es la obligación del Estado chileno a obedecer los dictámenes de Sistemas de Arbitraje de Diferencias Inversor-Estado en una gama de circunstancias, mucho más amplia de la que ahora lo afecta.

    En el capítulo 9, se establecen las condiciones impuestas en lo referido a “Inversión”4. En él se consigna que un Acuerdo de Inversión, se establece entre una empresa y un Estado,

    (a) con respecto a recursos naturales que una autoridad nacional controla, tales como petróleo, gas natural, minerales de tierras raras, madera, oro, mineral de hierro y otros recursos similares, incluyendo para su explotación, extracción, refinamiento, transporte, distribución o venta;

    (b) para suministrar servicios a nombre de la Parte para el consumo del público general para: la generación o distribución de energía, tratamiento o distribución de agua, telecomunicaciones, u otros servicios similares suministrados a nombre de la Parte para consumo del público general 5 ; o

    (c) para llevar a cabo proyectos de infraestructura, tales como la construcción de carreteras, puentes, canales, presas o tuberías u otros proyectos similares; siempre que, no obstante, la infraestructura no sea para uso y beneficio exclusivo o predominante del gobierno;”

    Es decir, un sinnúmero de negocios podrán estar bajo las condiciones del TPP, el cual fija un “Nivel Mínimo de Trato”, asentando la obligación de los Estados adscritos a entregar un “trato justo y equitativo” y una “protección y seguridad plenas” a las inversiones cubiertas por el Acuerdo.

    En palabras del documento:

    trato justo y equitativo” incluye la obligación de no denegar justicia en procedimientos penales, civiles o contencioso administrativos, de acuerdo con el principio del debido proceso incorporado en los principales sistemas legales del mundo;

    protección y seguridad plenas” exige a cada Parte otorgar el nivel de protección policial exigido conforme al derecho internacional consuetudinario.

    De este modo, el “trato justo y equitativo” y la “protección y seguridad plenas” constituyen obligaciones a las cuales el Estado chileno suscribe, a riesgo de que los inversionistas, amparados en el TPP, puedan exigir el resarcimiento de lo que consideren pérdidas a causa de su incumplimiento. Para ello, se establece al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), entre otros, como sistemas de arbitraje ante eventuales disconformidades.

    ¿Cómo funcionan?

    En el capítulo de Inversión, se indican los pasos para que una empresa demandante solicite los oficios, específicamente del CIADI, luego de haber comunicado al Estado respectivo la violación de alguna cláusula del TPP y no haber recibido una respuesta satisfactoria de parte de éste.

    El CIADI es una institución integrante del Banco Mundial y fue fundada en 1966. En 2015 ya tenía 159 Estados signatarios de su Convenio [entre ellos Chile] y una cantidad creciente de casos bajo su tramitación, que en 2012 llegaron a 505. Es probable que el protagonismo de ésta y otras instituciones con la misma función seguirá incrementándose, pues en los tratados bilaterales de comercio y en los Acuerdos similares al TPP, como el TTIP6 y el CETA7, también son integradas en los capítulos de resolución de controversias entre Inversor y Estado.

    Ciadi.-Aumento de casos

    Los árbitros a cargo del procedimiento serán siempre tres. Dos de ellos elegidos por cada parte contendiente y el tercero por el Secretario General del CIADI. Cuando una o las dos partes no hayan elegido al árbitro correspondiente en un plazo de 75 días, el Secretario General podrá hacerlo a discreción.

    Los tribunales destinados a dirimir sobre las reclamaciones hechas por los inversores se conforman exclusivamente para emitir un fallo respecto a una reclamación en particular, luego de lo cual se disuelven. Arbitrariamente, estos mismos tribunales deciden sobre su competencia para fallar respecto a una controversia determinada. También deciden sobre la validez de las peticiones de revisión y anulación de los laudos.

    En el caso de una solicitud de anulación, el Reglamento del CIADI8, establece: “cualquiera de las partes podrá solicitar la anulación del laudo mediante escrito dirigido al Secretario General… Al recibo de la petición, el Presidente procederá a la inmediata constitución de una Comisión ad hoc integrada por tres personas seleccionadas de la Lista de Árbitros”.

    O sea, el propio CIADI actúa como juez y parte sobre sus propias decisiones. No hay ninguna institución por sobre la autoridad de este tribunal y, en consecuencia, cuando se confirma un laudo, éste es inapelable. De hecho, sin ambages, el mismo Reglamento consigna: “Todo Estado Contratante reconocerá al laudo dictado conforme a este Convenio carácter obligatorio y hará ejecutar dentro de sus territorios las obligaciones pecuniarias impuestas por el laudo como si se tratare de una sentencia firme dictada por un tribunal existente en dicho Estado”.

    Ahora bien, junto con emitir la sentencia sobre la reclamación en cuestión, el Tribunal también determina los gastos en los cuales se incurrió durante el procedimiento, decidiendo el monto, la forma de pago y la parte contendiente obligada a hacerlo. Al respecto, el Reglamento establece que “tal fijación y distribución formarán parte del laudo”.

    La situación de Chile tiene una excepcionalidad, consignada en el ANEXO 9-F del Capítulo “Inversión”, donde se establece que “las obligaciones y compromisos contenidos en este Capítulo no aplican al Decreto Ley 600, Estatuto de la Inversión Extranjera… y a la Ley 18.657, Ley de Fondos de Inversión de Capital Extranjero”. No obstante, esta excepción no parece relevante si se considera que ante las inversiones extranjeras, el Estado chileno no ha implementado medidas de resguardo significativas en beneficio de la población.

    La parcialidad en favor del inversor promovida por estos tribunales y por Acuerdos como el TPP, ha sido expresada por el propio árbitro del CIADI, el español Juan Fernández-Armesto, quien ha afirmado: “Cuando me despierto por la noche y pienso en el arbitraje, nunca deja de sorprenderme que Estados soberanos hayan aceptado el arbitraje de inversiones […]. A tres particulares se les concede el poder de revisar, sin ningún tipo de restricción o procedimiento de apelación, todas las acciones del Gobierno, todas las decisiones de los tribunales y todas las leyes y reglamentos que emanan del Parlamento”.9

    En caso de nacionalización o expropiación

    Seguramente, para nosotros es bastante difícil imaginarnos al Estado nacionalizando o expropiando alguna inversión cubierta por el TPP. Sin embargo, para sus autores es una posibilidad que requiere ser reglamentada, afirmando:

    Ninguna Parte expropiará ni nacionalizará una inversión cubierta, sea directa o indirectamente mediante medidas equivalentes a la expropiación o nacionalización (expropiación) salvo:

    (a) por causa de propósito público [de acuerdo al derecho internacional consuetudinario];

    (b) de una manera no discriminatoria;

    (c) mediante el pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva… y

    (d)de conformidad con el principio del debido proceso legal.

    En el caso en que se hiciera una expropiación, la indemnización deberá:

    (a) ser pagada sin demora;

    (b) ser equivalente al valor justo de mercado de la inversión expropiada inmediatamente antes que la expropiación se haya llevado a cabo;

    (c) no reflejar ningún cambio en el valor debido a que la intención de expropiar se conoció con antelación a la fecha de expropiación; y

    (d) ser completamente liquidable y libremente transferible.

    Además de las condiciones referidas al cálculo y pago de la consecuente indemnización, llama la atención la ambigüedad de las excepciones legitimadoras de una expropiación, pues la “causa de propósito público”, de acuerdo a la interpretación del derecho internacional consuetudinario, está sujeta a una percepción igual de antojadiza que la determinación sobre si hubo o no “discriminación” en la forma de la expropiación. El derecho internacional consuetudinario consiste en normas que, sin estar codificadas, se consideran válidas por su práctica acostumbrada en los Estados. Es decir, las normas que respaldarían una eventual expropiación a “causa de propósito público”, están sujetas a la consideración de quienes tengan el poder de reconocerlas como válidas para el caso.

    Informe ONU

    En julio de 2015, el Experto Independiente, Alfred-Maurice de Zayas, publicó el informe “sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo”10, a petición del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En él se abordan los “efectos adversos para los derechos humanos de los acuerdos internacionales de inversión, los tratados bilaterales de inversión y los acuerdos multilaterales de libre comercio”, los cuales consideran la resolución de controversias entre inversores y Estados, a través de Arbitrajes dirigidos por organismos como el CIADI.

    En el parágrafo 15 del Informe se expone: “Los tribunales para la solución de controversias entre inversores y Estados están integrados por árbitros mercantiles cuya independencia se ha puesto en entredicho repetidamente a causa de sus conflictos de intereses. Es obvio que los árbitros mercantiles no son los guardianes naturales del interés público, sino de los intereses comerciales y de una nueva “industria” que, como muestra la experiencia, ha privilegiado a los inversores en perjuicio del público”. Por otra parte, la inexistencia de organismos controladores de estos tribunales “lleva a pensar en la pregunta de Juvenal: quis custodiet ipsos custodes (“¿quién guardará a los guardianes?”).

    Según el jurista, “se han dado a términos como “inversión”, “expropiación” y “trato justo y equitativo” interpretaciones cada vez más amplias y difíciles de conciliar con las normas de interpretación que figuran en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados” [a la cual está suscrito Chile, desde 1981]. Junto a ello, también señala que“muchos procesos de arbitraje… son completamente confidenciales y solo se dispone de información en relación con aproximadamente 608 sentencias”.

    Respecto al secretismo con el cual se llevaron a cabo las tratativas para el TPP, de Zayas es contundente. En el párrafo 35 menciona a la “participación en los asuntos públicos” como un derecho que debe ser garantizado por todos los Estados, y en los siguientes apartados establece que “el acceso a la información es una condición esencial para el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y expresión estipulado en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La consulta y la participación tienen el valor añadido de crear un consenso que reduce la probabilidad de que se produzcan litigios onerosos. Los parlamentos tienen una gran responsabilidad de examinar minuciosamente los tratados bilaterales de

    inversión y los acuerdos de libre comercio para asegurar que se lleven a cabo las evaluaciones de su impacto en los derechos humanos y en el medio ambiente.” Ante esto, concluye que “el hecho de llevar en secreto las negociaciones comerciales (pese a no tratarse de un asunto de seguridad nacional) y de excluir a interesados decisivos entraña prima facie [a primera vista] violaciones de los artículos 19 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos… Los representantes democráticamente elegidos no tienen carta blanca de quienes les han votado sino que deben consultar con su electorado y actuar de conformidad con sus deseos.”

    En el capítulo quinto, donde el autor explica aspectos de una eventual reforma del andamiaje jurídico amparador de violaciones a los derechos humanos, plantea que “los paroxismos antidemocráticos de la solución de controversias entre inversores y Estados pueden neutralizarse con la revisión o la terminación de dicho procedimiento. Si los Estados pueden adoptar medidas extraordinarias como rescatar bancos insolventes, a fortiori [con mayor motivo] pueden adoptar medidas para proteger el bienestar de la población”. Contrariamente a lo estipulado por el TPP y el resto de los Acuerdos de su tipo, los cuales sólo pueden aprobarse o rechazarse por los Congresos de cada país, de Zayas declara que “en la medida en que los tratados bilaterales de inversión y los acuerdos de libre comercio den lugar a violaciones de los derechos humanos, esto será causa de su modificación o terminación”.

    Es llamativa la propuesta del abogado respecto a la posibilidad de que los actos a través de los cuales se han fraguado los Acuerdos como el TPP, puedan ser sancionados en virtud de la aplicación del derecho penal internacional y la experiencia de los Juicios de Núremberg. “Sería apropiado comprobar si el concepto de “conspiración” para cometer actos contra bonos mores[las buenas costumbres] …pueden aplicarse al método aplicado para elaborar y negociar en secreto algunos acuerdos internacionales de inversión”, especificando que “los actos constitutivos de una conspiración de este tipo pueden incluir proporcionar deliberadamente información falsa; publicar previsiones falsas de crecimiento del PIB y del empleo; contratar a grupos de estudio, economistas, universidades o fundaciones para que preparen “informes teleológicos”; y conspirar con grandes empresas de medios de comunicación para asegurarse de que solo se presente la parte positiva de los tratados bilaterales de inversión y los acuerdos de libre comercio y se supriman o minimicen los aspectos polémicos”. Al respecto, en la sección de la DIRECON dedicada al TPP abundan muestras de lo descrito y las subsecciones “TPP EN LOS MEDIOS”11 y “TPP y PYMEs”12 son elocuentes en tal sentido.

    Otro elemento a considerar del Informe es el planteamiento sobre la necesaria obligación de las empresas transnacionales de someterse a la legislación del país donde operan y, en consecuencia, a sus tribunales. Desde este punto de vista, los Tribunales de Arbitraje no tendrían legitimidad alguna, pues sus marcos jurídicos no se basan ni tienen como referencia la legislación de los Estados donde han ocurrido los hechos motivantes de las reclamaciones.

    Laudos del CIADI y los casos de Bolivia, Uruguay y Ecuador

    Los laudos establecidos por los sistemas de arbitraje pueden caracterizarse como unidireccionales, en tanto surgen a partir de reclamos hechos por parte de inversores. A continuación, podemos apreciar en un gráfico elaborado por el propio CIADI el registro de laudos hasta el 30 de junio de 2015. En solo 1% de los laudos se ha establecido que “las reclamaciones carecen manifiestamente de mérito jurídico” y en un 25% de los casos el CIADI se ha reconocido como incompetente, inhibiéndose de intervenir. No obstante, en el restante 74% de los casos, la institución ha emitido laudos favorables a los inversores, dando lugar a algunas o todas sus reclamaciones.

    Ciadi.-Favorecidos con los laudos

    El caso del reclamo de la empresa Bechtel contra Bolivia fue paradigmático y también lo es la situación del país, respecto a los sistemas de Arbitraje. En 1996, el Banco Mundial condicionó el otorgamiento de préstamos financieros al Estado boliviano para ampliar el servicio de agua potable en El Alto [La Paz] y en Cochabamba, a cambio de su privatización. En septiembre de 1999, se cerró el trato entre el Estado y a la única empresa presente en la licitación, Aguas del Tunari, filial de Bechtel, a la cual se le entregó la administración del suministro hasta el año 2039.

    En un año de operación, el costo del servicio de agua potable se había encarecido un 50%, desatándose, en abril del 2000, la conocida “Guerra del Agua”. La protesta generalizada, sobre todo en Cochabamba, que implicó el asesinato de un joven de 17 años y más de 170 heridos, desembocaron en la retirada de Aguas del Tunari del negocio y el argumento para emprender una reclamación al Estado boliviano, ante el CIADI, donde exigía el pago de 50 millones de dólares como resarcimiento de la pérdidas de inversión y utilidades futuras estimadas por ellos, aunque su inversión había sido solo de un millón de dólares13.

    guerrra del agua. del tunari.1

    El inicio de este litigio comenzó en noviembre de 2002 y fue abandonado en enero de 2006 por la empresa, luego de recibir persistentes acciones de rechazo popular en diversas localidades del mundo, que incluyeron manifestaciones en la propia sede de Behtel en Holanda.

    Luego de recibir otras reclamaciones de empresas afectadas por el proceso de nacionalizaciones, el presidente Evo Morales determinó la salida de Bolivia del CIADI, argumentando, junto a los presidentes de Venezuela y Nicaragua de entonces, [Hugo Chávez y Daniel Ortega, respectivamente] que:

    Los países miembros del ALBA-TCP14 rechazan enfáticamente las presiones jurídicas, mediáticas y diplomáticas de algunas empresas transnacionales, que habiendo vulnerado normas constitucionales, leyes nacionales, compromisos contractuales, disposiciones regulatorias, medioambientales y laborales se resisten a la aplicación de decisiones soberanas de los países amenazando e iniciando demandas de arbitraje internacional contra los Estados Nacionales en instancias como el CIADI Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.

    En consecuencia, los Estados parte del ALBA-TCP acuerdan retirarse y denunciar de manera conjunta la Convención del CIADI garantizando el derecho soberano de los países a regular la inversión extranjera en su territorio nacional.15

    A pesar de su retiro, las reclamaciones de inversores contra Bolivia han continuado procesándose en el CIADI, como consecuencia de sostener tratados bilaterales que obligan a su Estado a someterse a ésta.

    Junto con Bolivia, son múltiples los Estados enfrentados a reclamaciones por decisiones que podrían calificarse como “de propósito público”. El Estado de Uruguay, por ejemplo, se defiende ante el reclamo de la tabacalera Philip Morris luego que el 2009 emitiera el Decreto N°287/009, donde se dispuso “que las advertencias sanitarias a ser utilizadas en los envases de productos de tabaco… deberán ocupar el 80% inferior de ambas caras principales de toda cajilla de cigarrillos y en general en todos los paquetes y envases de productos de tabaco y en todo empaquetado y etiquetado de similar característica”16. Esto fue interpretado como una violación al Acuerdo de Protección de Inversiones existente entre Uruguay y Suiza, en relación con los Derechos de Propiedad Intelectual, argumentando que la cobertura del 80% de las cajetillas impide mostrar las marcas, expropiando una inversión protegida por el Acuerdo. El caso está siendo procesado por el CIADI y se espera su fallo para el año en curso.

    El 2 de noviembre de 2015, el Estado de Ecuador fue compelido a pagar mil millones de dólares a la norteamericana Occidental Petroleum (OXY), luego que ésta presentara una reclamación ante el CIADI por su determinación de caducar el contrato de explotación de un yacimiento petrolero en el Amazonas. El motivo de esta medida fue el otorgamiento, por parte de OXY, del 40% de sus derechos de explotación a otra empresa, sin informar de ello al Estado. Por su parte, la empresa acusó que “la caducidad del Contrato de Participación se declaró sin justa causa, es decir, sin que mediaran fundamentos legales en función de lo dispuesto tanto en el propio Contrato de Participación como en el derecho ecuatoriano”. Junto a lo cual calificaron al decreto de caducidad como “injusto, arbitrario, discriminatorio y desproporcionado”, según consigna el laudo17.

    Aunque, infructuosamente, el Estado ecuatoriano intentó anular el fallo, al menos consiguió rebajar la condena que inicialmente consistía en la cancelación de 1.769 millones de dólares.

    Recientemente, en Chile, la empresa operadora del Transantiago, FANALCA, controladora de Subus, ha interpuesto una reclamación ante el CIADI, exigiendo al Estado el pago de 89 millones de dólares por las pérdidas supuestamente sufridas debido a las condiciones en las cuales han debido operar.

    tpp1

    Perspectivas

    Si bien, hay voces anunciadoras del fracaso del TPP, y del resto de Acuerdos similares, por el rechazo que concitan en la población europea y estadounidense, además de la oposición a su ratificación por parte de los precandidatos demócratas y republicanos de EE.UU., no es correcto esperar “del contexto internacional” la salvación de esta imposición. Más allá de los cálculos respecto a sus eventuales vicisitudes, es necesario tener claridad que este tipo de instrumentos son propios de una progresiva sofisticación del capitalismo, una carrera en la cual el empresariado mundial intenta convertir en mercancía, en lo posible, todo y establecer un control prácticamente omnímodo sobre la vida de las comunidades, o sea, sobre el uso de sus recursos y su jurisprudencia.

    Es necesario dejar de ser nosotros para detener ésta y las amenazas que vendrán. La idiosincrasia que nos caracteriza, hasta ahora, se muestra como uno de los factores más determinantes para la implantación estos nuevos dispositivos. Se vuelve, cada vez, más urgente emprender un camino de recuperación de soberanía, donde progresivamente se recuperen garantías y facultades, y podamos ser protagonistas de un presente construido cotidiana y colectivamente.

    1 Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales. Capítulos del Acuerdo Transpacífico. https://www.direcon.gob.cl/tpp/capitulos-del-acuerdo/

    2 Canciller Heraldo Muñoz tras la firma del TPP: “Este acuerdo significará más empleos y prosperidad para el país” https://www.direcon.gob.cl/2016/02/canciller-heraldo-munoz-tras-la-firma-del-tpp-este-acuerdo-significara-mas-empleos-y-prosperidad-para-el-pais/

    3 Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales. Capítulos del Acuerdo Transpacífico. Cuarto Adjunto. https://www.direcon.gob.cl/tpp/cuarto-adjunto/

    4 Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales. Capítulos del Acuerdo Transpacífico Capítulo 9, Inversiones. https://www.direcon.gob.cl/wp-content/uploads/2016/02/9.-Inversion.pdf

    5.- Información general sobre el centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones (CIADI)https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/about/Documents/ICSID%20Fact%20Sheet%20-%20SPANISH.pdf

    6.- Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones

    7.- Acuerdo integral de Economía y Comercio

    9.La industria del arbitraje de inversiones: el lucrativo negocio de la injusticia. Transnational Institute. https://www.tni.org/es/art%C3%ADculo/la-industria-del-arbitraje-de-inversiones-el-lucrativo-negocio-de-la-injusticia

    10.- Informe del Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred-Maurice de Zayas.

    11Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales. El TPP en los medios.https://www.direcon.gob.cl/tpp/tpp-en-los-medios/

    12 Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales. TPP y PYMEs.https://www.direcon.gob.cl/tpp/cuarto-adjunto/tpp-y-pymes/

    14.- Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos

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  • Foro conversatorio en Temuco sobre sobre TPP e implicancias para Chile y el Wallmapu

    Foro conversatorio en Temuco sobre sobre TPP e implicancias para Chile y el Wallmapu

    Jueves 09 Junio de 2016 a las 18:30 hrs., en el  auditorio del campus Menchaca Lira de la Universidad Católica de Temuco. Se comparte la siguiente información desde Wallmapu sin TPP y enseguida afiche.

    El TPP (Trans-Pacific Partnership), no es un simple tratado internacional de cooperación económica. Es un tratado que entrega explícitamente la soberanía de los países a las  empresas transnacionales, cuyas implicancias afectan prácticamente todo ámbito de la  vida ciudadana. La Coordinación de Organizaciones Wallmapu Sin TPP, en el contexto  del inminente envío por parte de la Presidencia de la República del Acuerdo Transpacífico  de Cooperación Económica al Congreso Nacional para su ratificación, quiere invitarle a  reflexionar respecto de los alcances e implicancias para Chile y en particular para nuestra  región, de la ratificación  de este tratado.

    En la ocasión se abordarán los efectos del TPP desde diversos aspectos, con la participación de un heterogéneo panel de expositores, a saber: Carlos Figueroa, vocero de Chile mejor sin TPP, quien hablará de las implicancias del tratado para el país. José Aylwin, co-director del Observatorio Ciudadano, quien fundamentará la necesidad de que el TPP sea sometido a consulta indígena. Millaray Painemal, vice-presidenta de ANAMURI, quien hablará de las implicancias del TPP en la soberanía alimentaria del país. Fuad Chahin, diputado DC quien dará sus argumentos para rechazar el tratado en el congreso.

    El conversatorio se realizará el próximo Jueves 09 Junio de 2016 a las 18:30 hrs., en el  auditorio del campus Menchaca Lira de la Universidad Católica de Temuco.Wallmapu, Junio de 2016.

    Confirmaciones al correo wallmapusintpp@gmail.com        Facebook: Wallmapu sin TPP

    DISEÑO VOLANTE TPP

  • Chile dirá No al TPP este lunes

    Chile dirá No al TPP este lunes

    Bajo el hashtag #NoalTPP y con convocatorias en todo el país, la Plataforma “Chile Mejor sin TPP” afirmó que “el Gobierno se está escondiendo del debate público porque no tiene ningún motivo de peso para hace aprobar el Tratado”.

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             La Plataforma Chile Mejor sin TPP, integrada por 105 entidades sociales y/o políticas, convocó para este lunes 18 de abril a una jornada nacional de rechazo al Acuerdo Transpacífico, la que también se realizará en otros países de América que aparecen como suscriptores, tales como Perú, México y Canadá.

                Lucía Sepúlveda afirmó que “mañana nos movilizamos votando contra el TPP y exigiéndole a los parlamentarios  que hagan lo mismo, cuando les toque decidir. Nadie nos preguntó nunca antes sobre este tratado, que de ser aprobado cambiará nuestras vidas. El TPP entrega nuestra soberanía en manos de las transnacionales y privatiza la semilla y el conocimiento libre, entre muchos otros impactos negativos”.

                Uno de los argumentos planteados por la Plataforma -respecto al que es el mayor tratado de libre comercio de la historia- es que se ha tramitado con un secretismo que se explica porque no hay razones serias para que Chile lo suscriba. A juicio de Carlos Figueroa, «hemos estudiado en profundidad casi la totalidad de los capítulos y la conclusión es clara: el país se verá perjudicado por el TPP y el Ministro de Relaciones Exteriores no es capaz de verlo».

                Lucía Sepúlveda afirmó que “la Presidenta Bachelet y el Canciller Heraldo Muñoz se han negado a recibirnos, demostrando su olímpico desprecio por los y las ciudadanos. Tras cinco años de secretismo, publican los treinta capítulos y defienden lo indefendible, ya que  no cuentan con ningún estudio que demuestre las supuestas bondades del tratado”.

                Es por ello que la jornada de este lunes, bajo el hashtag #NoalTPP, busca alertar al país sobre los alcances del enorme tratado que ha sido negociado en secreto por las autoridades. Carlos Figueroa afirma que «queremos mostrar el menosprecio que tiene la Cancilleria de la ciudadanía organizada y del parlamento, en especial luego de mostrar una nula capacidad de autocrítica. El TPP sin duda perjudicará a Chile y no nos traerá beneficios claros».

                En la misiva, se lamentó, además, “que esta instancia se haya producido ahora, que el Tratado está consensuado y firmado, y no antes, cuando la sociedad civil hubiera podido manifestar sus aprensiones sobre un texto que ahora no puede ser modificado en Chile: los congresistas solo podrán aprobar o rechazar su texto de más de seis mil páginas, pero sin cambiar siquiera una coma”.

                “En todo Chile el mensaje es el mismo para cada diputado o senador”, afirma Lucía Sepúlveda. “Si usted vota Sí al TPP, nosotros votaremos No cuando usted nos pida el voto y todos sabrán que usted es responsable de entregar nuestra soberanía en manos de corporaciones como Monsanto y la mega industria farmacéutica”.

                La Plataforma indicó que resulta incongruente que el Gobierno anuncie el inicio de un proceso constituyente, donde prevé diálogos ciudadanos para cambiar la Constitución, y por otro lado negocie en absoluto secreto, sin acceso a los textos ni participación efectiva, tratados que son altamente lesivos para los derechos ciudadanos y la soberanía.

                Las convocatorias agendadas son:

    • CONCEPCIÓN
    • Organiza: Partido Ecologista Verde / Plaza Perú, 18:00 horas

    – 

    MÉXICO

    • Organiza: México Sin TPP

    Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma, 12:00 horas / https://www.facebook.com/MexicoSinTPP/?fref=ts

     

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    Con pasacalle y funa parlamentaria Temuco se suma a Jornada de Movilización contra el TPP
    LUNES 18 DE ABRIL
    10 horas: Oficina parlamentaria del Diputado René Saffirio (Miraflores 899) 
    10:30 horas: Oficina del Diputado y Senador Tuma (aldunate 127). 
    11:00 horas. Frontis de la Intendencia Regional
    En el marco de la movilización internacional en rechazo al Tratado Transpacifico, TPP, diversas organizaciones sociales agrupadas en el movimiento ciudadano Wallmapu Sin TTP, se movilizarán por las calles de la ciudad de Temuco pasando por distintas oficinas parlamentarias, para interpelar a los congresistas a pronunciarse en torno al rechazo a este tratado, hasta llegar al frotis de la Intendencia regional.
     
    La interpelación a los parlamentarios arranca a las 10 horas en las afueras de la oficina parlamentaria del Diputado René Saffirio (Miraflores 899), debido a que el parlamentario rechazó la audiencia que le fuera solicitada por dicha coalición, para luego continuar hacia las oficinas que comparten el diputado Joaquín Tuma y el senador Eugenio Tuma (10:30 horas, Aldunate 127), quienes aún no dan respuesta a la solicitud de audiencia.
     
    El recorrido culmina a las 11:00 horas, en el frontis de la Intendencia Regional, donde se entregarán volantes e información a la ciudadanía de los contenidos de este tratado.