Por la noche del 20 de septiembre las viviendas en la comunidad mapuche-tehuelche de Vuelta del Río, vecina a la Pu Lof en Resistencia, quienes esa mañana realizaron una toma pacífica del Juzgado Federal de Esquel, exigiendo que el juez federal Guido Otranto se aparte de la investigación de la desaparición forzada del joven Santiago Maldonado.
La comunidad hace un llamado a la solidaridad para que se difunda la información, la cual temen sea una represalia.
«estan tomando represalias contra nuestros hermanos y hermanas, aparentemente es un grupo de hombres armados que no sabemos si son policías o parapoliciales. Ellos estan llevando adelante estos crímenes. Les pido por favor que viralicen este mensaje, porque es tremendo lo que esta pasando en le provincia de Chubut» expresó Moira Millan.
Asimismo la comunidad apela a la solidaridad, para frenar este nuevo atropello sobre las comunidades mapuche
Después de una historia de lucha por la defensa de nuestro territorio comunitario nuestros antepasados nos han heredado un camino que no hemos abandonado hasta el día de hoy. Al igual que otras Comunidades, la “Comunidad Mapuche Tehuelche Vuelta de Rio” viene haciendo frente desde hace mucho tiempo a diversos conflictos territoriales.
La Comunidad Mapuche “VUELTA DEL RIO”, ubicada en la región Noroeste de la Provincia del Chubut, precisamente en la zona de Precordillera, está asentada en tierras Reservadas por el Gobierno Nacional en el año 1899 para los Pueblos Originarios MAPUCHE-TEHUELCHE sobrevivientes al Genocidio que significó la mal llamada “Conquista del desierto”. Esta Reserva, la mayor en extensión y en población de la Provincia, fue creada por un decreto del entonces Presidente Julio A. ROCA, después de penosas y constantes gestiones realizadas entonces por el LONGKO (Autoridad Originaria) Miguel Ñancuche NAHUELQUIR.
El asentamiento de familias que ocuparon dichas tierras reservadas, se vio incrementado a través de los años con otras familias y comunidades Mapuche-Tehuelches provenientes de diferentes puntos de la Patagonia, que durante muchas décadas sufrieron crueles persecuciones y desalojos por parte de terratenientes, fuerzas de seguridad y comerciantes extranjeros que fueron llegando.
Dentro de la Reserva, la suerte no fue mucho mejor, ya que a través del tiempo fueron introduciéndose numerosos “bolicheros” y “mercachifles”, casi siempre sirio-libaneses, que a través de la venta de bebidas alcohólicas y otros “vicios” fueron apoderándose de bienes y tierras de los aborígenes. En muchos casos, con la colaboración o la omisión de funcionarios cómplices, muchos de ellos fueron obteniendo títulos de propiedad ilegítimos sobre las tierras reservadas para los aborígenes. Estas maniobras se vieron en muchos casos, acompañadas de expulsiones de familias enteras, y hasta la quema de viviendas, con el eficaz auxilio de policía y Juez de Paz.
Este proceso se vio agravado por la creación del Estado Provincial del Chubut, en el año 1957, que con su Instituto Autárquico de Colonización, aceleró este proceso de otorgamiento de títulos de propiedad a particulares no indígenas sobre las tierras Reservadas oportunamente por el Gobierno Nacional, en muchos casos con familias y Comunidades enteras adentro. De allí surge un dicho muy corriente en nuestra región: “Compró el campo con los indios y todo”.
Este fue el caso de la Comunidad “VUELTA DEL RIO”, donde un comerciante sirio-libanés, el señor ABRAHAM BREIDE, después de rematar los bienes de una anciana Mapuche, por presuntas deudas, y de quemar su vivienda, expulsándola fuera de la Reserva, se instala en tierras comunitarias y comienza cercar una enorme superficie, ante la permanente oposición y reclamo que la Comunidad efectuó ante las diferentes autoridades, sin obtener nunca una respuesta.
En el año 1963, durante un Gobierno militar, en el cual se otorgaron numerosos títulos de Propiedad en similares condiciones, el Sr. BREIDE obtuvo títulos de propiedad sobre varios lotes de la Reserva CUSHAMEN, ancestralmente ocupados por las Comunidades de VUELTA DEL RIO y RANQUIL-HUAO, dos comunidades vecinas que se encuentran separadas solamente por un cerro alto. Posteriormente el Sr. Breide, en 1973, transfiere sus títulos de propiedad al Sr. HAIKEL EL KHAZEN, otro comerciante sirio-libanés asentado en la región, que ya poseía algunos lotes de la Reserva.
En el año 1994, los sucesores de Haikel El Khazen entablan una demanda de desalojo judicial contra algunas familias de la Comunidad VUELTA DEL RIO, la que felizmente fue resuelta en Primera y Segunda Instancia a favor de la Comunidad, que también obtuvo el reconocimiento de su Personería Jurídica por parte del Gobierno Provincial y Nacional.
El juicio de desalojo terminó a mediados de 1996, y la Comunidad continuó luchando por la regularización de su situación, tanto ante el Gobierno Nacional (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) como ante el Gobierno Provincial (Gobernador Carlos Maestro, Ministro de Gobierno, Josè Luis Lizurume, Ministros de Acción Social, Dr. Carlos Lorenzo, y diferentes autoridades del área de Tierras). Pero hasta ahora, nunca se pudo obtener nada, salvo algunas que otras promesas incumplidas.
Cabe señalar que esta situación tomó gran trascendencia en toda la Provincia, y es de pleno conocimiento tanto de las Autoridades, como de la población. Además, no es la única Comunidad Aborigen que sufre esta situación.
La Comunidad VUELTA DEL RIO, está formada por más de 25 familias, que sobreviven en apenas 15 lotes de tierra de 625 has. C/lote, lo que significa que ni siquiera alcanza a un lote por familia, todas ellas en viviendas muy precarias; no cuenta con luz eléctrica, escuela, ni posibilidades de desarrollo. Apenas cuenta con un pequeño Puesto Sanitario, donde un enfermero de campo atiende los problemas más urgentes de los pobladores. Las actividades de la comunidad consisten en pastoreo y agricultura de subsistencia, artesanías tradicionales en telar y soga, herboristería y medicina tradicional.
Por un lado, hemos afrontando los intentos de despojo por parte de terratenientes y comerciantes que, aprovechándose del desconocimiento de nuestros abuelos y apañados por el estado, se valieron de engaños y violencia para expropiar nuestro territorio. Por otro, se han cometido distintas irregularidades mediante las cuales se otorgaron títulos de propiedad sobre nuestro territorio de manera ilegal e ilegítima, en complicidad con las autoridades políticas y judiciales de turno. Sin embargo, a nosotros siempre se nos negó el derecho al territorio.
Aquello fue motivo para que tiempo más tarde la Comunidad se vea obligada a afrontar diferentes litigios legales, persecuciones judiciales y atropellos de la fuerza pública contra las familias que, de manera ancestral y colectiva, vienen conviviendo en el territorio comunitario. Uno de los casos fue en el año 1991 cuando los comerciantes Breide y El Kasen, mediante denuncias penales ante la Justicia de Esquel (tratos comerciales desiguales e injustos), intentaron desalojar a integrantes de la familia Huenchunao-Huilinao. La Justicia de Esquel (Dr. Jorge Eyo) archivó la causa por considerar que no había delito de usurpación. Años más tarde, en el año 2000, la familia Fermín sería demandada judicialmente por usurpación por parte del comerciante El Khazen, producto de esa demanda en el año 2003 el Juez Oscar Colabelli dictaría una orden de desalojo contra la familia. Acción que fue llevada adelante por autoridades policiales y el mismo El Khazen en nuestro territorio. Más allá del amplio operativo policial desplegado, los hechos de violencia cometidos y los atropellos sufridos, la Comunidad logró frustrar ambos intentos de desalojo. Desde el año 1999 la Comunidad viene enfrentando un juicio Reivindicatorio ante la Justicia Civil, impulsado por los herederos de José Vicente El Khazen, que actualmente está suspendido en su trámite por la vigencia de la Ley Nacional de Emergencia Indígena Nº 26.160
Nos preguntamos quién genera estos conflictos? Es el estado acaso, terratenientes, funcionarios? Nosotros como comunidad afirmamos que nunca hemos tenido conflictos en el territorio ya que desde siempre estamos en este Territorio, siempre hemos existido ahí. Sin embargo, ni el estado, ni sus funcionarios, ni los comerciantes y terratenientes que arribaron a la región han respetado nuestros Derechos Ancestrales.
Cuando nuestros abuelos buscaban su propia subsistencia los endeudaron, los explotaron en las estancias aledañas, los obligaron a separarse de sus hijos para enviarlos a la escuela con internados, les fueron arrebatadas sus identidades y como consecuencia las tierras con sus familias adentro. Estos hechos han traído como consecuencia el desarraigo, desplazamientos forzosos y tener que sobrevivir constantemente en medio de la pobreza. Ante esto debieron emigrar algunos a pueblos y/o ciudades cercanas en busca de trabajos mal pagos, donde igualmente fueron discriminados y explotados.
Recientemente nuestra Comunidad, producto de su lucha y resistencia, trabajó para lograr el reconocimiento de su territorio en el marco de la Ley Nacional N° 26.160 (de Emergencia Territorial). En ese contexto, se elaboró un trabajo colectivo (Relevamiento Territorial) donde se registró la historia de la comunidad, se ejecutó un relevamiento territorial y se elaboró una carpeta técnica, aun cuando somos conscientes de que nuestro territorio fue reducido, usurpado, alambrado y sigue amenazado por conflictos judiciales. La Carpeta Técnica del Relevamiento está agregada como prueba al juicio Reivindicatorio en el Juzgado Civil de Esquel. En consecuencia, la comunidad todavía no tiene garantizados sus derechos territoriales porque esta ley sólo vino a reconocer las tierras que “actualmente las familias ocupan” cuando, en verdad, el territorio que nos corresponde por historia es más extenso y está en posesión de latifundistas privados.
Al día de hoy la Comunidad Vuelta del Río viene trabajando con distintos proyectos en pos de mejorar la calidad de vida de todas las familias como, así también, en la mejora de la genética del poco ganado que cada uno tiene porque es la única posibilidad de subsistencia. Cabe destacar que si bien nuestra comunidad está reconocida a nivel provincial y nacional no ha sido fácil acceder a los proyectos, ya que, en todos los procesos de tramitación el conflicto territorial que mantenemos, desde hace muchos años, ha afectado la posibilidad de recibir financiamientos, cumplimentar trámites y otras exigencias burocráticas.
Miembros de la comunidad presentando el relevamiento territorial en 2013 / Kalewche FM
Actualmente, la Comunidad retomó su trabajo sobre un proyecto educativo que lleva décadas. Este proyecto también se ve afectado porque no se nos reconoce una educación acorde a las necesidades y derechos reconocidos en el Convenio 169 y otros marcos legislativos. En el proyecto venimos trabajando con un perfil de docente que la misma Comunidad ha elegido y con un enfoque que pone en valor nuestros conocimientos ancestrales. Sin embargo, distintos funcionarios ponen en duda los fundamentos del proyecto y la posesión territorial de la Comunidad donde el edificio educativo está en construcción. Pese a que este proyecto está avanzado en un 70% aproximadamente, y a nuestras reiteradas solicitudes para concretarlo, no contamos con el aval de las autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia y de la Supervisión Zonal Región I para efectuar una inspección ocular a la construcción edilicia, paso que nos llevaría al reconocimiento y habilitación de la escuela. La Comunidad tiene una fuerte expectativa de que este Proyecto Educativo se concrete, para poder ejercer en debida forma su Derecho a la Educación, lo que contribuirá ciertamente al desarrollo humano de todas las familias.
El fallido allanamiento que ideó la Justicia no era una simple averiguación de identidad. Benetton y las corporaciones mineras observan con atención el conflicto que se vive en torno a los mapuche. Un ex juez entre los abogados querellantes contra el único imputado que existe en la causa.
“Ordenar la detención de todas las personas presentes en dicho lugar, cuyos demás datos filiatorios se desconocen, a fin de proceder a su correcta identificación”, dice parte de la polémica orden judicial que habilitaba el procedimiento del Grupo Especial de Operaciones de la Policía del Chubut y que lleva la firma del juez penal, Martín Zacchino.
El operativo, que fue desactivado a partir de la presentación de un hábeas corpus que integrantes de la Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut (UACh) y los abogados de la Defensoría Pública presentaron el martes por la noche en la Comisaría Primera, tenía como propósito ‘el factor sorpresa’.
Todo el andamiaje judicial se había puesto en marcha el miércoles 12 de agosto con la solicitud que presentó el Ministerio Público Fiscal para lograr la orden de allanamiento, secuestro, requisa y detención. La disposición finalmente fue rubricada por el magistrado el sábado 15 del presente mes para que la operación fuera ejecutada el pasado miércoles.
“Las personas que resulten detenidas deberán ser inmediatamente identificadas en el modo propuesto por el Ministerio Público Fiscal, ya sea en sede policial o en la OUMPF para el caso que exista tal posibilidad (Oficina de Identificación de personas)”, dice en otro párrafo el dictamen al que tuvo acceso Textosentidos.
“La fiscalía desde el comienzo ha dispuesto todas las medidas a nuestro alcances para poder identificarlos por medios pacíficos”, había advertido el fiscal Fernando Rivarola que, acompañado por sus pares Fernanda Révori y María Bottini, brindó una conferencia de prensa luego que el procedimiento fuera desarticulado.
La disposición autorizaba a incautar prendas de vestir, armas caseras, de fuego, teléfonos o radios y todo otro elemento que la fiscalía entendiera relevante o de interés para la investigación. De esta manera, la finalidad era aprehender a todos los que estuvieran presentas en el territorio recuperado, ubicado en la intersección de las Ruta 40 y ex Ruta 40 (el camino de ripio que da ingreso a la localidad de El Maitén).
La fiscalía busca vincular al Lof Cushamen con RAM y organizaciones de resistencia mapuche en Chile
El planteo de la fiscalía sigue siendo casi del mismo tenor, atentados, amenazas por cortes de ruta, vínculos que nunca comprobó con hechos y atentados graves (vincula al Lof en Resistencia del Departamento Cushamen con Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)), conexión con mapuche de Chile y hasta insiste con la teoría de la presencia de Facundo Jones Huala, que tiene pedido de captura del otro lado de la cordillera y que, por ahora, las prueba que posee se remiten a fotografías en las que se intuye que una de las personas que aparecen en la misma, a pesar de estar con pasamontañas, sería el Jones Huala.
No obstante, en el escrito presentado por la fiscalía desaparece la petición de encuadrar los hechos bajo la figura de la Ley 26.734, conocida como Ley Antiterrorista (aquella polémica normativa aprobada en diciembre del 2011). Fue ese el planteo que días atrás realizó la fiscalía y que derivó en la presentación del juez Zacchino de establecer la incompetencia para los jueces provinciales y remitir los expedientes al fuero Federal. En esa instancia, el juez Guido Otranto desestimó de manera contundente la posibilidad de aplicar semejante medida.
Por ese motivo, los expedientes viajaron hacia Buenos Aires para que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que resuelva si la causa sigue su periplo en la justicia provincial o la federal.
Y este punto es otra instancia difícil de entender. ¿Como se explica el impulso dado por la fiscalía en una causa en la que el mismo Ministerio propuso sacar del fuero provincial? Si se está a la espera de la resolución que debería tomar la Corte, cuál es la necesidad ahondar en diligencias como las que promovió Rivarola y compañía?.
SOLO PARA ENTENDIDOS
Otro hecho llamativo fue el rechazo a recibir el Hábeas Corpus que intentó presentar el mismo Martiniano Jones Huala, después de haber recibido el asesoramiento de un letrado de Comodoro Rivadavia y llevar el escrito a la Comisaría Primera. Allí, uno de los agentes uniformados habría llamado al juez Jorge Criado y fue éste el que le habría indicado no recibir la presentación porque no tenía firma de abogados. Sin embargo, el trámite debería haberse formalizado.
“Cuando uno comete una torpeza antijurídica, la ley dice que el derecho se presume conocido por todos. Entonces es bueno que en una comisaría sepan que cualquier persona puede plantear un Habeas Corpus, sea o no abogado. Incluso no necesariamente puede ser por escrito, puede hacerlo en forma oral y se le tiene que labrar un acta”, sostuvo el abogado Fernando Radzivilowsky en diálogo con la radio comunitaria Kalewche.
Fue entonces que el cuerpo en pleno de los abogados de la Defensoría Pública se hicieron presentes en la Comisaría para evitar el desembarco de la GEOP en el territorio desocupado, salvaguardando la integridad física de los aborígenes. Para muchos, en la Cordillera, aún está latente lo que implicó en el 2009 la presencia de esa fuerza policial cuando generó prácticamente un estado de sitio en Corcovado.
¿QUE ESTA EN JUEGO?
La urgencia por volver a recobrar intensidad en la misma causa a la que pretendió encuadrarse bajo la polémica ley antiterrorista, coincide con el arribo como querellante en esta instancia judicial de la Compañía Tierras del Sud S.A., propiedad de los Benetton.
La urgencia en la causa, en la que se quizo invocar la ley antiterrorista, coincide con la querella de los Benetton
El pasado 2 junio en una escribanía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llevó a cabo el trámite necesario para que un importante grupo de abogados tuvieran el poder para representar a la multinacional.
El plantel lo encabeza el ex juez federal Oscar Mario Salvi, quien supo ser socio de Daniel Hadad y representó a Carlos Menem en la causa por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador. Entre sus representados figura una larga lista de personajes reconocidos, entre los que se pueden encontrar Bernardo Neustadt, Julio Ramos y Gerardo Sofovich (fallecidos) o hasta el empresario Franco Macri, o Susana Giménez. El resto de los abogados son María Cristina Fiorito, María Valeria Del Bono Lonardi y Matías Moran, todos ellos integrantes del estudio de Salvi. A ese cuarteto se suma el esquelense Martín Iturburu Monef.
En plena conferencia de prensa, el fiscal Rivarola fue consultado si además de Benetton eran afectados otros productores o empresas a lo que el integrante de Poder Judicial respondió afirmativamente. “Sí, hay empresas que han sido afectada en sus bienes, en los daños estos que hemos denunciado”, precisó la voz cantante de la fiscalía.
Quizás la respuesta pueda comprenderse, por ejemplo, en la figura del hombre encargado de ceder los poderes a los letrados. Fue el vicepresidente, en ejercicio de la presidencia de la Compañías tierras del Sud Argentino, Diego Eduardo Perazzo.
Según la revista de negocios, Bloomberg Businessweek, Perazzo no sólo actúa como Vicepresidente y Consejero Delegado de Compañía Tierras del Sud S.A. sino que fue fundador de Minera Sud Argentina SA y donde se desempeña como presidente.
La publicación empresarial describe a la Compañía Tierras del Sud S.A. como una filial del Grupo Benetton en nuestro país y con el control de más de un millón de hectáreas, “a través de varios ranchos en Patagonia y provincia de Buenos Aires, dedicadas a la ganadería y la cría de ovejas, así como productos agrícolas, lana y mataderos para la exportación de cordero”.
Pero los pergaminos de Perazzo lo muestran como Director Financiero de Fortabat, una de las más grandes familias terratenientes de la Argentina, según relata la misma publicación y se podría agregar, símbolo del menemismo y la dictadura.
Para comprender lo que están provocando los indígenas en la zona, habría que centrarse quizás en el dato de que Perazzo es un contador que se desempeñó como Presidente del Minsud Resources Corp. compañía que desarrolla actividades de exploración minera y es su director desde mayo de 2011.
Parte de esta historia continuará el próximo 28 de agosto para dar formalidad al ingreso de la Compañía Tierras del Sud S.A. como querellante en la causa. De un lado estará el único aborigen imputado, Martiniano Jones Huala, acompañado por un defensor público; del otro, estará la multinacional Benetton, respaldada por un importante equipo de abogados, y la fiscalía provincial.
