Este martes, el Tribunal Constitucional admitió un requerimiento presentado por el abogado de la familia Luchsinger-Mackay, que busca reincorporar parte de las pruebas que fueron excluidas por el Juzgado de Garantía de Temuco. Para Manuela Royo, abogada defensora de la familia Catrilaf, la acción es preocupante porque existe la posibilidad de suspender la causa.
Por Karina Palma, Radio U. de Chile
El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite un recurso de inaplicabilidad presentado por la familia del matrimonio Luchsinger-Mackay. Dicho requerimiento busca revertir la decisión de la jueza de Garantía de Temuco, Alejandra García Bocaz, quien excluyó parte de las pruebas presentadas por el abogado querellante Carlos Tenorio.
Con esto, la familia del matrimonio intentará incorporar una prueba testimonial en el próximo juicio oral del caso contra 11 personas por el incendio y muerte de Werne Luchsinger y Vivian Mackay en la comuna de Vilcún, en la Región de La Araucanía.
Manuela Royo, abogada defensora de Sergio, Hernán y Sabino Catrilaf, señaló que la acción les preocupa, ya que existe la posibilidad de que esta causa se suspenda, lo que extendería la prisión preventiva de ocho de los acusados que ya llevan más de un año recluidos en la cárcel de Temuco.
“Con este recurso intentan meter una prueba que presentaron a destiempo, lo cual es absolutamente responsabilidad de ellos. Lo más grave es que con esto pueden solicitar en cualquier momento la suspensión de la causa, lo cual puede traer como consecuencia que las personas se encuentren un año más privadas de libertad sin ser juzgados”, explicó.
Para la abogada, esto es una maniobra dilatoria de parte de los querellantes, porque la prueba que se busca incorporar “es periférica” y, por ende, no es determinante para la resolución final.
Manuela Royo explicó que estos últimos acontecimientos forman parte de las razones por las que los imputados privados de libertad de la causa mantendrán la huelga de hambre iniciada el lunes. Los ocho internos presentaron una carta al Tribunal Constitucional exigiendo el derecho a ser juzgados dentro de un plazo razonable.
“La causa nuevamente está estancada. Mientras esto no avance los imputados van a continuar con esta medida. Por otro lado, desde la defensa no podemos evitar que presenten un requerimiento, eso es parte de su derecho, pero nos haremos parte de la causa y nos opondremos a la solicitud explicando lo que realmente está pasando”, sostuvo.
El 11 de mayo pasado se dictó la audiencia de preparación del juicio oral. Posteriormente, el 17 de mayo, Carlos Tenorio, abogado de la familia Luchsinger Mackay, presentó un recurso de hecho ante la Corte de Apelaciones de la misma ciudad, el cual todavía no tiene respuesta.
De acuerdo a lo señalado por Tenorio a El Mercurio, por ahora no solicitarán la suspensión del juicio oral, para el cual todavía no se ha fijado fecha.
Ahora que el TC admitió el recurso de inaplicabilidad presentado por la parte querellante se espera que se pronuncie respecto de su admisibilidad.
