Crónica de la agudización de la violencia policial tras 109 días en huelga de hambre

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24 de septiembre de 2017.- Por  Paola Henríquez- Mapuexpress.org

El día de ayer, sábado 23 de septiembre, se marca un nuevo precedente en la resistencia mapuche, donde los huelguistas del “Caso Iglesias”, cumplieron 109 días en huelga de hambre y la solidaridad se extendía por diversos territorios, razón que motivó violentas y prepotentes acciones de represión, mientras desde la Intendencia aseguran que no depondrán el uso de la Ley Antiterrorista, adoptándose desde el poder judicial, la medida de detener a 10 mapuche para sindicalizarlos de actores materiales de “atentados terroristas”, desvirtuando la resistencia de los huelguistas que se encuentran en un grave estado de salud, atentando de esta forma contra la empatía ciudadana que se levanta por su causa: “un juicio justo”.

Los huelguitas Alfredo Tralcal, Benito Trangol, Pablo Trangol y Ariel Trangol llevan 1 año y tres meses en prisión preventiva a la espera de un juicio, por la supuesta quema de una iglesia evangélica en el sector Niágara, que se asocia a la causa mapuche sólo por la existencia de panfletos en el lugar. Los huelguistas presentan desnutrición al bajar más de 20 kilos, y arriesgan presentar falla orgánica múltiple secundaria, deterioro neurológico o la muerte.

Frente a este escenario, desde la madrugada se extendieron diversas muestras de apoyo en principales ciudades del país y sectores campesinos, que se encontraban el día de ayer movilizadas, y que se han maximizado desde hace una semana cuando se instaló el campamento de familiares afuera de la cárcel de Temuco, que fuera violentamente desalojado con carro lanza agua y excesiva presencia de efectivos policiales, mientras los familiares más cercanos se encontraban dialogando con el Intendente subrogante Ricardo Chancerel, durante la mañana, quienes aseguraron que no depondrán el uso de la Ley Antiterrorista ni la utilización de testigos sin rostro.

Paralelamente fue allanado el Hogar Mapuche Pelontuwe de Temuco, tomando detenidos a 6 estudiantes y un menor de edad que no tienen antecedentes penales, dejando a su paso cientos de destrozos. Desde Fiscalía se solicitó  más de 300 días de presidio en su grado mínimo y 120 horas de trabajo comunitario para el menor de edad, acusados de participar en una barricada, aunque fueron detenidos en su hogar alejado del lugar de los hechos, como declaró Quillen Candia: “Dejemos claro que no se detuvieron a los estudiantes del Hogar Pelontuwe en la barricada, se allanó el hogar, llevándose a gente incluso en ropa interior”.

Frente a las heridas presentadas por los integrantes del hogar mapuche, el abogado Juan Pablo Alday, de la Defensoría Penal Mapuche solicitó a la Jueza del caso que se investigue el hecho: “Se hizo una denuncia respecto de los imputados que presentan lesiones para que se investiguen ese hecho y se cree una causa distinta por los motivos que ellos fueron víctimas”, quedando fijada la próxima audiencia para el 12 de octubre a las 11 horas en Temuco.

A esto se sumó la denominada “Operación Huracán”, irrisorio nombre para la detención por orden judicial telefónica de 10 mapuche, deteniéndose a 8 personas desde las 14 horas de ayer hasta la tarde, desde sus hogares, en el campamento de familiares afuera de la cárcel durante el desalojo y transitando en vehículo, sin explicación alguna de la causa a sus familiares hasta su formalización.

Se trata de Héctor Llaitul, Ernesto Llaitul Pezoa, Jaime Huenchullan Cayul, Rodrigo Huenchullan, David Cid Aedo, Martin Curiche Cariqueo, Claudio Leiva Rivera y Fidel Tranamil, quienes fueron formalizados hoy pasadas las 10 de la mañana, acusados de pertenecer una organización criminal responsable de todos los atentados incendiarios que se han sucedido en los últimos meses en toda la zona macro sur, dándose a conocer durante el día que poseen como material probatorio solamente conversaciones por redes sociales, afectando altamente a los amigos y familiares de los detenidos, que debieron enfrentar la violencia policial.

Al respecto,  Gricelda Calhueque, de la comunidad Autónoma Temucuicui y compañera de vida de Jaime Huenchullan declaró como fueron los hechos: “Nos dirigíamos a Ercilla, íbamos a hacer compras de plantitas para cultivar, y de repente cuando llegamos a Ercilla, llegaron los policías, los ratis con los pacos, los dos revueltos y comenzaron a decirle violentamente que se bajara del camión, y que él tenía una orden de una jueza de acá de Temuco, le decían que se bajara a la buena o a la mala, había una caravana (de policías) para detener una sola persona. Fueron muy violentos con él, lo bajaron, le pegaron y lo esposaron sin darnos explicaciones, y lo trajo una camioneta de civil, una camioneta ploma con personas con ropa de civil pero eran policías” precisó para radio Kurrvf.

La utilización de civiles es una tónica que se repite en territorio mapuche, como la utilización de testigos sin rostros, especulación en la prensa y la aplicación de la Ley Antiterrorista.

De esta forma, el sistema político chileno a través de su aparataje policial continua perpetuando una lógica de acción utilizada anteriormente, donde, por medio del encarcelamiento desvirtúa las legitimas demandas del pueblo mapuche, separando y afectando a las acciones de solidaridad.