“No son 30 pesos. Son 500 años”: Los pueblos indígenas hacia la constitución de un Estado plurinacional

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14 DE OCTUBRE DE 2018/SANTIAGO. Marcha por la Resistencia Mapuche por las calles de Santiago. FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

Por Herson Huinca-Piutrin* – Fuente: revistapleyade.cl

Sin duda que el aumento del precio del ticket de metro en la ciudad de Santiago ha indignado a la población chilena, situación que ha sido una gota de agua que ha rebalsado el vaso. Dicha situación ha despertado en el país el descontento e indignación contenida desde la dictadura y el retorno a la democracia. La situación de desigualdad económica existente en el país ha motivado a la población a manifestarse en una serie de movilizaciones a lo largo del país. El descontento con el gobierno del presidente Piñera ha explotado desde la sociedad civil y de los pueblos indígenas al interior del país. Todo esto como demostración de la crisis de gobernabilidad del Estado nación, a través de los gobiernos (concertación y derecha) anteriores que han instalado el modelo neoliberal en la vida cotidiana de las personas.

Me encontré con las manifestaciones en el norte de Chile, mientras realizábamos visitas a actores Aimará en el altiplano de la región de Tarapacá. Desde la mañana de este miércoles 23 de octubre diversas comunidades pertenecientes a los pueblos indígenas Aymara, Quechua, Lican Antay y Colla emprendieron una marcha desde Pozo Almonte para llegar a la ciudad de Iquique. En esta movilización se llegó hasta la intendencia de la región de Tarapacá, con cantos y bailes andinos y, entregándose un documento donde se establecían las demandas de los pueblos indígenas. La demanda por un Estado plurinacional sin duda fue la idea fuerza de la movilización, como también la protección de los territorios y el derecho al agua. Y también una fuerte crítica a la creación del Consejo de Pueblos Indígenas, que desea implementar el gobierno. En su consigna principal se decía: “reconocimiento de nuestros territorios ancestrales. Plurinacionalidad, integridad cultural y autonomía”.

La demanda por un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en Chile no es reciente. Desde los años noventa que se ha venido poniendo en la agenda de los pueblos indígenas lo que se refiere al reconocimiento constitucional, bien se ha establecido en el proyecto preliminar de la Ley Indígena 19.253, que posteriormente sería recortada por los parlamentarios chilenos y el gobierno de la concertación. Podemos ver que las demandas de los pueblos indígenas, en su larga duración, han estado asociado principalmente a la recuperación del territorio, perdido en su gran parte bajo el despojo colonial realizado por el Estado chileno y sus instituciones desde mediados del siglo XIX. Las demandas de los pueblos indígenas, particularmente del movimiento mapuche, en el siglo XX estuvieron siempre presente y marcadas en su primera instancia por el acceso a la educación y el territorio. La década de los años noventa nos enseña sobre la cristalización del movimiento mapuche en una reivindicación de la autodeterminación.

Hacia el año 2015 en su entonces la presidenta Michelle Bachelet, en su programa de gobierno señaló: “garantizaremos la participación plena de los Pueblos Indígenas en todo el proceso de debate y decisión sobre una Nueva Constitución, teniendo presente la idea de un Estado pluricultural que garantice sus derechos colectivos”[1]. Más tarde el presidente Sebastián Piñera en su programa de gobierno vuelve a reiterar: “1. Reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas, impulsando el diálogo con los mismos a través de los mecanismos de participación y consulta respectivos. 2. Crear el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y los Consejos de cada pueblo, como instancias de representación y participación de los pueblos indígenas”[2]. De estos anuncios, como el proceso de elaboración de una nueva constitución, ha sido dilatado hasta la fecha. De aquí que no ha existido en el debate político el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, a excepción del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas que se encuentra en el Senado, y que ha sido criticado por diversas organizaciones indígenas[3].

La discriminación y el racismo del Estado colonial chileno y la sociedad chilena hacia los pueblos indígenas no puede ser desestimada. Los pueblos indígenas en la pirámide diremos socio-racial chilena, se ubican en la base. Son los pueblos indígenas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica, educativa y de acceso a los derechos fundamentales.

Las infancias indígenas dentro de todo el espectro son las que se encuentran en total vulneración. Es más, diversas instituciones de derechos humanos han denunciado la violación de los derechos de la infancia mapuche. La policía chilena ha ejercido una gran violencia a través de allanamientos en comunidades como también el atentar a la vida de niños indígenas a través del disparo de armas de servicio, como es el caso de Brandon Huentecol. En un reportaje titulado “La niñez marcada: historias de violencia policía contra la infancia mapuche”[4] se estima –según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)– que últimamente alrededor de 133 niños y adolescentes han sido agredidos física y psicológicamente entre el 2011 y 2017 de parte de la policía chilena. Aunque también muchos casos quedan sin denunciarse y quedan sin conocerse por que donde ocurren dichas violencias se encuentran alejados de los espacios urbanos. De los hechos que se describen en la gran mayoría de los casos hay malos tratos, como también disparo con perdigones a niños y niñas, quedando estos heridos. A esto se suma que en las investigaciones que se realizan, testimonios que se han recopilado por el anterior reportaje “apuntan a que existe un trato vejatorio hacia niños y niñas expresados en la discriminación y estigmatización de su identidad. Son tratados de “mapuchones”, “indios”, “cochinos” y “flojos” durante los procedimientos policiales”.

Las mujeres mapuche e indígenas, en el conjunto de las mujeres habitantes en Chile, han sido las que se encuentren en condiciones de discriminación, pobreza y el mismo hecho de ser mujeres respecto a los hombres. Si bien la región de La Araucanía muestra una importante prevalencia de fenómenos de violencia en el marco de las relaciones intrafamiliares, como también de violencias externas como de las instituciones públicas y policiales, diversos estudios han mencionado que el acceso a la justicia de las mujeres mapuche, se ve cruzado por varios elementos como la lejanía y el aislamiento geográfico, los factores culturales y la violencia desde el Estado. El testimonio de Myrna Villegas menciona que: “¿Cómo un fiscal de la Araucanía va a proteger a una mujer mapuche?, si esos mismos fiscales, son los que ordenan los allanamientos en donde llegan los carabineros, a veces con algún fiscal. Han denunciado casos en donde llegan incluso con un fiscal, ahí a supervisar el procedimiento y sacan a las mujeres y a los niños a las cinco de la mañana en pleno invierno”[5].

Se ha generado actualmente un gran debate en torno al TPP-11 en el Congreso Nacional de Chile. Dicha preocupación se origina sobre los impactos que este tipo de acuerdos tienen en los derechos humanos y la soberanía nacional. En un artículo publicado por el Observatorio Ciudadano se planteó que existe “preocupación por las implicancias del tratado es la audiencia especial concedida por la CIDH en diciembre de 2016 – junto con organizaciones indígenas y de sociedad civil de México y Perú, países que también son parte del TPP y que han ratificado el Convenio 169 de la OIT, al igual que Chile–, en razón de los efectos negativos de los TLC en los pueblos indígenas de América Latina. En dicha oportunidad los comisionados, considerando los impactos reportados que serían generados por el TPP, estimaron procedente el impulso de procesos de consulta indígena durante su tramitación en las legislaturas. Ello en base a los estándares sobre la materia contenidos en el Convenio 169 de la OIT, así como en la propia jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”[6]. Frente a esto, la misma ONG ha planteado que para Chile y sus legisladores el caso no debe escapar al conocimiento de que la inversión externa generada por los 26 acuerdos comerciales con 64 estados suscritos por Chile desde 1993 a la fecha, los que representan el 86,3% del PIB global, han sido importantes en la actividad empresarial referida a la explotación de recursos naturales.

De toda la exportación del país, el 74,6% se concentran solo en rubros de extractivismo (minería 62%, industria celulosa y madera 8%, salmonicultura 4,6%). Estas actividades han sido un grave problema por sobre los impactos adversos en derechos humanos. En este sentido ha llamado profundamente la atención de que los legisladores no se hayan preocupado en torno a las demandas que han realizado los representantes indígenas de distintos territorios para el TPP-11 sea sometido a consulta previa a los pueblos indígenas. Los mismos autores han mencionado que la Cancillería ha fundamentado esta decisión en la resolución 833-2016 de la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, donde se sostiene que el TPP “no requiere consulta previa a los pueblos indígenas”. El mismo documento señala que “la decisión de iniciar un proceso de consulta indígena es autónoma del órgano responsable de dictar la medida”, se suma a esto que la consulta “es meramente facultativa” y “no tiene un carácter vinculante”. Dicho estudio menciona que “el análisis además para llegar a esta conclusión se realiza a partir de las disposiciones del decreto no. 66 que regula la consulta indígena en Chile dictado en la primera administración de Sebastián Piñera. Se trata, como también lo han señalado diversas instancias internacionales, incluyendo la propia OIT y el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones Unidas, de un reglamento que contiene una interpretación restrictiva del estándar internacional del derecho a la consulta de pueblos indígenas y, que, por lo mismo, el Estado ha comprometió hace cuatro años atrás su modificación en el marco de la examinación del Comité DESC”[7].

Las personas de la tercera edad pertenecientes a los pueblos indígenas son otro sector de la sociedad que ha sido desplazada de la discusión sobre los derechos de los pueblos indígenas en Chile. A lo largo del recorrido que hemos podido realizar, hemos notado que en su mayoría las personas indígenas de tercera edad terminan en los espacios rurales y urbanos, bajo condiciones de vulnerabilidad. Son aquellos que terminan recibiendo bajas pensiones de jubilación, y en su mayoría, no las han obtenido en razón de que a lo largo de sus vidas se han dedicado a las labores del campo. Por otra parte, no existe una política pública que se oriente a las personas indígenas de tercera edad en tanto que depositarios de lo que son los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, como también de su futura transmisión a las nuevas generaciones.

A través de lo anteriormente mencionado, quiero plantear que, si bien en estos momentos asistimos a una efervescencia de un movimiento social en Chile, que se funda en el descontento, la indignación para con el sistema económico y político actual, las demandas de los pueblos indígenas no se reducen a una reciente movilización o lo que se le ha denominado “Chile despierta”. Los pueblos indígenas en el país han venido planteando sus demandas durante gran parte del siglo XX y en las últimas tres décadas. En el caso del movimiento mapuche se ha venido reivindicando una serie de parlamentos con la corona española que ha fundado su autonomía por durante más de tres siglos. Siempre ha sido recurrente aquella reivindicación contra el accionar del Estado chileno y la imposición de un sistema colonial de asentamiento (aquí hablamos de los colonos alemanes, suizos, italianos y franceses) en los territorios indígenas. No es reciente para los pueblos indígenas la vulneración constante de sus derechos humanos a través del despojo, la postergación, la discriminación y la actual represión y criminalización de sus reivindicaciones. Lo que hoy están demandando los pueblos indígenas, no sólo se reduce a las alzas, bajos salarios, el acceso a la educación, la salud y las pensiones de jubilación, demandas transversales a la sociedad chilena.

Bien lo ha demostrado la movilización de los pueblos indígenas en la ciudad de Iquique; lo que los pueblos indígenas están demandando es el reconocimiento constitucional y la construcción de un Estado plurinacional. Es por ello que las demandas y reivindicaciones por la autodeterminación de los pueblos indígenas no solo se reduce al aumento de 30 pesos del metro de Santiago, aquí se trata de una deuda de caso 500 años de colonialismo en sus diversas formas.

* Candidato a doctor por la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). Investigador Mapuche, fundador de Comunidad de Historia Mapuche / Centro de Estudios e Investigaciones Mapuche. Coeditor de Ta iñ fijke xipa rakizuameluwün [Historia, colonialismo y resistencia desde el país Mapuche] (Temuco: Ediciones Comunidad de Historia Mapuche, 2012) y Awükan ka kuxankan zugu Wajmapu mew [Violencias coloniales en Wajmapu] (Temuco: Ediciones Comunidad de Historia Mapuche, 2015).

Referencias bibliográficas

Instituto Nacional de Derechos Humanos. Informe Violencia hacia las mujeres rurales e indígenas rurales: invisibles y marginadas. INDH: Santiago de Chile, 2018.

Notas:

[1] Programa de Gobierno, capitulo Pueblo Indígena. Información disponible en: http://michellebachelet.cl/wp-content/uploads/2013/10/Pueblos-Ind%C3%ADgenas-172-177.pdf (Consultado el 27 de abril 2016)

[2] Información disponible en: https://planaraucania.sebastianpinera.cl (Consultado el 20 de abril 2019).

[3] Información disponible en: http://www.conadi.gob.cl/gobiernotransparente/noticias/consejo-nacional-de-pueblos-indigenas-es-aprobado-en-la-sala-del-senado (Consultado el 4 de marzo de 2019).

[4] Información disponible en: https://www.eldesconcierto.cl/2019/04/17/tpp11-sin-consulta-indigena-una-vulneracion-de-derechos-humanos (Consultado el 3 de noviembre de 2017).

[5] Informe INDH, Chile. Violencia hacia las mujeres rurales e indígenas rurales: invisibles y marginadas. p. 45. 2018.

[6] Ibíd.

[7] Ibíd.