Son varios casos en los que comunicadores sociales han sido, en cierto modo, censurados por el Poder Judicial o instituciones del Estado, como el documentalista Vicente Montecinos y el periodista italiano Lorenzo Spairani. Chiara Sáez, del Instituto de la Comunicación e Imagen, dice que “podemos concluir que el Estado de Chile no quiere que se generen y pongan en circulación otras visiones de los conflictos sociales”.
Por Catalina Barrios – Fuente: elmostrador.cl
El 4 de febrero cerca de 20 funcionarios de la PDI allanaron la casa de los papás de Vicente Montecinos, comunicador audiovisual que reportea la causa mapuche en la Región de La Araucanía. Llegaron con el pretexto de buscar armas sin una orden judicial. Se llevaron computadores, pendrives, discos duros, papeles y una serie de material audiovisual. Paralelamente a esto, Montecinos era detenido en Collipulli.
El comunicador audiovisual, de 28 años, trabaja en torno al conflicto mapuche desde hace más de ocho. Su primer proyecto audiovisual fue un cortometraje de ficción basado en una familia de una comunidad. Actualmente, realiza un documental lllamado “Ñuke” y es sobre la cultura, la historia y la cosmovisión de dicho pueblo. Sin embargo, la PDI le incautó parte del material que necesita para terminar ese trabajo.
Vicente relata que “fue un procedimiento policial que vino de una solicitud del fiscal Luis Arroyo Palma, quien dio solo una orden verbal. Me detuvieron para hacerme un interrogatorio, mientras que en Santiago a mis papás les allanaban la casa”. También explica que esta situación se dio en el contexto de estar reporteando “la represión y allanamientos que estaban viviendo las comunidades mapuches durante esa semana en Ercilla”.
El comunicador audiovisual agrega que “es una forma de intimidar y de invalidar todos tus derechos de acuerdo al debido proceso. Quieren involucrarme en un montaje judicial, dicen que soy colaborador de una escuela de guerrillas, un artificio que inventó la prensa, que consiste en que comunidades mapuches se están preparando para una guerrilla. Pero no tienen pruebas”.
El Fiscal vocero de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Región de La Araucanía, Luis Torres Gutiérrez, afirma que “el Ministerio Público confirmó que el imputado se encuentra siendo investigado en calidad de imputado. Es una investigación que se encuentra en calidad desformalizada. Por lo tanto, no vamos a aportar mayores antecedentes, para no entorpecer las diligencias pendientes”.
Periodista italiano
El mismo día en que Vicente fue detenido, Lorenzo Spairani, periodista italiano, fue expulsado de Chile por una orden firmada por el intendente de la Región Metropolitana Claudio Orrego. Esta señalaba lo siguiente: “De los antecedentes remitidos se indica que el extranjero en comento, ha sido detectado participando de diversas actividades antisistémicas, alterando el orden social del país y constituyendo de esta manera un peligro para el Estado”. Por esta situación, El Mostrador se comunicó con la Intendencia Metropolitana, sin embargo, señalaron que no se van a referir a este tema y no darán declaraciones.
Laziodisu, agencia italiana ubicada en Roma, apoya proyectos y acciones educativas y fue la que becó a Spairani. El propósito de la beca era que el periodista realizara un proyecto denominado “Estudio de los videos y nuevos medios como herramientas para la inclusión social y la ciudadanía activa”. Para esto, el periodista debía asesorar comunicacionalmente a una organización social o sindical para observar sus procesos sociales. Postuló a la organización sindical Asociación Regional Metropolitana de trabajadores del Sename (Armetrase) y, mientras estuvo en Chile, colaboró con material audiovisual de sus huelgas y manifestaciones.
Rodolfo Noriega, abogado de Spairani, quien además es presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, interpuso un Recurso de Amparo que la Corte de Apelaciones no acogió. Noriega asegura que “la Intendencia realizó la expulsión sobre la base de un informe de la policía y ni siquiera fue analizado correctamente, porque no señalaba hechos concretos. La expulsión fue una falta al debido proceso, porque Lorenzo no tuvo la oportunidad de defenderse”.
Los dos casos se suman a lo que pasó con Felipe Durán el año pasado, fotógrafo que estuvo en prisión preventiva durante 10 meses acusado de portar armas y finalmente quedó en libertad, luego de ser absuelto de todos los cargos de que se le culpaba. También se cuenta el caso de Elena Varela, documentalista detenida el año 2010. Fue procesada por la Ley Antiterrorista y estuvo dos años en la cárcel. Estos dos comunicadores registraban los conflictos en la comunidad mapuche.
Chiara Sáez, académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, dice que “en estos casos vemos comunicadores a quienes se les viola el derecho a informar en un contexto particular: cobertura de demandas de movimientos sociales o de violaciones de derechos humanos de colectivos específicos, como niños y niñas o indígenas. Podemos concluir que el Estado de Chile no quiere que se generen y pongan en circulación otras visiones de los conflictos sociales, que aquellas que circulan en los medios convencionales”.
Por su parte, Javiera Olivares, presidenta del Colegio de Periodistas, indica que “me parece grave. Si bien no es un fenómeno nuevo, siento que se ha recrudecido una ola de distintos casos que han terminado con la imposibilidad de cubrir determinadas noticias que son complejas, movilizaciones sociales que se vinculan a movimientos organizados, como los sindicatos, centros y federaciones de estudiantes y, peor aún, en torno a la causa mapuche”.
Asimismo, la representante del Colegio de Periodistas señala que “la administración del Estado tiene una deuda en su gestión en materia de garantía de libertad de expresión. Los grandes monopolios u oligopolios de la prensa tienden a confundir a la ciudadanía señalando que la mejor garantía de libertad de expresión es que ellos, los grandes privados, tengan acceso a poder instalar los medios que estimen pertinentes”.
En efecto, Olivares afirma que “también es importante que otros actores de la sociedad chilena tengan la posibilidad de ejercer su derecho a comunicar. Pero existen trabas. El caso de Vicente Montecinos fue un atentado y una manera de coartar su trabajo documental. Son muchas experiencias que demuestran que esto todavía pasa en Chile”.
Roberto Morales, presidente de Amnistía Internacional, sostiene que “la libertad de expresión es un tema básico en las sociedades democráticas. El derecho internacional lo respalda, hay convenios internacionales. En el caso de periodistas, documentalistas o reporteros que están haciendo levantamiento de información en situaciones donde la población está en situaciones complejas como La Araucanía, es muy importante que las instituciones actúen con la mayor rigurosidad posible y, obviamente, no se les censure. Deberían agradecer que la gente puede levantar información objetiva”.
Montecinos presentó un recurso de protección después del allanamiento de su casa y asegura que este tipo de situaciones “es una manera de censurar a los medios independientes y desviar la atención de lo que allá pasa. Esto no es contra mí, es contra mi trabajo. Mostramos la otra cara, la violencia a los niños, los montajes judiciales. En cambio, los grandes medios se quedan con la crónica policial y el sensacionalismo”, precisa.
