El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU activó un proceso para determinar si el fenómeno en México corresponde a circunstancias sistemáticas o generalizadas. El asunto, que ya escaló a la Asamblea General, podría poner el foco en otros países de América Latina, donde las desapariciones no hacen más que crecer de manera silenciosa.
Publicado el 5 de noviembre de 2025 Por Carlos Gutiérrez en Conectas
En México, nadie sabe dónde están 133.000 personas y hay más de 72.000 cuerpos sin identificar. Por eso, algunas organizaciones defensoras de derechos humanos vieron como hito histórico que Juan Pablo Albán, relator del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hablara sobre desapariciones forzadas en ese país ante la Asamblea General el 21 de octubre.
Ya en abril de 2025 el Comité había activado en México el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Y tras recabar información buscará indicios fundados de que se trata de una situación generalizada y sistemática.
De acuerdo con ese instrumento de derecho internacional, la desaparición forzada consiste en el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad en la que participan agentes estatales o “personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida”.
Estas acciones del Comité de la ONU son importantes, dice el periodista mexicano de #CONNECTASHub Lauro Rodríguez, porque permiten darle una visibilidad más amplia a la crisis de desapariciones. Además, agrega, “los colectivos ven esperanza en que al involucrarse la ONU se puedan generar estrategias con el Estado mexicano para que ahora sí se pueda atender la crisis”
Sin embargo, en respuesta al informe de Albán, el gobierno de Claudia Sheinbaum rechazó la existencia de casos de desaparición forzada en su territorio. Argumenta que este fenómeno “está principalmente vinculado con la delincuencia organizada”, como difundió en un comunicado. Asimismo, subrayó que el Gobierno combate esa crisis “mediante una política de Estado basada en la prevención, la investigación y la sanción”. Y criticó las afirmaciones del Comité por carecer de sustento.
Para Amnistía Internacional la respuesta del Gobierno mexicano es parcialmente cierta, porque “ignora que en muchos de estos casos el crimen organizado opera con la autorización, apoyo o aquiescencia de las autoridades. Adicionalmente, también existen casos en donde son los servidores públicos directamente quienes cometen las desapariciones forzadas”, publicó en un análisis.
Los colectivos de búsqueda tampoco están de acuerdo con la postura del Gobierno de Sheinbaum. Incluso, estiman que hay tres veces más personas desaparecidas que las reportadas oficialmente. “No hay nadie que esté vigilando que el registro nacional tenga datos certeros. La Comisión Nacional de Búsqueda no supervisa que las autoridades estatales estén enviando la información completa. Por ejemplo, Jalisco dejó de enviar datos desde marzo de 2022 y hasta abril de 2025 no había enviado un solo caso de personas desaparecidas. Ahora lo que está haciendo es actualizar los casos antiguos sin reportar los nuevos porque no tienen tiempo de hacerlo”, asegura Rodríguez.
Pero el tema va mucho más allá de México. La activación del Artículo 34 es relevante para Latinoamérica, donde ese país aparece como el epicentro del fenómeno debido a la alta cantidad de casos y a lo complejo de la situación, afirma la académica salvadoreña Jeannette Aguilar. Advierte, no obstante, que en América Latina se ve un aumento de los casos de desaparición forzada “de unos niveles de complejidad, de atrocidad, de barbarie, muy similares a los que observamos en México”.
En la región podríamos estar frente a una situación aún más grave que la vivida en la década de 1970, cuando las dictaduras desaparecieron personas sistemáticamente. Sin embargo, hoy dicha práctica resurge asociada a grupos delincuenciales con actores diversos. Hay, ahonda Aguilar, agentes estatales, no estatales y paraestatales “que en ciertas circunstancias, contextos y geografías se articulan y colaboran para ejecutar las desapariciones”. El problema es que muchos gobiernos dejaron que la crisis creciera y apenas están tomando cartas en el asunto.
Así, en este año el Gobierno brasileño inauguró el Observatorio de Personas Desaparecidas, para estudiar las causas, circunstancias y dinámicas del fenómeno. La situación en ese país parece incluso superar la de México, ya que, de acuerdo con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, entre 2015 y 2024, se esfumaron más de 756,000 personas, un promedio de 207 casos por día. Tan solo en 2024 superaron las 81.000, según datos del Anuario Brasileño de Seguridad Pública.
Aguilar considera que muchos de los casos en la región son, en realidad, homicidios y femicidios encubiertos. “El fenómeno es de una gran envergadura, pero hay serios problemas de registro y falta de voluntad política de muchos gobiernos, principalmente por el alto costo político que les genera reconocer el fenómeno en su magnitud”, explica.
Lastimosamente, profundiza la investigadora, la situación también está asociada a mecanismos de control y de violencia del Estado, sobre todo donde hay regímenes con tintes autoritarios. Pone como ejemplos los casos de Honduras, El Salvador, Perú y Ecuador, donde “el Estado vuelve a resurgir como uno de los principales perpetradores”.
En Honduras, la Fundación para la Justicia señala que no existen registros oficiales de gente desaparecida. En ese país, “la desaparición de personas constituye una crisis persistente que adopta múltiples manifestaciones, incluyendo la violencia, la migración forzada, la trata de personas y los conflictos sociales”, apunta el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en su página web. Para dar cuenta de la dimensión del problema, la Dirección Policial de Investigaciones informa que entre 2022 y agosto de 2025 desaparecieron 729 menores de edad según los registros oficiales.
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Por su parte, en El Salvador el fenómeno reapareció a principios del siglo asociado no solo a políticas de mano dura del Gobierno. También se atribuye a que las pandillas ocultan los cuerpos de sus víctimas, con un patrón muy similar al que ejercían los escuadrones de la muerte. En Guatemala, persiste la desaparición de infantes, debido a la continua presencia de redes de tráfico de niños incluso con complicidad del Estado durante la época del conflicto armado y la dictadura.
Llama la atención Costa Rica, donde no hubo dictaduras militares ni tampoco había antecedentes de desaparición de personas. Ahora en este país crece este fenómeno, sobre todo vinculado al ajuste de cuentas entre grupos delincuenciales en ciertos territorios.
“Estamos frente a cifras cada vez más espurias”, afirma Aguilar. Comparte que en los estudios que realiza con otros académicos de la región han encontrado que los gobiernos saben de la existencia de cementerios clandestinos donde yace un gran número de cuerpos, “pero no hay voluntad política para reconocerlos. Esto genera un vacío en la estadística oficial”.
En los países que viven bajo regímenes dictatoriales la situación es aun más incierta. En Venezuela, Amnistía Internacional documentó en un informe “el uso generalizado de la desaparición forzada tras las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el 28 de julio de 2024”, enmarcadas en una política de Estado orientada a castigar a quienes cuestionan al Gobierno. Habla de más de 900 casos de personas privadas arbitrariamente de su libertad por motivos políticos y sometidas a tortura y malos tratos, así como 15 casos de víctimas de desaparición forzada.
Por su parte, el 30 de octubre el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua acusó ante la Asamblea General de la ONU al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por haber “desplegado una política deliberada para silenciar la disidencia mediante crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas y una represión que traspasa fronteras”.
Después de haber analizado más de 9.300 documentos y realizado más de 1.900 entrevistas, el Grupo encontró un patrón de violaciones graves, sistemáticas y generalizadas cometidas desde 2018. “Estas acciones constituyen, prima facie, crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinato, encarcelamiento, tortura, violencia sexual, desaparición forzada y persecución”, señala la propia ONU. Además, en su informe, el Grupo de Expertos advierte que hay un aumento “profundamente inquietante” en Nicaragua, donde es imposible saber la dimensión real del fenómeno.
A principios de octubre, expertos de la ONU instaron al gobierno nicaragüense a esclarecer la suerte y el paradero de más de 120 víctimas de desaparición forzada en el país. Entre ellas se encuentran líderes indígenas defensores de la tierra y los recursos naturales, personas mayores, mujeres y personas vinculadas a partidos, además de personas sin afiliación política conocida.
El Comité Internacional de la Cruz Roja señala que los Estados deberían prioritariamente prevenir el fenómeno “mediante la adopción de un marco jurídico especializado y el fortalecimiento de mecanismos de búsqueda e identificación para la protección de las personas en riesgo de sufrir una desaparición y de las personas afectadas por este hecho. Esto incluye a las personas fallecidas no identificadas a recuperar su identidad, así como la restitución a sus familiares”.
Sandra Odeth Gerardo, investigadora asociada al Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense, confirma que en México sí existen leyes y mecanismos para atender los casos de personas desaparecidas, pero esto es por la presión que han ejercido las familias de las víctimas, no por iniciativa del Estado. Incluso, afirma que eso tuvo mucho que ver con que la ONU activara el Artículo 34. Critica a los actuales gobiernos de izquierda porque con su llegada al poder prometieron apoyo, “y no solo no cumplieron, sino que han tenido un negacionismo tremendo”.
Aun así, de acuerdo con Gerardo algunos países centroamericanos miran a México como un Estado modelo en términos de legislación y están en vías de adoptar medidas para hacer frente a sus propias crisis. En Honduras, por ejemplo, existe presión social y política para que el Estado apruebe la Ley de Búsqueda y Protección Jurídica de Personas Desaparecidas, para atender esta “crisis persistente que adopta múltiples manifestaciones”.
En Chile, apenas el 15 de octubre se promulgó una ley para crear el Registro de Ausentes por Desaparición Forzada, la cual constituye una herramienta de reparación simbólica para quienes fueron víctimas durante la dictadura, entre 1973 y 1990.
La mayor parte de los casos de desaparición forzada en Argentina se concentran en tiempos de los gobiernos militares, de 1976 a 1983. Hoy, no obstante, el Comité de la ONU se muestra preocupado por la lentitud de los tribunales, lo cual puede “dar lugar a la impunidad por la muerte de los perpetradores o a que las víctimas mueran de vejez sin obtener justicia”.
En Colombia, a pesar de los acuerdos de paz de 2016, el Comité de la ONU señala que las desapariciones siguen ocurriendo a diario, “tanto en el contexto de los conflictos armados como fuera de ellos”. Asimismo, considera que los actores violentos usan la desaparición forzada como método de terror para controlar territorios.
En fin, se trata de un panorama verdaderamente continental, que trasciende con mucho el drama de México. De ahí la importancia de mantenerlo presente en la conversación de muchos países, porque lo que no se habla parece no existir. Con el agravante de que, como puede verse, la magnitud del problema sigue siendo un enigma. Por eso, las acciones del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU deberían trascender fronteras y plantear mecanismos eficientes para hacer frente a una situación que mantiene en tortura permanente y en duelos irresueltos a miles de personas en la región.
