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Durante sus intervenciones, los peticionarios expusieron en profundidad respecto de los impactos de la actividad empresarial en territorio mapuche, entregando además información sobre leyes sectoriales, el derecho a la consulta y tres casos específicos para ejemplificar estas violaciones a derechos humanos garantizados en la Convención Americana.

La Comisión pidió al estado chileno entregar informe sobre estas situaciones, y el gobierno se comprometió a cumplir con la revisión de los decretos de consulta dictados por la administración de Piñera, algo que ya había señalado en audiencia del año 2014, y que hasta ahora no ha cumplido.