El conflicto de la industria forestal en Chile y territorio Mapuche

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El Estado chileno sigue potenciando la forestación de monocultivo de especies exóticas mediante la prórroga del decreto 701, que fue creado en 1974 y que pretende duplicar las plantaciones exóticas de pino y eucaliptus. Este cuadro legislativo pone en el tapete la proyección de la herencia y el modelo impuesto por la dictadura militar, consolidando la depredación, el asesinato de la vida rural y la acumulación de riquezas para ciertos grupos privilegiados, en desmedro de las posibilidades de definir nuevas formas de desarrollo que revitalicen la vida rural y que fortalezcan las economías locales.

Es necesario recordar que el decreto 701 aceleró la expansión de los monocultivos, la concentración de grandes extensiones de tierra y el traspaso de las principales empresas de este rubro del Estado a los grupos económicos de Angelini y Matte, así como de tierras de propiedad estatal tras la Reforma Agraria: de un total de 10 millones de has. expropiadas, 3 millones -ubicadas en la faja costera- fueron vendidas en licitaciones públicas. La Corporación Nacional Forestal (CONAF) fue autorizada para enajenar las tierras de la contrarreforma, muchas de las cuales aún eran ocupadas por comunidades mapuche o campesinas. Además se bonificó en un 75% los costos de plantación, manejo y administración, eliminando la tributación y cubriendo casi la totalidad de los costos para las grandes empresas forestales.

En 1979 se implementó la división de las tierras comunitarias mapuche y la entrega de títulos individuales de propiedad privada, favoreciendo un contexto tendiente a la desaparición rural. En 1980, la Corporación Chilena de la Madera, que agrupa a los principales empresarios forestales en Chile, intervino directamente en la confección del reglamento del DL 701 sobre Fomento Forestal, consolidando el patrimonio y expansión de estas empresas. Desde entonces las exportaciones forestales han constituido una alta prioridad para los sucesivos gobiernos chilenos “democráticos”, que desde 1989 hasta nuestros días han seguido apoyando y promoviendo la forestación, estableciendo diversos acuerdos multilaterales de mercado y contribuyendo al aumento de las fortunas de sus grupos económicos.

Las comunas ocupadas por monocultivos forestales (Maule, Bío Bío y La Araucanía) registran una disminución en la disponibilidad de agua, así como los mayores índices de desempleo, emigración y pobreza del país. En la Araucanía entre enero y febrero del 2012 unas 46 mil personas de zonas rurales sufrieron la falta de agua (los monocultivos actúan como verdaderas bombas de agua), afectando seriamente la agricultura de subsistencia. Asimismo, las localidades forestales entre el Bio Bio y la Araucanía, a pesar de las abultadas utilidades que perciben las compañías, concentran los mayores niveles de pobreza del país.   

La proliferación de monocultivos ha afectado también los suelos ganaderos, de bosque nativo o agrícola, lo que conlleva pérdida de soberanía y seguridad alimentaria, así como de fuentes activas de trabajo, repercutiendo en el desplazamiento de población rural. La Fundación para la Superación de la Pobreza señala que el escenario para las zonas rurales de la Araucanía es crítico, sobre todo para la pobreza indigente que del 6,5% de 2006 sube a un 9,9% en 2009.

Otras consecuencias que han sido permanentemente denunciadas por comunidades y organizaciones han sido: desplazamiento del Bosque Nativo; uso indiscriminado de plaguicidas y contaminación de ecosistemas; acorralamiento de comunidades rurales por los monocultivos; destrucción de caminos rurales y polución por el tránsito de la maquinaria pesada, principalmente en tiempos de cosecha; pérdida de flora y fauna y de plantas medicinales y alimenticias; trasgresión de lugares sagrados, y peligros de plagas como la avispa taladradora.

Aún así, desde el segundo semestre del 2012 el Ministerio de Agricultura, a través de CONAF, viene promoviendo la prórroga del decreto 701, en miras a fortalecer la forestación, argumentando beneficios para las comunidades indígenas de la región. En la propuesta los pequeños y medianos propietarios recibirían porcentajes mayores de bonificaciones por hectáreas plantadas, y se considera la entrega de incentivos sobre costos de producción, agregando nuevas formas como el de “servicios ambientales”. Esta medida ha sido celebrada por sectores políticos legislativos del oficialismo y la oposición y se ha considerado como un importante “beneficio y oportunidad”. Sin embargo esta estrategia beneficia nuevamente a las grandes compañías, que no necesitarían adquirir más predios, con los riesgos de conflictos y disputas territoriales que esto implica, si no que anexa de manera encubierta los predios de comunidades y campesinos, siendo las propias empresas las que tendrán luego el poder adquisitivo de las cosechas de estas plantaciones.

Otro de los puntos en cuestión es el viciado proceso que se ha llevado adelante transgrediendo normas como el Convenio 169 de la OIT y que pone en entredicho la buena fe de la consulta, de acuerdo a las obligaciones estatales con las normas internacionales.

Hoy, parlamentarios del congreso chileno están en fase de discusión donde existen intentos de imposición de una nueva arremetida para su expansión.

Rechazar este decreto y su prórroga es abrir una nueva oportunidad para discutir sobre el nuevo marco normativo de fomento forestal, bajo criterios democráticos y que vayan de acuerdo con los intereses y necesidades de los habitantes de los diversos territorios y sus economías locales.

 

Punto aparte es el acaparamiento de tierras y prácticas de Angelini (Forestal Arauco Celco) y el grupo Matte (CMPC – Forestal Mininco).

 

Por Alfredo Seguel