En el marco de la inminente creación del nuevo Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Colegio de Arqueólogos de Chile A.G. se pronuncia ante las falencias del proyecto de ley y la forma cómo el gobierno ha procedido para su elaboración.
COMUNICADO DE PRENSA
PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE CREA
EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO
Colegio de Arqueólogos de Chile A.G.
En el marco de la inminente creación del nuevo Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Colegio de Arqueólogos de Chile A.G. se pronuncia ante las falencias del proyecto de ley y la forma cómo el gobierno ha procedido para su elaboración.
Ante la decisión del actual Ministro de Cultura Ernesto Ottone de entregar al congreso, antes que finalice el mes de septiembre de 2015, la versión definitiva del documento de Indicación Sustitutiva del proyecto de Ley que crea el nuevo Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Colegio de Arqueólogos de Chile A.G. como organización gremial vinculada con la herencia cultural de los pueblos de nuestro país, plantea la necesidad de discutir y replantear con urgencia parte de los principios fundamentales que inspiran este proyecto de ley, así como sus definiciones operativas y la mecánica propuesta para llevar a cabo la administración, gestión, difusión y valoración del patrimonio arqueológico del país.
Sabemos que el nuevo Ministerio se dividiría en dos subsecretarías, una de las Artes, Industrias y Economía Creativa y Culturas Populares (“Subsecretaría de las Artes”) y otra Subsecretaría del Patrimonio, Culturas Tradicionales y Culturas de los Pueblos Originarios (“Subsecretaría del Patrimonio”). Declaramos nuestra inconformidad con carga conceptual que plasma ya desde la nomenclatura a la primera subsecretaría. Claramente el proyecto se inspira en una definición de patrimonio cultural que consideramos paternalista y colmada de lugares comunes, concebido con un fuerte sentido lucrativo heredado de la primera versión del proyecto de Ley que fue entregada al congreso durante el año 2013 en el gobierno de Sebastian Piñera. Tanto éste como el actual gobierno, podrán justificarse en el llamado que hicieron a realizar diferentes instancias de “participación ciudadana” para discutir el proyecto, pero lo cierto es que éstas no lograron efectividad ya que en realidad se trató de reuniones a puerta cerrada, segmentadas según diferentes públicos y mayoritariamente orientadas a funcionarios de organismos estatales que se verán implicados en el nuevo ministerio. Todo esto da como resultado la actual invisibilidad del proyecto hacia el ámbito civil.
Contrariamente, nuestro país requiere de una definición de patrimonio cultural amplia, orgánica e inclusiva, que resulte de una verdadera reflexión por parte de todos los actores involucrados, integrando la voz de organizaciones civiles, académicos, representantes del área cultural y patrimonial y de los pueblos originarios. Para ello, además se requiere tener en cuenta las definiciones de cultura y patrimonio emanadas de la Unesco (Convenciones 1972 y 2003) y del Convenio 169 de la OIT. Estas requieren la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales y se trata de convenciones que han sido ratificadas por el gobierno Chile.
Por otra parte, nos preocupa la postergación de la futura Ley de Patrimonio que reemplazará a la actual Ley 17.288 de Monumentos Nacionales, la cual no será discutida hasta después de la creación del nuevo Ministerio. Inversamente, nos parece que dicha Ley debería ser la base orgánica de este último Ministerio y, por lo tanto, su discusión debería ser anterior, con lo cual restaríamos incertidumbre sobre el giro y la magnitud que tendrá la administración, gestión y difusión del patrimonio cultural en nuestro país.
En el marco de la orgánica del nuevo Ministerio, es fundamental que se le dé preponderancia al personal profesional y técnico que debería ocupar los cargos de la futura Subsecretaría del Patrimonio, y no únicamente a la plana política del futuro Ministerio (Ministro y SEREMIAS). Algo similar sucede con los cargos de directores de las futuras divisiones del Ministerio y con los consejeros que integrarán el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consejo Asesor de Pueblos Originarios y Consejo de Monumentos Nacionales, los cuales no pueden estar ocupados por representantes políticos designados por el gobierno de turno, sino que deben ser elegidos vía concurso público según sus habilidades técnicas y experiencia específica para cada cargo. Además, consideramos que es necesario que estos Consejos sean vinculantes, teniendo atribuciones relevantes y efectivas a la hora de definir y resguardar el patrimonio cultural.
Como arqueólogos conocemos a cabalidad los diversos frentes de trabajo que debe resolver diriamente el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), ya que gran parte de nuestra actividad profesional está supervisada, evaluada, aprobada, visada y fiscalizada por este organismo público, al estar este organismo encargado de la tutela de los sitios arqueológicos y otros Monumentos Nacionales. Actualmente sus labores administrativas superan ampliamente aquellas derivadas de la Ley 17.288, ya que desde 1993, cuando entró en vigencia el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el CMN se convirtió además en un órgano del Estado con competencia ambiental, con lo cual el Área de Patrimonio Arqueológico pasó a destinar la mayor parte de sus horas laborales a actividades relacionadas con este último ámbito
En el marco del nuevo Ministerio, el CMN pasaría a calidad de Secretaría Ejecutiva, pero su estructura y funciones solamente se reordenarían mediante la futura modificación a la Ley de Monumentos Nacionales. De todas formas hacemos un llamado a las autoridades con el fin de que se asegure su competencia ambiental, ya que la mayor parte de las intervenciones de sitios arqueológicos se realiza en el marco de los estudios cautelados por el Sistema de Evaluación Ambiental. Por otra parte, es imprescindible que el nuevo Ministerio considere ampliar la planta de profesionales del Área de Patrimonio Arqueológico, ya que debe cumplir con otras importantes labores tales como gestión, puesta en valor de sitios arqueológicos, elaboración de lineamientos de intervención y actualización de procedimientos. Los especialistas arqueólogos son indispensables en el trabajo de fiscalización, estudio y preservación de este patrimonio, por lo cual demandamos también que se incluya un consejero representante del Colegio de Arqueólogos de Chile A.G. en el Consejo de Monumentos Nacionales. También es fundamental incrementar la presencia de esta institución en regiones, para no perpetuar el centralismo del CMN y asegurar la fiscalización y gestión del patrimonio en todo el país.
Finalmente, en pos de construir un proyecto de cultura más sólido e inclusivo para nuestro país, hacemos notar la necesidad de incrementar el presupuesto que se destinaría a la Subsecretaría de Patrimonio, ya que hoy el presupuesto del CNCA duplica al de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM). Esta última se dividiría en varias divisiones dentro la Subsecretaría de Patrimonio, la que tendría que arreglárselas con menos del 0,5% del gasto de la Nación para velar por la adecuada mantención y gestión de museos, depósitos, archivos y bibliotecas patrimoniales y públicas de todo el país.
