Salvador Millaleo es uno de los quince miembros del Consejo Ciudadano de Observadores para el proceso Constituyente, instancia que se dio a conocer a inicios de diciembre de este 2015.
Salvador Millaleo, Ph.D., es abogado y sociólogo, mapuche con una familia de origen en Puculón, comuna de Teodoro Schmidt en la Región de la Araucanía. Es profesor de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, miembro del consejo de la plataforma tuconstitucion.cl, la Fundación Chile 21 y actualmente es miembro de la comisión de observadores del proceso constituyente.
Sobre esta nominación y los desafíos que se vendrían para los Pueblos Indígenas desde su mirada en este espacio institucional, a continuación la siguiente entrevista de Mapuexpress.
¿Qué significa para ti este nombramiento y cuáles serán tus prioridades?;
Esta designación implica la oportunidad de hacer escuchar las demandas de los pueblos indígenas sobre un proceso constituyente genuinamente democrático, así como de poner a la vista para quienes normalmente los pueblos indígenas son invisibles, las demandas de contenido constitucional que hacen nuestros pueblos. El que seamos dos miembros indígenas – junto a Beausejour Coliqueo – en la comisión nos da una señal que tenemos una oportunidad. El desafío es muy grande, en un proceso complejo y hasta ahora poco definido, pero dicha oportunidad me motiva a aceptar dicha responsabilidad.
En nuestro orden constitucional republicano nunca en su historia los pueblos indígenas han sido reconocidos, ni siquiera simbólicamente. Esto se debe principalmente a que jamás hemos sido convocados como pueblos a deliberar sobre ninguna de las cartas constitucionales que hemos tenido. Curiosamente, en la falta de participación en la génesis de los textos constitucionales, hemos compartido el destinado del pueblo chileno en general, donde sólo sus élites han debatido – cuando no simplemente impuesto – un orden constitucional. El que el actual proceso constituyente se entienda como un proceso que debe ser participativo nos abre la oportunidad a que nuestras voces puedan ser escuchadas. Por ello, para no perder esa oportunidad, creo que es importante incidir en la forma en se proyectará e implementará dicha participación.
La prioridad para mí entonces, es que el diseño del proceso participativo no diluya a los indígenas como individuos dentro del colectivo nacional chileno, sino que los pueblos indígenas puedan participar también como colectivos, pueblos-nación, tal y como se comprenden los pueblos Mapuche, Aymara, Rapanui y la mayoría de nuestros pueblos indígenas. Los indígenas no son individuos con peculiaridades culturales o sociales, como los vegetarianos, subculturas urbanas o miembros de una clase o estrato social determinado, sino que son parte de colectivos que poseen una articulación institucional propia, con autoridades tradicionales propias, sistemas normativos propios (nuestro Az-Mapu, por ejemplo) y formas propias de deliberación y toma de decisiones. A través de ellos y usando los procedimientos propios a nuestras culturas es que debe manifestarse la voz de los pueblos. Esto, lejos de ser una obstáculo a la democracia, reforzará el carácter democrático y participativo del procesos, debido a las fuertes tradiciones del valor de los Trawunes o asambleas, la territorialidad y del discurso político en las culturas de nuestros pueblos indígenas.
Creo que, aunque la subordinación a un Estado centralista y denegador ha debilitado las tradiciones políticas indígenas, estas deben ser reforzadas en el proceso de participación constitucional. Ahora bien, tampoco creo que haya que petrificar las tradiciones y hay que abrirse a cambios que refuerzan la democracia al interior de los pueblos indígenas. Digo esto en el sentido que las mujeres indígenas y los niños deben tener protagonismo en la participación constitucional.
Por otra parte, creo que hay que asegurar que los indígenas no sólo deliberen sobre aquellos temas propiamente indígenas sino que den su visión como indígenas sobre temas comunes que atañen a todo el país, como el catálogo de derechos, la descentralización, la forma de gobierno y tantos otros.
Desde tu perspectiva, ¿crees que se darán posibilidades de participación real e incidencia del querer de la ciudadanía y de los Pueblos?
Hay que partir de una observación de la realidad. El Estado chileno jamás se ha caracterizado por ser participativo, la cultura de los chilenos no es participativa, sino que apenas ha alcanzado para hacer procesos meramente informativos o de participación incompleta, sesgada. El mejor ejemplo, es la fallida implementación de la consulta indígena del convenio N° 169 de la OIT, desde la génesis del DS 124 hasta las consultas “bar abierto” hechas por el Ministerio de Desarrollo Social con el DS 66 en 2014.
En el caso de los pueblos indígenas, el colonialismo interno persistente hasta hoy, hace que las élites conciban a los indígenas a lo sumo como materia de protección y, más frecuentemente, como un obstáculo o resabio del pasado que se opone a sus planes de desarrollo extractivista y no como genuinos ciudadanos.
Lo anterior ha causado escepticismo y hondas desconfianzas en los pueblos y comunidades indígenas frente a anuncios de participación, como el que significa el proceso de nueva constitución. Esto es comprensible. Creo que no habrá pocas voces que estimen que se trata de faroles y simulacros, que una vez más no tomarán serio las voces de los pueblos indígenas, porque siempre sucede lo mismo.
Por otra parte, la fallida o ausente política indígena de los gobiernos de Chile – que rivalizan en lo errado de sus conceptos, más allá de sus diversos signos políticos -, así como la persistencia por definir los temas indígenas como de seguridad policial o socio-económicos y la persistente sordera de la autoridad a la hora de autorizar megaproyectos sobre territorios indígenas con nocivos impactos culturales y ambientales han generado desesperanza y desafección hacia el Estado.
Sin embargo, creo que sería un profundo error que los pueblos indígenas dejaran pasar esta oportunidad de la participación constitucional, puesto que es en la Constitución donde están asentadas las bases de todos los males que padecemos en la actualidad. La falta de reconocimiento y de garantía a los derechos colectivos de los pueblos, la falta de co-oficialidad de las lenguas indígenas, el desconocimiento de la propiedad ancestral de las tierras y aguas, de representación política especial, y donde ni siquiera se reconoce el patrimonio cultural indígena y sus normas consuetudinarias. Ello sumado al sobredimensionamiento de la propiedad privada – entiéndase de las empresas -, la fragilidad del derecho al medio ambiente y la carencia de descentralización territorial y de derechos sociales relevantes. Todo eso forma los pilares de un Estado centralista y mononacional.
Si queremos que este país que compartimos se transforme en un Estado de plurinacionalismo democrático donde podamos compartir no sólo las cargas sino los derechos y formas de participación ciudadana con equidad, debemos hacer el esfuerzo porque la voz de los pueblos indígenas sea escuchada en este proceso constitucional que comienza.
Creo que quienes han sido más críticos con las políticas estatales – pero en realidad todos los grupos y fuerzas vivas del pueblo Mapuche y demás pueblos indígenas – deben realizar un esfuerzo por participar con mayor dinamismo para asegurase que este proceso de participación nos sea deficitario, como ha sucedido con tantos otros.
Para los Pueblos indígenas ¿Qué posibilidades concretas se pueden dar desde la perspectiva de la garantía, reconocimiento y valoración de los derechos?;
Primero, y aquí soy tributarios de ideas de Wallmapuwen y del Pacto por la Autodeterminación, creo que cualquier mecanismo de deliberación sobre la nueva Constitución que surja en la tercera etapa de este proceso – recordemos que la primera fase es de educación cívica, luego la segunda fase del proceso participativo, y luego viene la generación de un texto de propuesta y la decisión de un mecanismo – debe considerar formas especiales de deliberación autónoma y mancomunal con los pueblos indígenas. Deliberación Autónoma, en el sentido de una deliberación interna de los pueblos; Deliberación Mancomunal, en el sentido de una deliberación de los pueblos indígenas con el Estado de Chile.
Segundo, los pueblos indígenas tienen que fijarse como objetivo incorporar al lenguaje político nacional la idea de derechos colectivos. Los pueblos son conjuntos articulados de personas, con autoridades, normas, cosmovisiones, una historia y un futuro compartidos. Sin perjuicio a su diversidad, su evolución y los intercambios con la cultura chilena y la cultura global, los pueblos indígenas somos diferentes y debemos ser tratados colectivamente como diferentes en aspectos fundamentales de nuestra vida. Debemos explicar con claridad y obtener aliados en la sociedad y política chilena para hacer que estas ideas dejen de ser marginales y pasen a ser parte de una nueva comprensión del Estado. Debemos persuadir a los demás que estas ideas profundizan la democracia, favorecen la igualdad y diversidad y agregan valor a nuestra cultura pública como país. En ese sentido, los pueblos indígenas somos una promesa de un futuro mejor para Chile y no un pasado que debe condenarse a los museos y a la extinción cultural y económica.
Debemos ser muy proactivos para convencer a Chile de que vale la pena atreverse a generar un plurinacionalismo democrático propio, un plurinacionalismo a la chilena si se quiere, o , mejor aún, una vía chilena hacia el plurinacionalismo. Esto quiere decir, que el acomodo de nuestros distintos pueblos y culturas debe hacerse de una manera que no necesariamente imite soluciones que han realizado los países andinos como ecuador y Bolivia, aunque aprendamos de dicha experiencia, sino que debemos construirla todos nosotros, enfrentando nuestras propias circunstancias, pero de una manera decisiva, para hacer realidad la igualdad entre los pueblos indígenas y el pueblo chileno, y poder convivir en paz en una república donde se tomen decisiones compartidas y que no sean simplemente impuestas por un pueblo sobre otro.
Si la Constitución establece como límite de la soberanía del estado los tratados internacionales de derechos humanos ¿cómo es posible que estos tratados se garanticen de manera efectiva en una nueva constitución?
Esta es una pregunta que va más allá de los intereses propiamente indígenas y afecta a todos los ciudadanos. Creo que una nueva constitución debería garantizar de manera clara y explícita el valor de constitución formal de los tratados internacionales de derechos humanos. Recordemos que esta fue una doctrina predominante por una década y permitió sobreponer tratados de derechos humanos a la ley de autoamnistía, por ejemplo, pero que fue cambiada por el Tribunal Constitucional precisamente para rebajar aun estatus infraconstitucional al Convenio 69 cuando se cuestionaba a la ley de pesca por la carencia de consulta indígena. Esto debería ser zanjado con claridad a favor de los tratados.
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a.s/ mapuexpress
