Por Preste Juan, militante Izquierda Guevarista de Chile – Fuente: Revista Nuestra América
La catástrofe ambiental ocurrida en Chiloé durante los primeros meses del presente año, volvió a hacer necesario un análisis del motivo y el por qué de las luchas ambientales y territoriales que en nuestro país y nuestro continente se han dado en los últimos años. Y para ello, se ha hecho cada vez más necesaria la utilización de una categoría de análisis y concepto que, si bien es conocido, no es ocupado de forma plena, y que es capaz de darnos herramientas para llevar a cabo una política revolucionaria en lo ambiental: a saber, el extractivismo.
El extractivismo es una forma de uso y abuso de los recursos naturales y la fuerza de trabajo, en donde se busca por parte del capitalista la obtención del máximo de utilidades en el mínimo tiempo, alimentando la economía internacional y en especial a las potencias imperialistas. Es así que podemos entender nuestro rol y lugar en el “sistema-mundo” (usando los términos de Inmanuel Wallerstein), como proveedores de materias primas. Es el cobre (y otros minerales), madera (y derivados), frutas y productos de la acuicultura son los que determinan mayormente nuestra balanza de pagos. De ellas, participan tanto capital nacional como transnacional.
Según el informe de la Direcon, en el año 2014, el valor del 54% de las exportaciones chilenas se debieron a transacciones mineras, el 6,8% a derivados de la madera, 6,4% a frutas, 4,8% a la mal llamada “industria” del salmón. Sumando, el 72% de las exportaciones del país corresponden a la lógica extractivista (1).
El extractivismo es el resultante de la influencia del capitalismo, del sistema imperialista y de dependencia en Nuestra América, y que tiene como resultado altísimos niveles de explotación, pauperización de la vida, destrucción del medio ambiente, y surgimiento de “zonas de sacrificio”. Para mantener los niveles de explotación y de obtención de materias primas por parte de las corporaciones, los estados son capaces de llevar al máximo sus niveles de opresión contra quienes se oponen a las grandes corporaciones y sus proyectos. El conflicto en el Wallmapu, en su fase actual, se entiende en parte desde la arremetida de las forestales desde los años 80’s, y la puesta de las fuerzas policiales al servicio de mantener los intereses de dichas corporaciones.
El apoyo del Estado no solo se limita a apoyar con control policial, sino también se ha establecido una legislación específica que cuida sus intereses: el DL 600 (1974), que consagra el estatuto de la inversión extranjera, sin cambiar las reglas del juego ni ningún elemento que les perjudique; el DL 701 (también de 1974), que establece norma de fomento forestal para las plantaciones de pino y eucalipto; la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras (1981), que otorga la propiedad a quien tiene la concesión para explotar un yacimiento minero; La Ley General de Pesca y Acuicultura (2014), conocida como la corrupta Ley Longueira, que termina por privatizar el mar a favor de 4 grandes empresas, y concediendo grandes concesiones de salmonicultura en el sur del país; la Ley de Concesiones Eléctricas (2013), que actualiza la Ley General de Servicios Eléctricos, y que busca asegurar en gran parte el consumo eléctrico para las grandes mineras.
Junto con todo ello, hay una distendida legislación ambiental, principalmente arraigada en la toma de decisiones por el poder político (Consejo de Ministros), y que depende finalmente en el Ejecutivo. Esto asegura que proyectos mineros, eléctricos, forestales y de acuicultura sean rápidamente aprobados.
Es de este modo que una política revolucionaria que contemple al extractivismo nos permitirá afrontar muchos de los conflictos territoriales hoy existentes, además de otorgarnos una perspectiva que permita establecer una propuesta ecologista -clasista, antiimperialista y revolucionaria- sabiendo que es el modo de producción -el capitalismo- el que hay que combatir para lograr un modo de vida sustentable.
Sin embargo, al extractivismo no se le puede combatir solo evidenciando su funcionamiento general. Es necesario dar la lucha contra las grandes corporaciones tanto nacionales como internacionales (Celco, Celulosa y Forestal Arauco, BHP Billington, Marine Harvest, Endesa, etc.), en especial contra quienes cuentan con planes de intervención que busquen perjudicar comunidades y establecer zonas de sacrificio. Se debe luchar contra el TPP, y por la derogación de las principales leyes que aseguran el negocio extractivista.
Es necesaria, con un carácter de prioridad, una política de defensa del agua y de restitución de los recursos que nos pertenecen. El agua, si bien no es un recurso directamente extraído, es utilizado sin ningún criterio para el funcionamiento de la industria extractivista, en desmedro de quienes habitamos los territorios. El agua es usada de forma irracional para regar pinos y eucaliptos en el Wallmapu, es quitada a la población para la realización de relaves mineros (donde además se contaminan las napas subterráneas), y es sacada de sus cauces para ocuparla en la generación de electricidad, la cual en su gran mayoría es ocupada por la gran minería. Esto ha hecho que pueblos enteros hayan perdido su derecho a acceder a una fuente constante de este vital elemento, además de una vasta población que hoy vive consumiendo agua contaminada por este modelo productivo. Debemos participar de forma unida como izquierda revolucionaria en la defensa por el agua, concientizando y participando de manera conjunta en las instancias que existen como la Marcha Nacional de Defensa del Agua, y las distintas movilizaciones territoriales que se enfrentan contra las grandes empresas que usurpan el agua al pueblo (Alto Maipo, Paine, Caimanes, La Ligua, Petorca, etc.)
Del mismo modo es necesario recuperar el mar para quienes viven de él: los pescadores artesanales. Hoy en día la pesca -industrial casi exclusivamente- no es para consumo humano, sino que se pesca en gran escala para hacer harina de pescado, y suplir a la industria ganadera y la salmonicultura. Es menester recuperar dichos recursos para la los pescadores artesanales y para el consumo humano. Se debe así, luchar con todo por la derogación de la corrupta Ley Longueira.
Y sobre todo, es necesaria la organización y articulación de todos los territorios que están siendo afectados por este modelo económico, dañando profundamente sus formas de vida. Elogiables son los ejemplos dados en Freirina, en Chiloé, en Caimanes, en el Gran Concepción contra Octopuss, la lucha constante del pueblo mapuche en contra de las forestales en el Wallmapu. Hoy, el discurso del supuesto desarrollo traído por las corporaciones extractivistas se encuentra en bancarrota, y los territorios han sido capaces de responder -con éxitos y derrotas- ante la amenaza de convertirse en una “zona de sacrificio”, en sacrificar su modo de vida en pos del enriquecimiento de unos pocos.
Como palabras de cierre, es necesario entender el ecologismo desde esta perspectiva, como una necesidad para la defensa del pueblo y sus recursos, y combatir esa idea de que el ecologismo es “liberal” o “pequeñoburgués”. El capitalismo, en especial en los países sumidos en una lógica extractivista de producción, es un sistema que no solo explota a la clase trabajadora, sino que destruye el medio ambiente de en pos de mayores márgenes de ganancias: es un sistema igualmente violento contra el ser humano como contra el mundo en su conjunto, creando así condiciones más desfavorables para la vida del pueblo. Es por ello que debemos plantearnos como ecologistas, a la vez que sabemos que no es posible un respeto integral por el medio ambiente y sus recursos dentro de este sistema capitalista. A la vez que rehusamos los postulados del “capitalismo verde” de ONG’s como GreenPeace y la WWF -el capitalismo no es sustentable a menos que extraiga irracionalmente recursos (2)- , tenemos que encarnar desde ahora mismo, en el interior de nuestras organizaciones, un respeto activo y militante por nuestro entorno, comprender el valor de la sustentabilidad de los recursos, en pos tanto de la defensa del mundo que tenemos hoy como en el desarrollo de las lógicas que deberá tener la sociedad que pretendemos construir.
Nota:
2. Por ejemplo, el capitalismo no es sustentable en una economía que no contemple la “obsolescencia programa” de los bienes y productos. Para contemplar su crecimiento y evitar en lo posible sus crisis, el capitalismo debe hacer que cada sujeto deba comprar más de una vez el producto que necesita/desea, sea por obsolesencia, por el sistema de la moda y por la creación de necesidades accesorias a dicho producto. El poner fin a la “obsolescencia programada” disminuiría de forma significativa la extracción de recursos, pero también pondría en jaque la concepción de “crecimiento económico” que hoy hegemónicamente se defiende.
