Publicado por Servindi, 14 de diciembre, 2016.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) difundió sus observaciones finales y destaca que los indígenas, afrodescenientes y migrantes —en particular en situación irregular— enfrentan una discriminación estructural en Argentina.
No solo padecen la falta de acceso a servicios básicos sino también altos niveles de pobreza, indica el organismo de las Naciones Unidas..
Derechos de los pueblos indígenas
El Comité expresó su preocupación por la situación de desnutrición de los niños de estos pueblos y sus dificultades en el acceso al agua, y exigió la garantía de los derechos territoriales de las comunidades y la plena implementación de la Ley 26.160.
Destacó que en las seis provincias donde se realizó el proceso de relevamiento de tierras no se concretó el reconocimiento de la propiedad comunitaria.
Cuestionó, también, el alto número de desalojos y “los incidentes con alto nivel de violencia contra las comunidades indígenas”.
Según lo reporta una nota informativa del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) el Comité mostró especial preocupación por la situación de las comunidades Nam Qom y La Primavera de Formosa.
Respecto de la Asociación Lhaka Honhat de Salta, instó al Estado a «concluir la demarcación del territorio, entregar el título colectivo a favor de las comunidades y asistir a las familias criollas en su relocalización».
Por último, cuestionó los deficientes mecanismos de consulta para obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas respecto de los proyectos de infraestructura y explotación de recursos naturales y las medidas que podrían afectar sus modos de vida.
Derechos de las personas migrantes
El Comité destacó la «avanzada legislación argentina en materia de migración» y cuestionó el recorte de las políticas de regularización durante 2016, el aumento de las órdenes de expulsión y la creación de un centro de detención para migrantes que podría dar lugar a que «la detención no sea usada como última opción».
Al respecto pidió que el Estado argentino se abstenga de introducir «prácticas y normas que representen un retroceso frente al marco normativo vigente».
Cuestionó también las restricciones en el acceso a derechos sociales de las personas migrantes y condenó la discriminación que enfrentan en la Argentina, en particular las comunidades senegalesas y dominicanas. Destacó la necesidad de avanzar en la investigación del asesinato de Massar Ba.
Los expertos del Comité señalaron los actos de represalia, intimidación y amenazas contra los defensores de derechos humanos y miembros de las comunidades migrantes, indígenas y afrodescendientes.
Urgieron al Estado a que asegure “el respeto a los derechos fundamentales y las garantías al debido proceso en los juicios contra estos referentes.
En particular el Comité cuestionó la criminalización que enfrentan Félix Díaz y Milagro Sala y pidieron al Estado que implemente la decisión del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU.
Cabe destacar que tNo solo padecen la falta de acceso a servicios básicos sino también altos niveles de pobreza.Trece organizaciones presentaron al Comité CERD un informe sobre las deudas del Estado argentino con los pueblos indígenas.
Junto con otras diez organizaciones entregaron al Comité un informe sobre la situación de las personas migrantes.
El video del diálogo interactivo entre los integrantes del Comité y los representantes del Estado argentino, que tuvo lugar el mes pasado, se puede en el siguiente vínculo: ver acá.