El abogado defensor de uno de los implicados en el caso, criticó duramente la labor del Ministerio Público, señalando que «ellos deberían responder a la familia Luchsinger Mackay». Además, el jurista cuestionó algunos métodos utilizados durante la investigación.
Por Montserrat Rollano
Luego del veredicto del tribunal de Temuco que decidió absolver a los once imputados en el caso Luchsinger-Mackay, al menos tres de los comuneros mapuches anunciaron la presentación de una demanda en contra del Estado de Chile.
Mientras, desde el Gobierno el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy ha insistido en la participación de estas once personas en la muerte del matrimonio, aunque señaló que el Gobierno esperará conocer el detalle del fallo para evaluar las acciones a seguir.
En ese contexto, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el abogado defensor de uno de los ex imputados, Rodrigo Román cuestionó duramente la labor del Ministerio Público, quienes según señaló, “no tenían absolutamente nada además de la declaración de José Peralino”, quien luego se desdijo acusando presiones de la PDI.
El jurista criticó además la reacción de representantes del Gobierno y de la derecha política luego de la absolución de los ahora ex imputados, asegurando que “se encuentran en una guerra en contra del pueblo mapuche”.
“Hemos escuchado esta histeria colectiva de parte de los poderosos, de los candidatos presidenciales y otros, tratando de instalar el clásico discurso que ellos instalan cuando pierden un juicio, que las personas no son tan inocentes, son un poco culpables y la verdad es que eso es especulación de esta gente porque lo que hay es un veredicto absolutorio (…) por supuesto que para Aleuy, para Piñera y para otros no van a ser jamás inocentes los mapuches porque ellos están en una guerra desatada en contra del pueblo mapuche”.
Rodrigo Román tuvo palabras también para referirse a los métodos utilizados por la Fiscalía, particularmente por los persecutores Luis Arroyo y Alberto Chiffelle.
Asimismo, el abogado cuestionó el hecho de que existiendo al menos cinco líneas investigativas, se optara, desde el Ministerio Público, seguir solo una, la que apuntaba a los comuneros absueltos.
“Ellos deberían responder en primer lugar a la familia Luchsinger Machay: Por qué, si hay otras cuatro líneas investigativas se eligió esta(…) los fiscales actuaron apartándose absolutamente de lo que los ordena la constitución y las leyes, particularmente la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Publico y el Código Procesal Penal, en cuanto a cómo deben ellos tratar a las víctimas, a los testigos y a los imputados al momento de tomar declaración”.
Román enfatizó en que en el caso de La Araucanía, “la Fiscalía Nacional debería tomar cartas en el asunto y disponer que en el Wallmapu tiene que actuar de conformidad a derecho. Aquí hay libretos fallidos ya reiterados de parte de los fiscales quienes vienen haciendo exactamente lo mismo desde hace un par de años y nadie dice nada. Parece que no existiera Estado de Derecho para la Fiscalía en el Wallmapu”, enfatizó.