domingo, abril 11, 2021

Desalojan Municipalidad de Tirua. Alcalde dice que no respetaron decisión del gobierno local

Carabineros también golpeó y arrestó al sacerdote jesuita Carlos Bresciani quien demanda que se aplique el Convenio 169 para dar una solución a la huelga de hambre del Machi Celestino Córdova y otros prisioneros políticos mapuche.


Tirúa/Araucó, 06 de agosto de 2020. (mapuexpress.org)– La mañana de este jueves (06.08.2020) la policía militarizada desalojó a las comunidades mapuche que mantenían ocupada la municipalidad de Tirúa, al sur costero de la Región del Bio-Bio, que reclamaban para que el gobierno de una urgente solución a la huelga de los prisioneros políticos indígenas que ya cumplen más de 90 días en este ayuno.

En la toma del municipio también participaba el cura jesuita Carlos Bresciani. Su hermano Luis,  comunicó a través de su cuenta de twitter que «sin mediar diálogo, Fuerzas Especiales ha desalojado comunidades mapuches de Municipalidad de Tirua, arrestando y golpeando a mi hermano, quien buscaba mediar, q es donde debe estar la Iglesia, junto a los que no tienen voz. No hay paz sin diálogo.».

“Pese a la negativa del alcalde de solicitar el desalojo, nosotros como Ministerio del Interior tenemos la obligación de restituir ese bien público para ponerlo al servicio de la ciudadanía”, indicó el intendente Sergio Giacaman, segun informa radio Bio-Bio.

En tanto el alcalde de Tirua, dijo a radio Bio-Bio que él no dio la orden de este desalojo y cuestionó que el gobierno regional allá actuado sin el permiso del Municipio.

Hace unos días el jesuita Carlos Bresciani justificó la protesta social mapuche afirmando que «venimos siendo testigo de una tención creciente en territorio mapuche producto de la negación del gobierno a atender las demandas de los comuneros en huelga de hambre, en especial del machi Celestino Cordova, que solicitan hacer respetar el convenio 169 de la OIT en relación a las condiciones carcelarias para personas pertenecientes a Pueblos Indígenas (art 10) que el mismo Estado ha firmado y hecho parte de su legislación. No se trata de una concesión especial a un preso o de una vulneración del la legislación vigente, sino de una demanda ajustada a derecho y lo que el mismo Estado ha firmado».


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