Desde el 16 de julio de este año, comunidades originarias de la región de Quebrada y Puna y de parte de los valles y yungas de Jujuy, del noroeste argentino, mantienen una protesta pacífica exigiendo una marcha atrás en la nueva constitución promulgada por el Gobierno de la Provincia. Un nuevo texto legal que, respecto del anterior de 1986, recorta derechos en varios de sus artículos, vulnera y atenta contra sus derechos a la tierra y el agua, dejando la puerta abierta a un extractivismo minero depredador que, luego de casi haber agotado otros recursos minerales, hoy se orienta fundamentalmente a la explotación del litio, y que ya viene causando daños medioambientales irreversibles.
Por esta razón, se mantienen cortes en distintos puntos de las rutas nacionales 9 y 52 y la provincial 79 de Argentina, donde las comunidades se han instalado en ejercicio de su legítimo derecho a la protesta, amparada por la Constitución Nacional, cortes de ruta que suponen quizás la única forma de hacer ruido frente a los oídos sordos de unas autoridades renuentes al diálogo horizontal.
A raíz de lo anterior, el 17 de julio parte de la comunidad fue duramente reprimida por la policía de la provincia, con cientos de heridos por gases lacrimógenos, gas pimienta y balas de goma, que incluso ocasionaron la pérdida o afectación total del globo ocular en cuatro casos.
El gobernador Gerardo Morales, representantes del poder Ejecutivo y Judicial, medios oficialistas de prensa y televisión hablan de provocación, atentados contra la autoridad, desorden público, graves daños contra la propiedad pública y privada, anunciando severas medidas legales y sanciones económicas contra quienes participen en los cortes de ruta. Ciertamente se están produciendo bloqueos parciales de carreteras, que, según casos, se levantan cada 3 o 6 horas, pero en todo momento se viene habilitando el libre tránsito de ambulancias, vehículos policiales, gendarmería nacional, bomberos, y de servicios funerarios.
Texto y fotos: Francisco Miguel Gil García
