La sociedad civil es cada vez más consciente de los destructivos efectos que el modelo forestal ha ocasionado en los territorios donde se ha impuesto, impactos que van desde escases de agua, erosión e incendios que ocasionan pobreza en las comunidades colindantes a las plantaciones. Frente a esto la institucionalidad chilena, como el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), se han encargado de proteger y encubrir las malas prácticas de las empresas forestales. En este contexto, desde hace algunos años la avispa taladradora que ataca al pino, ha expuesto el gran interés de sectores políticos y de funcionarios, por resguardar a forestales que no dejan ganancias al país.
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