La respuesta desde territorios a los conflictos generados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

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El Banco Interamericano de Desarrollo (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) es miembro del Comité de Coordinación Técnica y uno de los motores principales para la implementación del IIRSA a través de préstamos, donaciones, garantías y asistencia técnica para la infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones relacionadas principalmente  de manera directa o indirecta, con la explotación extractivista de empresas y transnacionales en diferentes territorios de Sudamérica a través de ejes estratégicos sin fronteras o como lo que se ha denominado desde los 90 en la geopolítica transnacional “Regionalismo abierto”, basada en la globalización económica y que ha contribuido a un disipado crecimiento.

Para académicos internacionales como:  Ana Esther Ceceña – Paula Aguilar – Carlos Motto, en su publicación “Territorialidad de la dominación. IIRSA”, del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica,  este plan  en Sudamérica “es el proyecto más ambicioso de ordenamiento del territorio que se haya desarrollado en el mundo. Mediante el trazado de rutas multimodales (hidrovías, carreteras, vías ferroviarias) la enorme masa territorial de América del Sur pretende ser refuncionalizada de acuerdo con las exigencias de un mercado mundial ávido de recursos (…)  A las fronteras actuales se sobrepondrán otras, diseñadas para asegurar la movilidad de capitales y mercancías o, incluso, de tropas y pertrechos militares que garanticen el respeto a la propiedad privada, sin importar que ésta se haya establecido desplazando a los habitantes originarios de estas tierras”.

Buena parte del plan IIRSA, pauteado desde Washington,  se relaciona directamente con el territorio Mapuche de Wallmapu (Puelmapu, territorio mapuche este, centro sur Argentina / Ngulumapu, territorio mapuche oeste, centro sur Chile). Desde este lado de la cordillera, involucra directamente zonas como Lonquimay Pino Hachado para conexión de puertos como Talcahuano con el principal objetivo de facilitar la salida del petróleo y fracking de Provincias como Rio Negro y Neuquén en Argentina. Asimismo, es posible relacionar las  mejoras en infraestructuras viales en zonas cordilleranas de la Araucanía como Curarrehue – Pucón – Liquiñe/Coñaripe Panguipulli que estarían vinculándose “anexamente” al plan original. Por su parte, también involucra el paso Puyehue cardenal Samoré en Osorno, estableciéndose para conexiones varias, incluyendo hacia Puerto Corral entre otros. Otro paso clave que se ha establecido es el de Puelo – Manso al oeste sur de Los Lagos – Llanquihue que estaría vinculado a yacimientos mineros en Palena (Chile) y Chubut (Argentina), así como con todo el extractivismo especulativo que se pretende en Chiloé. De la misma forma,  la conexión del paso internacional en Aysén y conexión con camino Longitudinal Austral hasta Magallanes vinculado a Argentina.

EL BID Y EL FOMENTO DE LAS LLAMADAS ENERGÍAS RENOVABLES

Es importante destacar, que el enorme aumento de cientos de proyectos de energía en el centro sur de Chile (hidroeléctricos y eólicos) y la conectividad a través de diversas líneas de alta y mediana tensión, están relacionados para la exportación a extractivismo en Argentina y para  futuros proyectos mineros  en el centro sur de Chile, lo que buscará blindarse por medio del reciente tratado de libre comercio suscritos por los gobiernos de Macri y Bachelet en noviembre de este 2017.

Dentro de la intensificación de las políticas neoliberales en Chile, adecuándose a los criterios IIRSA, está el de un mayor fomento de lo que denominan ERNC  (Energías renovables no convencionales) tales como: Eólica, mini centrales hidroeléctricas y centrales de paso hidroeléctricas (centrales hasta 20 MW), la biomasa, el biogás, la geotermia, la solar y la energía de los mares.

Para Lucio Cuenca del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), en base a capacidad Instalada de producción de energía en Chile y en comparación a la demanda máxima horaria para los sistemas de interconexión  SIC y SING, se puede concluir que tenemos una capacidad instalada para producir más del doble de la electricidad  en días de máxima demanda (…) Se entiende que para que el sistema tenga un respaldo y se pueda atender  en un 100% la demanda energética, que es variable en las distintas horas del día y en distintas épocas del año, se requiere  una capacidad instalada superior a la demanda real, por los imprevistos, mantención, factor de potencia etc., pero claramente en este caso la capacidad instalada está largamente sobre dimensionada. No hay crisis de abastecimiento a la vista”.

A esta realidad se debe considerar que en Chile existen cientos de proyectos de energía y actualmente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de instituciones como CORFO y en coordinación con instituciones públicas como el Ministerio de Energía, vienen implementando previamente a la ventanilla  de “postulaciones públicas” planes pilotos distribuidos en ciertos territorios y que buscan generar asociaciones de personas  de sectores rurales o localidades para la ejecución de iniciativas industriales, siendo una de sus  principales áreas el de energías renovables a través de instancias como el Centro para la Innovación y Fomento de las Energías Sustentables (CIFES) que se vincula a Corfo.

Ya en diciembre de 2016 organizaciones denunciaban que en el Alto Bio Bio, sectores empresariales promovían estos fondos y proponían la asociatividad de miembros de comunidades pewenche con empresas con el propósito de ejecutar conjuntamente mini centrales hidroeléctricas.

De manera mucho más directa, comunidades mapuche williche y la Alianza Puel Willi Mapu salieron al paso de las promociones efectuadas por el BID, CORFO y Ministerio de Energía, denunciando a través de un comunicado público en enero del 2017  sobre el levantamiento de una Asociación Indígena denominada “Consejo Territorial del Lago Maihue” para que “participe en un proyecto piloto modelo del Ministerio de Energía, CORFO, y el Banco Interamericano de Desarrollo como co-dueño de derechos de agua y una central hidroeléctrica”, lo que es rechazado por diversas familias, comunidades y autoridades tradicionales vinculadas a la Alianza.

Como consecuencia de este comunicado, un consultor vinculado al Banco Interamericano de Desarrollo y al Ministerio de Energía a través de la empresa consultora Teco, presentó una querella criminal por injurias en contra del medio Mapuexpress por publicar dicho comunicado, aludiendo ser ofendido, sin atenderse el conflicto de origen.

En julio en los inicios de las audiencias en el marco de la querella contra el medio Mapuexpress, cerca de un centenar de personas  en su mayoría pertenecientes a diversas organizaciones, agrupaciones y comunidades defensoras de los territorios y opositoras al modelo extractivista, entre ellas: La Alianza Territorial PuelWillimapu, el Parlamento de Koz Koz de Panguipulli,  Lof Trankura de Curarrehue, Comunidad Newen Tranguil de Liquiñe – Panguipulli, la Red de Defensa de los Territorios de la Araucanía y Los Ríos, la Coordinadora de Organizaciones de Derechos Humanos de Temuco, la Red de medios de los Pueblos, la Asociación Mapuche Rukamanke, Lof Quelhue de Pucón, organizaciones de Chiloé, entre otros,  repudió esta criminalización a través de una protesta pública en Tribunales de Temuco y ha denunciado que detrás de esta acción penal “privada”, está el conflicto que viene generando el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e instituciones estatales a causa de políticas atentatorias y que están activamente rechazadas.

Fotografía: Simona Mallo