El estado de excepción de facto como continuidad del genocidio y despojo mapuche en Chile

Comunidad de historia mapuche

Ante las acciones que los dueños del capital maderero y sus subordinados, en conjunto con los gremios que han venido paralizando de tiempo en tiempo la libre circulación de la población y de los bienes básicos, así como ante el tratamiento unilateral que la prensa hace tras la práctica editorial del empate (un poco de argumento de allá y de acá), venimos a compartir nuestra opinión que es una preocupación fundada en los siguientes elementos: 1) Los gremios de la madera, el transporte, la energía, la agricultura, etc., y sus representantes políticos -la Derecha y la Nueva Mayoría- vienen insinuando y últimamente invocando la imposición del estado de excepción. Si bien hay matices en cuanto a sí éste es de alcance regional o comunal, el sustrato es el mismo: cercenar derechos de la población (no sólo mapuche) y entregar atribuciones máximas a los órganos policiales, de las que se valdrían para desmovilizar las justas aspiraciones y reivindicaciones de territorio y medio ambiente limpio, sin contaminación ni mega o mini proyectos inconsultos que hacen diversos referentes en Wallmapu. Algunos parlamentarios de la Araucanía han llegado a insinuar que hay que cortar toda actividad que promueva esta problemática, involucrando las de tipo informativa o reflexiva que -en una democracia- nos permiten acceder a formarnos un juicio independiente a los medios que hegemonizan y construyen la opinión pública. 2) Cuesta creer que la cantidad millonaria de recursos (1) invertidos en represión no aclare nada y que los reveses que sufren en terreno como lo fue la quema de camiones con escolta policial, en vez de significar sanciones morales y de honor (si es que no es un montaje), sumen al coro multigremial, que exige la presencia militar en el frágil escenario en que se desenvuelven estos hechos con los costos represivos para las comunidades circundantes, entre ellos niños y niñas. El aterrizaje de un helicóptero militar el 26 en febrero de 2016 en una cancha del sector de Tranaquepe en Tirúa, que a la fecha no ha sido aclarado, obedece a un ejercicio de habituación de la población a la presencia militar y a la activación del trauma que dejó la dictadura. Así se empieza dicen los manuales de guerras sucias y en todo esto el enemigo interno somos los mapuche. 3) Los conflictos étnicos nacionales con los estados que lo oprimen, como el del pueblo mapuche con el Estado chileno, es el trasfondo que motiva la militarización que se viene haciendo en Wallmapu a ambos lados de la cordillera, en nuestro caso se institucionaliza a partir de la Operación Paciencia, y su caldo de cultivo ha sido la situación colonial. Las tesis oficiales respecto de robo de ganado, de madera, de delincuentes o terroristas son las excusas para justificar la presencia de cada vez más maquinaria bélica, la que se emplea contra quienes luchan por derechos político, territoriales, socio-económicos, culturales, medio ambientales, paradójicamente establecidos en el actual orden jurídico vía el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. 4) La lucha de las comunidades es justa y no se le puede criminalizar como ha dicho recientemente un fallo de la Corte Interamericana en contra del Estado chileno. La construcción de instrumentos de entendimiento político en el marco del derecho internacional indígena sin duda ayudaría a sortear el conflicto. Llevar la situación a un plano de militarización parece ser el propósito que se perfila en las últimas declaraciones y acciones que llevan a cabo los grupos de presión gremialistas, legitimando y dando sustentabilidad a sus cuestionados intereses, desencadenando en un estado de excepción de facto como en el que se encuentra Tirúa. La preocupación que manifiestan por las condiciones y fuentes de trabajo son entendibles por la expansión de un negocio que sí les ha beneficiado, pero al costo de maltratar y demonizar las justas demandas mapuche, rurales y de toda la comunidad local. 5) Entre estos gremialistas los camioneros jugaron un papel estratégico, en alianza con los militares, en desestabilizar y derrocar la democracia por una dictadura, cuyo impacto significó para los mapuche pasar de una reforma agraria con recuperación de tierras a una contrarreforma que nos desposeyó nuevamente, y a dar luz verde a la expansión agresiva del capital forestal, lo que creó la actual situación de la cual ellos se victimizan. Esta puesta en escena no es del todo creíble más cuando han estado ganando todo este tiempo. La dirección de ese gremio (con el prontuario sedicioso mencionado) tiene claro que su condición de sujetos económicos no los neutraliza en su actuar político, por su intermedio trasportan los bienes que dejan utilidades a sus socios de la Corma y solo costos a la población local, todo bañado en la ideología del progreso que nos hace pasar plantaciones de monocultivo por bosques, dejando el drama de la escasez hídrica regional a los municipios. 6) Sabemos que en cuanto a posesión o propiedad de la tierra hay cuentas pendientes, también de convivencia y de sano medio ambiente. Llevar agua a los sectores rurales es una forma de administrar el problema pero no la solución. Los órganos del Estado (Conaf, Conama, Ministerios de desarrollo, etc.) tienen una co-responsabilidad con la situación que se viene describiendo, toda vez que se ha privilegiado el modelo extractivista neoliberal, a cuyo resguardo se prestan los organismos policiales. En esta situación se vulnera a la población regional sus derechos a un desarrollo sustentable en el cual se les requiere como co-gestores y no como espectadores o víctimas del mismo. Se hace imperioso que en aras de la verdad y la justicia se profundicen cursos de investigación tendientes a aclarar los auto-atentados que algunos realizan como pingües negocios. Así también la protección sobre la infancia cada vez más expuesta a este tipo de hechos en sus propias comunidades. 7) En este contexto en que los lobos se visten de ovejas es que nos dirigimos a los trabajadores y a la sociedad chilena en general, a su dignidad, para alertarlos a no hacerse cómplices de los intereses de quienes los sacan a las carreteras a protestar pero que mezquinamente y sobre explotándolos les dan una mísera retribución a costa de la destrucción del medioambiente y de las economías locales. Así como en Freirina y muchos otros lugares donde se ha dicho no a pagar el costo de las utilidades de las empresas es que los llamamos a ser firmes, a pensar en sus propias familias, en los que vendrán y a construir una sociedad sin colonialismo, plurinacional, multilingüe y con respeto a la diversidad.

Centro de Estudios e Investigaciones Mapuche Comunidad de Historia Mapuche Ngulumapu, marzo 2016

Nota:

[1] El gasto policial en la Provincia de Arauco se duplicó hace algunos años pasando de $726.314.168 en 2013 a $1.462.487.754 el 2014.