lunes, enero 30, 2023

Organizaciones indígenas de Tarapacá rechazan proceso de Consulta Indígena

Denuncia de organizaciones indígenas de la región de Tarapacá respecto al proceso de consulta indígena  para la creación  del Ministerio de Pueblos indígenas  y el Consejo o consejos de Pueblos indígenas realizado por la Seremi de Desarrollo Social en conjunto con CONADI.

“Que el Estado de  Chile no  ha  restituido las deficientes relaciones que  mantiene con los pueblos originarios, perpetuando nuestra  condición histórica  de pueblos  vulnerados en nuestros  derechos,  al hacer caso omiso de las exigencias realizadas a nivel nacional, respecto  a la derogación de los decretos  66 y 40, los cuales entraron en vigencia con actos de mala fe por parte del mismo”, señala en una de sus partes.

 

Las organizaciones que suscriben son: Comunidad Indígena de Sibaya,     Comunidad Indígena de Limaxiña,     Asociación Indígena de Chiapa,     Comunidad Indígena de Coscaya,     Comunidad Indígena de Poroma,     Comunidad Indígena de Casablanca,     Junta de Vecinos de Laonzana,     Junta de Vecinos de Chiapa,     Junta de Vecinos de Jaiña,     Comunidad Indígena de Huarasiña,     Comunidad Indígena de Huasquiña,     Asociación Pueblos Indígenas Unidos de la Cuenca, Quebradas Tarapacá-Coscaya-Aroma-Miñi-Miñi.

 

 

A continuación acceder a comunicado completo

 

COMUNICADO  PÚBLICO

 

Con fecha viernes 16 de Enero del año 2015, las comunidades  pertenecientes a la comuna de Huara que adhieren al presente  comunicado, declaran lo siguiente:

 

Que con fecha 04 de Septiembre de 2014, el gobierno de Chile da comienzo al proceso de consulta indígena en la región de Tarapacá, para la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo o Consejos de Pueblos, por lo cual, acudimos a la asamblea ampliada realizada en la comuna de Pozo Almonte, donde los representantes de distintas comunidades de manera  unánime, decidimos condicionar el proceso de consulta indígena hasta la derogación de los decretos  66 y 40, con la finalidad de restituir las relaciones de confianza entre  pueblos indígenas y el Estado, disminuida aun más, con la entrada  en vigencia de forma arbitraria y carente de representatividad en la formulación de ambos decretos.

 

Que el acta redactada en dicha oportunidad, exigía una respuesta del Estado en un plazo de 20 días; sin embargo, el gobierno sólo entrega una respuesta  después de dos meses, a través de un documento en el cual, sólo se compromete  a hacer una revisión de los mencionados decretos.

 

Que con este acto, el Estado retoma el proceso de consulta indígena, realizando una nueva asamblea en  Pozo Almonte con  fecha  22 de  Noviembre de  2014,  la cual  tuvo  un  proceso  de  difusión deficiente, concurriendo a dicha reunión solo un cuarto de las personas reunidas en la primera instancia.

 

Que  con  este  grupo  de  personas,  el Ministerio de  Desarrollo  Social y CONADI,  logran mediante presiones  y mala  fe,  acelerar  la  planificación  programada  por  los  mismos  estamentos, incumpliendo  lo señalado en la primera reunión de consulta, en la cual se comprometieron a realizar este proceso de acuerdo a los estándares del convenio 169 de la OIT, además,  se cambian unilateralmente los objetivos y número  de reuniones  programadas  afectando  con  ello  la  planificación  de  los  dirigentes  y vulnerando  los  derechos reconocidos para los pueblos originarios.

 

Que en dicha oportunidad, con el consentimiento de algunos dirigentes y de otros desinformados y presionados, los encargados de ambos estamentos, acuerdan dar por finalizada la etapa  de planificación y de información, utilizando esta reunión para consensuar la metodología a ocupar hasta la finalización del proceso de consulta, quedando estipulado de esta manera en el acta de reunión, que las comunidades acuerdan que se organizarán por comuna y que la fecha establecida para hacer entrega  de las propuestas  de Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo o Consejos de Pueblos sería el 15 de Enero de 2015. Esto significa que para participar de este proceso de consulta, los pueblos debieron ser capaces de realizar la Etapa de Información, la Etapa de Diálogo Interno y la Etapa de Diálogo Regional en aproximadamente 30 días hábiles.

 

Que las comunidades abajo firmantes, al darse cuenta de las graves implicancias de dichos acuerdos, deciden separarse  del grupo de trabajo liderado por los dirigentes sometidos a los requerimiento del Estado,

debido  a  contradicciones  profundas  respecto  a  la  comprensión  del  proceso  que  vivimos  como  pueblos originarios y que  se  manifiesta en  las demandas  metodológicas que  estamos  exigiendo,  producto  de  las deficiencias que evidenciamos.

 

Que haciendo ejercicio de los derechos que tenemos como pueblos originarios y apelando a la buena fe que  se  debiera  garantizar  en  este   proceso,   enviamos  dos  cartas   al  ejecutivo,  manifestando  nuestro descontento con estas malas prácticas y exigiendo que se nos den las garantías necesarias para llevar un buen proceso; sin embargo, las autoridades a cargo del proceso, aludiendo a temas de plazos y recursos, no accedió a considerar nuestras  peticiones, por lo que; no hemos  recibido la etapa  informativa, de deliberación y de diálogo conforme a lo propuesto  por el Estado, tampoco recursos para logística y asesores, y aún más, no se nos permitió entregar  una propuesta  propia, sino que se nos exigió acoplarnos al documento  enviado por los pueblos de Huara que aceptaron someterse  a los plazos establecidos por el gobierno.

 

De modo  que,  considerando los antecedentes mencionados y estando  en  conocimiento que  otros pueblos que continúan trabajando en este proceso han planteado las mismas deficiencias y que otras comunas se han restado de participar del presente  proceso de consulta indígena, denunciamos:

 

Que el Estado de  Chile no  ha  restituido las deficientes relaciones que  mantiene con los pueblos originarios, perpetuando nuestra  condición histórica  de pueblos  vulnerados en nuestros  derechos,  al hacer caso omiso de las exigencias realizadas a nivel nacional, respecto  a la derogación de los decretos  66 y 40, los cuales entraron en vigencia con actos de mala fe por parte del mismo.

 

Que nuevamente los compromisos que el Estado asume  con los pueblos originarios quedan  sólo en discursos y que la imagen a nivel internacional que muestra como país difiere absolutamente de la realidad, ya que vulnera nuestros derechos constantemente, lo que queda evidenciado en las malas prácticas que estamos denunciando.

 

Que en ningún caso, el proceso de consulta se ha ajustado a los estándares del Convenio 169 de la OIT, ni siquiera a los estándares del nefasto decreto 66, y aún más, ni siquiera han sido capaces de responder  a la metodología programada por el mismo gobierno, la cual entregaron  previamente a los pueblos.

 

Que en virtud de este contexto, las comunidades no hemos podido decidir la forma de organizarnos, acorde a nuestras  propias prácticas de organización y/o costumbres,  no hemos tenido procesos informativos acordes  y claros, no hemos  tenido procesos  de ida y vuelta que nos permita hacer un buen  trabajo  como dirigentes  informando  y  recogiendo  la  opinión  de  nuestras   bases,  no  hemos  contado   con  asesores   y observadores  durante  el proceso,  a todo  lo cual el gobierno alude constantemente a la falta de tiempo y recursos, evidenciando así una constante  improvisación sobre factores claves para garantizar procedimientos adecuados como lo señala el convenio 169 de la OIT.

 

Que con estas acciones el Estado demuestra  que en ningún caso pretende hacer efectivos los acuerdos ratificados por Chile, respecto  a los derechos  que  debe  garantizar para  los pueblos originarios, ya que  el proceso de consulta se está llevando a cabo como un mero trámite, donde el Estado en virtud de su propio beneficio y comodidad, a ajustado este proceso a sus tiempos, cuya lógica occidental vulnera las condiciones que debe considerar y garantizar para nuestros pueblos.

Que en este mismo sentido, el Estado ha condicionado la entrega  de recursos, logística y espacios de diálogo sólo a aquellas comunidades que  se  amoldan a sus estrategias, incurriendo con ello en  acciones discriminatorias hacia a aquellas comunidades que no lo hacen y que, por lo demás, solo exigen sus derechos.

 

Que considerando la experiencia que tuvieron nuestros pueblos respecto  a lo ocurrido con la llamada “mesa de consenso  para la creación  del  Decreto 66”, algunas  comunidades  han continuado  participando  a pesar de no estar de acuerdo con las condiciones impuestas por el Estado, lo que sienta muy mal precedente respecto  a las formas de participación y lo cual demuestra  que nuestras  comunidades no tienen alternativas para exigir un buen proceso, sino que deben ajustarse a lo establecido para no verse aún más perjudicadas al tratar de exigir nuestros derechos, coacción que imposibilita la existencia de procesos libres.

 

Que de acuerdo  a como lo hemos  descrito, denunciamos que el gobierno está  llevando a cabo un proceso tan importante, de relevancia histórica para nuestras  comunidades en un tiempo aproximado de 36 días hábiles, lo que nos parece tremendamente irresponsable, al llevar adelante acciones que sólo ratifican la falta de voluntad que tiene el Estado de dar aplicabilidad a los acuerdos suscritos por Chile y para restituir las relaciones debilitadas que ha mantenido históricamente con nuestros pueblos.

 

Por tanto, como dirigentes conscientes de nuestros  derechos, en conocimiento de la vulneración que se  ha  hecho  de  los mismos y en  virtud de  la responsabilidad que  tenemos  de  llevar la voz de  nuestras comunidades,  manifestamos  que;  NO QUEREMOS   SER  CÓMPLICES  DE  ESTE  PROCESO,   QUE   POR SUS CARACTERÍSTICAS HISTÓRICAS  SENTARÁ LAS BASES QUE  DEFINIRÁN  NUESTRA  RELACIÓN CON  EL ESTADO  Y POR ENDE,  LA   FORMA   EN  QUE   SE  TOMARÁN   FUTUROS   ACUERDOS  QUE   AFECTARÁN  A NUESTRAS COMUNIDADES.  Por tanto,  con  la  convicción  de  restablecer nuestra  posición  como  sujetos  de  derecho, declaramos y exigimos al Estado lo siguiente:

 

Maya (1): Que se restablezcan las instancias del proceso de consulta, de acuerdo a los estándares del Convenio 169 de la OIT, ya que hemos sido discriminados arbitrariamente solo por exigir nuestros derechos, lo cual sabemos, complica aspiraciones y compromisos políticos del gobierno de Chile; pero que, sin embargo, no pueden ser cumplidos a costa de la vulneración de nuestros derechos humanos.

 

Paya (2): Rechazamos y desconocemos los acuerdos plasmados en la llamada “Propuesta Aymara de Huara” enviada a instancias nacionales y exigimos que en adelante cuando se haga alusión a aquel documento, se explicite que es una propuesta  que solo representa  a los pueblos que participaron de ella, cualquier alusión que  haga  referencia a  que  representa  a  toda  la comuna  de Huara,  será  denunciada como ilegitima y no representativa, ya que  ha  sido elaborada en  nuestra  opinión,  solo por  una  pequeña  minoría sometida al gobierno. Por otro lado quisiéramos aclarar, que con estos dichos no pretendemos  deslegitimar los acuerdos desarrollados por otras comunas que hayan sido logrados de forma previa, libre e informada.

 

Kimsa (3): Solidarizamos y valoramos la decisión  de  otros  pueblos que  se  encuentran  en  similar situación y han  decidido legítimamente no continuar participando de este  proceso. Asimismo, valoramos a aquellas comunidades que aun pueden participar bajo el prisma de la reivindicación, fortalecimiento y defensa de nuestros pueblos originarios, esperamos que continúen con la misma convicción y denuncien estos hechos en instancias nacionales, ya que en estos  momentos  son nuestra  voz en las siguientes etapas,  por lo menos, mientras no se restablezcan nuestros derechos humanos a participar.

Pusi (4): Exigimos al Gobierno de Chile, responsable de velar por el buen ejercicio de nuestros derechos y sancionar cuando estos derechos sean vulnerados, que según corresponde  a sus obligaciones, se tomen  las medidas de sanción pertinentes para  todos  aquellos que resulten responsables de los hechos que estamos denunciando.

 

Phisqa (5): Solicitamos la presencia inmediata en la región de observadores que puedan dar cuenta del efectivo cumplimiento de los estándares de Consulta Indígena en la región de Tarapacá.

 

Suxta  (6):  Rechazamos  los  comentarios  y  descréditos  mal  intencionados  que  realizan  algunos comuneros en contra de nuestros dirigentes y profesionales de apoyo, quienes realizan un trabajo  de defensa voluntario  basado  en  el  compromiso  con  nuestros  pueblos,  aclaramos  que,  en  ningún  momento  hemos pretendido  realizar  acciones  en contra  de la  participación  de otros  pueblos,  sino que por el contrario,  solo hemos exigido el ejercicio de nuestros  derechos, de modo que de continuar con estas  injurias públicas nos veremos en la obligación de tomar acciones legales al respecto.

 

Por último, instamos a todas las personas, quienes tengan acceso a leer este comunicado, sensibles con este  proceso, a nuestros  jilallanaja y kullallanaja de diferentes pueblos originarios, a buscar las formas para hacer visible lo que está aconteciendo y buscar instancias que nos permitan unirnos para exigir la restitución de nuestros derechos como pueblos originarios. De la misma forma, hacemos un llamado a todas las personas y estamentos relacionados con la observancia de los derechos humanos, para que puedan apoyar esta manifestación, ya sea investigando, asesorando o haciendo visible lo comunicado.

 

Comunidades y organizaciones que adhieren al presente  comunicado:

 

    Comunidad Indígena de Sibaya

    Comunidad Indígena de Limaxiña

    Asociación Indígena de Chiapa

    Comunidad Indígena de Coscaya

    Comunidad Indígena de Poroma

    Comunidad Indígena de Casablanca

    Junta de Vecinos de Laonzana

    Junta de Vecinos de Chiapa

    Junta de Vecinos de Jaiña

    Comunidad Indígena de Huarasiña

    Comunidad Indígena de Huasquiña

    Asociación Pueblos Indígenas Unidos de la Cuenca

Quebradas Tarapacá-Coscaya-Aroma-Miñi-Miñi

 

 

 

 

 

Iquique, Enero de 2015.

 

 

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