viernes, diciembre 13, 2024

Autodefensa jurídica, el trabajo cotidiano del Lof Temukuikui

Hoy en el lof Temukuikui los comuneros han dejado de trabajar el campo para defender a uno de ellos. A finales de octubre, el joven Alexis Queipul Morales (21) fue detenido por carabineros una marcha en Temuco. Le han formalizado por porte de elemento explosivo, lo que puede significar una condena entre 3 y 5 años de privación de libertad.

Por Clemént Perrot, Corresponsal.-

Wallmapu, 15 de diciembre de 2019 – A finales de octubre, el joven Alexis Queipul Morales (21) fue detenido por carabineros una marcha en Temuco, se trata de un joven mapuche sin antecedentes, con una carpeta de investigación “que no tiene mucho”, según las palabras del abocado de la Defensoría Penal Mapuche.

Lo que fiscalía tiene en la carpeta de investigación es un vídeo de una cámara pública, donde se ve al joven lanzando una botella indistinta, y la palabra de un carabinero que afirma que explotó sobre un vehículo policial, sin que se pueda comprobar tal afirmación con más imágenes.

Sin embargo, es esta una crónica de la cotidianidad en el lof Temukuikui, donde su longko debe destinar la mitad de la semana a gestiones de autodefensa jurídica, y permite describir una situación más amplia, de la cotidianidad y la normalización del mal funcionamiento de las instituciones jurídicas chilena en el trato de los imputados de origen mapuche.

Hace muchos años que las comunidades mapuches viven bajo criminalización, represión judicial constante y militarización de su territorio.

Las autoridades del lof Temukuikui, encabezadas por el longko Víctor Queipul, con la fuerza de la experiencia y de las condenas injustas (que acaban en la mayoría de los casos con la liberación sin compensación por sobreseimiento), tuvieron que transformarse en expertos jurídicos.

Leen las carpetas de investigación, aconsejan a los abogados o demandan el cambio de abogado cuando, consideran, no cumple el nivel de exigencia. Sobre todo, desarrollaron una estrategia que tiene tres ramas: la defensa jurídica, la defensa política y la defensa cultural.

En esta estrategia de autodefensa en la justicia penal, desde la comunidad, las condenas penales imputadas a comuneros mapuche son siempre consideradas como condenas políticas, que hacen parte del contexto mayor de las demandas de recuperación territorial y de autodeterminación.

En este contexto, la defensa jurídica desarrolladas por el abogado, con el apoyo de las autoridades tradicionales, no es suficiente. Se fortalece el proceso jurídico con la presencia constante de los comuneros al frente de los juzgados, de las cárceles e instituciones

Se busca, además, que el caso sea abordado considerando las características culturales del imputado: su forma de relacionarse a la tierra, sus costumbres y, en especial, sus derechos ante el derecho internacional como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, entre otros.

Al respecto se tiene que añadir la mediatización de la detención, es decir la reivindicación publica del contexto político del caso, “para que no sea juzgado como cualquier winka”, como dice el Lonko Victor Queipul, afirmando que “no existe la igualdad ante la ley” para los presos mapuche y que por lo tanto se hace necesario estos niveles adicionales de defensa jurídica.

En el caso del joven Alexis Queipul, la defensa jurídica es reforzada por la defensa cultural y política: unos veinte miembros de la comunidad vienen hoy a la cárcel de Temuco para demandar a ver el comunero, conocer las condiciones de detención y pedir a que sea transferido a la cárcel de Angol, donde podrá contar con la cercanía de sus familiares y un contexto de detención que permite, aunque sea parcialmente, el respeto a la cultura mapuche.

Esto pasó, por ejemplo, en una ocasión que cortaron el pelo de un preso mapuche sin su consentimiento. De acuerdo a la rakiduam mapuche, un weychafe puede elegir mantener su pelo largo como signo de fuerza. Intervenir el cuerpo de una persona indígena es un acto de altamente simbólico que puede entrañar la condena a las instituciones del Estado, por atentar contra la identidad cultural del comunero, lo que cualquier abogado difícilmente podría hacer notar o defender de manera correcta.

Lo que se logra con la estrategia jurídica asumida desde las instituciones mapuche y sus representantes los longko, dada la capacidad del grupo para gestionar la situación procesal de los detenidos en términos políticos, es demostrar a los agentes penitenciarios que cualquier abuso será el objeto de repudio del pueblo mapuche y, posiblemente, de una querella futura.

En el Chile actual, la justicia no tiene que demostrar la culpabilidad de un mapuche,  consideran que en la práctica son las comunidades las que tienen que demostrar su inocencia, sabiendo que va pasar largos meses de prisión política antes de tener cualquier decisión y que van a tener que dejar sin atender su campo y su ganado en cada ocasión.

Al final, el caso avanzó más en un día que durante las tres semanas anteriores, dejando el joven prisionero con más determinación y alivio para enfrentar su prisión preventiva en la cárcel, ya que, se tiene que recordar, ese tiempo lo está pasando sin que se lo declarara culpable.

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