En treinta años, desde el retorno a la democracia, nunca se había visto algo similar. El jueves a las once de la mañana, el mismo día en que se dictaba el veredicto por el homicidio de Camilo Catrillanca, más de ochocientos funcionarios de la PDI, con apoyo del Equipo de Reacción Táctica (ERTA), Carabineros, helicópteros, drones y vehículos blindados, allanaron diversas comunidades mapuche, aprovechando una orden de la Fiscalía de Collipulli por delitos supuestamente relacionados con drogas y armas. Destruyeron casas, mataron animales y detuvieron a mujeres, incluso se mantuvo esposada por horas a la hija de Catrillanca, de solo siete años. Desde las comunidades acusan radicalización del Terrorismo de Estado en territorio mapuche.
FUENTE: La Voz de los que Sobran
11 de Enero 2021- Pasado el mediodía del jueves, en la equina de Rengo con Ercilla, a 12 kilómetros de Temucuicui, Katherine – viuda de Camilo Catrillanca- se detuvo en un “ceda el paso” mientras su suegra, Teresa Marín, preparaba algunos sándwiches para capear el hambre de la mañana. Habían intentado llegar al Tribunal de Angol para escuchar el veredicto en la audiencia final por el asesinato de Camilo, pero no los dejaron acercarse, al igual como sucedió con varios comuneros. Había frustración en el ambiente.
Un minuto después, un policía apuntó a la conductora del vehículo y un segundo policía golpeó la ventana con la culata de su arma y rompió los vidrios. En medio de los gritos, sacaron a Teresa y la tiraron al suelo, lo mismo hicieron con Katherine y la pequeña G.C de apenas siete años. La escena ya es conocida, las mujeres boca abajo, la rodilla de un policía en la espalda de Katherine. A las dos adultas las llevaron a la tenencia de Ercilla y a la pequeña -según el mismo testimonio que entregó al Instituto Nacional de Derechos Humanos INDH- a la ciudad de Victoria.
Cada vez que la niña recuerda el momento, tiembla y llora.
Una hora antes, Jaime Huenchullán cortaba leña en una máquina y oyó los primeros disparos al mismo tiempo que avista un fuerte contingente policial. Una enorme caravana de vehículos se dirigía a la comunidad. Temía lo peor.
Lo alertaron por teléfono diciendo que había un allanamiento liderado por la Policía de Investigaciones, y que entraron por los tres caminos que conducen a Quicheregua, Collico y Chacaico. Sintió temor por sus hijos Mankilef (16) y Wangulén (17). Intento calmarse, quizá no entrarían a su casa. Luego se enteraría de las malas noticias.
En las 1.600 hectáreas de Temucuicui, viven 150 familias.
Los efectivos irrumpieron y destruyeron varias casas, entre ellas la de su hermano Jorge, quien también se encontraba en Angol. Solo estaba su pareja Carolina, junto a su hijo de once años, rompieron las ventanas y desparramaron los sacos con la cosecha de trigo, que era el sustento para toda la familia.
En total fueron más de 850 policías los que llegaron hasta la región para desbaratar una supuesta red de drogas en las comunidades. Planeaban ingresar a 12 predios (aunque finalmente lo hicieron en cinco) y se utilizaron 200 vehículos, dos helicópteros y drones. En la memoria de los comuneros mapuche, desde el retorno a la democracia, nunca se había visto nada similar.
Los detectives además iban equipados con armamento ligero (y al menos 30 tiros cada uno) apoyados por fuerzas de asalto con armamento largo.
En el territorio allanado muchas de las mujeres estaban solas en ese momento.
– Había cierta cantidad de gente que fue al Tribunal de Angol a escuchar el veredicto del caso Catrillanca, ahí los detuvo el cuerpo militar y de Carabineros de Fuerzas Especiales. Entonces, cómo no los dejaron ingresar, la gente se devolvió a la comunidad porque escuchó que estaban allanando. Las familias se vinieron rápidamente pero los detuvieron para no permitirles ingresar a sus casas y ahí comenzaron los allanamientos. Se veían vehículos grandes, blindados, vehículos de civiles con funcionarios de policía, todos con armas, carros blindados Mowag, y se sintieron muchos disparos, más que el día que asesinaron Camilo-, relata Jaime Huenchullán.
A la una de la tarde, en el camino de Ercilla y en medio del caos, Marcelo Catrillanca también quedó atrapado en la carretera entre los autos y el fuerte contingente militar. Le avisaron por teléfono que su esposa, nuera y nieta estaban detenidas. Todo era muy confuso, sabía del allanamiento en la comunidad, pero no entendía por qué se habían llevado a tres mujeres de su familia. Minutos después le avisan que a la pequeña G.C al parecer había sido trasladada a Victoria.
Marcelo logró llegar a la tenencia una hora y media después. Carabineros le dijo que el procedimiento no tenía que ver con ellos y que solo facilitaron los estacionamientos del lugar para los vehículos de la PDI. Esperó tres horas más y cuando al fin una inspectora de la PDI lo hizo pasar, vio a la pequeña G.C esposada.
-¡Pero cómo le hacen esto a mi nieta! ¡Cómo le hacen esto a una niña!-, reclamó el padre de Camilo Catrillanca.
La escena aún le da rabia cuando la recuerda.
El abogado Nelson Miranda también fue testigo de la situación, pues en ese momento acompañaba a la familia. Confirma que a él también le negaron la posibilidad de ver a las dos mujeres y a la pequeña.
«El vehículo de la PDI en todo momento de esta detención, que duró horas, estuvo en el estacionamiento de Ercilla con el portón metálico cerrado. No dejaron que yo como abogado hablara con las detenidas. Lo que dice Héctor Espinosa (Director General de la PDI) es falso y lo puede corroborar cualquier policía que estuvo ahí. En todo momento nos decían que si queríamos informarnos de algo, debíamos ir a Victoria que está a 25 kilómetros de ahí» explica.
Espinosa dijo a la prensa que se estaba confundiendo a la opinión pública ya que “esta niñita estaba ahí, los colegas la sacaron a un lado y, de hecho, no estuvo nunca en un cuartel policial. Se cuidó, se protegió porque era menor de edad”.
-Fue un intento bastante macabro, no sé con qué objeto, de mantener una prisión indebida contra mujeres que ya venían de no poder acceder a Angol para ver el resultado del juicio de su hijo y su esposo, es una doble humillación, un doble castigo, algo que tampoco tiene ninguna relación con el operativo en Temucuicui. No tenían nada que ver, ni cercanamente, a lo que había pasado con la muerte del funcionario de la PDI. Cuando le pasaron la niña al abuelo, una hora después, trataron de que Marcelo Catrillanca firmara una constancia de entrega de adolescente, obviamente no firmó nada-, cuenta el abogado.
El sábado 09 de enero, durante la tarde, G.C repitió el relato de su historia esta vez frente Sergio Micco (Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos) y dos consejeros regionales. Seguía muy afectada.
Un allanamiento sin precedentes
Algunos medios confirman que fueron 800 policías, otros 850. En total, más del 8% de todo el contingente de la Policía de Investigaciones a nivel nacional participó en el violento allanamiento a las comunidades mapuche.
Ingresaron completamente equipados con chalecos antibalas, escudos y armamento de guerra, junto a vehículos blindados y helicópteros de apoyo. Las imágenes del operativo, que se viralizaron en redes sociales, se asemejan a las escenas vistas en Medio Oriente o a películas de guerra estadounidense.
Se usó al Equipo de Reacción Táctica (ERTA), la fuerza de élite de la PDI. Según informó BioBioChile, se estima que la capacidad de fuego de este grupo llega a 25.500 tiros. Hoy serían 84 los funcionarios que pertenecen al grupo ERTA, conocidos como los SWAT chilenos.
Varios comuneros de Temucuiuci consultados para este reportaje, confirman que a las once de la mañana apareció una gran caravana de vehículos por la Ruta 5, entre Ercilla y Angol, portando pequeñas banderolas rojas, negras y amarillas.
La fuerza de élite de la PDI irrumpió en distintas zonas de Ercilla, como la comunidad Huañaco Millao Chacaico, Pancho Curamil, Butaco, el sector de Pidima y Temucuicui para realizar los allanamientos.
El resultado del operativo fueron dos mujeres detenidas de la comunidad Huañaco Millao Chacaico, el decomiso de solo mil plantas de marihuana, nueve armas de fuego, 12 millones de pesos en efectivo y la muerte del funcionario policial Luis Morales Balcázar.
Además se reportó una decena de comuneros heridos, casas destruidas y varios animales, que son parte del ganado de las comunidades, asesinados a balazos.
Paralelamente, a 40 kilómetros del lugar, falleció el agricultor y candidato a concejal UDI Orwald Casanova.
-Esta es una estructura que ya ha sido denunciada (…) Hay una situación de colonialismo, de racismo muy impregnado en la institucionalidad y donde más se denota es justamente en el uso de la fuerza, en la PDI y Carabineros de Chile”-, comentó el abogado Sebastián Saavedra, quién representa al adolescente que acompañaba a Camilo Catrillanca cuando fue asesinado por el Comando Jungla.
A juicio de Saavaedra, nos encontramos en la misma situación hace treinta años, aunque fue empeorando desde que el gobierno de Ricardo Lagos inició la aplicación de la Ley Antiterrorista. Ahí, dice, comenzaron a haber muertos.
– Alex Lemun muere el mismo año en que se invoca por primera vez la ley. Es una cuestión que realmente llama profundamente la atención, la incapacidad del Estado en general para solucionar una problemática, se demuestra el racismo y el prejuicio que existe frente a las comunidades mapuche. Lamentablemente, así como están las cosas, van a tener que sufrir este tipo de situaciones durante muchos años más – agregó.
Terrorismo de Estado en territorio mapuche
Rodrigo Huenchullán, aclara lo que sucedió ese día. Lo que vivieron el jueves en la comunidad también le pasó a sus abuelos, a los abuelos de sus abuelos y, tras el golpe de 1973, también a su padre. Durante el proceso de Reforma Agraria, a inicios de la década de 1970, la comunidad de Temucuicui recuperó el fundo Alaska, tres años más tarde lo habían convertido en un pequeño territorio mapuche de casas, animales y huertas. Todo se perdió con el golpe militar que derrocaba a Salvador Allende.
Fueron torturados. A las mujeres las quemaron con fuego.
El hermano de Jaime, es enfático en señalar que se debe clarificar a la opinión pública respecto a la versión de los hechos que está entregando la Policía de Investigaciones y personeros de Gobierno. Dice que lo ocurrió ese día es racismo.
«Primero dicen que el allanamiento se produjo solamente en Temucuicui, hablan de un allanamiento masivo, y se entiende que quieren estigmatizar aún más a nuestra comunidad. Pero hubo varias comunidades que fueron víctimas de estos allanamientos. Nosotros contabilizamos diez casas completamente destruidas, con impactos de balas que atravesaron los sillones, ingresos por las ventanas (…) Tampoco hubo detenidos en Temucuicui», explica.
Toda la comunidad sabe de la detención de G.C, la hija de siete años de Camilo Catrillanca. El sábado, varias mujeres llegaron a entregar su apoyo a la viuda del comunero. Una de ellas comentó que su casa la habían baleado en presencia de su hija pequeña.
-Esto es grave, ella está muy afectada por lo que pasó, y el director de la Policía de Investigaciones mintió al país con la versión que entregó tras los incidentes-, dice.
También coincide en el relato con otros comuneros respecto a cómo fueron “emboscados” aprovechando el contexto del veredicto del caso Catrillanca. Cuando iban llegando a Angol, a la altura de la escuela El Vergel, se toparon con una micro de carabineros y un camión del ejército quiénes al identificarlos les obstaculizaron el paso y los retuvieron. Después, una vez que se enteran del allanamiento, al regresar tampoco los dejaron ingresar a la comunidad pues tenían bloqueados los tres accesos que existen. En esa situación fue agredida la familia de Catrillanca.
Los dejaron atrapados entre dos cordones policiales mientras se allanaba la comunidad.
-Acá el clima ha sido de una tensa calma siempre, pero ahora las agresiones se multiplicaron. Nosotros muchas veces denunciamos operativos con cien efectivos de Fuerzas Especiales que ingresaron a la comunidad, en algún momento llegamos a denunciar hasta doscientos, ahora eso se multiplicó por ocho, era demasiado grande el contingente de la PDI. Nosotros cuando éramos niños teníamos ese recuerdo, pero los niños de ahora van a recordar este allanamiento que nunca antes se había visto-, agrega.
Rodrigo y Jaime relatan que en la comunidad están preocupados tras el ‘Mega operativo’ del que fueron víctimas, sobre todo tras el anuncio del director nacional de la PDI, quien adelantó que se podrían repetir otras acciones similares en el futuro.
Saben que se avecina una ola de represión.
Consideran que todas las instituciones tienen responsabilidades en lo que sucedió y que el mandato y la orden de reprimir, vinieron desde el Gobierno de Piñera y del Ministerio del Interior.
Jaime Huenchullán siente que existe un profundo odio racial contra el pueblo mapuche y que se usó una orden de un tribunal allanar y violentar más allá de lo que ley les permitía. También apuntan al Fiscal regional, Cristian Paredes, por actuar de forma sesgada contra Temucuicui. Dicen que cuando los mapuche son víctimas de brutalidad policial, no hay investigación y no se actúa de la misma manera.
-El Gobierno tiene una guerra declarada en contra del pueblo Mapuche, en contra de las comunidades que se mantienen en resistencia. Después del asesinato de Camilo hay muchas comunidades que se mantienen en ese proceso activo de recuperación de tierras, que están en manos de particulares, colonos y empresas forestales. Esa es su campaña y su eslogan hoy en día, “el narcotráfico”, hace veinte años atrás a mí me decían que era cuatrero, que robaba animales, que era borracho, posteriormente nos dijeron que éramos terroristas, y hoy en día nos están diciendo que somos narcotraficantes. Aquí el Estado históricamente ha actuado de forma racista contra el pueblo mapuche que resiste y se niega a dejar de existir. Mi hijo Manki, en el futuro, probablemente también va a tener otros calificativos-, concluye Huenchullán.
La muerte de Orwald
El mismo día del allanamiento, a 40 kilómetros del lugar fue asesinado con un disparo en el rostro el agricultor Orwald Casanova, militante de la UDI, ex candidato a Senador por la zona y candidato a concejal por La Victoria.
Ocurrió en el sector rural de Selva Oscura y de acuerdo a informaciones preliminares, Orwald se dirigía a su predio a fumigar cuando cayó abatido. Sin embargo, los peritajes al cuerpo del agricultor revelaron que se encontraba con casco, chaleco antibalas y dos armas con las que se habría enfrentado a desconocidos en Victoria.
Tras las diligencias de la PDI, también se encontraron a pocos metros algunos cartuchos de escopeta que corresponderían a las armas utilizadas por los atacantes. Minutos antes se habían puesto banderines rojos en el límite del predio de la víctima.
Orwall Casanova era conocido en la zona de la Araucanía. Tenía muchos lazos políticos con sectores de la derecha chilena en esa región. En la actualidad era un activo militante de la UDI y seguía siendo miembro de Patria y Libertad, incluso se hizo viral una publicación de él en Facebook donde mostraba una torta con el logo del grupo de ultraderecha.
En una entrevista que dio el ex secretario de Patria y Libertad, Roberto Thieme, el 2014 a The Clinic señaló que Orwald siguió perteneciendo al grupo y que realizaba acciones antimapuche.
“Conozco la zona como la palma de mi mano. Y tengo contactos mapuche de la época en que fui candidato. Y empecé a preguntar de dónde viene esto hasta identificar al grupo. Empecé a unir cabos, a juntar nombres de personajes que tengo recuerdos, con una visión antichilena, antimapuche, y ahí aparece- ni siquiera un gran terrateniente- un militante de Patria y Libertad que se fue al pinochetismo, que defiende a la DINA, que le hubiese gustado que mataran a todos los comunistas. Este personaje se llama Orwald Casanova Cameron. Él y su grupo son de temer, tienen armas y están respaldados por los terratenientes de la zona y carabineros. Y su panfleto es parte de una campaña del terror. Es terrorismo empresarial”, señaló Thieme.
“Tengo información confidencial desde la región sobre las actividades anti mapuche de Casanova y su grupo. Porque igual que en los crímenes, siempre hay un móvil, un interés, y el terrorismo en este caso favorece a la militarización de la política, algo que favorece a las FF.AA. y al gran capital”, comentó.
Este medio también ha investigado a otros grupos paramilitares de ultraderecha que continuarían operando en la Araucanía, como el Comando Hernán Trizano.
Actualmente no se conocen mayores antecedentes sobre su muerte y el tema está en investigación.
