IDENTIDAD TERRITORIAL LAFKENCHE: DECLARACIÓN PÚBLICA
Ante los actuales sucesos relacionados con la aplicación de la Ley 20.249, como Identidad Territorial Lafkenche declaramos:
Hemos denunciado en múltiples instancias las arbitrariedades que han obstruido el correcto funcionamiento de la Ley 20.249. La semana pasada, el fallo de la Corte Suprema respecto de los recursos de protección presentados por las comunidades Pu Wapi (Melinka) y Antunen Rain (Islas Huichas), junto con el pronunciamiento de la Contraloría General de la República respecto de la solicitud de la ECMPO Wadalafken, demuestran que en las CRUBC se han registrado situaciones irregulares, arbitrarias y racistas al aplicar la ley.
En este contexto, nos referimos también a lo ocurrido en la CRUBC de La Araucanía el día 7 de noviembre, cuando se votó la solicitud de la ECMPO Tirúa-Danquil. En dicha instancia, se emitieron votos de rechazo por parte del Seremi de Economía, los alcaldes de Carahue, Teodoro Schmidt y Toltén, el Gobernador Regional, el director zonal de pesca y el director de Sernapesca, entre otros, sin argumentos técnicos expresos. Más aún, estos votos contravinieron el proceso de Consulta solicitado por las mismas autoridades, proceso que confirmó la solidez de la argumentación de las comunidades respecto de la pertinencia cultural de la solicitud. Por lo tanto, los votos de rechazo no se sustentaron en antecedentes técnicos ni culturales.
Creemos que este es un momento crucial para reorientar el actuar del Estado, fortalecer la responsabilidad de los funcionarios públicos y promover la apertura al diálogo con los demás actores del borde costero. Ello permitiría alinearse con los fines de la ley: avanzar hacia una administración del maritorio en armonía con los usos consuetudinarios de los pueblos originarios y promover instancias de diálogo que compatibilicen los distintos usos. El Estado ya se ha pronunciado: la Ley 20.249 no es incompatible con los actuales cuerpos legales relacionados con el mar.
(…) Llamamos a los territorios a mantenerse firmes ante la defensa de la ley, a quienes detentan o aspiran a cargos públicos a informarse adecuadamente y no llamar a modificar una ley de la que desconocen sus fines y funcionamiento. No permitiremos que el trabajo de casi dos décadas de los movimientos indígenas se vea frustrado por ambiciones políticas. Enfrentaremos la arremetida contra los derechos de los pueblos originarios. Se debe escuchar a los propios pueblos y cerrarse ante los intentos de modificación. ¡No a la modificación de la ley lafkenche!
