A través de una Declaración Pública la Coordinación de Organizaciones de Derechos Humanos de La Araucanía, alertó hoy sobre el uso desproporcionado de la fuerza policial contra comunidades mapuche, la persecución a defensores de derechos y el debilitamiento de garantías socioambientales bajo el actual gobierno.
FUENTE: Mapuexpress
Temuco, 22 de junio de 2026 – La Coordinación de Organizaciones de Derechos Humanos de la Región de La Araucanía, emitió una declaración pública en la que denuncia graves retrocesos en materia de derechos humanos y sociales. La instancia que articula a diversas organizaciones comunitarias y de base, y viene desde 2010 visibilizando vulneraciones, una de estas en relación con la protesta social mapuche, así como al uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales.
El pronunciamiento de hoy enfatiza que, frente a las reivindicaciones colectivas del pueblo mapuche, el Estado ha respondido con represión policial, persecución penal y aumento de la prisión política. Al respecto manifiestan su rechazo a las “políticas públicas carentes de enfoque de derechos, especialmente en materia de tierras y territorios… reflejado en los proyectos de ley restrictivos de la ley indígena y la ley lafkenche”.
La declaración se refiere al Estado de Excepción como una estrategia de control territorial de carácter político-militar instrumental, que vulnera derechos fundamentales y profundiza la desconfianza hacia las instituciones. Asimismo, se refieren a la situación del fallecido psicólogo Álvaro Quinchanao Hueche, sostienen que, de este caso se ha “intentado hacer uso político y mediático… cuestionando su vocación, responsabilidad y criminalizando sus acciones”.
La Coordinación respaldó, además, a la abogada Karina Riquelme, quien ha sido “objeto de persecución penal y mediática en el contexto de su ejercicio profesional” en causas de alta complejidad que vinculan al pueblo mapuche, según versa en la materia.
El Comunicado rechaza la criminalización de quienes migran, la libertad a condenados por crímenes de Lesa Humanidad y la rebaja en estándares ambientales, entre otros. En síntesis, la Coordinación reafirma el llamado a la sociedad civil a mantenerse vigilante y movilizada para garantizar justicia, reparación y no repetición.
A continuación, reproducimos comunicado público completo:
DECLARACIÓN PÚBLICA
Coordinación de Organizaciones de Derechos Humanos de La Araucanía
La Coordinación de Organizaciones de Derechos Humanos de la Región de La Araucanía, reúne y articula diversas organizaciones de la sociedad civil, comunitarias y de base que realizan labores relativas a la promoción y defensa de los derechos humanos. Desde el 2010, se ha posicionado en la opinión pública, visibilizando diversas amenazas y/o vulneraciones que se evidencian en el territorio, especialmente en el contexto de la criminalización de la protesta social y del pueblo mapuche, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes policiales, y la afectación de los derechos ambientales, entre otros.
En el contexto actual de retroceso en materia de derechos sociales y humanos, como se ha manifestado en el gobierno del presidente Kast, tanto en salud, educación, trabajo, generando un empobrecimiento de la población en general. En este escenario, rechazamos la negación de algunos sectores políticos sobre el reconocimiento de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del Estado de Chile, en distintos momentos de nuestra historia como país. Consideramos imprescindible que las organizaciones de derechos humanos de la región levantemos nuestra voz para manifestar de manera enérgica nuestra preocupación por el clima político actual que se vive en el país, y creemos relevante pronunciarnos respecto a los siguientes temas:
- Frente a la reivindicación de derechos colectivos del pueblo mapuche, la respuesta del Estado ha sido el uso desproporcionado de la fuerza policial, criminalizar el ejercicio de sus derechos a través de persecución penal, aumentando la prisión política y la persecución a defensores de derechos humanos e instrumentalizando el Estado de excepción como una forma de control territorial político militar.
- Manifestamos un profundo rechazo a políticas públicas carentes de enfoque de derechos, especialmente en materia de tierras y territorios indígenas, migrantes, disidencias sexo-genéricas, personas en situación de discapacidad, mujeres e infancias. Reflejado en los proyectos de ley restrictivos de la ley indígenas y la ley lafkenche.
- A pesar de que el Estado ha ratificado el Acuerdo de Escazú, el medio ambiente se encuentra gravemente en peligro, pues se ha cercenado la legislación ambiental, violando los principios de no regresión y progresividad, lo que se evidencia en la rebaja de estándares en materia ambiental, por ejemplo, a raíz de las modificaciones efectuadas al SEIA para favorecer al extractivismo y a la degradación del territorio.
- Estamos vigilantes a la continuidad del Plan Nacional de Búsqueda. Es obligación del Estado -independiente de quién ha gobernado- de efectuar todos los esfuerzos necesarios para encontrar a las 1469 personas Detenidas Desaparecidas y Ejecutadas Políticas sin entrega de restos y, víctimas del terrorismo de Estado en el período de la dictadura civil militar.
- Denunciamos y rechazamos la decisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de no alegar ni oponerse en cuatro causas de libertades a criminales condenados por crímenes de Lesa Humanidad, facilitando fallos que benefician con prisión domiciliaria a los condenados. Sumado al anuncio de indulto a los violadores de derechos humanos que se encuentran en prisión, vulnerando tratados internacionales y revictimizando a los familiares, marcando un grave retroceso en avance democrático.
- Durante la revuelta social, el uso ilegal de la fuerza por parte de Carabineros, que dejó a jóvenes con graves lesiones y pérdidas oculares, fue un patrón de represión para generar miedo y desmovilización. Sostenemos que nuestra democracia no puede construirse sobre la mutilación de quienes ejercen su derecho a protestar, es un deber estatal brindar garantías de no repetición frente al legítimo ejercicio de la protesta social en el país, garantizar la justicia y reparación de las víctimas del estallido.
- Rechazamos la criminalización de quienes migran. Decimos NO a las dinámicas de gobiernos autoritarios que utilizan la migración en sus propagandas, discursos de odio y acciones racistas que fomentan el miedo en comunidades e infancias migrantes, así como la desconfianza social. Los Estados tienen la obligación de velar por los derechos de quienes habitan el territorio.
- Manifestamos nuestra inquietud y malestar frente a un menoscabo y posible persecución hacia los/as trabajadores públicos, del área de la salud específicamente. Han intentado hacer uso político y mediático de la lamentable muerte del trabajador de salud Álvaro Quinchanao Hueche, cuestionando su vocación, responsabilidad y criminalizando sus acciones fuera del horario laboral. Pedimos respeto para su familia y a su comunidad. Sostenemos que todo/a trabajador/a tiene el deber de brindar y mantener la salud de las personas, como también el derecho a organizarse, sin desmedro del cumplimiento de sus responsabilidades laborales.
- Finalmente, condenamos la persecución y criminalización a defensores de derechos humanos, la cual ha sido una práctica habitual aquí en Wallmapu. Hoy, ejemplo de ello, la abogada defensora Karina Riquelme en el caso por la desaparición de Julia Chuñil, es objeto de persecución penal y mediática en el contexto de su ejercicio profesional. Han sido hechos reiterativos que nos alerta, pues durante su rol como abogada defensora en causas de alta complejidad como en Caso Luchsinger Mackay y Caso Huracán, se utilizó la misma estrategia para debilitar su rol en dichos procesos judiciales, por lo que se dispusieron medidas de protección en su favor, ordenadas por la Excma. Corte Suprema.
Temuco, 22 de junio de 2026.-
