La ‘cuestión ambiental’ es, a esta altura, uno de los llamados ‘problema-país’. La cantidad de conflictos reportados[1], su vínculo con una vocación productiva basada fundamentalmente en un modelo primario-exportador con hegemonía del capital rentista-financiero (sobre todo en minería y energía), la cantidad de actores involucrados que se organizan para cautelar y garantizar sus derechos y condiciones básicas de vida y trabajo, una institucionalidad ambiental permisiva y confinada en los intereses de las grandes empresas nacionales y transnacionales, etc., configuran un marco que vuelve sumamente complejo pensar en soluciones de mediano y largo plazo a la ‘cuestión ambiental’.
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