Lxs compas del Sintrac CND Nunca mas sólos están siendo objeto de persecución político-judicial. Les aplican ley de seguridad interior y están a punto de ser condenadxs a 5 años por movilizarse por derechos laborales. Hoy se encuentran en el consulado boliviano pidiendo asilo político.
Trabajadores Denuncian A la Comunidad Nacional e internacional Persecución de Dirigentes Sindicales Chilenos
Este jueves 10 de noviembre desde las 12:00 un grupo de dirigentes sindicales hemos decidido ocupar el consulado de Bolivia como una forma de denunciar internacionalmente la persecución política por parte del Estado chileno de la cual somos objeto más de 12 dirigentes.
El Estado chileno está solicitando para los dirigentes, en el marco de un proceso judicial, penas de hasta 5 años de cárcel por interrumpir el funcionamiento del metro en el marco de una movilización de los trabajadores del Transantiago Subus Express, en junio del año pasado. Por ello esta denuncia internacional también se acompaña de una Petición de Asilo para los compañeros que hoy están siendo perseguidos por el Estado chileno.
Las penas de cárcel se fundamentan en la aplicación de la llamada “Ley de Seguridad Interior del Estado” un marco legal que busca castigar los “delito que inciten o induzcan a la subversión del orden público o a la revuelta, resistencia o derrocamiento del Gobierno constituido y los que con los mismos fines inciten, induzcan o provoquen a la ejecución de los delitos previstos en los Títulos I y II del Libro II del Código Penal o de los de homicidio, robo o incendio”
Que un grupo de dirigentes sindicales tengan que acudir al gobierno de Bolivia, para buscar protección nos demuestra que la criminalización de los dirigentes sindicales en Chile involucra a todo el Estado chileno, al gobierno, al poder judicial. Por defender las condiciones inhumanas de trabajo, por denunciar que estas empresas ni siquiera cumple la mala ley laboral chilena, el Estado quiere meter en la cárcel 4 o 5 años a dirigentes sociales.
La querella, encabezada por Claudio Orrego, Intendente de la Región Metropolitana, quien tiene un historial de procesamiento de dirigentes sociales, se da en un contexto de creciente criminalización de la protesta social.
Ante lo anterior llamamos a solidarizar con esta denuncia ya que hoy mas que nunca la solidaridad se tiene que hacer efectiva entre las organizaciones que ya no estamos dispuestos a seguir siendo el “hilo mas delgado” de este sistema económico y social corrupto e injusto.
Hoy solicitarían asilo político ante autoridades bolivianas.
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