Esta semana integrantes de la comunidad mapuche Campo Maripe en Vaca Muerta, realizaron una medida de fuerza bloqueando el ingreso a uno de los yacimientos hidrocarburíferos de la zona. Denuncian que la empresa YPF y el gobierno de Neuquén incumplieron acuerdos respecto al cuidado y propiedad de los territorios.
Jorge Nahuel, vocero de la comunidad mapuche, dialogó con Radio Sur al respecto y analizó en detalle el proceso que derivó en este conflicto.
En concreto esta semana se desarrolló un bloqueo a uno de los yacimientos, “una medida extrema que la comunidad toma porque no tiene otra salida. Nos van encerrando en una situación donde todo lo que sea gestionar de buena fe, hacer acuerdos, firmar convenios no tiene sentido porque después todas esas cosas son violadas. Eso lleva a este tipo de situaciones que nadie quiere y todos lamentamos”, apuntó el vocero.
Nahuel explicó que durante nueve meses se realizó “un estudio técnico, jurídico, catastral y antropológico para determinar cual es la tierra de la comunidad mapuche. Esto surge de una ley que obliga al Estado a asegurar las tierras para las comunidades”. Sin embargo, el equipo interdisciplinario que realizó esa tarea, debía tener un resultado “en 90 días” pero tuvieron que pasar nueve meses “para que la comunidad harta de esperar actuara”.
Luego de la medida de fuerza “el gobierno se comprometió a que en 48 horas entrega la carpeta de relevamiento”. “Entonces uno se pregunta por qué algo que se tendría que haber hecho en 90 días, se demoró nueve meses sin respuesta, vos actúas con una medida de acción directa y en 48 horas se resuelve ¿por qué hay que llegar a esa situación límite?”, reflexionó el entrevistado.
De acuerdo al compromiso, el estudio será presentado a la comunidad este viernes por la tarde y a partir de allí “se inicia un proceso de discusión para ver si contemplaron los derechos que nos corresponden. Si es así nos sentaremos en una mesa de trabajo”, sostuvo Nahuel.
El vocero de la comunidad Campo Maripe subrayó que “YPF lo que tiene que hacer es cumplir con toda una serie de normativas que viola diariamente. Porque cuando va a operar la empresa en un territorio comunitario indígena tiene que realizar una serie de procedimientos que parten del derecho a la consulta y acordar con la comunidad afectada lo que allí se va a generar”.
Además agregó que “el impacto que genera la actividad hidrocarburífera, sobre todo con la técnica de la apertura hidráulica, tiene daños profundos sobre la tierra y hay un conjunto de familias que van a ser afectadas. Eso se debe contemplar, acordar y planificar pero la empresa actúa como si eso fuera tierra de nadie. No considera en absoluto la salud y seguridad de la comunidad”.
“¿Qué carajo nos importa a nosotros los perjuicios que vaya a tener la empresa si lo que nos están proponiendo a cambio es que entreguemos nuestra vida?”, se preguntó indignado Nahuel.
Finalmente consideró que cuando esté el resultado del estudio y desde YPF “tengan que dar seguridad territorial a la comunidad, también van a tener que actuar de otra manera. Pero esa otra manera de actuar va a ser en base a lo que ya está reglamentado, no vamos a pedir nada descabellado que no esté en la ley”.
“La forma en que actúa el gobierno provincial e YPF es una permanente invitación a la acción directa porque no tienen capacidad para negociar, para acordar, consensuar. Actúan sobre el derecho consumado mediante el uso de la fuerza y cuando nosotros respondemos de la misma manera somos delincuentes y subversivos”, concluyó.