martes, octubre 4, 2022

A la Opinión Pública ante los sucesos ocurridos en Lof Cushamen entre 10, 11 y 12 de Enero de 2017

 

Durante tres días el Lof en Resistencia Cushamen fue escenario de los más diversos hechos de violencia y represión, con o sin orden judicial: destrucción de viviendas, mujeres, niños y adultos fuertemente golpeados, arrancados de sus casas, y perseguidos, con el uso de gases lacrimógenos, balas de goma y de plomo, palos y todo tipo de elemento de represión contra personas desarmadas.

La orden judicial del Juzgado Federal consistía en el desalojo de las vías del tren e identificación de personas. Pero la gendarmería a cargo del operativo del martes se extralimitó claramente entrando en las viviendas, destruyendo y persiguiendo despiadadamente a sus ocupantes. Como si esto fuera poco, momentos después, durante el mismo día martes, un operativo de fuerzas provinciales (policía montada e infantería) ingresó al predio con una orden judicial del juez José Colabelli, para constatar presuntos hechos de abigeato (robo de ganado).

Nuevamente represión, balas de goma y una desproporción exorbitante de fuerzas armadas contra una comunidad que acababa de ser reprimida por la gendarmería. El día miércoles una fuerza de infantería de la policía provincial, sin ninguna orden judicial, volvió a agredir al Lof: llegados en móviles, atacaron a la comunidad con armas, disparando una gran cantidad de balas de goma.

Como resultado final, hubo numerosos heridos de golpes y balas, algunos de los que debieron ser internados en El Bolsón y Bariloche, unos diez detenidos, una enorme conmoción social, angustia de los niños y de sus madres, niños y niñas golpeados y esposados, destrucción de bienes, gran cantidad de animales robados por las fuerzas estatales, y un despliegue de fuerzas armadas atacando innecesariamente a miembros de la sociedad, a la que deberían defender y custodiar.

Nos gustaría saber: ¿Cuántos recursos humanos y materiales está destinando el Estado Provincial y Nacional para atender las demandas territoriales de las Comunidades Mapuche Tehuelches? ¿Cuáles son las vías pacíficas que el Estado está aplicando a resolver este y otros conflictos territoriales? ¿Cuándo se terminarán de relevar los Territorios Indígenas, con los enormes recursos aportados a través de la Ley Nacional 26.160 de Emergencia Indígena? ¿Dónde están los funcionarios y poderes del Estado que deberían garantizar el respeto de los Derechos Humanos y las demandas territoriales?

Repudiamos enérgicamente la utilización de la violencia institucional para resolver conflictos territoriales y sociales, la aplicación de métodos propios del Terrorismo de Estado para defender intereses de grupos económicos multinacionales, reprimiendo a la población más vulnerable. El Estado Argentino defiende los intereses de empresas como Monsanto, Barrick Gold, Chevron,  Benetton o Lewis, reprimiendo y castigando a la ciudadanía que defiende el territorio.

APDH – Junta Promotora Esquel, 12 de enero de 2017

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

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