domingo, mayo 19, 2024

Escuela Campesina de Curaco de Velez (Chiloé) solidariza con huelguistas mapuche y hace llamado a Presidenta

La Escuela Superior Campesina de Curaco de Vélez (docentes, estudiantado y personas colaboradoras)  ante la inusitada violencia y represión ejercida en estos días contra el pueblo mapuche, expresamos nuestra solidaridad con los hermanos en huelga de hambre, con la machi Francisca Linconao y los procesados en su misma causa y con los dirigentes arbitrariamente detenidos en el marco de la llamada “Operación Huracán” y nos adherimos a todas y cada una de sus exigencias:

  1.  NO A LA APLICACIÓN DE LA LEY 18.314 (DENOMINADA LEY ANTITERRORISTA) emanada de la dictadura y “perfeccionada” por los sucesivos gobiernos  democráticos,  cuya aplicación contraviene los tratados internacionales ratificados por Chile y que ha sido cuestionada en numerosas ocasiones por la ONU y otros organismos jurídicos y de Derechos Humanos. No entendemos que se aplique  dicha ley para silenciar y criminalizar las legítimas demandas de los pueblos originarios, mientras se juzga  por la justicia penal común a los  violadores de los derechos humanos responsables de miles de muertes y desapariciones forzosas. Esos crímenes de lesa humanidad no pueden siquiera compararse a la presunta quema de unos viejos camiones.
  1. NO A LA UTILIZACIÓN DE TESTIGOS SIN ROSTROS, por cuanto es una limitación inaceptable del derecho a la defensa,  pilar de una justicia democrática, y por cuya  aplicación Chile ha sido apercibido  en más de seis ocasiones por el Comité de Derechos Humanos de la ONU y por la Corte Interamericana de Justicia.  Esta práctica, iniciada en el gobierno de Ricardo Lagos, ha permitido el uso de testigos falsos, sobornos y montajes, afectando al debido proceso y a los derechos fundamentales de las personas.
  1. REVOCACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA  Y JUICIO JUSTO EN UN PLAZO RAZONABLE ; los comuneros y dirigentes mapuche son detenidos sin pruebas durante meses, posteriormente  absueltos, liberados, vueltos a detener, etc. Se trata de una política sistemática de criminalización y persecución en un intento de proteger los intereses de determinados grupos económicos de la región.

En Chile no existe actividad terrorista mapuche. El despojo, el abuso, la discriminación y la represión son las causas que generan el conflicto.  No se puede criminalizar a un  pueblo  por sus justas demandas por la recuperación de un territorio histórico que le ha sido usurpado. Los problemas políticos han de  resolverse, en un estado democrático, en el ámbito político y no en el policial y mucho menos en el militar.

Hacemos un llamado a la Presidenta Bachelet (bajo cuya administración se han registrado los mayores índices de represión masiva y militarización de La Araucanía) para  que, de una vez por todas, ponga freno a esta  barbarie y entre en la senda del diálogo democrático y la convivencia plurinacional.

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