miércoles, marzo 3, 2021

Alertan por políticas de criminalización y represión contra el Pueblo Mapuche en Argentina

Diversas representaciones vinculadas a organizaciones tradicionales y comunidades del Pueblo Mapuche, como también, desde sectores de la academia y de organizaciones de derechos humanos en Argentina, han venido denunciando  la intensificación  de políticas de criminalización y represión, en medio de una campaña político-comunicacional de sectores conservadores políticos empresariales promotores del racismo y la intolerancia.

 Cabe consignar que al más puro estilo de las campañas represivas en Chile impulsadas por poderes fácticos, la ministra de Seguridad en Argentina, Patricia Bullrich, señaló en agosto a medios sobre el financiamiento desde intereses ingleses a grupos mapuche. También habló de los rumores que los acercarían a las FARC o el grupo comunista peruano «Sendero luminoso» pero señaló que aún «esto no está confirmado. Sin embargo sabemos que están fuertemente armados y con entrenamiento militar», publicaba Diario Uno de Argentina, con relación a un grupo Mapuche denominado (RAM) y que en el presente es parte de la instrumentalización para definir al “enemigo interno”, al más puro estilo del Manual de la Escuela Las Américas tal cuál se ha venido haciendo desde hace años en el vecino País en el marco de los conflictos con empresas forestales y grupos sectarios de latifundistas colonialistas.

“El Ministerio conducido por Patricia Bullrich, acusó en un informe interno a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabilizó de hechos delictivos sin aportar ninguna prueba. El informe interno fue titulado “Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche” y reconocía que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza “tareas de investigación” ilegales y catalogaba los reclamos como “amenazas para la seguridad social”. El Ministerio de Seguridad hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que argumentaron la “usurpación” que realizarían comunidades indígenas sobre campos petroleros”, publicaba así el periodista Dario Aranda en una reciente publicación denominada “Qué hay detrás de la campaña antimapuche en Argentina: extractivismo, medios y un genocidio que no termina”, relacionando así la situación que enfrentan los territorios ancestrales como consecuencia del saqueo por parte de los intereses transnacionales petroleros, mineros y terratenientes, como Benetton, este último con el acaparamiento de más de 900 mil hectáreas en la Patagonia.

Desde Chile, cada dos años en promedio, desde el 2008,  se asoman los mismos montajes que buscan hacer la relación de los procesos de  recuperación de tierras, atentados, grupos  mapuche violentistas con las Farc de Colombia u otros grupos bélicos de similares características, enfrascando el genérico de todo un Pueblo y promoviendo así campañas racistas y de intolerancia, a pesar de que dicha relación ha sido descartado por servicios de inteligencia a nivel local e internacional, incluyendo a la propia CIA de Estados Unidos. El actual escenario que se vive en Argentina ya había sido percibido en el año 2010, principalmente por el accionar de ciertos grupos políticos empresariales y medios informativos ligados a estos intereses con actuaciones coordinadas entre grupos de Chile y Argentina.

“Denuncian vínculos de grupos mapuches con las FARC”, tituló el diario Perfil el domingo 8 de enero 2017 en un extenso artículo, referido al conflicto del Lof (comunidad) Resistencia Cushamen con la empresa Benetton. La nota, firmada por Cecilia Moncalvo, acusó: “A medida que aparecen más datos, la acción de (Facundo) Huala y su grupo puede ser leída como el germen de una forma violenta de protestar y de hacer política. Hay datos, como que en zonas limítrofes la Gendarmería envió más personal, mientras que diputados chilenos y periodistas y productores argentinos mencionan a las FARC colombianas como parte de la financiación del grupo (…). Abre interrogantes sobre una zona liberada previamente y de tráfico de armas de Argentina a Chile. Facundo Jones Huala sería el nexo”.

Con respecto a la situación en Argentina, ya el 2010 se vislumbraban ciertas acciones impulsadas por ciertos sectores políticos empresariales para promover campañas comunicacionales a través de medios informativos ligados a sus intereses. “Mapuches chilenos armados en territorio argentino: Aprueban pedido de investigar a infiltrados armados”, publicaba así Política y Desarrollo, mientras otros medios hacían referencia de la procedencia mapuche desde Chile con el ánimo de deslegitimar demandas, como publicaba La Nación.

Diana Lenton, doctora en antropología y referente de la Red de Investigadores sobre Genocidio y Políticas Indígenas, se refiere  a esta campaña. En diálogo con Canal Abierto, desgrana el conflicto territorial en el que se da la desaparición forzada de Santiago Maldonado, repasa el marco en el que surgen los argumentos que sostienen la idea de que el pueblo mapuche es extranjero y enemigo interno, y desnuda el entramado histórico donde el apellido Bullrich tiene mucho que ver con la usurpación de esas tierras.

Represión y criminalización

Diversas comunidades mapuche vienen siendo objeto de hostigamiento, represión y persecución. Desde la quema de casas en la comunidad Vuelta del Río luego de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el allanamiento violento en plena noche en la comunidad Raquitue, el aprisionamiento y el aislamiento de lamgen de la comunidad Fvta Trayen, la persecución judicial a la comunidad de Campo Maripe donde se les formularon cargos por usurpación de su propio territorio. La implantación de “pruebas”, el procesamiento a sus autoridades. Todo responde a una ofensiva contra las Lof (comunidades) en la provincia de Vaca Muerta.

Izquierda Diario publicaba recientemente un reportaje referido a este estado represivo en Argentina bajo el titular: “Denuncian procesamientos penales a autoridades de la Confederación Mapuche de Neuquén”, dando cuenta sobre algunos de estos hechos:

  • El mes pasado, un 14 de Septiembre específicamente en horas de la madrugada, miembros de las comunidades mapuches Raquithue y Paynefilu del Consejo Zonal Wijice (Sur) denunciaban allanamientos de forma irregular y sin orden judicial, por parte de Gendarmería Nacional diciendo que buscaban a Santiago Maldonado.
  • En territorio del Consejo Zonal Lafkenche, en el Lof Kinxikew, la comunidad sufrió un operativo sorpresa a manos de la Policía Federal de la delegación de San Martin de los Andes, quienes llegaron con el objetivo de ingresar a territorio comunitario.
  • La comunidad Campo Maripe, queda a diez kilómetros de la ciudad de Añelo. En el año 2013 su territorio fue concesionado a Chevron e YPF, donde hasta la actualidad se han instalado 500 pozos de fracking. Han sido víctimas de múltiples atropellos por parte de la justicia y las fuerzas represivas. El último hecho fue con un operativo represivo a cargo de Gendarmería Nacional en el mes de junio.

“Creo que lo más preocupante de esta nueva situación no es solo la violencia y la represión de parte de Gendarmería, sino los montajes que han hecho intentado criminalizarnos con pruebas falsas de que tenemos bombas, drogas y armas. Situación que ha caído pero que vamos a seguir sosteniendo la lucha hasta que caigan definitivamente estas causas”, señala Leftraru Nawel en entrevista a dicho medio.

Preocupados por este escenario de criminalización, el  viernes 18 de octubre en la sede de la Confederación Mapuche – Zonal Xawvnko, en la ciudad capital de Neuquén se realizó un encuentro conversatorio denominado: “CRIMINALIZACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO MAPUCHE», donde participaron una decena de profesionales del derecho de reconocida trayectoria, acompañados de una nutrida presencia de los autoridades originarias de las comunidades de la zonal Xawvnko y Lafkence, que enfrentan en el presente una fuerte embestida de la justicia que criminaliza el ejercicio del derecho mapuche y que se traduce en sinnúmero de causas y procesados.

Por su parte, la dirigente de la comunidad Mapuche Pillan Mahuiza de Chubut,  Moira Millan denunció de constantes amenazas y hostigamientos que han sido objeto en este último tiempo, indicando: “Hay un sector con poder político, con armas y con mucha impunidad, amenazando nuestras vidas”.

Por la noche del 20 de septiembre del 2017,  fueron quemadas  viviendas en la comunidad mapuche-tehuelche de Vuelta del Río, vecina del Pu Lof en Resistencia en Cushamen por conflicto territorial con Benetton, quienes esa mañana habían realizado una toma pacífica del Juzgado Federal de Esquel, exigiendo que el juez federal Guido Otranto se aparte de la investigación de la desaparición forzada de Santiago Maldonado,  joven que finalmente apareció sin vida el 17 de octubre en el Río Chubut y cuya responsabilidad en su muerte se endosa a Gendarmería.

Cabe consignar que en Chile así como está sucediendo en Argentina, situaciones represivas en cualquiera de sus formas, incluyendo asesinatos y montajes,  han sido utilizados como formas de provocación, buscando infundir temor y rabia en expresiones mapuche que se movilizan por recuperación de sus derechos territoriales frente al acaparamiento territorial terrateniente o frente a los impactos del extractivismo empresarial, acciones que sin lugar a dudas  pretenden fomentar climas más radicales  para responder luego con más violencia desde el aparato represivo, sin embargo como respuesta a este estado se evidencia que se ha venido levantando  una creciente movilización por la defensa de los derechos del Pueblo Mapuche no tan solo en Chile como en Argentina, sino en diversos otros Países por medio de numerosos sectores democráticos y respetuosos de los derechos humanos.

Alfredo Seguel

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