La Dirección de Inteligencia de la policía uniformada elaboró un informe en 2015 que analizó los grupos de agricultores que se estaban coordinando para defender sus tierras en zonas de alto conflicto con comunidades mapuche. El documento identificó a 35 personas. La preocupación de Carabineros apuntaba a que esa articulación inicial “pueda evolucionar hacia un grupo de naturaleza paramilitar”. Una inquietud que cobra vigencia tras los inéditos y violentos enfrentamientos entre comuneros que se tomaron cinco municipalidades de La Araucanía y grupos de civiles que intentaban desalojarlos.
“Ya señores, cuántos levantan la mano para ir, de aquí a las doce, y nos juntamos en la plaza. Necesito saber con cuántos contamos. Porque no vamos a ir diez hueones, porque nos van a sacar la cresta. Tenemos que ser por lo menos 30 o 40 personas. Con palos, porque aquí nos van a pegar. Hay que ir con palos o con lo que necesiten para defenderse. Pero la muni la tenemos que recuperar hoy día”.
Este mensaje de audio, que ha circulado profusamente en redes sociales, lo envió Gloria Naveillán, dirigenta de la Asociación Para la Paz y la Reconciliación en La Araucanía (APRA). Lo compartió con un grupo de Whatsapp el fin de semana pasado llamando a civiles a desalojar la toma de comuneros mapuche que llevaban cinco días ocupando por la fuerza la Municipalidad de Victoria (La Araucanía).
Gloria Naveillán Arriagada es una de las personas que aparecen mencionadas en el informe policial reservado “Grupos de agricultores organizados y potencial enfrentamiento con comuneros indígenas”, al que CIPER tuvo acceso. El documento, elaborado por la Dirección de Inteligencia de Carabineros en abril de 2015, alertó sobre una eventual escalada de violencia que podía producirse si los dueños de fundos comenzaban a defenderse de las acciones de organizaciones mapuche que reclaman la restitución de esos predios.
Ese informe secreto identifica una serie grupos, e individualiza a sus principales dirigentes, que en ese momento estaban realizando reuniones y actos destinados a organizar la defensa de predios y empresas que se sentían amenazados por entidades mapuche. El documento no contiene datos que indiquen que estas agrupaciones emergentes tenían el objetivo de coordinar una defensa armada o paramilitar, pero alerta sobre el alto riesgo de que eso pudiese suceder si el conflicto seguía escalando.
El informe de la Dipolcar apuntó al peligro que conllevaba que “los agricultores no mapuche se estén organizando para defender sus terrenos”. Uno de esos peligros era que “en el marco de esos enfrentamientos se produzcan muertos o lesionados graves, sea por la utilización de elementos contundentes o cortantes, o bien en el peor de los casos, debido al uso de armamento. Al respecto un elemento importante a considerar es que la posesión de escopetas e, incluso, revólveres o pistolas, es algo relativamente común entre agricultores pequeños”.
A cinco años de la elaboración de ese informe policial no hay dudas de que la violencia de algunas organizaciones mapuche se ha incrementado y que hay grupos dispuestos a enfrentarlas. Así quedó demostrado en el reciente desalojo de cinco municipalidades (Ercilla, Traiguén, Victoria, Curacautín y Collipulli) que permanecían tomadas por comuneros en apoyo a la huelga de hambre del machi Celestino Córdova, condenado a 15 años por la muerte del matrimonio de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, quienes perecieron calcinados cuando su casa fue incendiada por un grupo mapuche radicalizado.
La noche del pasado sábado 1 de agosto una multitud llegó hasta la municipalidad de Curacautín e intentó desalojar a los comuneros. La transmisión por internet de esos hechos -que incluyeron agresiones de ambos bandos, bombas molotov, quema de automóviles y cánticos racistas-, dejó en evidencia que el informe de Carabineros de 2015 sobre el incremento de la violencia y la eventual respuesta de pequeños y medianos agricultores tenía asidero. Dos son los hechos de esa noche que lo corroboran. El primero, los graves destrozos provocados por los ocupantes de los edificios municipales, dos de ellos incendiados (Ercilla y Traiguén). El segundo, la masiva respuesta a los llamados de dirigentes como Gloria Naveillán: decenas de personas estuvieron dispuestas a enfrentar a los comuneros.
El informe reservado de la Dipolcar fue confeccionado bajo el mando del general director Bruno Villalobos, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. En ese momento, La Araucanía también estaba convulsionada por un incremento de la violencia en el conflicto mapuche, por lo que agricultores y otros rubros empresariales de la región exigían una respuesta policial y penal más dura. El hito que hizo visible esa demanda fue la caravana de camiones quemados que en agosto de 2015 llegó hasta La Moneda. Fue en ese contexto que Carabineros puso bajo la lupa a los grupos que recién se estaban articulando para enfrentar a organizaciones mapuche.
El documento recopila, entre otros episodios, el secuestro de Carlos Lemún Saavedra (hermano de Alex Lemún, comunero asesinado por una bala de la policía), ocurrido en abril de 2015. Sus captores lo interrogaron sobre un robo de ganado en un predio de Angol. También consigna un incidente que tuvo lugar en febrero de 2015, cuando varios civiles armados con escopetas llegaron a un terreno en el sector de Lingue (Purén) que estaba ocupado por la comunidad Pu Mapu y expulsaron a los mapuche.
EL INFORME PUEDES SEGUÍ LEYENDOLO EN CIPER, EN ESTE LINK
