sábado, mayo 15, 2021

¿Participación o Cooptación? en imposición de mega infraestructura energética

La verdad es que bajo la legislación actual las comunidades no tienen ninguna vía institucional vinculante para oponerse a un megaproyecto, como una central hidroeléctrica o una carretera hídrica, en sus territorios. Mecanismos de cooptación, como la consulta indígena o consultas ciudadanas no vinculantes, son solo ilusiones de participación que terminan corroyendo aún más la poca confianza que queda en la institucionalidad.


Por Elisa Durán Micco
19 de abril de 2021


… la legislación que rige las consultas Indígenas en Chile no respeta la cosmovisión de nuestros Pueblos, al no tener estas un carácter vinculante a la toma de decisiones respecto a la construcción de proyectos en nuestro territorio. Como habitantes de estas tierras, hemos visto la devastación de nuestro entorno y, con ello el genocidio a nuestra cultura; somos sobrevivientes a un Estado que nos extermina para producir “modernidad y desarrollo”.

El párrafo anterior es parte de la Resolución de Calificación Ambiental que aprobó el proyecto Central Hidroeléctrica Rucalhue, en la región del Bío Bío. En la cual, la comunidad Kedawbe Che declara que decidieron participar en la consulta indígena, no con el objetivo de llegar a un “acuerdo”, sino para manifestar el rechazo a este proyecto y al proceso que rige su autorización. Sin embargo, este acto es sólo simbólico, pues la consulta indígena no es vinculante. Sin importar su opinión, su sola participación permite cumplir con un requisito legal en el que poco importa lo que dicen.

En ciencias políticas, se habla de cooptación formal cuando se permite la participación de minorías con el fin de recuperar una legitimidad de la autoridad puesta en duda. No obstante, esta participación por ningún motivo significa una transferencia de poder. En este sentido, la consulta indígena parece un ejemplo de texto de cooptación formal. Se les invita a expresar su opinión a sabiendas de que  esta no tendrá ninguna incidencia en la decisión final. Las comunidades ya lo han entendido, y en la actualidad la sola idea de consulta indigena genera reticencia.

Las comunidades Mapuche no son las únicas que no han sido escuchadas. En la  Resolución de Calificación Ambiental de la Central Hidroeléctrica Angostura, la que ya fue construida, se pueden leer más de cien declaraciones en contra del proyecto. Algunas técnicas, otras muy personales, ninguna importa, ya que, sin perjuicio de ser consideradas todas  “participación ciudadana”, la única obligación de la autoridad es considerar “debidamente” sus observaciones, dando respuesta fundada a las mismas. Esto en muchas ocasiones se transforma en un copiar y pegar los argumentos del titular del proyecto, sin realmente hacerse cargo  de las legítimas preocupaciones de la comunidad.

El año 2002, un grupo de mujeres Pehuenche que se resistieron a la construcción de la Central Hidroeléctrica Ralco demandaron al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Uno de los compromisos alcanzados fue acordar mecanismos vinculantes para todos los órganos del Estado que aseguren la no instalación de futuros megaproyectos en tierras indígenas del alto Bío Bío. A pesar de esto, el año 2008 se aprueba la Central hidroeléctrica Angostura, la que inundó cuatro sitios sagrados Pehuenche. Y hoy las comunidades se ven amenazadas por un nuevo megaproyecto. La carretera hídrica, impulsada por la Corporación Reguemos Chile, la cual pretende  llevar agua desde el río Queuco en tierras Pehuenche del alto Bío Bío hacia el norte del país.

Dejar hablar al otro, no es dialogar. Cuando a comunidades históricamente abusadas, se les invita a participar para luego ignorar completamente sus opiniones, se les está re victimizando. La cooptación violenta, y no solo afecta a comunidades Mapuche. Hace más de dos meses, la comunidad de Rucalhue inició una toma exigiendo que se detenga la construcción de la cuarta central hidroeléctrica, aprobada el año 2016, en el río Bío Bío. ¿Es la toma una forma violenta de frenar un proyecto legal que traerá “progreso”? ó ¿Es la toma una forma de protesta no violenta contra una institucionalidad ilegítima?

La verdad es que bajo la legislación actual las comunidades no tienen ninguna vía institucional vinculante para oponerse a un megaproyecto, como una central hidroeléctrica o una carretera hídrica, en sus territorios. Mecanismos de cooptación, como la consulta indígena o consultas ciudadanas no vinculantes, son solo ilusiones de participación que terminan corroyendo aún más la poca confianza que queda en la institucionalidad.

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