Ayer Educadora tradicional acusa al organismo sostenedor de haberla despedido por motivos políticos, por lo que pretende invocar la Ley Zamudio.
Un juicio por despido injustificado enfrenta la Corporación de Educación, Salud y Atención al Menor de Ancud, interpuesto por una educadora tradicional huilliche desvinculada en marzo de este año, de acuerdo a ella, por razones políticas.
El juicio se llevó a cabo en el Juzgado de Letras y del Trabajo de Ancud, donde Macarena Paredes Caileo acusó al organismo sostenedor de que en los establecimientos de enseñanza públicos de la comuna no se cumpliría la normativa que obliga a contratar un educador tradicional en cada plantel que cuente con a lo menos un 20% de estudiantes de ascendencia indígena.
Eduardo Álvarez, el abogado defensor, argumentó que “en estas escuelas tiene que existir la educadora tradicional como un docente”, agregando que “en este caso, fue la escuela donde trabajaba la que la despidió”.
Sobre este punto, el jurista comentó que la corporación habría autorizado el ingreso de la educadora tradicional mediante un documento (hoja de derivación) en el que se indicaba su labor y dónde la desempeñaría, sin embargo, en el establecimiento de destino se habría decidido desvincularla.
“Ella tiene su hoja de derivación y su contrato y lo que estamos pidiendo es que se le pague este, a partir del despido”, enfatiza el representante, advirtiendo que “además había cotizaciones impagas desde el 2014 y no se puede despedir a alguien cuando existen estas deudas previsionales”.
La fuente agregó que posterior al procedimiento laboral su clienta pretende entablar una demanda civil contra el municipio de Ancud, por no acatar la existencia de educadores tradicionales en los establecimientos de su dependencia, no descartando invocar la ley Zamudio.
Indemnización
Por su parte, Paredes Caileo acusó que “lo que más me complicó fue que mi empleador, que era la corporación, no me haya dado la posibilidad de reubicarme en otro colegio, porque habían muchos sin educadores tradicionales y yo no pude entrar en ninguno y no me dieron ninguna explicación, más allá de decirme que me llamarían para reubicarme, lo cual nunca pasó”.
Fue aún más allá al consignar que “eso fue por una persecución política contra mi familia y ahora lo que estoy pidiendo es que me paguen este año, porque no se respetó la derivación que se hizo desde la corporación”, aseverando que la indemnización ascendería a más de 8 millones de pesos.
La educadora enseñaba lengua huilliche en la Escuela Fátima, en el sector urbano de la comuna ancuditana.
